MADRID
| REBELIÓN CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL
SISTEMA DE SALUD
Sanidad pública: una lucha a vida o muerte
Sanidad pública: una lucha a vida o muerte
- La Comunidad de Madrid anuncia la privatización total o parcial de todos los hospitales y del 10% de los centros de salud.
- Más de 100 centros santiarios mantienen encierros de protesta y se han organizado marchas multitudinarias y convocado varias huelgas.
- Entrevistas en el Hospital de La Princesa
GLADYS
MARTÍNEZ LÓPEZ (REDACCIÓN)
MARTES
27 DE NOVIEMBRE DE 2012. NÚMERO 186
Se
llama Plan
de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario
público de la Comunidad de Madrid,
pero su aplicación en 2013 supondrá el desmantelamiento
de un plumazo de lo que hasta ahora era el sistema madrileño de
sanidad pública, ya
de por sí lastrado por la entrada de capital privado en los centros
hospitalarios inaugurados en los últimos cinco años.
Presentado
el 31 de octubre, el plan, que se acompaña de un recorte del 7% en
un presupuesto sanitario más bajo que la media del resto de
comunidades, prevé
privatizar totalmente los seis hospitales semipúblicos construidos
en los últimos años, privatizar parcialmente el resto de hospitales
mediante la externalización de los servicios no sanitarios,
reconvertir
los hospitales Carlos III y La Princesa en un centro de media y larga
estancia y en un centro “altamente especializado” para personas
mayores de 75 años, respectivamente, privatizar de entrada el 10% de
los centros de salud, cerrar el Instituto de Cardiología y
reestructurar y centralizar servicios, como, por ejemplo, los
laboratorios, que se concentrarán en tan sólo cuatro hospitales.
Asimismo, se privatizarán la Lavandería Central Hospitalaria y la
Unidad Central de Radiodiagnóstico.
Quince
días después se descubría que en
el lote de la privatización de algunos hospitales se incluirán
también centros dependientes de los mismos, como
es el caso de los dos ambulatorios de especialidades de Vallecas,
asociados al Hospital Infanta Leonor, por lo que no se descarta que
otros ambulatorios puedan correr la misma suerte.
El
plan incluye también el pago de un euro por receta, una medida de
repago farmacéutico ya aplicada en Catalunya desde julio. Y a pesar
de que el Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno,
dictaminó el 15 de noviembre que la instauración de la tasa
“vulnera el orden constitucional”, porque las autonomías no
tienen competencias en esta materia y se provoca discriminación
entre sus habitantes, Madrid se ha reafirmado en su decisión de
implantarlo a partir del 1 de enero y Catalunya ha decidido
mantenerlo. El caso se presentará previsiblemente ante el Tribunal
Constitucional, pero algunos
movimientos en defensa de la sanidad universal y pacientes han
decidido declararse insumisos desde el primer momento. En
Catalunya son más de 6.000, según datos de la Generalitat.
La
rebelión de los hospitales
En
Madrid, el anuncio de la privatización y reconversión de centros ha
puesto en pie de guerra a los hospitales de la región. Empezaba
La Princesa el día 2 de noviembre con un encierro indefinido,
la
colocación de mesas informativas y de recogida de firmas y la
realización de dos concentraciones diarias.
La
reconversión de este hospital universitario puntero en
especialidades como la neurocirugía o la hematología, y la del
Carlos III, referencia en enfermedades como el VIH o la hepatitis C,
provocará el cierre de los servicios y especialidades hasta ahora
desarrollados y la eliminación de la investigación, obligará
a un cambio de centro de referencia a cientos de miles de habitantes
y
provocará el despido de cientos de profesionales, denuncian sus
trabajadores.
“La
política que está siguiendo el Gobierno de la Comunidad es
privatizar, y las empresas quieren que la sanidad sea rentable”,
dice Juan Domingo García, portavoz de los trabajadores movilizados
del Carlos III, que tiene una visión clara del porqué de la
reconversión de estos dos centros: “Las
empresas que van a quedarse con los seis hospitales semiprivados
prefieren tratar a los enfermos agudos, que son más rentables, y
que los públicos traten las enfermedades con mayor gasto. Por eso
quieren convertir La Princesa y el Carlos III en hospitales de
crónicos”.
Aunque
en el caso del Hospital La Princesa las movilizaciones han conseguido
que la Consejería de Sanidad negocie y hable de alcanzar una “visión
compartida”, nada está ganado. Veinte
días después del anuncio del plan, eran 25 los hospitales en lucha,
con encierros permanentes,
organizados en asambleas y coordinados en su mayoría a través de la
Coordinadora de Hospitales y Centros de Salud. A partir del 19
comenzaron las movilizaciones en centros de atención primaria,
cuando el del barrio de Carabanchel se unía a los encierros. El 26
de junio, primer día de la huelga, había personal y usuarios
pasando la noche en
más de 100 centros sanitarios.
“Es
todo un plan de rediseño global de la sanidad pública madrileña, y
el objetivo es ir hacia el modelo privatizador. Aquí
la presa gorda, donde las empresas van a hacer el negocio, es la
privatización de los seis hospitales más los centros de salud, por
eso no me extrañaría que la Comunidad estuviera dispuesta a
retroceder en algunas cuestiones en relación a La Princesa, que es
un caso muy grave, pero lo de los seis hospitales va a ser difícil”,
explica uno de los portavoces de los trabajadores del 12 de Octubre.
“Es una jugada muy compleja. Ellos hacen una ofensiva y están
dispuestos a retroceder un poco y a que les comas el peón que han
puesto delante, mientras las piezas gordas las están reservando por
detrás”, añade.
Seis
hospitales a subasta
Los
seis hospitales que se privatizarán totalmente –Infanta Leonor,
Infanta Sofía, Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo– abrieron
sus puertas en 2008 y fueron construidos por constructoras,
inmobiliarias y otras empresas, según el modelo PFI (iniciativa de
financiación privada). Es decir, ellas gestionan la parte no
sanitaria con concesiones a 30 años, mientras que la Administración,
que paga un canon anual a las empresas, se encarga de la sanitaria.
Ahora se regirán por el modelo PPP (partenariado público-privado),
serán
enteramente gestionados por empresas y la Comunidad les pagará un
canon por habitante, igual que se hace ya en los hospitales de
Valdemoro, Móstoles y Torrejón, gestionados
por las empresas Capio y, hasta ahora, Ribera Salud, siguiendo
elmodelo implantado en Alzira (Comunidad Valenciana).
La
privatización y el cierre de algunos centros y servicios o su
remodelación y concentración provocará, denuncian los
trabajadores, una reacción en cadena de despidos, desplazamientos de
plantilla y más despidos. Sanidad ya ha anunciado que prescindirá
del personal eventual e interino sanitario contratado en los seis
hospitales privatizados, según el sindicato CSIT, y eso es sólo un
primer paso. Si a todo esto se añade que en todos los hospitales
públicos de Madrid se externalizarán los servicios no sanitarios
que todavía no lo estén, entre
7.000 y 8.000 trabajadores podrían perder su empleo según las
cifras barajadas por la Coordinadora de Hospitales y Centros
Sanitarios, creada
en julio, cuando la Comunidad anunció su decisión de “extinguir”
las 26 categorías de personal no sanitario (mantenimiento,
lavandería, cocina…), es decir, su progresiva privatización.
Empezaron
entonces los primeros paros, cortes de carretera y asambleas, ahora
generalizados tras el nuevo envite privatizador. Luis López, de la
Coordinadora de Hospitales, explica que “esto es una reivindicación
que va más allá de lo laboral, es una reivindicación de salud
pública y es importante que los usuarios estén con nosotros”, y
añade que las asambleas del 15M y las asociaciones de vecinos se han
implicado en las movilizaciones. “La gente está muy concienciada
de que esto va a poner en peligro la salud de todo el mundo. Si un
tratamiento de quimioterapia de un día son más de 7.000 euros, se
lo pagará el que sea más rico porque esto
va encaminado a que tengamos una sanidad como en EE UU y no lo
podemos consentir”, afirma
L., una administrativa también portavoz en el 12 de Octubre.
Antonio
Gómez, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS),
pone como ejemplo el hospital de Alzira, donde los médicos de
urgencias cobran incentivos si el paciente no es ingresado, o el de
Torrevieja Salud, la empresa que gestiona un hospital de esa ciudad y
varios centros de salud valencianos, que incentiva a los médicos de
atención primaria con hasta 24.000 euros anuales si no derivan a los
pacientes a los especialistas. “Los incentivos en el ámbito de la
salud chocan con el código hipocrático. Va a haber una selección
de riesgos: pacientes
caros van a ser derivados a lo que quede de la pública y se van a
imponer los incentivos económicos para reducir el gasto. Si
se consuma, habrá un deterioro importante de la calidad de la
asistencia”, explica.
Pero
también insisten en que la
privatización del personal no sanitario puede afectar, no sólo a
los puestos de trabajo, sino también a la calidad asistencial. Un
ejemplo práctico es el de Reino Unido, donde la externalización de
los servicios de limpieza de los hospitales llevó a la reducción
del número de limpiadoras de 67.000 a 36.000, lo que coincidió con
un aumento en los hospitales del número de infecciones que se
convirtió en récord en la UE.
Los
profesionales también denuncian como falso el principal argumento de
la Consejería para privatizar: “La privada sale más barata”. Un
estudio realizado en 2010 por UGT a partir de datos oficiales
demuestra que una cama de hospital en la privada cuesta el doble que
en la pública. Según este estudio, los
hospitales gestionados por Capio en la Comunidad de Madrid reciben
una media de 200.000 euros más por cama y año de dinero público
que un hospital completamente público como
el Clínico, además de ofrecer una asistencia de “peor calidad”
y “menor actividad clínica en procesos de alta complejidad”, que
suelen ser derivados a la pública.
El
mismo modelo privatizador acecha a los centros de salud. De
momento serán un 10%, “aproximadamente 27”, según el plan. Los
centros, que serán financiados con dinero público, pasarán a
depender de sociedades constituidas por personal sanitario que se
encarga de la gestión y contratación, como las Entidades de Base
Asociativa (EBA) que gestionan algunos centros de Cataluña desde
1996, donde uno de los resultados ha sido la reducción de plantilla:
en las EBA una enfermera se encarga de 2.903 habitantes, frente a
1.549 en los centros públicos, según un informe de CAS. Una segunda
opción contemplada sería la gestión de los centros por mutuas o
empresas sanitarias.
El
origen: Ley 15/97
El
objetivo de los movilizados es la retirada total del plan presentado
por la Comunidad de Madrid, pero van más allá. “La
raíz de todo es la Ley 15/97, de nuevas formas de gestión del
Sistema Nacional de Salud. A partir de aquí se empezó a desarrollar
la privatización de la sanidad en
posteriores reales decretos y leyes”, explica L., del 12 de
Octubre. Lo mismo opinan desde la Coordinadora de Hospitales y desde
CAS. La ley fue aprobada en 1997 con los votos de PP, PSOE, PNV, CIU
y CC. Hoy, muchos movilizados piden también su derogación.
En
los últimos días, las reacciones se multiplican. La Princesa ha
reunido 368.108 firmas contra su transformación, todos los colegios
de médicos del Estado español han rechazado el plan privatizador de
la Comunidad de Madrid y
la marcha de cuatro columnas convocada por la Coordinadora de
Hospitales el día 18 se convirtió en un “tsunami blanco” que
inundó el centro de la capital. Entre
tanto, la AFEM, una asociación de facultativos especialistas,
decidía en una gran asamblea convocar una huelga indefinida para el
26 de noviembre. Diez días después, los sindicatos de la Mesa
Sectorial, acusados de “mucho tiempo de inacción” por varios de
los profesionales entrevistados y eclipsados en muchos hospitales por
las asambleas de trabajadores, han decidido convocar finalmente
cuatro jornadas de huelga (26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de
diciembre).
“Lo
que nos está pasando en Madrid se va a extender a otras
comunidades”, afirma Juan Domingo García, del Carlos III.
“Deberíamos
empezar una protesta masiva porque nos costó mucho conseguir la
sanidad pública, universal y gratuita y
vamos camino de que no sea ni universal ni gratuita ni pública”.
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