- El Gobierno quita la competencia de Asuntos Sociales a los municipios y se la endosa a la Comunidad sin dotación presupuestaria adicional. Da un año para “racionalizar” esos servicios. Y transfiere también la educación infantil
BRUNO
GARCÍA GALLO /
JOSÉ
MARCOS Madrid
16
FEB 2013
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Ana
Botella e Ignacio González. / ÁLVARO
GARCÍA
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Usted
probablemente no sepa quién paga la escuela infantil a la que lleva
a sus hijos o el sueldo del enfermero que asiste a sus ancianos
padres. Son servicios públicos. Se pagan con sus impuestos y con eso
basta. Pero ¿qué sucedería si mañana desaparecieran? ¿De quién
sería la culpa? ¿Del Ayuntamiento, que ha dejado de prestarlos? ¿De
la Comunidad, que ha dejado de pagarlos? Puede que eso no suceda
jamás, pero si ocurre, vuelva la vista hacia el Gobierno. Siga
leyendo y sabrá por qué.
El
pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó un papel que todavía
tiene que someterse a variadas consultas, volver a ser refrendado en
la misma mesa y pasar por el Congreso de los Diputados y el Senado
antes de entrar en vigor. Por ahora es un joven y maleable
anteproyecto de ley. Pero redactarlo ha costado meses de
negociaciones a cara de perro con el PSOE y dentro del Gobierno,
entre diferentes ministerios (Sanidad, Hacienda, Educación). Ayer,
la mayoría de titulares periodísticos se ocuparon del sueldo de los
alcaldes o de los miles de concejales que dejarán de cobrar por su
trabajo. Pero, por debajo de esas disposiciones tan llamativas en
este tiempo de desprestigio de la política, el anteproyecto incluía
una profunda y drástica redefinición (o, realmente, definición) de
las funciones de un Ayuntamiento.
La
mayoría de ellas ya estaban fijadas en la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local. A partir de esta norma, de 1985, los
municipios fueron acumulando con el paso de los años un sinfín de
competencias adicionales por la vía de los hechos consumados: había
dinero, y reportaba votos. La gran depresión les pilló con el pie
cambiado, y dejó a muchos al borde de la bancarrota. El Gobierno de
Mariano Rajoy (PP) apuntaló el año pasado las finanzas municipales
con medidas extraordinarias, pero fue el viernes cuando puso la
primera piedra de una reforma local merecedora de tal nombre.
Reforma
que, al contrario de lo que solicitaban los Ayuntamientos, no pasa
por reforzar la financiación sino por limitar los gastos (y
servicios).
Efectivamente,
el anteproyecto recoge la mayoría de competencias municipales de la
ley de 1985, pero no todas: elimina “la prestación de los
servicios sociales y de promoción y reinserción social”,
limitando la función de los Ayuntamientos a la “evaluación e
información de situaciones de necesidad social, y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.
“La prestación de los servicios sociales y de promoción y
reinserción social” pasa a ser responsabilidad de las comunidades
autónomas. Por acuerdo mutuo, podrán delegar en los Ayuntamientos,
pero serán ellas las que sufraguen esos servicios.
El
anteproyecto de ley aprobado el viernes establece un plazo de un año
para que las autonomías asuman la cobertura de esas prestaciones, o
cuando menos su financiación. Y deja en sus manos “establecer a
partir de ese momento las medidas que consideren necesarias para la
racionalización del servicio”. Es decir, los recortes que deseen.
Porque el Gobierno es muy claro en una cosa: no habrá financiación
adicional. Deja abierta eso sí, aunque sin enunciarla, la
posibilidad a detraer parte del dinero que se transfiere a los
Ayuntamientos cada año para compensar el cambio de competencias. En
caso de no avanzar por este camino, las autonomías, que apenas
pueden pagar sus facturas ya, deberán hacerse cargo de los servicios
sociales municipales sin financiación adicional. O eliminarlos.
En
el caso de la Comunidad de Madrid (PP), el presupuesto de la
Consejería de Asuntos Sociales asciende en 2013 a 1.249 millones de
euros, el 8% del total. ¿Cuánto supondría aglutinar el gasto
municipal? Las principales ciudades de la región por población son
Madrid (3.213.000), Móstoles (206.000), Alcalá (204.000),
Fuenlabrada (199.000), Leganés (184.000), Getafe (169.000), Alcorcón
(169.000), Parla (121.000), Torrejón (116.000) y Alcobendas
(110.000). Suman 4,7 millones de personas, el 72% de la población de
la región. Tomándolas como referencia, se puede aproximar el gasto
adicional para la Consejería de asumir los servicios sociales
municipales. Encabezados por la capital, donde más de 50.000
personas reciben ayuda a domicilio y 137.000 cuentan con asistencia
telefónica, estas ciudades suman 530 millones de euros en esta área.
Asumir esa cantidad supondría un aumento del 42% sobre el
presupuesto regional de asuntos sociales.
Pero
no sería ese el único gasto adicional cargado contra las cuentas
regionales por esta nueva división de competencias. Entre las
funciones que los Ayuntamientos han ido sumando sin cobertura
normativa en los últimos 30 años, hay varias que, pese a que los
ciudadanos las ven ya como fundamentales, no podrán seguir
ejerciendo a partir de la aprobación de la nueva ley. Dos de ellas
son especialmente llamativas: los servicios de emergencias sanitarias
y las escuelas infantiles. El Samur es un pilar fundamental del
Ayuntamiento de Madrid. Tanto es así que lo defiende como
competencia propia acudiendo a su labor de protección civil. Pero es
un servicio médico, y como tal debería recaer en la Comunidad.
Hasta ahora, la alcaldesa, Ana Botella (PP), y el presidente
regional, Ignacio González (PP), parecían inclinarse por que el
Samur siguiera en manos municipales, ampliando sus labores al
interior de las viviendas (hasta ahora, sólo actuaba en la vía
pública); el Summa regional dejaría de hacerlo y se concentraría
en dar servicio al resto de municipios. El presupuesto del Samur es
de 47 millones de euros. Perder ese servicio supondría un fuerte
daño político para el Ayuntamiento de la capital.
Pero
la Comunidad debería asumir muchos otros, entre ellos las escuelas
infantiles. En este caso, el periodo de adaptación sería mayor:
cinco años, a un ritmo del 20% por ejercicio; de nuevo, las
autonomías “podrán establecer las medidas que consideren
necesarias para la racionalización del servicio”. En concreto,
durante el primer año deberán elaborar “un plan de evaluación y
reestructuración de los servicios”.
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Un
dependiente que reclama ayuda a domicilio en Madrid. / CARLOS
ROSILLO
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O
sea: más recortes.
La
partida regional para Educación Infantil, Primaria y Especial es de
1.390 millones de euros, sobre un total en esa área de 4.230
millones, algo más de un cuarto de todo el presupuesto de la
Comunidad. La capital tiene 55 escuelas infantiles, con una oferta de
7.059 plazas, que ascienden a 8.232 sumando las concertadas. Su
partida de preescolar y primaria es de 28,4 millones. Los diez
municipios con mayor población suman un gasto total en esta área de
90 millones. A esta cifra habría que sumar el coste de la vigilancia
y mantenimiento de todos los centros escolares, ahora en manos
municipales.
Sumados
todos los costes de las transferencias de competencias ordenadas por
el Estado, se aproximarían o incluso superarían los 1.000 millones
de euros que pusieron en pie de guerra a la Comunidad contra el
Gobierno central a finales del año pasado. El Gobierno de Ignacio
González reclamaba esa financiación adicional, que le fue negada
por el Ministerio de Hacienda. Eso sirvió a la Comunidad para
justificar nuevos recortes y la profundización en el modelo de
privatización de la Sanidad pública.
¿Podrán
los Ayuntamientos seguir prestando servicios sociales, aunque no sean
de su competencia? Sí, si la Comunidad los delega y financia. En
caso contrario, será extremadamente difícil, puesto que deberían
justificar ante el Gobierno regional que no constituyen una
duplicidad respecto a sus competencias; y ante el Ejecutivo central
que no pone en riesgo la prestación del resto de servicios
municipales, muy dañados en estos años de crisis.
El
próximo gran recorte social ya está en marcha.
Bajadas...
y subidas de sueldo para los alcaldes
El
Anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros está
trufado de pactos consigo mismo. Establece por ejemplo una limitación
de sueldo para los alcaldes, pero de aquella manera.
En
principio, las ciudades de más de medio millón de habitantes, como
Madrid, podrán pagar a su regidor el mismo sueldo que un secretario
de Estado. Ese es precisamente el nivel que fijo el anterior, Alberto
Ruiz Gallardón (2003-2011). En la actualidad, asciende a 102.000
euros. Es el sueldo de un secretario de Estado, sí, pero sumando
todos los complementos. Sin ellos, se quedaría en unos 67.000 euros.
El
resto de alcaldes de la región cobrarán un 20% menos en municipios
de 150.000 a 300.000 habitantes; un 25% menos en los de 75.000 a
150.000; un 35% menos en los de 50.000 a 75.000; y así,
sucesivamente, hasta llegar a un 80% en los de 1.001 a 2.000. Los de
menos de mil habitantes no tendrán retribución.
Dando
por bueno que el salario de Ana Botella (PP) siga fijado en 102.000
euros, los regidores de Móstoles, Getafe y Fuenlabrada ganarían
unos 80.000 euros. Que es más de lo que reciben ahora (alrededor de
75.000 euros los dos primeros, y unos 55.000 el de Fuenlabrada).
Con
la nueva ley, los regidores de Alcobendas y Coslada, pasarían a
ganar 75.000 euros, menos de su sueldo actual. Los de Rivas y
Majadahonda, 65.000 euros. El de Soto del Real, 40.000 euros. El de
Estremera, 20.000. El de Lozoya, por ejemplo, cero.
El
anteproyecto limita también el número de concejales con dedicación
exclusiva y sueldo íntegro. En el caso de la capital, serán 45 de
los 52 que define la ley electoral. En la actualidad, ganan al menos
62.000 euros. Para los miembros del Gobierno local, sube a 94.000
euros.
Los
otros 12 concejales cobrarán parte del sueldo; y si se les permite
(ahora está prohibido), dietas por ir a plenos. En el resto de
municipios, los ediles con dedicación exclusiva dependerán de la
población. En los de 50.000 a 100.000 habitantes, no podrán exceder
los 15. Es el caso, de Coslada, que tiene ahora 25 concejales. En los
municipios de 100.000 a 300.000 habitantes, el límite serán 18.
Alcalá de Henares tiene 27 ediles.
“No
lo vamos a poder hacer“, avisa la Comunidad
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Alumnos
de una escuela infantil. / LUIS
MAGÁN
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El Ejecutivo autonómico ha recibido
con mezcla de estupor y rechazo absoluto la intención del Gobierno
de transferir a las autonomías los servicios sociales y la educación
infantil de los 179 ayuntamientos de la región. “Si el Estado no
pone el dinero, no lo vamos a poder hacer”, avisan en la Comunidad.
“¿Acaso pretenden la asfixia de las autonomías? Esta reforma, tal
cual está, significa que los ciudadanos van a perder servicios. Y
las comunidades asumirán la culpa”, apostillan.
El presidente regional, Ignacio
González, conoció las intenciones de La Moncloa, también gobernada
por el PP, siguiendo por televisión la comparecencia posterior al
Consejo de Ministros. La decisión se adoptó sin tener en cuenta a
las autonomías. Sin informarlas. Manu militari. “Se lo han
guisado y se lo han comido sin consultar nada... La esperanza que nos
queda es que esto tiene una tramitación parlamentaria. Esperamos que
al menos se pueden modificar algunos plazos, las fechas de entradas
en vigor…”, afirman desde la Comunidad.
La obligación de tener que asumir la
financiación de esas partidas, una carga inesperada en plena crisis
y que además incumple los principios del “coste cero” que, al
menos sobre el papel, se iban a respetar en el traspaso de
competencias entre Administraciones, deja al Gobierno regional en una
situación muy incómoda. “Compartimos la filosofía del
anteproyecto de Una Administración, una competencia, pero
cada una de ellas tiene que estar financiada”, observó el número
dos de González, Salvador Victoria.
El consejero de Presidencia y Justicia
resalta que asumir esas nuevas obligaciones es “inviable a corto
plazo”. “Hay muchas competencias duplicadas, pero es inviable que
venga a las comunidades cualquier nueva competencia que no esté
financiada”, añade el consejero de Economía y Hacienda, Enrique
Ossorio, que vuelve a reivindicar al Estado una revisión del sistema
de financiación autonómica.
“No puede ser que la Administración
regional asuma servicios que antes daban los municipios, que los
daban precisamente porque los financiaba la Administración central”,
insisten desde el Ejecutivo madrileño.
Las críticas al anteproyecto de ley
aprobado el viernes también son contundentes desde IU. “Esta
reforma es un golpe total al municipalismo, pretende convertir a los
Ayuntamientos en los paganini de esta crisis, el pretexto con
que se desguaza la autonomía municipal y se refuerzan las
burocráticas”, denuncia su coordinador general en Madrid, Eddy
Sánchez.
“Quieren acabar de golpe con el despliegue de inversiones
y servicios públicos que han mejorado la calidad de vida de decenas
de millones de ciudadanos. Todo para convertir a los Ayuntamientos en
terminales administrativas, periféricas, meras delegaciones de las
comunidades autónomas y del Gobierno”, concluye Sánchez.
