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por Sara
del Río
-
junio 18, 2013
Las
asociaciones de consumidores están con la boca abierta. Y no es para
menos, parece como si quisieran tomar aire antes de que les pongan la
mordaza.
No
dan crédito a la última maniobra del Gobierno, que de la mano de
una enmienda en el Congreso del Grupo Parlamentario Popular, han
incorporado una disposición adicional en la futura Ley de la Cadena
Alimentaria. Según esta enmienda
los
estudios que se basen en análisis de alimentos deben cumplir
requisitos estrictos, como por ejemplo que antes de su publicación
sean contrastados previamente por quienes se puedan considerar
afectados, la industria agroalimentaria.
Es
decir,
si
una asociación decide analizar un alimento y, por ejemplo, detecta
un elevado nivel de un contaminante deberá respetar los plazos y
procedimientos exigidos y entregar a los productores de ese alimento
los datos obtenidos para que puedan ser contrastados por ellos.
De
esta manera, entrará en el largo y lento camino de las trabas de la
industria hasta que, de darse, se pueda llegar a publicar esa
información. De no aceptar este proceso, toda organización
indisciplinada será sancionada. El argumento esgrimido para tal
descalabro es tan sencillo como falso, proteger a los consumidores de
la desinformación.
Esta
nueva treta, amordaza
a las organizaciones de consumidores y otras, que como Greenpeace
analizamos alimentos para conocer su procedencia o su nivel de
contaminacióny
es el mismo Cañete quien pone en manos de la industria esta
mordaza.
De
nuevo, este gobierno de los recortes hace prevalecer un interés de
la industria al interés y al mismo derecho del consumidor de estar
bien informado. Para fortalecer, esta afirmación cabe decir que
jamás
un informe basado en análisis de Greenpeace ha sido denunciado por
los “afectados”, por falta de rigor o por resultar falso. Eso
sí, no hay ninguno de ellos que haya pasado inadvetido ni sin
levantar ampollas en el sector (¡Qué les amordacen!)
Así,
en este país democrático y perteneciente a la Unión Europea, tan
ovacionada últimamente por Cañete,
ya
no te podremos contar libremente si hay toxinas o transgénicos en
tus alimentos ni la procedencia real de algunos alimentos porque es
algo que molesta a la industria alimentaria. A
Greenpeace esas mordazas no nos resultan ajenas porque tenemos
compañeros y oficinas en países en los que vulneran a diario los
derechos de todo tipo. Pero nunca imaginamos que en España se
pudiera retroceder tanto.
A
lo mejor alguno alardea en Europa de esta ley como una de sus grandes
hazañas, aunque en realidad se trate de una gran vergüenza para la
democracia.
Sara
del Río, campaña de Contaminación de Greenpeace
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