No
puedo evitar indignarme cuando compruebo que a quienes han provocado
la situación en la que estamos y engañado a miles de personas se
les dan favores o se les salva o indulta y en lugar de obligarles a
que hagan frente a sus responsabilidades se les conceden nuevos
privilegios.
Hace
meses que anticipé (Entre
estafa y estafa le quitan la vivienda a la gente)
que el gobierno indultaría al banquero delincuente Alfredo Sanz,
consejero Delegado del Banco de Santander, así que no me ha
extrañado que lo haga, aunque debo reconocer que el hecho de hacerlo
de una manera tan vergonzante y desvergonzada, ya en funciones
después de las elecciones, ha superado todas mis expectativas.
Estaba ya indignado de antes, pero ni
siquiera así he podido impedir que aumente mi rabia en el momento en
que conocía la decisión del Ejecutivo. Aunque la verdad, no sé si
ahora mucho más que cuando en estas últimas semanas ha ido tomando
otras medidas de última hora dirigidas a concederle favores añadidos
a los bancos, para aliviar sus responsabilidades incluso penales,
para darles más facilidades a sus negocios y para que sigan actuando
frente a sus clientes con la prepotencia y la desvergüenza con que
lo vienen haciendo. En suma, para aumentar el poder económico y
financiero del que la banca española dispone.
A pesar de que estaba seguro de que el
indulto se iba a producir, no puedo evitar indignarme cuando
compruebo que a quienes han provocado la situación en la que estamos
y engañado a miles de personas se les dan favores o se les salva o
indulta y en lugar de obligarles a que hagan frente a sus
responsabilidades se les conceden nuevos privilegios, mientras se
deja sin protección a los afectados por sus estafas o no se hace
nada para impedir que docenas de miles de personas tengan que
abandonar sus viviendas por la voracidad de esos mismos banqueros
delincuentes.
Lo que acaba de hacer el gobierno del
Partido Socialista es una felonía ante el pueblo español. No ha
sido la única, ni siquiera en estas última semanas, pero sería por
sí misma suficiente para que pase a la historia como un gobierno
traidor. Se le podría perdonar su impotencia ante poderes más
fuertes pero nunca un pisoteo tan grande a las reglas más
elementales de la justicia como el que supone este indulto, pues
supone pasarse por la entrepierna de la manera más descarada el
principio de igualdad de todas las personas ante la ley.
En cualquier caso es una ingenuidad
creer que el asunto es solo obra del gobierno. Aunque no haya sido la
que ha dado el indulto, la administración de justicia también
tendría mucho que decir. No entro en la gravedad de la pena impuesta
pero sí en la sorprendente decisión del tribunal que permitió su
suspensión por si se producía el indulto solicitado, un criterio de
favor de consecuencias hasta irrisorias si se generalizase por los
jueces que condenan a los delincuentes. Y, también, por supuesto,
también tendría que decir algo el Banco de España que, al permitir
que Sáenz siguiera ejerciendo como banquero a pesar de estar
condenado en firme, se ha vuelto a comportar, como en tantas otras
ocasiones, no como el servidor de los intereses públicos que debería
ser sino como el cómplice de los banqueros privados.
Según
informó El
Confidencial,
hasta los inspectores del Banco de España han denunciado en un
comunicado que no se ha cumplido con la legislación bancaria que
obliga a separar del cargo a los ejecutivos sin honorabilidad por
haber condenados, tal y como establece el Real Decreto de 1995 al
imponer que "se entenderá que carecen de tal honorabilidad
[requisito para ser consejero o director general] quienes, en España
o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos,
estén inhabilitados para ejercer cargos públicos o de
administración o dirección de entidades financieras o estén
inhabilitados conforme a la Ley Concursal".
En este saco de complicidades
necesarias se encuentran también los medios de comunicación que han
pasado por alto o con extraordinario disimulo los antecedentes del
caso, para evitar crear el caldo de cultivo de indignación social
que hubiera impedido el indulto. Y, por supuesto, los partidos
mayoritarios, el Partido Popular que solo muestra su posición con la
boca chica, y por supuesto el Partido Socialista que una vez más
calla para deja actuar a su secretario general como césar neoliberal
y omnipotente al servicio de los banqueros.
El gobierno se ha saltado a la torera
los informes negativos emitidos en su día por la Fiscalía o por la
Sala Segunda del Tribunal Supremo, que tomó por unanimidad de sus
cinco magistrados la decisión de “desaconsejar” el indulto a
Alfredo Sáenz. Simplemente se ha limitado a ponerse a los pies de
Botín, eso sí, haciéndole a toda España un último favor: mostrar
de manera bien clara, para que no le quede duda a nadie, quién manda
aquí y a quién hay que quitar el poder para que las cosas funciones
de otro modo, para que no se sigan cometiendo los desmanes y las
injusticias que estamos sufriendo, para poder salir del túnel en el
que estamos y para que votar cada cuatro años no sea nada más que
una pantomima.
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