12.12.2011
"Rajoy
dice que la Ley de Dependencia "no es viable" y no se puede
pagar. Pero no dice que España gasta menos en sus ancianos que el
resto de Europa y que para 2050, uno de cada tres españoles tendrá
más de 65 años..."
Los
recortes de las autonomías se están llevando por delante las ayudas
a viejos y jóvenes discapacitados que reconoce la Ley de
Dependencia. Ocho autonomías deben varios meses de ayudas y no pagan
a residencias y proveedores. Se han frenado los beneficiarios y
siguen esperando una ayuda 312.000 personas con derecho reconocido.
Mientras, Rajoy dice que la Ley de Dependencia "no es viable"
y no se puede pagar. Pero no dice que España gasta menos en sus
ancianos que el resto de Europa y que para 2050, uno de cada tres
españoles tendrá más de 65 años. Hay que afrontar con prioridad y
urgencia el cuidado de nuestros mayores y buscar cómo se paga.
La Ley de Dependencia cumple a finales
de diciembre 5 años, con un balance agridulce: ha beneficiado a
1.227.871 personas (ancianos y jóvenes discapacitados), pero todavía
quedan sin atender la mayoría de los tres millones de españoles que
no pueden valerse por sí mismos. El esfuerzo inversor en Dependencia
se ha duplicado (del 0,32% del PIB al 0,64% en 2010), pero aún es la
mitad de los países de la OCDE. Y aunque el Estado ha mantenido su
aportación, las autonomías han recortado presupuestos, sobre todo
en 2011, con lo que se han frenado los beneficiarios: 741.713 a 1 de
diciembre (y han caído incluso, entre junio y noviembre, en once
autonomías, porque mueren más dependientes de los que acceden a las
ayudas. Y sigue estancada el último año la lista de espera: 312.214
dependientes con derecho reconocido pero que no reciben servicios ni
ayuda. Como la mitad tiene más de 80 años, un 10% se muere antes de
que les llegue.
Y algo más grave: hay ocho autonomías,
con Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña en
cabeza, que pagan con retraso (de dos a ocho meses) a las familias
que cuidan a dependientes, a las residencias donde están (hay 78.828
camas en residencias concertadas) y a las empresas que los
suministran (desde comida a pañales o sillas de ruedas).
En noviembre, más de la mitad de las
ayudas (52%) a los dependientes era dinero para sus familias, por
cuidarles (entre 300 y 520 € al mes) o para sus cuidadores (entre
625 y 850 €), algo que tenía que ser excepcional, ya que la Ley
contempla que las ayudas deberían ser para teleasistencia (13,53%),
ayuda a domicilio (13%), Centros de día (6,32%) y sobre todo para
residencias (sólo 13,30 % de los beneficiarios). Pero a las
autonomías les sale más barato dar una ayuda a las familias que
pagar una residencia (1.800 €), que además, no hay (sólo se han
creado 66.000 en la última década). De hecho, en 2005, de cada 100
abuelos que salían del hospital, 20 entraban en residencias y ahora
no llegan a 5.
Al final, España gastó en Dependencia
6.767 millones de euros en 2010, pero sólo el 60% es por la nueva
Ley (el 40% restante es para cubrir la asistencia que ya se hacía a
ancianos y discapacitados). Pues bien, esos 3.623 millones que cuesta
la Ley los paga en su mayoría el Estado (50,44%), luego las
autonomías (42,46%) y un 7,10% los usuarios. Pero hay grandes
diferencias y hay 4 autonomías que no aportan ni la cuarta parte del
gasto: Canarias (10%), Comunidad Valenciana (15%), Madrid (26%) y
Galicia (27%). Y por eso, tienen más lista de espera y menos
dependientes atendidos. Si en España, 1,58 de cada 100 habitantes
reciben ayudas a la dependencia, en Canarias son 0,49, en Valencia
0,84, en Baleares 0,97 y en Madrid 1,19. Eso sí, en la Rioja 2,44,
en Andalucía 2,30, en Castilla y León 2,24 y en el País Vasco 2. O
sea, que hay que mirar dónde envejecemos.
El problema es que llueve sobre mojado
y hay 5 autonomías que siempre suspenden en los exámenes periódicos
que les hacen los gestores de residencias: Canarias (0,5 de nota),
Comunidad Valenciana (1,5), Asturias (3), Madrid (3,5) y Baleares
(4,5). Y denuncian su "empecinamiento en no aplicar las
prestaciones y servicios que la Ley contempla". Sin embargo, hay
otras 5 con sobresaliente: Castilla la Mancha (9,5), País Vasco
(9,5), Castilla y León (9,5), La Rioja (9) y Aragón(9), aunque
temen que esto cambie con los nuevos Gobiernos autonómicos del PP en
Toledo, Zaragoza y Logroño, que de hecho, ya han empezado con
recortes e impagos a la Dependencia.
Al final, la Ley y la financiación
estatal es la misma y hay autonomías con problemas y otras sin
ellos. Pero el problema vendrá en 2012, ya que Rajoy ha advertido
que la Ley de Dependencia "no es viable", lo que augura más
recortes, cuando todavía dos tercios de los dependientes están sin
atender. Y cuando la OCDE ha dicho que España tiene que multiplicar
por seis su gasto en dependencia en las próximas décadas. De hecho,
España será el país más envejecido de Occidente en 2021 y la
población de más de 65 años se va a duplicar: de los 7,6 millones
actuales a 15,3 millones en 2050, uno de cada tres españoles.
Con este panorama, no cabe aplicar
recortes a la dependencia. El gasto actual, 6.767 millones al año
(poco frente a los 88.828 millones de la Sanidad y los 112.000 de las
pensiones) tendría por fuerza que crecer, hasta los 20.000 millones
en 2015, según la Ley de Dependencia. Y aunque su aplicación se
modere por la crisis, queda mucho por hacer. Además, es una
inversión con mucho retorno: 165.000 empleos creados estos años y
20 céntimos recuperados por cada euro gastado (entre más
cotizaciones e impuestos).
