Plataformas ciudadanas y grupos
ecologistas se movilizan contra la proliferación de antenas de
telefonía
Antenas de telefonía móvil, un
peligro para la salud
Antenas de telefonía móvil, sistemas
de transporte de energía eléctrica, transformadores de alta
tensión, inalámbricos, Wi-Fi, Bluetooth. Nuestras ciudades y
hogares se han convertido en un polvorín de contaminación
electromagnética. En la diana de la protesta, las antenas de
telefonía móvil. Ciudadanos, plataformas vecinales y grupos
ecologistas se oponen a la implantación de estas infraestructuras,
pero se enfrentan a los intereses de las grandes compañías del
sector y a la pasividad –cuando no connivencia- de las diferentes
administraciones.
En Santa Apolonia, urbanización que
linda con el municipio de Torrent (uno de los más poblados de la
provincia de Valencia), Vodafone y Orange proyectan una gran antena
de telefonía móvil. Algunos vecinos, que anteponen la mejora en la
cobertura de sus celulares a los riesgos sobre la salud pública,
apoyan la iniciativa. Otra parte de los vecinos ha iniciado una
campaña de protesta. La ubicación de la antena ha despertado las
alarmas: en plena zona residencial, junto a un parque infantil y en
un entorno protegido por su valor paisajístico.
Los casos se multiplican y desde hace
más de una década salpican el territorio del estado español. En
Valladolid (año 2001) estalló uno de los escándalos más sonados.
En un colegio de educación infantil se detectaron cinco casos de
cáncer (cuatro leucemias y un linfoma) en niños de entre tres y
seis años. En la azotea de un edificio aledaño a la escuela había
instalado un “bosque de antenas” (cerca de 300) sin licencia.
Tras el auto judicial que ordenó el desmantelamiento de las antenas,
no se volvió a registrar otro caso de cáncer en el colegio.
Hace más de dos años que los vecinos
de Arganzuela (Madrid) comenzaron a movilizarse contra la
implantación de dos antenas de telefonía móvil “camufladas”,
junto a dos colegios en los que estudian 725 niños de entre tres y
doce años. La inmobiliaria Larcovi pretendía arrendar una azotea a
Vodafone y Movistar para que ejecutaran la infraestructura. El pasado
19 de noviembre la inmobiliaria informó a los vecinos de que
desistía finalmente de sus planes. En febrero de 2012, un grupo de
docentes de un IES de Santiago denunciaban en una carta que en los
últimos seis años se habían registrado once casos de cáncer de
mama entre trabajadoras del instituto. Apuntaban, entre otras
posibles causas, la proximidad de una antena de France Telecom.
Los vecinos afectados se enfrentan a un
enemigo muy poderoso: los grandes operadores de telecomunicaciones
(Orange, Telefónica, Vodafone y ONO), asociados en un grupo de
presión denominado Redtel. Estas compañías se benefician de una
legislación laxa, que establece límites muy amplios y poco
estrictos a la emisión de radiaciones electromagnéticas. En
ocasiones, las empresas instalan grandes antenas que emiten con una
potencia mayor de lo que bastaría para un servicio adecuado.
Compiten de este modo entre ellas por ofrecer mejor cobertura a sus
clientes y alcanzar mayores parcelas de territorio. Es el ánimo de
lucro por encima de la salud pública.
Cegada la vía legal del riesgo por la
exposición a los campos electromagnéticos, la alternativa más
factible para litigar contra las empresas es la urbanística, explica
Agustín Bocos, abogado con más de 20 años de experiencia en
derecho ambiental. Además de contar con una autorización del
Ministerio de Medio Ambiente, las antenas han de ajustarse a la
normativa urbanística del municipio en el que se instalen. Pero en
la práctica, “hay antenas que durante años operan sin ningún
tipo de licencia; se cometen multitud de irregularidades; no se
respetan volúmenes, usos ni distancias de protección; Las empresas
actúan así porque piensan que nadie actuará contra ellas por la
vía urbanística; o que les compensa operar un tiempo de modo
irregular y luego a ver qué pasa”, explica el abogado en una
conferencia ante los vecinos de Santa Apolonia.
Por lo demás, las empresas son
conscientes de que un incremento de la “masa crítica” les puede
empañar el negocio. Por eso, hay antenas de telefonía móvil que,
por inverosímil que parezca, se “camuflan” entre el mobiliario
urbano, pinos, palmeras o incluso cruces de iglesias. Se trata de no
llamar la atención y evitar que salten las alarmas entre los
potenciales afectados.
La Plataforma Estatal contra la
Contaminación Electromagnética (PECE) explica por qué no
trascienden a la opinión pública estos hechos. Las compañías de
telecomunicaciones “influyen por medio de sus poderosos grupos de
presión en los medios de comunicación e instituciones, con el
objeto de impedir que se establezca una legislación que controle la
caótica proliferación de estas infraestructuras y se proteja la
salud de la población”. La plataforma llama la atención,
asimismo, sobre los recursos que estas empresas destinan a
investigaciones científicas “que casualmente no encuentran casi
nunca impactos sobre la salud”.
Pero lo cierto es que son crecientes
las patologías y los problemas de salud relacionados con las antenas
de telefonía y el uso de móviles e inalámbricos. Ahora bien, “los
efectos no son inmediatos”, matiza Ceferino Maestu, doctor en
Medicina y director del Laboratorio de Bioelectromagnetismo de la
Universidad Politécnica de Madrid. “Pueden pasar 15 ó 20 años
antes de que las consecuencias se hagan visibles; además, muchas
veces no se asocian las enfermedades a las radiaciones porque no
aparecen dolores ni síntomas claros”.
A juicio de Maestu, “no hay
evidencias, ni puede demostrarse una relación causal entre
radiaciones y patologías”. “Pero sí que hay aproximaciones
estadísticas, añade, y esto debería bastar para que se aplicara el
principio de precaución”. La Ley 33/2011 de Salud Pública
establece, en ese sentido, la cesación, limitación o prohibición
de actividades sobre las que haya indicios fundados de afectación
grave a la salud pública (“aún cuando hubiera incertidumbre
científica” sobre los riesgos”).
Pese a que se realizó hace más de
cinco años, el Informe BioIniciativa es uno de los estudios de
referencia. Redactado por 14 científicos y expertos en salud
pública, apunta que una excesiva exposición a los campos
electromagnéticos derivados de artefactos electrónicos puede causar
leucemia infantil, tumores cerebrales, alteraciones en la actividad
eléctrica del cerebro, daños en el ADN, problemas de sueño,
fatiga, cefalea y cáncer de mama, entre otros efectos. “No podemos
permitirnos una actitud de aquí no pasa nada”, concluye el
estudio. Además, los científicos explican que los impactos sobre la
salud pueden darse incluso a niveles muy bajos de exposición a las
radiaciones.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Agencia Internacional de Investigaciones del Cáncer
(IARC) insisten en la misma idea. En mayo de 2011, clasificaron los
campos electromagnéticos de radiofrecuencia como “posibles
cancerígenos” para los seres humanos, por un aumento en el riesgo
de Glioma (un cáncer cerebral asociado al uso de teléfonos
móviles). Se habla de “posibilidad” y de “riesgos
potenciales”.
A la luz de estas investigaciones,
¿debería aplicarse el principio de precaución? Hace apenas un mes,
decidió quitarse la vida Ángela Jaén, una mujer que residía en
Pinto (Madrid), a la que se diagnosticó “hipersensibilidad a los
campos electromagnéticos”. Se vio obligada a abandonar su casa,
afectada por unos niveles de radiación muy altos generados por una
antena de telefonía situada a 50 metros de su hogar, según denuncia
la Asociación de Electrosensibles por el Derecho a la Salud. Ángela
Jaén no obtuvo respuesta del gobierno municipal de Pinto (PP), ni le
atendieron adecuadamente los responsables de salud, que –según un
comunicado de la asociación- trataron su problema como
“psiquiátrico”.
Un ejemplo de indefensión que llega
hasta el extremo del suicidio. Sin llegar a estos ejemplos, la
legislación vigente deja a los ciudadanos en el desamparo. En 1999,
el Consejo Europeo estableció unas recomendaciones en materia de
exposición del público a los campos electromagnéticos. Señaló
unos límites muy amplios –que son los vigentes hoy en el estado
español- incompatibles para muchos especialistas con la salud
pública y el principio de precaución. El mismo Parlamento europeo,
en una Resolución de septiembre de 2008, declaró estos límites
como “obsoletos”, ya que, además de ser declarados hace una
década, no considera las normas más exigentes, adoptadas por países
como Italia, Bélgica o Austria; tampoco se tienen en cuenta, afirma
el Parlamento Europeo en la Resolución de 2008, la situación de los
grupos más vulnerables, como mujeres embarazadas, recién nacidos y
niños; ni las conclusiones del trabajo científico del grupo
BioIniciativa. Enquistada la vía jurídica, las antenas de telefonía
móvil devienen un problema de salud pública, al que sólo la
presión ciudadana está ofreciendo salida.
