Según un estudio del Centro Europeo de
Fundaciones
Los
80 millones de discapacitados europeos corren un serio riesgo de caer
en la pobreza, en la exclusión social y en la discriminación como
consecuencia de las medidas de austeridad adoptadas por los gobiernos
europeos. Así lo señala un estudio encargado por el Consorcio
Europeo de Fundaciones para los Derechos Humanos y Discapacidad del
Centro
Europeo de Fundaciones,
liderado
por la Fundación
ONCE.
El informe revela cómo "la tan
reducida inversión en el bienestar y en los servicios sociales de
algunos de los estados miembro está resultando en un
desproporcionado incremento en el número de personas con
discapacidad que están perdiendo su trabajo, ayudas y accesos a
servicios fundamentales".
El estudio se ha llevado a cabo por
un equipo de investigadores europeos apoyados por expertos nacionales
en seis estados de la Unión Europea y analiza el impacto concreto
?en términos de trabajo, vida independiente, educación, atención
primaria y asistencia- sobre los derechos de las personas con
discapacidad.
"El estudio claramente
demuestra que la crisis económica, junto con las decisiones
políticas y sociales tomadas como consecuencia de la misma, están
perjudicando seriamente los derechos fundamentales tanto civiles,
políticos, sociales como económicos de las personas con
discapacidad", advierte Miguel Ángel Cabra de Luna,
co-presidente del Consorcio Europeo de Fundaciones sobre Derechos
Humanos y Personas con Discapacidad.
En su opinión, ahora no es el momento
de retroceder en el campo de las discapacidades "sino de aspirar
a mejorar". "Ello significa colaborar más estrechamente
los unos con los otros y buscar vías alternativas y creativas tales
como la innovación social y los negocios sociales", añadió.
Según las principales conclusiones
del estudio, un 21,1% de personas con discapacidad en la UE corren un
riesgo de caer en la pobreza en comparación con aquellas personas
sin discapacidad (14,9%).
Asimismo, el informe recoge cómo
los ratios de pobreza aumentaron entre el año 2008 y el 2010 en
varios países como en Irlanda (+26,16%), Dinamarca (+21,27%),
Lituania (+21,01), España (+11,35%), Chipre (+8,11%), Hungría
(+6,03%) y Malta (+5,10%).
Además, la supresión, ya sea
parcial o total, de servicios sociales se ha denunciado en Bulgaria,
Grecia, Hungría, Irlanda, Portugal y Rumanía. Fusiones o
reorganizaciones de dichos servicios también han sido denunciadas.
Dichos servicios incluyen centros de guarderías, residencias,
formación profesional, centros de rehabilitación, guarderías
especializadas y colegios.
El
documento, presentado en el Parlamento Europeo de Bruselas, también
recalca que existe una creciente tendencia a privatizar o
externalizar los servicios sociales en Grecia, Hungría, Irlanda,
Portugal y Rumanía.
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