- España dedicó en 2017 más de 1.400 millones de euros a pagar tratamientos hospitalarios contra el cáncer con precios descontrolados y arbitrarios
- Un ejemplo de las técnicas de los laboratorios: retirar un fármaco para volver a sacarlo al mercado un año después con un coste 12 veces superior
- El cáncer es la encarnación del miedo a la muerte de nuestro tiempo. Las grandes empresas farmacéuticas lo saben y le están sacando beneficio
Juan Luis Sánchez 17/04/2018
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Imagen de una mamografía (Archivo
Wikicommons)
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Imaginemos que hay un medicamento,
vamos a llamarle por ahora X, que sirve para tratar la leucemia.
Gracias a la investigación científica, se descubre que ese mismo
fármaco además sirve para tratar la esclerosis múltiple.
¡Estupendo!, pensaría cualquiera, no solo por bondad sino por
razones económicas: si un mismo producto sirve para varias
enfermedades, eso evita costes de desarrollo de otro medicamento
nuevo porque ya existe este. Además, si hay más pacientes pues la
demanda será mayor y por tanto el precio puede bajar. Eso es lo que
pensaría cualquiera, menos los gerentes de las grandes
farmacéuticas.
Digamos ahora que ese medicamento X
contra la leucemia existe realmente y se llama MabCampath. Los
laboratorios Sanofi tuvieron una idea muy diferente cuando
descubrieron en 2012 que podía servir también para pacientes de
esclerosis múltiple: retiraron el fármaco del mercado. Dijeron que
por "razones comerciales" (pdf) y decían la verdad.
Un año después, esta empresa volvió
a sacar exactamente el mismo fármaco (alemtuzumab) pero con una
marca diferente. ¿Por qué? El mercado de los fármacos contra la
esclerosis es más caro que el de la leucemia, así que retiraron una
marca para para sacar otra, Lemtrada, y catalogarla como medicamento
para la esclerosis. Así podían ponerle un precio más alto, como
los de otros medicamentos contra enfermedades degenerativas. Desde
entonces, el sistema sanitario público paga alrededor de 36.000
dólares al año por paciente tratado con Lemtrada. Esto es 15 veces
más que cuando se llamaba de otra forma, siendo el mismo
medicamento.
Tres casos más parecidos a este
aparecen documentados en un informe de la campaña No es Sano, que
reúne a diferentes organizaciones sociales que luchan por un
abaratamiento de los principales medicamentos. Son datos
especialmente relevantes no solo por el componente ético sino por la
repercusión que eso tiene sobre la sostenibilidad del sistema
sanitario en países como España.
El sistema público de salud español
gastó solo en fármacos y otros tratamientos para uso hospitalario
6.448 millones de euros en 2017. Por comparar: esa cifra de
gasto es superior al presupuesto de Defensa para ese mismo año y
está por encima de lo que se dedicará al personal del Ejército en
2018.
Es mayor que las partidas recién aprobadas para Energía y
Turismo y casi equivale a todo el dinero que gestiona el Ministerio
del Interior. Mientras el Gobierno y las autonomías argumentan que
no queda más remedio que mantener la austeridad en los servicios
sanitarios, las farmacéuticas no dejan de facturar cada vez más.
Mientras que en 2011 el precio medio de un fármaco era de 290,5
euros, en 2015 se situaba en 593,5 euros, según el informe anual del
Ministerio de Sanidad.
Más del 20% de ese gasto hospitalario en tratamientos va a pagarle a estas multinacionales los medicamentos
contra el cáncer, lo que sitúa la factura en oncología por encima
de los 1.400 millones de euros el año pasado o incluso por encima de
los 1.900 millones, según otros estudios. Las previsiones de las
consultoras del "mercado sanitario" dicen que los hospitales son ya el mayor cliente de la industria, dejando atrás a
la venta a través de farmacias.
Paralelamente, el Gobierno ha incluido
mecanismos legales para que los gobiernos autonómicos no puedan recibir ayuda financiera si no firman un convenio que beneficia directamente a los grandes laboratorios. Un acuerdo entre el
Ministerio de Hacienda y la patronal garantiza un nivel de gasto
público anual constante en medicamentos de marca. El mecanismo
esconde una perversión: supone una financiación indirecta con
fondos de emergencia al negocio de grandes empresas.
En España algunas de las terapias más
empleadas para tratar tumores alcanzan los 30.000 euros y algunas
llegan a los 100.000 euros al año por paciente. Estas cifras son
estimaciones de la decena de organizaciones que participan en No es
Sano [desde Médicos del Mundo a la Organización Médica Colegial de
España] porque los ciudadanos en realidad no sabemos cuánto estamos
destinando de nuestros impuestos a pagar estos tratamientos.
¿Por qué pagamos lo que pagamos?
"¿Esto es un saqueo? No, es el
mercado, amigo", dijo Rodrigo Rato para explicar los efectos de
la crisis financiera en los ciudadanos. El precio de los medicamentos
contra el cáncer también depende única y exclusivamente del
mercado y no está regulado de la misma manera que otros servicios
como la energía o las telecomunicaciones.
Como explicamos en este especial de eldiario.es, el sistema de fijación de precios de medicamentos en
España es opaco y responde a criterios arbitrarios. El precio para
la sanidad pública no depende de cuál fuera el coste de producción
e investigación del fármaco y tampoco hay un margen de beneficio
estipulado para este tipo de tratamientos. Las multinacionales
farmacéuticas pueden simplemente negociar cualquier margen de
beneficio con los gobiernos, y se hace además en una negociación
con una comisión de responsables políticos en varios ministerios.
Solo en los últimos meses hemos empezado a conocer algo de las
reuniones secretas donde se negocia y decide, lo que deja mucho
margen para el lobby farmacéutico y, dicho suavemente, "el
conflicto de intereses".
En Estados Unidos, que es donde se fija
el precio inicial de los medicamentos que luego servirá para
negociar con otros países, los ingresos de las farmacéuticas por
tratamientos oncológicos se han duplicado en diez años. Para las
autoras del informe de No es Sano, Irene Bernal y Eva Iráizoz, "el
sistema incentiva que la industria marque los precios de los nuevos
medicamentos protegidos por patente en función de lo que el mercado
pueda soportar para obtener el máximo beneficio posible".
Esto
se hace siempre con el argumento de que, como empresas, son las
únicas con capacidad de investigar y que, por tanto, tienen el
derecho y la responsabilidad de hacer rentable su negocio y seguir
investigando.
Cada vez son más voces expertas las
que alertan sobre los mitos de la innovación farmacéutica. Datos de
la European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
(EFPIA) muestran que solo un 16% del total de los ingresos por venta
de fármacos fueron destinados a investigación. El reparto de
dividendos de algunas de estas empresas como Roche o Pfizer supera el
23% del presupuesto.
Estas grandes farmacéuticas dedican más dinero
a repartir beneficios que a invertir en una investigación que, en sí
misma, está en discusión porque se centra en hacer pequeñas
modificaciones a los medicamentos para volver a patentarlos y blidar
su comercialización de nuevo, lo que impide que puedan
democratizarse.
En el ejemplo del principio, según los
datos de No es Sano, el 70% de los ensayos clínicos con el
alemtuzumab fueron financiados por centros de investigación,
universidades o fondos públicos. Solo el 13% fue sufragado por la
propia empresa comercializadora. Esta participación pública o
académica en las fases de investigación no es una excepción en la
industria y es especialmente habitual en los fármacos contra el
cáncer.
El cáncer es ya la primera causa de
muerte entre las personas mayores de 40 años y también entre los
niños menores de 14. Ataca de repente y rompe familias; o ataca poco
a poco y las somete a una agonía imposible. Cada año se
diagnostican unos 250.000 casos en España. El mejor control de otras
enfermedades, algunos hábitos nocivos y el alargamiento de la
esperanza de vida convierten al cáncer en la encarnación del miedo
a la muerte de nuestro tiempo. Las grandes empresas farmacéuticas lo
saben y están especulando con ello.
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