- Entre 400 y 1.200 personas murieron por negligencias “espantosas” en cuatro años
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Sonia
Burnhill perdió a su marido en el hospital de Staffordshire en 2009.
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CHRISTOPHER
FURLONG (GETTY
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El primer ministro británico, David
Cameron, ha pedido hoy disculpas públicas por las negligencias
“verdaderamente espantosas” que se tradujeron en la muerte
innecesaria de centenares de pacientes en uno de los hospitales
públicos del Reino Unido. Su comparecencia ante la Cámara de los
Comunes se ha producido poco después de la difusión de las
conclusiones de una investigación sobre el maltrato sistemático a
los pacientes de un centro sanitario de Staffordshire (centro de
Inglaterra), privados en algunos casos incluso de agua y alimentos, y
que se tradujo en una inusual y altísima tasa de bajas mortales
entre 2005 y 2008.
El personal del servicio de sanidad
pública (NHS, en sus siglas inglesas), es decir, los médicos,
enfermeras y gestores, deberá afrontar sanciones penales si encubren
sus errores o los de sus colegas en el trato que dispensan al
paciente, según las recomendaciones de la investigación dirigida
por el abogado especialista en negligencias médicas Robert Francis.
Las cifras de mortalidad registradas por el hospital en aquel periodo
superaron las previsiones estadísticas entre 400 y 1.200 personas y,
si bien resulta imposible establecer que habrían sobrevivido con
mejor atención y tratamiento, sí se ha confirmado que cuando
menos fueron víctimas de una gestión que primaba
“la consecución de objetivos económicos por encima
de la calidad del servicio”.
El escándalo mayúsculo, que saltó a
la palestra en 2009, ha sido objeto desde entonces de cinco
investigaciones que se saldaron con una crítica a los patéticos
estándares hospitalarios, el abandono voluntario de algunos de sus
gestores y ninguna sanción expresa. Y ello a pesar del tremendo
relato de los horrores de cómo las recepcionistas determinaban quién
era o no aceptado para su ingreso, de la falta de formación de las
enfermeras para usar los equipos o la inexperiencia de algunos
médicos a los que se encomendaron pacientes en estado crítico.
Tanta era la dejadez, que a veces la bandeja con el almuerzo o la
cena era depositada fuera del alcance del paciente que yacía en la
cama.
Un
informe concluye que el hospital de Staffordshire primó lo económico
La presión de los familiares de esos
pacientes maltratados, exigiendo un examen en profundidad del sistema
para buscar soluciones y dirimir responsabilidades, ha forzado esta
última encuesta oficial que el Partido Conservador prometió en su
programa electoral y Cameron hizo efectiva en cuanto ocupó Downing
Street. Su resultado, sin embargo, conforma un catálogo de nada
menos que 290 recomendaciones que se resumiría en el establecimiento
de un código más férreo de conducta, el reforzamiento de los
controles del personal y, como explicó el primer ministro, la
creación de un cuerpo de inspectores para velar por unos centros
sanitarios “limpios seguros y en los que se cuide a los pacientes,
no de meros espacios de gestión burocrática”. Se apunta a los
errores de gestión, desde los máximos responsables hasta la base,
pero no habrá mayores consecuencias más allá de la severa censura.
Si bien es cierto que el caso no puede
imputarse directa o únicamente a la mengua de los recursos
económicos que el NHS viene encajando en los últimos años — porque
el trato inhumano a aquellos pacientes carece de toda justificación —
también debe subrayarse que ese contexto idílico que ambiciona
Cameron aparece muy difícil en los actuales tiempos de recortes
drásticos. Las recomendaciones con las que se ha saldado el
veredicto sobre el hospital de Staffordshire, y que el Gobierno
quiere aplicar en todos los centros del sistema, suponen un alivio
para los responsables del Departamento de Sanidad, que temían la
demanda de otra costosa reforma del NHS que finalmente no deberá
ejecutarse. Porque esa declaración de buenas intenciones que
contiene la enésima investigación del caso no se centra en la
exigencia de un personal cualificado y suficiente numéricamente (lo
cual significa inversión en la sanidad pública), sino que pone el
acento en el comportamiento individual de cada trabajador
independientemente de las condiciones laborales. Y estas, a tenor del
gasto sanitario del próximo presupuesto del Gobierno, no parecen
nada halagüeñas. El
personal sanitario afrontará sanciones penales por ocultar errores
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