El ICAM declaró a Christian en
capacidad de trabajar pese a que está de baja tras una operación y
tiene dos sentencias que le dan la razón. Como él, más pacientes
se quejan de «altas injustificadas»
Norian Muñoz
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Christian con la resolución en la que
le declaraban apto para trabajar. Foto: Lluís Milián
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«La visita en el ICAM (Institut Català
d’Avaluacions Médiques) duró menos de cinco minutos. No me
preguntaron nada sobre mi estado de salud ni mucho menos me hicieron
ninguna revisión médica», cuenta Christian sobre la cita con el
médico a la que asistió el pasado mes de enero en la sede del ICAM
de Tarragona y tras la cual decidieron anularle la incapacidad
permanente. Se la habían concedido debido a un problema degenerativo
de la columna vertebral que le causa unos intensos dolores que apenas
consigue paliar con morfina.
Pocos días después de aquella visita
de inspección médica, Christian pasó por quirófano en el Hospital
del Mar por segunda vez (ya le habían operado sin resultados
satisfactorios en 2012) para una operación de columna en la que le
colocaron unos tornillos. La idea era paliar un problema en la
vértebra L5, una de las que tiene afectadas.
Justo al llegar a casa desde el
hospital se encontró con la carta en la que le anunciaban que habían
determinado que ya no tenía «ningún grado de incapacidad
permanente» y decidieron dar de baja la pensión que recibía a
partir del 1 de febrero. Paradójicamente, por esas mismas fechas, un
informe de su médico de cabecera le daba la baja por lo menos
durante los 89 días siguientes. Hoy sigue de baja.
A partir de entonces, Christian, que
tiene 36 años y no cuenta con familia cercana, tiene como único
ingreso la renta mínima de 430 euros, «con los que pretenden que
coma, pague el alquiler, me vista y pague los medicamentos».
Sin poder costear las medicinas
Y es que, además, tras esta decisión
no sólo se ha quedado sin la pensión, sino que ha perdido el
derecho a medicación compensada (los pensionistas pagan el 10%) y
ahora debe pagar el 40% del coste, como la mayoría de los
ciudadanos.
Cuenta que desde que le quitaron la
pensión no le alcanza el dinero para pagarse los medicamentos. Nos
enseña el informe de su médico de cabecera, donde aparece la lista
de medicamentos que debe tomar: son trece. En el caso de algunos está
espaciando las tomas de los fármacos que ya tenía en casa; en
otros, sencillamente, no los está tomando porque no los puede
comprar.
Y es que, además de los problemas de
columna, Christian tiene diagnosticado lupus y un cuadro
ansioso-depresivo. «Mi vida se resume a la cama», explica.
Relata que cuando comenzaron sus
problemas de salud, en 2011, llevaba 14 años cotizados. Su último
empleo fue en un hotel donde uno de sus trabajos era acarrear
maletas. «Siempre he trabajado, y por supuesto que me gustaría
trabajar, pero ahora me es imposible... Te tratan como escoria por
estar enfermo. Yo no he elegido esta situación», dice.
En su caso, además, se da la
circunstancia de que ya tuvo que pasar por los tribunales en dos
oportunidades para que se reconociera su incapacidad, primero fue en
2015 en un Tribunal de lo Social de Barcelona y luego la decisión la
ratificó en 2016 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
«pero ahora no me veo con fuerzas de volver a pasar por lo mismo».
Explica que en su desesperación ha
decidido dar la cara «porque hay muchos pacientes que viven
silenciados por miedo a lo que pueda pasar».
Un caso repetido
Àngels Homedes, del colectivo Ronda,
es la abogada que llevará el caso de Christian en este nuevo proceso
judicial y reconoce que casos como el suyo, lamentablemente, no son
aislados.
El Diari de Tarragona ya se hizo eco en
noviembre del año pasado de las quejas de un grupo de pacientes que
denunciaban trato inadecuado y altas injustificadas en el ICAM de
Tarragona.
Relataron entonces que los pacientes
debían soportar largas esperas, visitas demasiado escuetas y, en
algunos casos, incluso un trato vejatorio. Se lamentaban de que
pacientes que todavía no se habían recuperado eran dados de alta
prematuramente.
Homedes explica que la decisión del ICAM de
Tarragona no tiene justificación alguna ni fundamento jurídico
porque todos los informes de los especialistas de la sanidad pública
certifican que no ha habido ningún cambio en el estado de salud de
Christian.
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Igual que sucedió en otro caso que
llevó recientemente contra el ICAM en Barcelona, la abogada espera
que le den la razón. No obstante, explica, eso no le ahorra al
paciente tener que esperar en torno a un año a que se produzca el
juicio. En el caso de Christian ni siquiera hay juzgado asignado. «Es
verdad que luego se recuperan los atrasos, pero todo ese tiempo la
persona está sin apenas ingresos, con la desesperación que eso
supone... No le encuentro ninguna lógica», se ratifica.
El Diari intentó contactar con algún
responsable del ICAM, cuya gestión depende del Departament de Salut,
sobre el caso de Christian, pero no obtuvo respuesta.
Más casos: Una plataforma de afectados
por el ICAM
Desde el 2016 un grupo de pacientes en
la misma situación de Christian fundaron la Plataforma de Persones Afectades de l’ICAM, PAICAM, para «visualizar el trato inhumano y
el funcionamiento injusto de este organismo evaluador de la sanidad
catalana... Cada vez las bajas son más restrictivas, así como los
criterios para otorgar pensiones de invalidez, lo que aboca a estos
pacientes al límite de la exclusión social».
Ma. Angels García, afectada y miembro
de la plataforma quien a la vez atiende algunas consultas en las
redes sociales y acompaña a otros pacientes, explica que, en seis
años, ha podido comprobar que el trato del ICAM puede ser muy
diferente según el médico que toque. En dos oportunidades ha
denunciado maltrato verbal. Además, critica que las visitas cortas
en las apenas se ve a los pacientes y la no revisión de los informes
médicos también son una constante.
