nuevatribuna.es | 26 Septiembre 2013
“Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.
C.E. 1978. Art. 43.
La Constitución española todavía vigente establece en su artículo 43 el derecho a la protección efectiva de la salud de los ciudadanos por los poderes públicos. Dicho precepto fue desarrollado cuando Ernest Lluch fue ministro del ramo y logró que se aprobara en el Parlamento –con la oposición bruta de un sector de la profesión que hizo todo lo posible para limitar las incompatibilidades que en ella se disponían y así poder conservar los privilegios corruptos heredados del franquismo- la Ley General de Sanidad de 1986, según la cual los principios y criterios que permiten el ejercicio en España de este derecho son los siguientes: Financiación pública, universalidad y gratuidad de los servicios sanitarios en el momento del uso; descentralización política de las prestaciones sanitarias en las Comunidades Autónomas y prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados. Fue la puesta en marcha de esa ley –que costó el puesto al gran ministro y político que fue Lluch, luego asesinado por ETA en un acto de heroísmo sin precedentes del que se pueden sentir muy orgullosos los gudaris, lo que permitió el impresionante desarrollo del sistema de Salud Pública en todo el Estado español, que ha llegado a ser uno de los mejores del mundo si juzgamos por un hecho tan objetivo como la esperanza de vida: ochenta y cinco años para las mujeres y setenta y nueve para los hombres, ello pese a que los recortes y privatizaciones decretadas por el Partido Popular han hecho que descienda unas décimas en 2013, hecho que no tenía precedentes en las últimas tres décadas.
Pero además de ser un servicio de salud público excelente –susceptible de mejoras si se le diesen más medios- es también uno de los más eficientes del mundo, puesto que mientras que Estados Unidos, con un sistema de salud privado basado en el axioma neoliberal que dice que a mayores ingresos, mayor salud, y que excluye a un tercio de la población, gasta más de nueve mil dólares por persona y año, el sistema español apenas consume tres mil, con unos resultados muy superiores, según los informes de la OCDE. Y es ahí donde tenemos que poner el punto de mira. En la actualidad existen dos modelos sanitarios opuestos, el yanqui, completamente privatizado en el que se paga según tramos de edades y gravedad de las enfermedades, al que no tienen acceso cerca de cien millones de ciudadanos de aquel país, en el que el ejercicio de la medicina está estrictamente ligado a los intereses de las grandes corporaciones farmacéuticas y permite el enriquecimiento fácil de unos y otros; y el modelo español, basado en el acceso universal de todos los ciudadanos a una Sanidad que es pública e igual para todos independientemente de su condición económico o social. Entre medias, se mueven otros sistemas que mezclan sanidad pública y privada y que normalmente permiten que esta última parasite de la primera, incrementando de ese modo los costes y disminuyendo la calidad de las prestaciones.
Hace años, los grandes grupos hospitalarios privados de España, catalanes, valencianos y madrileños –Capio Sanidad, Ribera Salud, Quirón y Unió Catalana d'Hospitals, del exconseller catalán Boi Ruiz- comenzaron una ofensiva que se hizo más intensa conforme los gobiernos tuvieron un carácter conservador más acusado. Fruto de esas ofensivas fueron la “externalización” de servicios como los de análisis, radiología y anatomía patológica de muchos hospitales españoles, pasándose posteriormente a conceder en las tres comunidades citadas la gestión integral de diversos hospitales a empresas privadas cuya mayor parte de ingresos provienen del Erario, es decir de nuestros bolsillos, y les general pingües beneficios sin arriesgar nada puesto que siempre cuentan con el colchón de los grandes hospitales públicos para aquellos casos difíciles o de larga duración. Por tanto, no nos encontramos ante un debate real en el que se discuta sobre cuál de los dos sistemas ofrece mejores prestaciones sanitarias, ni muchos menos, estamos ante unos grupos económicos privados que pretenden, con la ayuda del gobierno central y los autonómicos, estrangular al Sistema Público de Salud privándole de la financiación que se da a los privados y concertados y cargándole los casos más peliagudos y costosos. No se trata de una alternativa al sistema público vigente, sino pura y simplemente de un atraco al bien común, a lo más sagrado de nuestros derechos con exclusivas miras mercantilistas: El enfermo no es un paciente, es un cliente al que hay que sacar todo lo posible, el paciente cuyo tratamiento no sea rentable, será derivado a hospitales públicos residuales, tal es la filosofía de estos nuevos buscones que pretenden crear una nueva burbuja con nuestra salud, nuestra Educación y nuestras pensiones.
Nadie se deje engañar, los mejores sanitarios de este país trabajan en los hospitales públicos del Sistema Nacional de Salud, son ellos los que tienen vocación hipocrática verdadera y quienes se desvelan para intentar solucionar los problemas cada vez mayores de una sociedad envejecida y asesiada por cientos de enfermedades en muchos casos originadas por un sistema económico antihumano. El médico privado, la medicina privada, antepone el beneficio personal y empresarial a la salud del paciente, que queda en un segundo plano dependiente de los fondos que le regale el Estado para su lucro personal y corporativo. Para ellos, usted y yo no somos nada, sólo una cifra en la cuenta de balance anual. Privatizar es regresar a tiempos predemocráticos, cuando la Sanidad Pública estaba en mantillas y para poder gozar de una asistencia adecuada había que acudir a un famoso médico que vivía en la capital y se llevaba los ahorros de toda una vida, muchas veces sin resultado alguno. Espero que cuando elaboremos la próxima Constitución –que será pronto- un artículo de obligado cumplimiento disponga que todos los dineros púbicos tengan que ir a la Sanidad pública, prohibiendo tasativamente privatizaciones, conciertos, externalizaciones y demás chanchullos insultantes.
Fuente: http://www.nuevatribuna.es/opinion/pedroluisangosto/saludnonegocioprivatizarlacrimen/20130925171759096730.html
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