HOSPITALES
PÚBLICOS, SANIDAD UNIVERSAL
La
Consejería de Sanidad de Madrid deriva pacientes de la Seguridad
Social a las clínicas privadas. A través del call center de
Sanidad, se cita por teléfono a los pacientes en plazos muy breves,
pero si quieren ser atendidos en la sanidad pública las citas pueden
llegar a ser de hasta un año de espera. Usuarios y médicos de la
sanidad pública denuncian las prácticas de la Consejería para
favorecer a las privadas e ir cerrando centros de especialides
públicos.
MARÍA
JOSÉ ESTESO POVES. Redacción 01/07/13
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12 de Octubre. Facultativos
y usuarios de este hospital, que atiende a ciudadanos y ciudadanas
del sur de la capital,
denuncian la política de derivaciones al sector privado de personas
en
lista de espera para operar
en centros de salud públicos. / DAVID FERNÁNDEZ
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“Mi
madre, de 83 años, tiene cataratas y el médico dijo que debía
operarse. De un día para otro, la llamaron para ser intervenida y le
ofrecían un listado de ocho clínicas privadas para la intervención.
Pero ella pidió ir a su hospital de siempre, el 12 de Octubre, que
está al lado de casa y donde están sus médicos. Entonces le
dijeron que tardarían 90 días, pero ya han pasado casi 120 y aún
no sabemos cuándo la operan”, cuenta a DIAGONAL Silvia Bueno.
Pero
el de su madre, no es el único caso. Sin ir más lejos, ella misma
ha vivido una situación similar: “Tengo una lesión cervical desde
hace un año. En septiembre pasado me hicieron radiografías y el
traumatólogo me mandó unas pastillas, pero el dolor no se me quita.
En marzo me mandaron una resonancia. Me tenían que dar cita en mi
centro de especialidades de la Seguridad Social de la calle Cestona,
en Orcasitas, dependiente del [Hospital] 12 de Octubre. Un día me
llaman y me dicen que en un mes me puedo
hacer la resonancia y que puedo elegir entre dos centros privados:
Centro de Diagnostico USP [del grupo Quirón] o la clínica de La
Mila- grosa. Dije que no, que quiero ir como siempre al hospital 12
de Octubre u otro centro público. La
administrativa me respondió que no le dejaban darme cita en la
pública”,
relata Bueno, de 43 años. “He presentado una queja y me han dicho
que están saturados y no hay citas en la sanidad pública y que
remiten mi queja al 12 de Octubre. Aún no tengo respuesta. No quiero
que mis impuestos reviertan en empresas privadas. Quiero que me
atiendan en la sanidad pública”, denuncia.
Traspaso
de pacientes
El
caso de esta usuaria de la sanidad pública madrileña forma parte de
una
estrategia encubierta de traspaso de pacientes de la sanidad pública
a la privada.
Jesús Jaén, representante de Patusalud, Plataforma de Trabajadores
y Usuarios por la Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid,
integrante de la Marea Blanca, señala que ésa es la práctica
habitual. “La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está
derivando a los pacientes a las clínicas privadas para hacer las
pruebas que hasta ahora se hacían en hospitales públicos”, señala
Jaén, celador del hospital público La Princesa.
“Tenemos una
circular interna que repartió gerencia a los administrativos que dan
las citas en el centro de especialidades de García Noblejas,
dependiente de La Princesa, con un
listado de centros donde debían remitir a los pacientes:
Fundación Giménez Díaz (grupo Capio), clínica La Moncloa,
hospital de la Venerable Orden Tercera de San Francisco, Sanatorio
Quirúrgico Virgen del Mar, hospital de San Rafael, clínica Anderson
España, Clínica Madrid, Clínica de la Beata María Ana de Jesús...
todas
privadas”,
relata Jaén. Explica que el objetivo es ir cerrando los hospitales
públicos, empezando por sus centros de especialidades: “Las
consultas de García Noblejas las están pasando a los privados y una
pequeña parte directamente a La Princesa. Además, sólo en un año
han despedido a 3.000 personas entre médicos y personal laboral”,
señala.
“Hay
una privatización invisible que es enviar a los pacientes a los
centros privados e ir cerrando los hospitales
Jaén
apunta también que esta práctica es muy sutil, porque estos días
se habla de la privatización total de seis hospitales de Comunidad
de Madrid (los de Parla, Aranjuez, Coslada, Arganda del Rey, San
Sebastián de los Reyes y Vallecas), pero “existe una privatización
invisible que es enviar a los pacientes a los centros privados,
infrautilizar
aparatos recién comprados, despedir a médicos interinos, desmontar
lo público e ir cerrando los hospitales públicos.
Esta gente se está llevando la espina dorsal de la sanidad pública”,
concluye Jaén. A pesar de todo, cada vez más se extiende más la
desobediencia civil, también contra la privatización de la sanidad.
“Nos
llevan como a borregos”
“Tenía
una revisión en mayo y tenían que hacerme una colonoscopia. Fui a
mi centro de especialidades en Orcasitas para que me dieran cita para
el 12 de Octubre. Me dijeron que me llamarían y a los pocos días me
telefonearon y me ofrecieron ir a tres centros, entre ellos la
Fundación Jiménez Díaz (grupo Capio), pero quería ir al 12 de
Octubre. Entonces me
dijeron que tendría que esperar hasta febrero de 2014”,
explica Eubilio Rodríguez, de 69 años. Insiste en que su caso no es
urgente, pero juegan con los pacientes: “Nos llevan como borregos
hacia la gestión privada de nuestra sanidad. Y luego dirán que
elegimos... No elegimos, nos obligan a coger las citas más próximas
que casualmente son las de las privadas”, dice con enfado.
Rodríguez es “cura” (no sacerdote, aclara) e invita a rebelarse
y luchar contra lo que define “un chantaje” a los ciudadanos.
En
defensa de lo público, catorce personas fueron detenidas el 17 de
junio en Vallecas, protestaban contra
el cierre del Centro de Especialidades Federica Montseny,
dependiente del hospital de Vallecas, uno de los seis que se van a
privatizar ahora en su totalidad. La protesta frente al centro de
especialidades de Vallecas fue reprimida
violentamente por los antidisturbios, que identificaron y detuvieron
a varias personas,
algunas portavoces de movimientos sociales. Se les imputa
resistencia, desobediencia y allanamiento de morada de persona
jurídica por encerrarse en el centro de salud.
El
paso de pacientes de la pública a la privada se lleva a cabo desde
el Call Center de la Consejería de Sanidad
Fernando
P., médico del hospital Severo Ochoa de Leganés, Madrid, denuncia
también esta política privatizadora de la Comunidad de Madrid:
“Este año se ha multiplicado por tres el concierto con clínicas
privadas, aumentando el presupuesto para estas empresas, mientras
están despidiendo médicos. En el Severo Ochoa los interinos ya no
tienen contratos de un año, son de tres meses máximo.
Nosotros
hemos
denunciado que la Consejería permite a las privadas que fagociten
los datos de nuestros pacientes.
Es decir, se les da cita en el hospital y luego se les llama por
teléfono ofreciéndoles ser intervenidos en mucho menos tiempo y, si
se niegan, les siguen telefoneando e insistiendo un día y otro.
Incluso tenemos una carta de la Consejería de Sanidad advirtiendo a
una señora de que si su salud se deteriora es su responsabilidad por
no aceptar la cita en una clínica privada”. Este facultativo
explica que, además, no se anulan las citas, “por tanto las
listas de espera de la pública cuentan con personas que ya han sido
atendidas en la privada.
Entonces los médicos esperamos a nuestros pacientes, pero éstos no
aparecen. Esto se lleva a cabo desde el call
center de
la Consejería, donde se capta a los pacientes para las privadas. El
centro de citas telefónicas contrata a personas para que insistan a
los pacientes como hacen las compañías telefónicas que se dedican
a dar la ‘tabarra’ a los usuarios y les ofrecen ventajas… Es
una vergüenza”, denuncia este médico del Severo Ochoa.
Despidos
por decreto
Fernando
P. ha interpuesto una denuncia contra la Comunidad de Madrid por su
despido. Su caso es el de uno
de los 600 profesionales que han sido cesados este año por decreto,
rozando la jubilación, a pesar de que él y otros muchos tenían ya
concedida la prolongación de la vida laboral. “Pero el despido no
es para que entren nuevos médicos, forma parte de la misma
estrategia de deterioro de la sanidad pública. Se hace poco a poco
para ir abandonando la pública y acabar cerrando nuestros
hospitales”, concluye.
Imputados
los impulsores de la privatización
La
Marea Blanca y todos los movimientos sociales en defensa de la
sanidad pública celebran
la aceptación de la querella contra cargos del PP que iniciaron la
privatización
de la sanidad de Madrid. El Juzgado número 4 de Primera Instancia de
Madrid admitió la querella criminal contra estos cargos de la
Sanidad madrileña cuando se puso en marcha en 2003 el proceso que
ahora se acentúa de traspaso a las privadas. El juez va a estudiar
las irregularidades relacionadas con la privatización de varios
centros. Entre los imputados figuran los exconsejeros de Sanidad
Manuel Lamela y Juan José Güemes; el todavía director general de
Hospitales, Antonio Burgueño, y empresas como Ribera Salud y Capio,
beneficiarias de varios de los contratos de privatización.
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