Por Miguel Jara
Las agencias
reguladoras de medicamentos tienen conflictos de interés que, como
hemos publicado en ocasiones, les llevan en demasiadas ocasiones a
anteponer los intereses de las industrias a los de las personas. El
llamado Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea,
conlleva el traslado de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) de
Londres a una ciudad de la UE por decidir. Lo interesante es que
están publicándose algunos datos que abundan en lo que comento, la
cooptación de dicha agencia.
Desde hace muchos años insisto en que
el “guardián de los medicamentos” de los europeos y europeas, la
EMA (y ocurre algo similar con la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios), tiene lazos con las diferentes industrias y
laboratorios farmacéuticos tan estrechos que le impide hacer bien su
trabajo: la aprobación rigurosa de fármacos y productos sanitarios
y la farmacovigilancia de los mismos para evitar daños a las
personas.
Uno de los principales problemas es que
estas agencias no son independientes de las empresas, no están
financiadas con dinero público sino que la mayor parte de lo que
ingresan es en concepto de tasas que cobran por la revisión de la
documentación que las diferentes compañías les presentan para que
les aprueben sus productos.
El diario Cinco Días publica que la
entidad encargada de supervisar los tratamientos en Europa se
“autofinancia” con los 31.414.000 millones de euros que le llegan de los laboratorios farmacéuticos en concepto de solicitud de
autorización de cada medicamento. En concreto, en el ejercicio de
2015, narra el diario económico
"tramitó 113 solicitudes de pre-autorización, a razón de una cuota de 278.000 euros por solicitud, según datos de un informe del Parlamento Europeo sobre el funcionamiento de las principales agencias de la UE”.
Desde su creación en 1995, la Agencia
ha emitido más de 1.000 autorizaciones para la comercialización de
productos farmacológicos, lo que ha obligado a gran parte de la
industria farmacéutica y de productos veterinarios a contar con
representación de alto nivel técnico en la capital británica o
desplazar hasta allí a con gran frecuencia a sus expertos.
Pero ¿cuántos productos sanitarios ha
retirado del mercado ese organismo europeo? Yo no conozco la cifra
exacta pero, como se dice, podrían contarse con los dedos de una
mano. Ya, ya sé que lo normal es que los medicamentos funcionen
bien, que no den problemas como para retirarlos pero en los últimos
años estamos asistiendo a escándalos sin que se tomen las medidas
adecuadas.
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Alicia Capilla, portavoz de la
Asociación de
Afectadas por a Vacuna del Papiloma
(AAVP)
en la sede de la EMA.
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El claro conflicto de interés
estructural de la Agencia puede explicar cosas como esta: 352 muertes por la vacuna del papiloma notificadas ante la Agencia Europea de Medicamentos y la entidad NO las investiga.
Y no solo no hace su trabajo,
investigar qué sucede con esa vacuna que el Gobierno de Japón dejó de recomendar hace ya cerca de cuatro años, sino que intenta proteger a sus fabricantes (que también son sus pagadores, claro).
Otro ejemplo es el método
anticonceptivo Essure, de la compañía Bayer. Está causando graves
daños en todo el mundo hasta el punto de que la agencia de productos médicos de Brasil lo ha retirado del mercado porque en dicho país
hay 200 afectadas. En Estados Unidos hay miles de mujeres dañadas
por ese aparatito metálico que se inserta en las Trompas de Falopio
de las mujeres para esterilizarlas y su agencia, la FDA, no lo retira
de la circulación.
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Angélica del Valle y Elena Fernández,
coordinadoras de la Asociación de
Afectadas
por Essure, en la sede de la AEMPS
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En España, calculamos que hay unas 1.000 mujeres con posibles daños y la AEMPS, pese a que reconoce fallos en el sistema, asesorada por la agencia europea, no lo
prohíbe.
Hay que contar de nuevo que la FDA
tiene un sistema por el cual un laboratorio puede pagar una cantidad
extra para que los funcionarios de dicha entidad pública aceleren la
revisión de la documentación de un nuevo tratamiento.
Y podríamos poner muchos más
ejemplos. Lo que parece claro es que no es buena idea que los órganos
reguladores de productos estén financiados por quienes están
destinados a ser regulados por esos órganos.
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