Por Vicenç Navarro | Cuando analizamos
la causa de que el precio del Sovaldi sea tan elevado, vemos como el
Estado español garantiza que el laboratorio que lo produce defina el
precio de la medicina...
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Este artículo critica el comportamiento de la industria farmacéutica, que crea unos precios artificialmente altos para sus productos basándose en el poder monopolista que le cede el Estado. El caso del tratamiento contra la hepatitis C es un claro ejemplo de ello
España se gasta muchísimo en el
capítulo de farmacia, un dato que es incluso más notorio y visible
porque el gasto público sanitario es muy bajo. En realidad, nos
encontramos con la situación paradójica de que España es uno de
los países que se gasta menos en sanidad pública (mucho menos de lo
que debería por su nivel de riqueza) y, a la vez, es uno de los que
se gasta más en farmacia. El argumento que se utiliza con mayor
frecuencia para explicar el elevado gasto en farmacia es que los
pacientes, al no tener que pagar el coste de producir el fármaco,
abusan del sistema, adquiriendo muchas más medicinas de las que en
realidad necesitan.
Además de errar en este diagnóstico
–pues la mayoría de la ciudadanía española tiene que pagar por
los fármacos–, el hecho es que dicha explicación del elevado
consumo farmacéutico ignora que el acceso a los fármacos no es tan
fácil como se cree, pues aunque los precios de los productos
farmacéuticos son inferiores a los de otros países, se olvida que
el nivel de los salarios y/o transferencias públicas a las familias,
ancianos y grupos sociales vulnerables es mucho más bajo que el que
existe en la mayoría de países de la UE-15, el grupo de países de
la UE de semejante nivel de desarrollo económico al español.
Pero las consideraciones más
importantes deberían hacerse sobre el comportamiento de la industria
farmacéutica, una de las industrias con mayores beneficios en la
economía, fenómeno que es generalizado en la mayoría de países
desarrollados a los dos lados del Atlántico Norte. En EEUU, los
beneficios empresariales de este sector económico –el
farmacéutico– son de los más elevados de aquel país. Las diez
empresas más importantes del sector tienen una tasa de beneficios
(el porcentaje que representan sobre el total de ventas) del 17%, que
es muchísimo mayor que el promedio (5%) de las 500 empresas más
grandes de aquel país.
Estos enormes beneficios (que ocurren
también en España) se basan en la protección que les ofrece el
Estado, permitiéndoles dictar el precio de los productos
farmacéuticos al nivel que deseen, a través de las patentes. Estas
patentes son una manera de saltarse el mercado, asegurando a las
empresas farmacéuticas el poder de controlar la producción y
distribución, con un comportamiento claramente monopolístico. El
caso más claro es el precio de un nuevo tratamiento para la
hepatitis C, que cuesta nada menos que la friolera cantidad de 25.000
euros por paciente. En EEUU es 84.000 dólares (unos 63.000 euros)
por paciente. Esta situación, por cierto, ha creado un problema
enorme en el sistema penitenciario estadounidense. Paradójicamente,
en un país donde el Estado no garantiza la accesibilidad a los
servicios sanitarios por parte de la población, sí que lo hace en
el caso de los prisioneros en las cárceles estatales (1,3 millones
de presos) y federales (200.000 presos). Estos sí que tienen el
derecho a recibir los servicios sanitarios gratuitos, situación que,
repito, no existe para la mayoría de la población estadounidense. Y
un 17% de toda la población en prisión está infectada por el virus
que causa la hepatitis C, que se transmite al compartir las
jeringuillas entre los drogadictos. En realidad, un tercio de todas
las personas infectadas con el virus está en prisión. El
tratamiento de estos pacientes está suponiendo una crisis enorme del
sistema penal de aquel país (ver Margot Sanger-Katz, “Why the
Hepatitis Cure Sovaldi Is a Budgetary Disaster for Prisons”, The
New Yor Times, 07.08.14).
Cuando analizamos la causa de que el
precio del Sovaldi sea tan elevado, vemos que tanto el Estado federal
de EEUU como el Estado español garantizan que el laboratorio que lo
produce defina el precio de la medicina, impidiendo por varios años
que otros laboratorios produzcan el mismo fármaco o uno de
semejante. El mercado no funciona en el sector farmacéutico cuando
las patentes son las que rigen el precio de los productos. La
justificación para que el Estado garantice tal beneficio al
productor es que la empresa farmacéutica tiene que recuperar los
costes de haber inventado y producido la medicina. Es lo que se llama
coste de la investigación y desarrollo de un fármaco. Ahora bien,
dicho argumento debe cuestionarse en base a la mucha evidencia
ignorada en este argumento. Una es que el coste en investigación y
desarrollo del fármaco es mucho más bajo de lo que indica la propia
industria. La evidencia de ello es robusta. En realidad, Egipto
produce el mismo fármaco genérico por 900 dólares (unos 675 euros)
y la India va a sacar un producto idéntico por 200 dólares (unos
150 euros). ¿Por qué el Estado español se gasta tanto dinero por
paciente cuando puede adquirirlo por muchísimo menos?
Se me dirá que la Comisión Europea
(teóricamente el máximo exponente de las teorías neoliberales
promotoras del mercado) no lo permite. Le sorprenderá al lector
conocer que la Comisión Europea, a pesar de su discurso neoliberal,
en la práctica se ve a sí misma como la defensora de la industria
farmacéutica europea. Pero debería saberse que para el Estado
español sería más barato pagarle al paciente español para que se
fuera a comprar el fármaco a Egipto o a la India (viaje y hotel
incluido), que no comprarlo en España. Esto es lo que precisamente
Dean Baker, uno de los economistas más interesantes de EEUU,
aconseja al Estado de California que haga: que las autoridades
públicas de aquel Estado les paguen a los pacientes de hepatitis C
el viaje a Egipto (familiares incluidos). Con ello, dichas
autoridades gastarían 7.000 millones de dólares menos de los que se
gasta solo el Estado de California en comprar el producto al
fabricante actual en EEUU (ver Dean Baker, “Who’s Afraid of
Trade? Expensive Drugs and Medicaid”, Counterpunch, 06.08.14).
Pero más económico que todo ello
sería incluso que el Estado fuese el que investigara y desarrollara
el producto. En realidad, el Estado ya financia la gran mayoría de
la investigación básica que determina el descubrimiento de nuevos
fármacos. En EEUU, los famosos centros de investigación médica
(NIH) son los mayores centros de investigación básica. Lo que hace
la industria farmacéutica es aplicar este conocimiento básico a su
investigación aplicada, mercantilizándola. Si el Estado financiara
también la aplicada (lo que le significaría doblar la cantidad de
dinero en investigación), se ahorraría muchísimo dinero, pues el
precio del producto sería muchísimo menor. El hecho de que ello no
se esté considerando se debe única y exclusivamente al enorme poder
de la industria farmacéutica, uno de los grupos económicos más
poderosos e influyentes sobre el Estado tanto en EEUU como en España.
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