Artículo
publicado por Vicenç Navarro, 20 de diciembre de 2011
Este
artículo describe como la población en Islandia se reveló
exitosamente frente a las políticas neoliberales impuestas por el
Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea.
Islandia
es un país de poco más de 300.000 habitantes. No tiene Ejército.
Y, sin embargo, derrotó a los centros financieros más importantes
del mundo a base de su firmeza y voluntad popular. En las ligas de
riqueza que periódicamente se publican, Islandia aparecía como uno
de los países más ricos del mundo, ya que su PIB per cápita era de
los más elevados. Y todo ello se atribuía a la enorme desregulación
de la banca, permitiéndole a ésta lo que quisiera, sin ningún tipo
de regulaciones, frenos o inhibiciones. Islandia era el paraíso del
neoliberalismo. Las políticas del gobierno islandés estaban
orientadas a facilitar y dar la bienvenida al capital financiero de
otros países, como Gran Bretaña y Holanda. Ello condujo a una
situación en que todo el mundo se endeudó, incluyendo el Estado. La
deuda pública pasó de ser 200 veces el PIB del país en 2003 a 900
veces en 2008. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que estalló la
crisis financiera europea. Entonces, la economía islandesa colapsó.
Los tres bancos más importantes de Islandia, Landbanski, Kaupthing y
Glitnir fueron nacionalizados. Y su moneda se desmoronó. Su valor
descendió un 85% respecto al euro.
Este
desastre financiero fue el origen de una revolución popular que
cambió el rumbo del país, hasta entonces gobernadas por élites
familiares que habían controlado el poder financiero y político del
país. Tal revolución popular recuperó su soberanía perdida. El
gobierno, respondiendo al colapso, había negociado un préstamo de
3.500 millones de euros de varias fuentes y países. Pero como
condición, tanto el FMI como la Unión Europea quisieron imponer
unas condiciones draconianas a la población islandesa, tal como está
ocurriendo en Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia. Entre
estas condiciones estaba una que exigía que cada ciudadano en
Islandia pagara el equivalente a 100 euros al mes durante los
próximos quince años a fin de pagar la deuda debida a tales bancos.
Esta demanda fue la que sacó a la población a la calle, y así se
comenzó la revolución islandesa. La idea de que la ciudadanía
tenía que pagar el desastre creado como consecuencia del
comportamiento irresponsable de la banca, que contó con la
complicidad del Estado, fue más de lo que la gente podía tolerar.
La presión de la calle –elemento clave en la revolución popular-
hizo que el jefe del Estado, Ólafur Ragnar Grímsson, rehusara
firmar la ley que exigía que la ciudadanía pagara las deudas
privadas y públicas y que aceptara la petición popular de que se
convocara un referéndum en el que la población expresara su opinión
sobre la citada ley.
Los
gobiernos británico y holandés, en nombre de sus bancos, así como
el FMI y la Unión Europea, amenazaron por todos los medios con
convertir a Islandia en la Cuba del Norte de Europa, aislándola
completamente, como había ocurrido después de la revolución
cubana. Pero la población respondió que “si aceptaban la ley
propuesta por las élites gobernantes, Islandia se convertiría en el
Haití del Norte”. En Marzo de 2010 la población votó en el
referéndum y nada menos que el 93% rechazó aquella ley. El enfado
de la población se tradujo en un movimiento que exigió
responsabilidades civiles y criminales a los responsables de la
crisis financiera en Islandia, incluyendo el que había sido el
Primer Ministro de Islandia, así como los presidentes de los tres
bancos que tuvieron que ser nacionalizados. Todos ellos han terminado
en los tribunales, y no se excluye que terminen en la cárcel.
Fruto
de la indignación popular, también se exigió que se hiciera una
Nueva Constitución escrita, no por el Parlamento, sino por una
Comisión Popular, formada por 25 ciudadanos sin filiación política
entre 522 adultos que habían sido elegidos por la población. Se
está elaborando el borrador, y la comisión está recibiendo
comentarios por Internet. Cuando el proceso termine, será sujeto al
Parlamento para su aprobación.
Varias
consecuencias pueden deducirse de lo dicho hasta ahora. Una de ellas
es que todas las previsiones de “catástrofe” que ocurriría si
el referéndum fuera rechazado –como lo fue-, provenientes de los
centros financieros, FMI y de los gobiernos de la UE, fueron
ignorados, pues eran motivados para crear una cultura del miedo que
servía a sus intereses. La otra conclusión es que cualquier
solución al enorme problema creado por los bancos extranjeros y
nacionales pasa por recuperar la soberanía por parte de la
población. Islandia demuestra la necesidad de no delegar el poder
popular a otras instituciones que claramente han mostrado que no
representan los intereses de la mayoría de la población.
Fuente: http://www.vnavarro.org/?p=6712
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