Barcelona, 1 feb (EFE).- El Instituto
Catalán de la Salud (ICS) abonará una indemnización de 160.000
euros a una antigua trabajadora de dos Centros de Atención Primaria
(CAP) de Barcelona por las lesiones y secuelas físicas que le causó
la exposición a las fumigaciones con biocidas.
En una sentencia, dictada en mayo del
2017, el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) reconoció
a la mujer la incapacidad permanente con origen laboral y obligó al
ICS a abonar un recargo del 50 % sobre el importe de esta prestación.
Ahora, los representantes de la
trabajadora, abogados del Colectivo Ronda, han llegado a un acuerdo
extrajudicial con la compañía aseguradora del ICS para que abone a
la víctima una cantidad de 160.000 como indemnización por daños y
perjuicios derivados de las problemas de salud que le ocasionaron
estas prácticas de fumigación.
La trabajadora prestó sus servicios en
el CAP Lope de Vega de Barcelona, entre los años 1989 y 2003,
periodo en el que se "realizaban aplicaciones sistemáticas de
productos insecticidas" a los que ella estuvo expuesta.
Según la sentencia del TSJC, el ICS
fue responsable de una "falta de medidas de seguridad" de
los trabajadores de estos CAP, ocasionada por una "exposición
reiterada a productos químicos" que provocaron "un grave
cuadro clínico" en esta trabajadora en cuestión.
Esta situación, explica el colectivo,
no cambió con su traslado al CAP Ramon Turró, donde se evidenció
que los trabajadores también convivían con estos productos
químicos.
La resolución de entonces recogía las
conclusiones de un informe efectuado por técnicos del Centro de
Seguridad y Salud de Barcelona, que detectó que existía una
exposición a los organofosforados.
Estos agentes son considerados los
principales activos de los insecticidas más peligrosos para el
organismo humano y se encuentran retirados del Registro de
Plaguicidas del Ministerio de Sanidad, por lo que su uso como
insecticida está prohibido en ambientes interiores, según indicó
este sentencia.
Las múltiples exposiciones a bajas
dosis de organofosforados provocaron en la trabajadora un "grave
cuadro clínico" conformado por Sensibilidad Química Múltiple,
fibromialgia y fatiga crónica, quedando incapacitada de manera
permanente.
Ahora, la trabajadora recibirá 160.000
euros por parte de la compañía aseguradora del ICS en concepto de
daños y perjuicios, a causa de las enfermedades que sufre y que le
impiden desempeñar su trabajo. EFE
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