19 OCT 2018 MADRID
La privatización de servicios públicos
como sanidad o educación “acaba con la protección de los derechos
humanos y margina a los que viven en situación de pobreza”, según
un informe de Naciones Unidas publicado este viernes y que señala
directamente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco
Mundial por haber promovido este modelo por “ideología”.
El documento, firmado por el relator
especial de la ONU sobre pobreza extrema, Philip Alston, asegura que
se está dando un “tsunami de privatizaciones” en servicios
básicos como la justicia, los sistemas de prisiones, la educación o
la sanidad, unas políticas que “no pueden hacerse a expensas de
tirar por la ventana el sistema de protección social”.
En concreto, el informe de Naciones
Unidas señala al Banco Mundial y al FMI por “haber promovido
agresivamente la privatización de servicios básicos sin que se vean
recompensados los derechos de las personas y los más pobres”.
En 2015, el Banco Mundial promovió la
idea de aumentar la financiación del sector privado “de miles de
millones a billones de dólares” para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y, ya en 2017, anunció su enfoque para
maximizar el financiamiento para el desarrollo en el que “se da
prioridad a la financiación privada y a las soluciones sostenibles
del sector privado”.
A juicio de Alston, estas políticas,
que “se presentan como una solución técnica” para algunos
servicios, responden en realidad a una “ideología” que “devalúa
los bienes públicos” y que, según la ONU, son “esenciales para
una sociedad decente”.
“Mientras que los defensores de la
privatización insisten en que ahorra dinero, es eficiente o que
mejora los servicios, la realidad evidencia que muchas veces
contradice sus propias justificaciones”, aseguró el relator
especial.
Además de la eficiencia, el informe
apunta que este modelo busca el “rédito económico” y que eso
deriva, en cambio, en su intención de “minimizar el tiempo por
cliente o paciente, pago de cuotas o ahorrar en recursos”.
El pasado mes de agosto, la Cámara de
Cuentas constató que “se desconoce en base a qué criterios” se
tomaron decisiones para privatizar ciertos servicios de la sanidad
madrileña, certificando que las concesionarias no han demostrado un
ahorro real.
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