viernes, 2 de noviembre de 2012

SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE. ESTUDIO REALIZADO EN LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA.

JUEVES, 1 DE NOVIEMBRE DE 2012

Hoy quiero recomendar la lectura del trabajo "Sensibilidad Química Múltiple: Diferencias epidemiológicas, clínicas y pronósticas entre las de origen laboral y no laboral", del que es autora María Alarcón Romay (MIR UPF), ha sido dirigido por el experto en Toxicología Santiago Nogué, y el tutor es el Doctor Joan Benach, especialista en Salud Pública y en diferencias de salud y desigualdad social.

El trabajo en cuestión se puede encontrar en: estudio en pdf

El estudio analiza el posible origen laboral de la SQM, destacando entre otras exposiciones a productos químicos, la fumigación o vertido de plaguicidas y la exposición profesional a productos de limpieza, que son las exposiciones iniciales que presentaron mayores porcentajes en los pacientes con SQM de origen laboral.Y continúa el estudio, "El contacto continuo del personal de limpieza con productos químicos que en muchas ocasiones no presentan la información toxicológica reglamentaria y la falta de medidas de seguridad en la aplicación de plaguicidas y biocidas podrían explicar esta mayor presentación. Dado que la variable estaba constituida por diversas etiquetas, la reagrupación no pone de manifiesto que además de las exposiciones descritas, estos pacientes presentaron una variedad considerable de exposiciones que fueron desde una exposición a líquido de revelar radiografías, productos de análisis químicos, productos para fabricación de explosivos hasta productos empleados en la metalurgia".

En fin, entiendo que es un estudio interesante, aunque no definitivo, pero que, a mi modo de ver, apunta a una conclusión más que evidente: vivimos en un mundo tóxico, rodeados de miles de productos químicos, que nos dañan y nos enferman -en casa, en la calle y en el trabajo-, y la SQM está actuando como centinela, como enfermedad emergente y aviso de que nos esperan daños mucho más graves aún si cabe -y eso sin olvidar que la SQM y el Síndrome de fatiga crónica son altamente invalidantes y reducen considerablemente la calidad de vida de las personas que las padecen-. Estemos alertas, actuemos o las consecuencias de nuestro entorno tóxico pueden ser fatales e irreversibles.

jueves, 1 de noviembre de 2012

¿Suicidios o crimen de Estado?

Publicado en Sistema Digital el 31 de octubre de 2012

Todos los datos permiten asegurar que una gran parte del incremento en el número de suicidios que se viene dando en España está relacionado con la forma en que se está gestionando la crisis. Ya he comentado en artículos anteriores y más extensamente con Vicenç Navarro en el libro ‘Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero (Espasa, 2012)’, que en todos los países en los que se han aplicado políticas de ajuste neoliberal se ha podido detectar ese fenómeno, así que no es de extrañar que ahora se esté produciendo en España. Actualmente, parece que en nuestro país se producen entre nueve y diez suicidios cada día y que un tercio de ellos, según se puso de manifiesto en un reciente congreso de Psiquiatría, son los que tienen que ver con problemas económicos de diverso tipo originados por la crisis.

Y no hacen falta muchos estudios científicos para comprobar igualmente que una gran parte de esos suicidios se relacionan con los desahucios, que en estos momentos dejan sin vivienda a más de quinientas familias cada día en España. Ya son bastantes los casos en los que se han producido justo antes de que las autoridades y la policía procediesen a desalojar a las familias de sus viviendas en diferentes lugares de España.

Se trata de un verdadero drama que tiene una responsabilidad muy directa: las autoridades e instituciones del Estado que hasta el momento no han hecho nada efectivo para evitarlo. Todo lo contrario, lo han provocado con las políticas que vienen aplicando e incluso lo facilitan, como esos jueces que llegan a decretar que los desahucios se lleven a cabo sin previo aviso para evitar que la población acuda en ayuda solidaria de los afectados.

El Gobierno actual y el anterior han dedicado sumas millonarias a salvar y proteger a los banqueros y a los grandes propietarios, pero no han tomado ni una sola medida efectiva para acabar de una vez por todas con la desprotección de las familias de menos ingresos que pierden sus viviendas.

Cambiar las leyes para establecer medidas como la dación de pago, la creación de tribunales que gestionen la reestructuración de la deuda familiar, la disminución temporal de las cuotas para las personas sin ingresos o en paro, quitas familiares, u otras parecidas que podrían evitar los desahucios no comportan grandes dificultades legales ni supondrían demasiado coste económico (al revés, permitirían aumentar la demanda efectiva y así mejorar la situación económica). Por eso es injustificable que se sigan llevando a cabo desahucios que provocan docenas de suicidios y un sufrimiento personal y social tan extraordinario.

Que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo en unos pocos días para modificar la Constitución, y así contentar a los poderes financieros, y no lo hagan para adoptar medidas de rango muy inferior dirigidas a proteger a las miles de familias que se quedan en la calle solo refleja que se trata de dos organizaciones políticas que han perdido el norte para convertirse en simples piezas de un dominio oligárquico que ya es insoportable, y que requiere una respuesta social a la altura de su traición a los principios elementales de la ética, la justicia y el buen gobierno.

Es incomprensible, y empieza a producir una rabia inmensa, contemplar día a día a los parlamentarios ocupados en todo tipo de asuntos pero incapaces de acabar con el drama. Es desolador comprobar que los jueces no hayan reaccionado ya cuando llevan tanto tiempo como ejecutores de un derecho que es la antítesis de la justicia. Es patético e indignante ver a la policía defender día a día a las autoridades que echan a las gentes de sus casas y a los Bancos que se quedan con ellas, y golpear con saña a las pobres mujeres y hombres que las defienden. Es una vergüenza comprobar que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica, que tanto habla de defender a la familia, llame a la policía para desalojar de sus templos (como en La Almudena de Madrid) a quienes quieren llamar la atención de la sociedad hacia lo que está pasando (en clara contradicción, hay que reconocerlo, con la inmensa mayoría de sus fieles de abajo que siempre suelen apoyarlos). Es tremendo que no salga ni una sola palabra ni un gesto de ayuda del Jefe del Estado, que se dedica, por el contrario, a defender las políticas que provocan el paro y la pérdida de las viviendas, mintiendo sobre los efectos que están provocando sobre la sociedad y la situación económica solo para proteger los intereses de los grupos más poderosos. Es sencillamente insultante, que en lugar de defender a las miles de personas que sufren, el Gobierno no solo siga aplicando sin misericordia las políticas que agudizan la crisis, sino que se dedique a ir indultando semana tras semana a los pocos financieros y políticos delincuentes que habían sido condenados en los años anteriores. Y es un insulto a la inteligencia y un despropósito la Constitución que declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, pero que a la vez no impide que se produzcan más de medio millar de desahucios diarios.

Cada vez que muere una persona desesperada por el paro o por la pérdida de vivienda, o a causa del peor tratamiento que reciben cuando son dependientes o están enfermas, aumenta algo más la responsabilidad de todas esas instituciones y personas. No podemos ni debemos aceptar que todo lo que está pasando en España, el daño tan grande que se le está haciendo a millones de personas, sea un simple accidente o algo inevitable. Es un daño orquestado, perfectamente evitable y que se produce solo porque se quiere beneficiar a otros grupos sociales. Por eso me parece que las personas que dirigen esas instituciones o que toman las decisiones tienen una auténtica responsabilidad criminal y no solo política que debería investigarse y depurarse cuanto antes.

Tendríamos que dejar de hablar ya de suicidios y de poner sobre la mesa la comisión de un verdadero crimen de Estado porque sus instituciones, que tienen la obligación de evitar el dolor de los ciudadanos y cuentan con medios para ello, son las que lo están provocando. La gente normal y corriente tiene derecho a defenderse e incluso el deber de levantarse contra los tiranos.

miércoles, 31 de octubre de 2012

SINDROME DE FATIGA CRÓNICA, BAJAS MÉDICAS.....Y EL DESPRECIO DEL ICAMS.

Advocat i soci del @collectiuronda. 
Especialista en Seguretat Social, 
professor associat de la UPF.

DOMINGO, 28 DE OCTUBRE DE 2012


Ya comentábamos en anteriores "posts" que la administración -ICAMS e INSS-, actúan, cuando las enfermedades que padece el paciente son de las denominadas "enfermedades invisibles" -síndrome fatiga crónica, fibromialgia o sensibilidad química múltiple-, de forma desleal, injusta e incluso, a mi entender, muy cerca de la prevaricación o la desviación de poder. ¿Por qué somos tan tajantes y alarmistas en nuestra afirmación?

Por que la práctica diaria, desgraciadamente, nos ha dado la razón.

El ICAMS es un organismo autónomo de carácter administrativo, adscrito al Departament de Salut (más información), que entre otras funciones realiza informes médicos en materia de control de procesos de incapacidad temporal y la evaluación de la capacidad funcional en materia de incapacidad permanente, a petición de mutuas de accidentes de trabajo y del propio INSS.

Visto así, no parece que la actividad del ICAMS sea negativa o que comporte perjuicio alguno al ciudadano. ¿Por que nos quejamos entonces?. Por que en la realización de su actividad de control está sujeta a criterios económicos, y no en la prestación de servicios sanitarios que deben efectuar los organismos adscritos al Departament de Salut. No es así infrecuente que ante ciudadanos enfermos, y que cuentan con informes emitidos por especialistas sobre su enfermedad, se les expida alta médica por el ICAMS, en labores de Inspección Médica, evitando que puedan causar nueva baja médica durante seis meses, situación que puede llegar a ser muy angustiosa. Y esa actuación, además de incorrecta e injusta, se basa en criterios económicos. ¿Quieren pruebas?. Las tenemos:

1) En el BOE de 4 de octubre de 2010 se publicó la Resolución de 22 de septiembre de 2010, un convenio entre el ICAMS y el INSS, por valor de 5.667.189,84 euros (practicamente mil millones de pesetas) para desarrollar determinadas estrategias de gestión para mejorar la prestación de incapacidad temporal y estudia el comportamiento de los procesos de corta . Objetivo: la reducción de los períodos de IT de corta duración. Acceso a la resolución.

2) Anualmente el INSS asigna cantidades exorbitantes para financiar la actividad del ICAMS. Así, por ejemplo, para el año 2009 (pero con proyección al 2010, 2011 y 2012), a la Comunidad de Catalunya le correspondería la cantidad de 52.296.062,65 € (sobre 8.000 mil millones de pesetas!!!). Pongo de ejemplo este año por que desde entonces han intentado ocultar tanto las cuantías como las acciones a desarrollar. De esta forma, en aquel convenio de 2009 establecía:

- un mínimo de 89.562 reconocimientos a trabajadores en IT

- reducción de la duración estándar de los procesos de IT

- determinados porcentajes de altas médicas -en algún momento determinada en un 46%-.

Está claro, nadie muerde la mano que le da de comer, y el ICAMS, no está por la labor de "beneficiar" al ciudadano, pero aún menos, en la de perjudicar al INSS, que, lo hemos demostrado oficialmente, le paga muy generosamente. El acceso al BOE y el Convenio ICAMS-INSS denunciado es este.

Y si, además, se ha de evaluar si el ciudadano tiene derecho a acceder a una pensión de incapacidad permanente, el ICAMS olvida su función y su deber de actuación objetiva, para denegar sistemáticamente el derecho de los ciudadanos consagrado en el art. 41 CE. Llegamos al absurdo de dictámenes del ICAMS del tipo "SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA GRADO III/IV -SEVERA- SIN LIMITACIÓN FUNCIONAL". Sin palabras.

Pero no acaba aquí el despropósito del ICAMS en su actuación, ya que están impidiendo al ciudadano, ante un alta emitido por este organismo, que pueda causar baja médica durante seis meses, en base a una Orden del año 1974. Pues bien, dicha actuación ni es justa ni está ajustada a derecho. El Tribunal Supremo en recientes sentencias ha venido a determinar que esa prohibición solo es de aplicación si se trata de la misma enfermedad. Por todas la sentencia1360/2012 de 7 de febrero de 2012, viene a decir:

"A esta misma solución ha llegado la Sala para afirmar, en síntesis conclusiva que ahora reiteramos, que" el artículo 2 de la Orden de 21 de marzo de 1974 habrá de interpretarse de manera armónica con la normativa posterior y afirmar que cuando se trata de distintos procesos patológicos los que originaron la primera y la segunda baja, será el correspondiente facultativo de los Servicios Públicos de Salud el competente para otorgar la segunda ". ( STS 30-1-2012, (R. 111/2011 )".

O sea, ante un alta del ICAMS, si el ciudadano causa baja médica por otro motivo, es su médico de familia quien puede y debe expedir el parte médico de baja, sin necesidad que el ICAMS la autorice o valide, como en la práctica está ocurriendo.

La conclusión es obvia, el INSS subvenciona al ICAMS, éste obedece al primero, y los ciudadanos pagan las consecuencias....¿les suena a repetido?.

Madrid profundiza en la privatización sanitaria

  • Se extiende el modelo semiprivado de los hospitales a nueve centros y se externalizan todos los servicios no sanitarios de la red hospitalaria
  • Desde 2008, la Comunidad de Madrid ha aplicado 4.600 millones de euros en recortes. En este ejercicio, se prevé un 7,7% menos de gasto, 1.424 millones
  • En un año, Educación ha perdido 554 millones; Transporte e Infraestructuras, 203; Sanidad, 61 y Asuntos Sociales, 39
31/10/2012

El presidente madrileño, Ignacio González, entre los consejeros de Presidencia, 
Salvador Victoria (izquierda) y Economía, Enrique Ossorio. / Efe
Un euro por receta a partir de 2013. El presidente madrileño, Ignacio González, ha presentado hoy los presupuestos más restrictivos de la historia, "más difíciles", según sus palabras, para alcanzar el objetivo de déficit del 0,7% del PIB (1.300 millones de endeudamiento). El presupuesto es de 17.048 millones de euros. Y una de las principales medidas es cobrar por receta médica "para contribuir al uso racional de los medicamentos". Según los cálculos del Gobierno regional, supondrá un ingreso de 83 millones. "Es una decisión más disuasoria que recaudatoria", afirmó.

"Van a estar exentos del euro por receta", dijo, "los afectados de síndrome tóxico, discapacitados, las personas de rentas de inserción, no contributivas, los parados sin subsidio. En todo caso, se establece un límite de 72 euros al año". Esta medida, rechazada por la ministra de Sanidad, Ana Mato, en abril, también afecta a los jubilados.


Desde 2008, la Comunidad de Madrid ha aplicado recortes presupuestario por valor de 4.600 millones de euros, el último de ellos, de 1.000 millones, se aprobó en julio.

En estos presupuestos, se prevé para 2013 unos recortes de gasto de 2.700 millones, que pueden ser menos, hasta 1.424 millones, si se cumplen todas las medidas recaudatorias previstas por el Gobierno regional. Esto es, la venta de patrimonio (742), ingresos patrimoniales del Canal de Isabel II (150 millones), aumento en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y otros tributos (170 millones) y el incremento de las liquidaciones del Sistema de Financiación (190 millones).

Por el camino, Educación se queda con 4.230 millones: pierde 554 sobre los presupuestos de 2012 (434 sobre las cuentas enmendados en julio). Asuntos Sociales, con 1.249 millones, tiene 39 menos (29 en relación con julio) y para Sanidad van 7.108 millones, 61 menos que los anteriores presupuestos (69 millones más si lo comparamos con julio).

Cambio del modelo sanitario

Para ello, además del euro de las recetas y la venta de patrimonio, subida de tasas y precios públicos, se reducen las subvenciones un 54%, excluyendo a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, se acaba con la cooperación internacional salvo en situaciones de emergencia y se recorta el presupuesto en transportes e infraestructuras un 21%. Esta partida era de 487 millones hace un año, enmendada en julio en 128 millones hasta los 359 y ahora se queda en unos 283 millones

Además, se potencia la iniciativa privada en la sanidad. Es decir, se extiende el modelo de hospitales privados con financiación pública (aplicado en Valdemoro, Torrejón y Móstoles) a otros seis hospitales más (Vallecas, San Sebastián de los Reyes, Parla, Henares, del Sureste y el del Tajo). Para defenderlo, afirmó que el coste de la asistencia sanitaria es de 600 euros por habitante, y que aspira a reducirlo en 159 euros (a 441 por habitante). Es decir, si Madrid tiene 6.489.680 habitantes, estaríamos hablando de un pretendido ahorro de hasta 1.000 millones de euros.

A ello hay que añadir que se externalizarán todos los servicios no sanitarios (cocinas, lavanderías, almacenes y mantenimiento) de todos los hospitales madrileños.

Incluso se prevé la posibilidad de abrir hasta un 10% los centros de salud a los profesionales sanitarios que quieran constituir sociedades para gestionarlos, tal y como ocurre en Cataluña (donde también se aplicó primero el euro por receta).

Dentro de todos los cambios en la sanidad madrileña, el hospital de La Princesa se especializará en personas mayores y el Carlos III, en un hospital de media y larga estancia.

No obstante, y a pesar de las externalizaciones, la extensión de los hospitales privados con financiación privada, el ahorro de mil millones y la aplicación del euro por receta, González afirmó: "La sanidad en Madrid va a seguir siendo universal, gratuita y de máxima calidad".

González también ha anunciado la desaparición de la Agencia de Protección de Datos regional, el Consejo Económico y Social, Promomadrid, la Agencia Laín Entralgo y la Fundación para la Integración y el Desarrollo Ambiental (FIDA). Eso sí, una medida estrella anunciada por Aguirre en julio, la de aplicar el peaje a las autovías para obtener 900.000 euros en 2012, no se ha puesto en marcha y se descarta para el futuro.

"Hemos subido muchas tasas y muchos precios públicos en educación, cultura, deportes, transportes [11% de media]], y eso se refleja en el presupuesto de este año", reconoció González. En cuanto a los ingresos previstos concretamente por el Impuesto de Sucesiones, González preguntó a los periodistas: "¿Cree que vamos a matar a gente para recaudar más por el impuesto de sucesiones?"

El consejero de Economía, Enrique Ossorio, tampoco fue específico cuando fue preguntado por el pago a los proveedores. Dijo "que es de los más rápidos", sin concretar cuánto se debe ni cuánto tiempo se tarda en pagar.

Las cuentas regionales presentan una reducción de gasto del 7,7%, con la idea de cumplir el déficit público del 0,7% del PIB fijado por el Gobierno para las Comunidades. Madrid cerró 2011 con un desfase del 2,2%, lejos del objetivo del 1,5% y aún más lejos del 1,13% anunciado inicialmente por el Gobierno regional.

El recorte de gasto también sigue acompañado de bonificaciones fiscales: del 99% en Sucesiones y Donaciones, del 100% en Patrimonio, un punto menos en el tramo autonómico del IRPF.

Polémica catalana

Madrid ha entrado de lleno en las polémicas territoriales en la presentación de los Presupuestos. Además de que se reclama al Gobierno central 1.000 millones de euros por el Sistema de Financiación, se afirma que es la región más solidaria, y se aportan datos para comperar las aportaciones al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos. Según el Gobierno regional, la aportación por madrileño asciende a 385 euros y a 95 euros por catalán. En total, Madrid aporta, según González, 3.016 millones al Fondo de Suficiencia Global.

Madrid impone el euro por receta e inicia las privatizaciones en la Atención Primaria

Pago de un euro por receta en una farmacia de Cataluña
Una persona adquiere un medicamento en una farmacia catalana abonando la tasa de 
un euro por receta que entró en vigor el pasado viernes. (Albert Olivé / EFE)
ÁNGEL CALLEJA 31.10.2012

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), anunció este miércoles un recorte de 1.424 millones de euros en el gasto público para los prespuestos regionales de 2013, así como un recorte del 7% en los fondos destinados a Sanidad y la imposición de una tasa de un euro para todas las recetas que sean expedidas en los centros de salud de la región. Esta medida ya fue impuesta en Cataluña por el gobierno de Artur Mas (CiU).

González confirmó que estarán exentos del euro por receta los afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad, enfermos crónicos, los perceptoras de rentas de integración social como la Renta Mínima de Inserción regional (RMI). Tampoco pagarán los desempleados que han perdido el derecho de subsidio, los que tengan tratamientos por accidentes de trabajo y otras.

Los jubilados también se verán afectados. Aunque el presidente instó a esperar a las explicaciones del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, avanzó que la Comunidad aplicará un baremo similar al que el Gobierno de Mariano Rajoy ha establecido para el repago de los medicamentos en las farmacias. Según González, no pagarán los pensionistas con pensiones no contributivas o los que perciban ayudas sociales.

La tasa, insistió el presidente, por los medicamentos será de "carácter disuasorio" y que su objetivo no es otro que reducir el gasto farmacéutico de la región. En 2011 la Comunidad destinó 1.241 millones al pago de medicamentos con receta, además de otros 721 millones a la farmacia hospitalaria. En total, el gasto fue de 1.962 millones, lo que supuso el 10,94% del total del presupuesto regional y un 27,5% el total del gasto sanitario.

Médicos privados en seis hospitales

Pese a ser la medida más llamativa, este no es el único ajuste anunciado por Ignacio González en materia sanitaria.

Además del euro por receta, el Ejecutivo privatizará la atención sanitaria en seis de los siete hospitales de gestión privada que construyó Esperanza Aguirre (Majadahonda, Parla, Vallecas, Arganda, Coslada, San Sebastián de los Reyes y Aranjuez). Aunque la asistencia seguirá siendo gratuita para los madrileños, la Comunidad dejará de poner los médicos, de forma que las empresas que los gestionan tendrán que contratar a estos profesionales, como ya ocurre en los hospitales de Valdemoro (pionero en este sentido) o el Rey Juan Carlos de Móstoles.

González no aclaró cómo recolocará a los profesionales actuales, que accedieron a sus puestos mediante concursos y peticiones de traslado, ni concretó a qué centros afectará. La Consejería de Sanidad se negó a revelar más detalles.

Además, serán adjudicados a empresas todos los servicios hospitalarios de cocinalavandería, limpieza, mantenimiento y similares que no tengan que ver con la asistencia sanitaria.

Empresas en los ambulatorios

El 10% de los centros de salud de la región pasarán a ser de gestión privada. La Comunidad inicia con ello la entrada del capital privado en la atención ambulatoria, una fórmula que Esperanza Aguirre trató de introducir desde su primer mandato y que, hasta ahora, no se había concretado. A lo más que había llegado es a la privatización de centros de especializades como los de Pontones y Argüelles. La 'gestión indirecta' nunca había alcanzado a la Atención Primaria.

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/1633941/0/madrid-presupuestos-2013/euro-por-receta/recortes/