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En
el centro de la imagen, las dos balsas de fosfoyesos junto a la
ciudad de Huelva.
JUNTA DE ANDALUCIA
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01
de junio de 2014 Daniel Salado
Desde su balcón, Luisa López Albendi
veía hace diez años los pueblos de Moguer y Palos de la Frontera.
Hoy, desde el piso de la presidenta de la Asociación de Vecinos del
barrio de Pérez Cubillos, en un extremo de Huelva capital, sólo se
ve un macizo de color entre pardo y blancuzco, una especie de meseta
que se interpone entre su barrio y el horizonte. Es como si una
montaña hubiese ido creciendo allí a una velocidad geológicamente
imposible, a la vista de los vecinos.
En realidad no es una montaña lo que
oculta el paisaje. A 200 metros del barrio y de los hipermercados,
sólo separados por la ronda de circunvalación H-30, se han ido
amontonando durante al menos dos décadas 120 millones de toneladas
de fosfoyesos, unos residuos químicos formados por aguas ácidas,
metales pesados, fluoruros, fosfatos, arsénico y otros elementos
contaminantes, que conforman la mole principal del vertido. Esos
fosfoyesos los ha ido depositando la empresa de fertilizantes
Fertiberia desde la mitad de la década de los 90, hasta que en 2010
una sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada por el Supremo, le
condenó a paralizar definitivamente los vertidos y proceder a la
regeneración de los terrenos contaminados. La sentencia venía a dar
la razón a la Dirección General de Costas, dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente, que ya había anunciado a la empresa el
fin de la concesión al no estar cumpliendo las condiciones de la
misma. El de Huelva es el mayor vertedero de materiales tóxicos de
Europa y tiene efectos nocivos para la salud de la población, que
lleva años pidiendo una solución, hasta hoy sin éxito.
La empresa paralizó los vertidos ya
desde la primera sentencia, pero la regeneración está por acatar.
Ninguna administración parece considerarse capaz de hacer respetar
la ley. Es más, la Junta de Andalucía y el Gobierno central se
pasan la pelota el uno al otro, aunque está fuera de duda que le
corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente imponer una solución. En este sentido, todas las miradas
están puestas en la sucesora de Miguel Arias Cañete al frente del
Departamento, Isabel García Tejerina, porque la ministra fue asesora
y directora de Planificación Estratégica de Fertiberia desde
septiembre de 2004 hasta febrero de 2012, según consta en su
currículum publicado por el Ministerio de la Presidencia. Para la
oposición y grupos ecologistas hay un evidente conflicto de
intereses. Durante su primera visita oficial a la provincia, hace
unas semanas, no respondió a una sola pregunta sobre el mayor
problema medioambiental de Huelva y de España. Sí lo hizo su
secretario de Estado, Federico Ramos, que prometió en mayo ante los
medios locales que el Gobierno “va a hacer que se ejecute la
sentencia en la parte que le corresponde”. Además, aseguró que la
empresa “ha mostrado interés en cumplir su obligación”.
Fertiberia está presidida por Juan
Miguel Villar Mir, ministro de Hacienda y vicepresidente de Asuntos
Económicos en el primer gobierno postfranquista, entre el 12 de
diciembre de 1975 y el 5 de julio de 1976, bajo la presidencia de
Carlos Arias Navarro. El rey le concedió el título de Marqués de
Villar Mir en 2011. Su grupo de empresas incluye también la
constructora OHL.
La reticencia de Fertiberia a cumplir
la condena se explica por el coste de la operación de regeneración
de los terrenos contaminados, que puede alcanzar cifras
estratosféricas, aunque no ha sido cuantificado aún oficialmente.
El científico Jesús de la Rosa, exvicerrector de Investigación de
la Universidad de Huelva y actualmente investigador principal de las
unidades asociadas a contaminación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), se atreve a aventurar una cifra.
Si no se trata de dejar la montaña sellada como un sarcófago, sino
de desmontar todos los residuos y llevárselos a otro sitio, podrían
ser “más de 1.200 millones de euros”, calcula. Y eso no acabaría
del todo con el problema, que seguiría siendo qué hacer son los
residuos que se extraen, añade.
La Junta de Andalucía hace hincapié
en la obligación del Gobierno central de solucionar el problema. La
secretaria general de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía,
Carmen Lloret, asegura que están haciendo todo lo que pueden dentro
de sus competencias como Administración responsable de que la
empresa cumpla sus obligaciones medioambientales, pero que no es
“parte” en la sentencia, como lo es el Gobierno, que dio la
concesión a la compañía y se la quitó con ayuda judicial. “La
sentencia”, señala, “no se está cumpliendo”.
Multa de 240.000 euros
Finalmente, el pasado 24 de mayo se
supo que la Consejería de Medio Ambiente había impuesto a
Fertiberia una multa de 240.000 euros. Se trata de la máxima
cantidad posible en el marco de una falta grave por incumplimiento de
sus obligaciones medioambientales, concretamente por no presentar a
tiempo el plan de regeneración (el plazo dado por la Justicia venció
en febrero de 2013). Los últimos datos disponibles indican que
Fertiberia facturó 1.264 millones de euros en 2012. Lloret admite
que la Junta tiene competencias para suspender la actividad de una
empresa en determinadas condiciones pero estima que no se han
alcanzado esas condiciones en esta fase.
La empresa no ha escatimado recursos
para retrasar ese momento. El primer proyecto que presentó en la
Junta fue “un Power Point”, dice Lloret. Después, presentó un
“avance del plan de regeneración” en inglés que la Junta está
valorando. La multa, asegura, la tendrá que pagar con o sin plan de
regeneración.
Por otra parte, la Junta concedió a
Fertiberia en 2013 la Autorización Ambiental Integrada (AAI), un
permiso de actividad que, según Lloret, sirve para maniatar más a
la empresa, ya que dicha autorización contempla el cumplimiento de
las resoluciones judiciales, incluida por tanto la obligación de la
compañía de presentar un estudio de regeneración de la zona
contaminada. No obstante, para Aurelio González Peris, presidente de
la Asociación Mesa de la Ría, una de las plataformas ciudadanas que
lucha por la descontaminación de la zona, la AAI a Fertiberia fue un
cheque en blanco para que la compañía siguiera operando sin más,
obviando las irregularidades que a su juicio estaba cometiendo.
Hasta la Comisión Europea llegó a
sacar los colores a España en 2010 con un “apercibimiento final”
con el que esta alta institución llegó a advertir al Gobierno
español que “la naturaleza no es un vertedero”. El expediente
abierto por “infracción del Derecho Comunitario en materia de
tratamiento y vertido de residuos industriales” dejaba poco margen
al Gobierno español: obligaba a las autoridades a correr para evitar
que el asunto llegase al Tribunal de Luxemburgo.
Los científicos siguen investigando
Pero el mayor problema medioambiental
aún latente de España permanece a escasos 200 metros de las
primeras viviendas de Huelva. Entre tiras y aflojas políticos, el
vertedero industrial se extiende a lo largo de 120 hectáreas de
terreno de la marisma de Mendaña, entre Huelva y la ría, y asciende
hasta a 25 metros de altura en algunos puntos (la concesión del
Gobierno establecía un máximo de tres metros de altura). Junto a
los fosfoyesos conviven 7.000 toneladas de cenizas procedentes de un
accidente que ocurrió en una planta de Acerinox en Cádiz hace diez
años (y que fueron transportadas hasta Huelva), y cenizas de pirita
de una planta de inertización de las empresas Egmasa Albega y Befesa
(Grupo Abengoa). Estos nuevos vertidos son consecuencia de que
Fertiberia ha estado subarrendando su extensa área de vertidos a
otras empresas.
Informes científicos (CSIC, la
Universidad de Huelva, los laboratorios franceses CRII-RAD, el
Consejo de Seguridad Nuclear) y médicos (Hospital Juan Ramón
Jiménez de Huelva) han arrojado resultados preocupantes o al menos
han aconsejado precaución ante la posible peligrosidad de los
vertidos para la salud. El estudio del Juan Ramón Jiménez, en
concreto, detectó concentraciones significativas del elemento
radiactivo Celsio 137 en las uñas de 37 trabajadores que operaban en
los alrededores y que suponían el 40% de los analizados. El estudio
examinó también a trabajadores de otras zonas de España con
resultado negativo. La propia representante de los vecinos de Pérez
Cubillos padece hipotiroidismo, un mal que los vecinos reconocen como
frecuente en el barrio, al igual que el cáncer, y que creen se debe
a la cercanía de la montaña de residuos. Pero el miedo lleva a
algunos incluso a no moverse porque piensan que, si se remueve la
montaña, las consecuencias para su salud serían peores. “Mejor
que la dejen como está”, dice un dependiente de la tienda de
Luisa. El mismo que cuenta cómo ve pasar cada poco tiempo a vecinos
en camilla camino del hospital.
Los
residuos están al lado de viviendas. ROBERTO DÍAZ RODRÍGUEZ
Algunos científicos creen que aún
falta trabajo por hacer y ya se están poniendo manos a la obra.
Jesús de la Rosa está inmerso en un estudio sobre la calidad del
aire en el entorno de la zona de los vertidos. Este científico
explica que los fosfoyesos “llevan asociados múltiples elementos,
entre ellos uranio, que es un radiactivo presente en la naturaleza”.
Aunque es muy prudente, De la Rosa ha observado que los procesos de
evaporación de las aguas ácidas pueden favorecer la concentración
de estos elementos. Recalca que el estudio no arroja aún ninguna
conclusión y subraya que no se debe considerar el uranio de antemano
como un elemento siempre peligroso, aunque admite que trabaja “por
el bien de la sociedad”, tratando de despejar cualquier duda sobre
la alta, baja o nula peligrosidad de estos elementos. De la Rosa hace
hincapié en que hacen falta más estudios en la zona ya que, según
dice, con los últimos avances científicos, “cada vez es más
fácil saber cosas nuevas”. Opinión que comparte Carlos García
Izquierdo, uno de los investigadores del informe del CSIC, quien cree
imprescindible “seguir ahondando en estudios que sirvan como base
para acometer un proyecto de recuperación de la zona”.
Movilización de la sociedad onubense
El problema se trata a diario en las
formaciones políticas y asociaciones locales. El coordinador general
de Izquierda Unida de Huelva, Pedro Jiménez, afirma que a su
formación y a la plataforma en la que se integra, Recupera tu Ría,
no le basta con presionar a Fertiberia, aunque reconoce que la
primera que “tiene que aportar es la empresa, y después las
Administraciones”. Pero pone el énfasis en que la solución salga
del consenso de instituciones y vecinos implicados, una lista que
incluye 22 organismos, públicos y privados.
El Ayuntamiento ha aprobado por
unanimidad su propuesta de crear un órgano de participación para la
búsqueda de soluciones conjuntas. Es decir, más reuniones a la
vista. Asegura que desde el principio el objetivo de la empresa es
hacer pasar como plan de regeneración “una cubierta vegetal de 30
centímetros de espesor con adelfas y otras plantas”, pero nunca
acometer un plan para descontaminar y llevarse las tierras
acumuladas, o sea, plantar sobre los residuos. Jiménez aporta una
nueva versión del viejo lema “quien contamina paga”: “Quien
contaminó al amparo del empleo, que regenere amparándose en el
empleo”, dice.
Aurelio González Peris asegura que
algunos partidos “están abusando de este conflicto para alimentar
sus confrontaciones políticas”, si bien la asociación Mesa de la
Ría, que preside y que surgió en el seno del Colegio de Abogados de
Huelva, se constituyó como partido político y llegó a obtener un
concejal en las últimas elecciones municipales. A su juicio,
“Gobierno y Junta juegan a arrojarse la responsabilidad de tomar
las decisiones”.
La importancia del empleo
Para gran parte de la sociedad
onubense, el plan de regeneración va más allá de la seguridad
sanitaria. Es una oportunidad de crear empleo en tiempos de crisis.
Según Aurelio González, “durante décadas Huelva capital ha
renunciado a las posibilidades económicas del turismo porque se nos
vendió el empleo que generaba la industria”, dice. Actualmente,
las empresas del Polo representadas en la Asociación de Industrias
Químicas Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) aportan el 8% de
la riqueza generada y proporcionan entre 8.000 y 10.000 empleos
directos, indirectos e inducidos. Pero, pese a que a escasos
kilómetros hay playas casi paradisíacas como Punta Umbria, El
Rompido o Cartaya, Huelva capital ha permanecido aislada del boom
turístico español de los años 70, ya que fue en 1964 cuando se
inauguró el polo químico, en el que operan compañías como Cepsa,
Tioxide, Fertiberia, Ercros y otras muchas.
Ni Fertiberia ni el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han respondido a la
solicitud de información cursada por La Marea. Sí lo ha hecho de
manera indirecta el gerente de la Asociación de Empresas Químicas,
Básicas y Energéticas (AIQBE) de Huelva, Juan Manuel Díaz del
Valle, quien se ha remitido a unas recientes declaraciones que hizo a
la Cadena SER, en las que afirma que la sentencia que pesa sobre
Fertiberia “no es por una infracción medioambiental” sino por un
“procedimiento administrativo”, y achaca parte de la
responsabilidad a la falta de entendimiento entre la Administración
central y la Junta de Andalucía, presionadas por grupos ecologistas
y otros colectivos, aunque admite “algo de responsabilidad de la
empresa”.
Díaz del Valle asegura en esa
entrevista que la compañía de Villar Mir “está cumpliendo” con
la parte de la sentencia que la obliga a presentar un plan de
regeneración y añade que si se ha retrasado es porque se trata de
un proyecto muy ambicioso. Según el gerente de la AIQBE, el proyecto
plantea muchas dificultades de ejecución, como el tratamiento de las
aguas ocluidas. Además, defiende, han contratado a una empresa de
Florida con experiencia en más de 60 cierres de instalaciones
contaminantes.
Mientras, en la calle, en el barrio de
Pérez Cubillos, Luisa López reconoce con resignación que el barrio
apenas lucha ya por sus derechos. “Con estos niveles de paro, la
mayoría de la gente aquí vive día a día para comer, la
contaminación es secundaria”, afirma. Aunque los vecinos más
afectados apenas tengan fuerzas para protestar, los ciudadanos no se
olvidan de que los responsables de este problema deben solucionarlo
cuanto antes. En balcones, en bares, en paredes de toda la ciudad
aparecen, cada poco, unos carteles amarillos que lo dejan claro:
“Fosfoyesos no”.
CASI MEDIO SIGLO DE CONTAMINACIÓN SIN
SOLUCIONES
1968.
FERTIBERIA
INICIA SUS OPERACIONES CON VERTIDOS DE FOSFOYESOS AL CAUCE DEL RÍO
TINTO
1995.
LA
JUNTA DE ANDALUCÍA EXIGE LA “REORDENACIÓN” DE LOS VERTIDOS PARA
EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO. LOS VERTIDOS PASAN A HACERSE EN
TIERRA EN DOS BALSAS.
1998.
UNA
DE LAS BALSAS DE RESIDUOS SE ROMPE Y VIERTE 50.000 METROS CÚBICOS DE
TÓXICOS A LA RÍA.
2003.
EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EMITE UNA ORDEN DE CADUCIDAD DE LA
CONCESIÓN DE FERTIBERIA.
2007.
TRAS
UN RECURSO DE LA COMPAÑÍA, LA AUDIENCIA NACIONAL RATIFICA EN
SENTENCIA EL FIN DE LA CONCESIÓN A FERTIBERIA, FIJA DICIEMBRE DE
2012 COMO FECHA LÍMITE DEL CESE DE LOS VERTIDOS Y EXIGE A FERTIBERIA
COMENZAR DE INMEDIATO LA REGENERACIÓN DE LOS TERRENOS OCUPADOS POR
LAS BALSAS.
GREENPEACE
Y LA MESA DE LA RÍA DIVULGAN UN INFORME SOLICITADO POR LA PRIMERA AL
LABORATORIO FRANCÉS CRII-RAD, QUE DETECTA RADIACTIVIDAD POR CELSIO
137 EN LA ZONA DE LAS BALSAS.
2008.
LA
COMUNIDAD EUROPEA EXPEDIENTA A ESPAÑA POR VERTIDOS DE FOSFOYESOS AL
RÍO TINTO.
LA
COMISIÓN DE INFRACCIONES DE LA D.G. DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMISIÓN
EUROPEA INSPECCIONA LAS BALSAS.
2009.
INVESTIGADORES
DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA Y DEL HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
ELABORAN UN ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO QUE DETECTA LA PRESENCIA DE
URANIO RADIACTIVO EN EL 44% DE LOS TRABAJADORES METALÚRGICOS DE LA
ZONA ANALIZADOS.
2010.
LA
COMISIÓN EUROPEA ENVÍA UN APERCIBIMIENTO A ESPAÑA POR INFRACCIÓN
DEL DERECHO EN MATERIA DE TRATAMIENTO Y VERTIDO DE RESIDUOS
INDUSTRIALES EN HUELVA, EN EL QUE DECLARA QUE “LA NATURALEZA NO ES
UN BASURERO”.
2011.
EL
TRIBUNAL SUPREMO RATIFICA LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL
CONTRA LA CONCESIÓN Y CONFIRMANDO EL CESE DE LOS VERTIDOS, ESTO
ÚLTIMO YA ACATADO POR LA EMPRESA.
2014.
TRES
AÑOS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA SENTENCIA, FERTIBERIA NO HA CUMPLIDO CON
LA PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE REGENERACIÓN DE TODA LA
ZONA AFECTADA, QUE SIGUE ALMACENANDO 120 MILLONES DE TONELADAS DE
FOSFOYESOS.
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