Por Medios CC/CL - 06/10/2015
España cada vez más al margen
Greenpeace | El Salmón contracorriente
|5 de octubre de 2015
Ante el rechazo histórico que se ha
producido a los cultivos transgénicos en la UE bajo la nueva
legislación comunitaria, Greenpeace ha celebrado este momento y ha
animado a las comunidades autónomas españolas a que hagan lo mismo,
solicitando la prohibición de transgénicos en sus territorios,
hasta que no se rechacen por completo también en toda España.
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Greenpeace España
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Greenpeace anima también a que los
partidos políticos contemplen la prohibición total de los cultivos
transgénicos en sus programas electorales, de cara a las próximas
elecciones generales.Y es que mientras la desconfianza respecto los
OMG (Organismos Modificados Genéticamente) en la UE crece y al menos
15 países quieren prohibirlos, España sigue cada vez más al margen
de esta corriente.
Hasta
el momento, once países de la UE (Austria, Croacia, Francia, Grecia,
Hungría, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Polonia, Alemania y
Chipre) y cuatro administraciones regionales (Valonia, Bélgica y
Escocia, Gales e Irlanda del Norte, en el Reino Unido) han notificado
formalmente a la Comisión su intención de prohibir los cultivos
transgénicos bajo las nuevas normas de la UE [1]. Las declaraciones
de los gobiernos a los medios de comunicación apuntan a que también
lo harán otros cuatro países (Bulgaria, Dinamarca, Italia y
Eslovenia) y otras tres administraciones regionales [2].
Esto eleva el número total de países
que ya han declarado su intención de poner en marcha la prohibición
de los cultivos transgénicos a 15 – más cuatro regiones – que
representan el 65% de la población de la UE y el 66,2% de su
superficie agrícola. Se espera que otros países y regiones sigan su
ejemplo a medida que la fecha límite se acerca.
Las
prohibiciones hasta ahora notificadas no se aplican sólo al único
transgénico actualmente aprobado para cultivo en la UE, el maíz
insecticida de Monsanto, conocido como MON810, sino también a los
siete cultivos transgénicos a la espera de aprobación por parte de
la Comisión [3]. Todos son maíces transgénicos [4].
“Al menos la mitad de los gobiernos
de la UE están rechazando el impulso de la Comisión para que se
aprueben nuevos cultivos transgénicos. Estos países no confían en
las evaluaciones de riesgo de la UE y actúan para proteger su
agricultura y alimentación. Sólo la Comisión puede restaurar la
confianza en el sistema de la UE y puede hacerlo pulsando el botón
de pausa para las nuevas solicitudes de autorización de cultivos
transgénicos o bien reformando con urgencia las evaluaciones de
riesgo y el sistema de autorización”, ha afirmado Franziska
Achterberg, directora de Política Alimentaria de la UE de
Greenpeace.
En julio de 2014, el
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que la
Comisión no debe forzar la autorización de cultivos transgénicos
cuando existe en su contra una mayoría de países de la UE [5]. La
Comisión está aún por entregar una propuesta legislativa que
permita que esto se haga efectivo. Por otro lado, tampoco se puso en
marcha un sistema más estricto de evaluación de riesgos de los
transgénicos, tal y como fue solicitado por los ministros de medio
ambiente de la UE en 2008. Las evaluaciones de riesgos actuales
llevadas a cabo por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA, por sus siglas en inglés) también ignoran las normas de la
UE en vigor desde 2001 (Directiva 2001/18) por las que se exigen
estudios más profundos e independientes sobre los riesgos de los
cultivos transgénicos.
EL NÚMERO DE PAÍSES QUE PONEN EN
MARCHA SU PROHIBICIÓN REPRESENTAN EL 65% DE LA POBLACIÓN DE LA UE
Ante este escenario España es el único
Estado miembro que permite el cultivo de transgénicos a una escala
importante (unas 132.000 ha 2014 según las estimaciones del MAGRAMA
y unas 83.000 ha según la información de las CCAA) lo que le aleja
cada vez más de la tendencia dominante en la UE en esta materia. Sin
embargo, comunidades autónomas como el País Vasco, Asturias, Islas
Canarias, Islas Baleares y Galicia aprobaron en el pasado
resoluciones para prohibir el cultivo de transgénicos y otras, como
Cantabria y Castilla y León (la primera productora de maíz de
España), siguen sin sembrar este tipo de maíz.
“De cara a las próximas elecciones
generales, animamos también a que los partidos políticos incluyan
la prohibición de cultivos transgénicos y una apuesta decidida por
la agricultura ecológica en sus programas electorales”, ha
declarado Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace
España. Por otra parte ha recordado que“los Estados miembros que
permitan el cultivo de transgénicos están obligados a poner en
marcha medidas que impidan la contaminación genética
transfronteriza” ha concluido.
Notas
[1] Bajo la Directiva (UE) 2015/412,
los gobiernos pueden pedir a las empresas de biotecnología cuyos
cultivos transgénicos ya han sido autorizados para el cultivo en la
UE, o que están pendientes de autorización, que no los
comercialicen en sus territorios. Las empresas – Dow, Monsanto,
Syngenta y Pioneer – pueden aceptar o rechazar estas cláusulas de
exención, sin tener que justificar su respuesta. Los gobiernos
también pueden legislar para prohibir individualmente o en grupo
cultivos transgénicos aprobados en la UE. Aquí se puede consultar
las solicitudes a la Comisión para que se prohíba los cultivos
transgénicos en los Estados miembros y regiones.
[2] Bulgaria, Dinamarca, Italia,
Eslovenia, Escocia, Gales e Irlanda del Norte anunciaron su intención
de enviar la notificación de las prohibiciones nacionales a la
Comisión.
[3] Dinamarca ha solicitado solo la
prohibición del MON810 y otros tres cultivos transgénicos
pendientes de autorización
[4] Las autorizaciones pendientes
incluyen el maíz insecticida transgénico de Pioneer, conocido como
1507, cuya aprobación tuvo la oposición de 19 de los 28 países de
la UE en febrero de 2014.
[5] Juncker dijo: “no me gustaría
que la Comisión tomase una decisión cuando una mayoría de Estados
miembros no la ha animado a que lo haga”. Orientaciones políticas
para la próxima Comisión Europea (julio de 2014)
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