La ministra de Sanidad aseguró
recientemente que "ni una sola persona" se quedaba sin
tratamiento "por razones económicas". Pacientes sin
tarjeta sanitaria o con enfermedades caras desmienten su afirmación.
PAULA
DÍAZ Madrid 15/03/2013
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La ministra de Sanidad, Ana Mato, en la
Comisión de Sanidad del Congreso de
los Diputados. EFE
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"No
hay una
sola persona
que
esté dejando de tomar medicamentos por razones económicas".
Así lo afirmó la ministra de Sanidad, Ana
Mato,
la
primera y hasta ahora única vez que acudió al Congreso
a
explicar su reforma del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, los
datos recopilados por numerosas plataformas contradicen su versión.
La
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
(Fadsp)
publicó un informe [ver
pdf]
en el que se ponía de manifiesto que el
16,8% de los pensionistas ha dejado de tomar algún medicamento
debido
al copago farmacéutico. La
Defensora del Pueblo
denunció
que las reclamaciones se habían triplicado y pidió a la ministra
que garantice "el acceso efectivo a la protección
de la salud para los inmigrantes irregulares".
Y otros colectivos como la Federación
Española de Enfermedades Raras y
la Asociación
Española contra el Cáncer
han
alertado también de los peligros que conlleva la reforma del
Gobierno para la salud de estos pacientes.
En
algunos casos, a los "ahorros"
en Sanidad se unen también a los recortes en Dependencia. "Cuando
María
Dolores de Cospedal llegó
al Gobierno, a mí me rebajaron un grado de dependencia. Ahora, cada
tres meses intentan quitarme la discapacidad y tengo que estar
peleando para que no lo consigan", relata J.C., un hombre de 37
años que reside en un pequeño pueblo de Castilla-La
Mancha y
que prefiere no identificarse más porque aún está litigando para
que le reconozcan sus derechos. Tras sufrir varias enfermedades
consecutivas, J.C. Lleva desde
los 25 años obligado
a pasar la mayor parte del tiempo postrado
en una cama.
Como
enfermo crónico que es, así como por su nivel de renta, J.C.
debería pagar un
máximo de 8 euros al mes
por
su medicación. Sin embargo, su
tratamiento,
después de la desfinanciación
de la ministra,
le
cuesta entre 60 y 80 euros al mes.
Y en los últimos seis meses, denuncia, la Administración sólo le
ha devuelto 24 euros. "He tenido que pedir dinero para poder
medicarme porque mi familia y yo no podemos asumirlo", lamenta.
Su padre, de 55 años, está "a punto de quedarse en la calle";
su madre, jubilada, padece fibromialgia; y su abuela, el cuarto
miembro de la familia, es también dependiente.
En
su caso, al copago en la medicación se suma también el transporte
que necesita para acudir a su hospital de referencia, a 20 kilómetros
de su localidad. "A mí me
han destrozado la vida,
tienen que verme seis especialistas cada poco tiempo y la gasolina
del coche también hay que pagarla", declara.
Cuatro
grupos de riesgo
A
las organizaciones ya citadas se suman otras que atienden cada día a
personas vulnerables cuyos derechos, denuncian,
han sido vulnerados por la reforma sanitaria de Mato. Es el caso de
la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (Cesida)
o Médicos del Mundo (MdM),
que advierten de los peligros que conlleva recortar el acceso a
Sanidad. "Quien se ha quedado sin derecho a la asistencia o a
obtener recetas y no sabe a dónde acudir para que le ayuden se
queda en su casa sin tomar la medicación que necesitan para el VIH.
Y las consecuencias de esto se verán en unos meses, cuando empiecen
a aumentar los casos de Sida", aventura Miguel Tomás,
coordinador del grupo de VIH Nexus, de Cogam,
y vocal de Cesida.
El
tratamiento
para el VIH cuesta,
según esta plataforma, entre
600 y 700 euros al mes.
En el grupo que coordina Tomás acompañan a quienes se encuentran
con trabas a la hora de financiarlo. "Una cosa son los logros
que conseguimos con la gente que llega hasta nosotros; otra cosa es
lo
que no nos llega",
lamenta. "Por suerte -reconoce- hay muchos
médicos objetores
que
ven a sus pacientes igualmente, pero hasta ellos tienen dificultades
para poder extender recetas o hacer unos análisis si sus pacientes
no tienen tarjeta sanitaria".
Desde
Médicos
del Mundo,
Carlos Borrachero relata que, en la Comunidad de Madrid, existen
"cuatro grupos de riesgo": "las personas que se quedan
fuera del sistema público, según el Real Decreto; las personas que
sí tienen derecho por ley, pero tienen
problemas para ser atendidas o para acceder a su medicación;
y las personas que llegan a urgencias y, en ocasiones, se les niega
la atención y, en otras, se les factura la visita", detalla.
Asimismo, especifica que dicha factura no se les llega a cobrar en la
mayoría de los casos, pero, entonces "¿para qué hacerla?",
se preguntan en la ONG.
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[Enlaimagen, Thiago, brasileño de 23 años, acude desesperado a una sede
de Médicos del Mundo (MdM) en Baleares. Alessandro Grassani/MDM]
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En
general, todos los grupos citados pueden englobarse en uno solo: el
de los inmigrantes irregulares.
Los sin papeles, por orden de la
ministra,
perdieron su tarjeta sanitaria y, salvo en casos de urgencias o
embarazo, ya no pueden acudir al médico de forma gratuita. Vera
María Feggeiga y Ridouane Tahiri son dos ejemplos de ello.
Vera,
brasileña, empeñó sus joyas para poder pagar su medicación para
la hipertensión, bronquitis y depresión que padece
"Yo
tengo hipertensión arterial, bronquitis asmática, y depresión",
relata Vera, brasileña de 65
años que
lleva tres en España. Su tratamiento consta, por tanto, de un par de
pastillas al día para la hipertensión, calmantes para la depresión
y unos inhaladores "muy, muy caros" para su bronquitis.
Total: más
de 150 euros al mes.
"Me desesperé cuando caducó mi cartilla", recuerda.
"Llegué un día a mi médico de siempre y, aunque él se
preocupó porque me dijo que no podía estar sin medicación, no
volví a ir porque me
hacían pagar las recetas y no podía",
relata. Un colectivo de monjas la ayudaron una vez, pero luego tuvo
que sobrevivir empeñando las joyas que tenía para poder financiar
su tratamiento. Cuando se acabó el dinero, recurrió a su única
tabla de salvación. "Mi marido y yo estamos ahora separados,
pero él es griego, y allí pude obtener los papeles que me
identifican como ciudadana europea. Ahora con el NIE ya
tengo otra vez derecho a que me atiendan",
relata aliviada. Además, Vera está ya más animada porque en una de
las casas en las que trabaja como empleada del hogar, al fin le han
hecho un contrato. "Mi jefa es una mujer muy buena",
concluye.
Ridouane,
sin embargo, se encuentra en una situación bastante peor, informa
Alia Bennouna.
"Llevo tres años y medio en España y nunca me han dado
trabajo, por eso no tengo papeles aún", relata. Marroquí, de
40 años, padece diabetes y soriasis. "Puedo ir a ver a mi
médico de cabecera cuando quiera, pero él no puede darme recetas",
lamenta. Entre pomadas, geles y pastillas, Ridouane se gasta unos
50 euros al mes.Un
especialista dermatólogo le prescribió unas pastillas para su
soriasis que cuestan 200 euros. "No me las compré",
sentencia. Tampoco
se hace ya los análisis periódicos que se hacía para controlar su
diabetes.
"No puedo pagarlos", reconoce. Y concluye: "Ya se me
quitan hasta las ganas de ir al médico; creo que voy a empezar a
automedicarme..."
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