¿Ciudadanos o asegurados?

SERGIO MINUÉ LORENZO / JOSÉ FRANCISCO GARCÍA GUTIÉRREZ 30 ABR 2012 – 18:53 CET

Los que están en contra del estado de bienestar nunca desaprovechan una buena crisis”. Naomi Klein. The shock doctrine: the rise of disaster capitalism. 2008.

La semana pasada el Gobierno hizo pública la norma que regula las medidas destinadas a garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (Real Decreto-Ley 16/2012). Al margen de sus implicaciones en cuanto a recortes y limitación de derechos, esta introduce un cambio sustancial en los fundamentos de nuestro sistema sanitario: la sustitución del “ciudadano” por “el asegurado” (en genérico), en cuanto a sujeto con derecho a la asistencia sanitaria. ¿Era necesario semejante cambio para ejecutar las medidas de ahorro? No lo parece. Y como es difícil suponer que los inteligentes ministros del gobierno hayan cometido la torpeza de realizar tal sustitución simplemente por error, no es aventurado pensar que dicha modificación sustancial pueda ser el primero de una serie de cambios en el sistema nacional de salud de mayor trascendencia.

En este sentido, llama la atención la escasa atención de los medios de comunicación españoles al proceso de reforma sanitaria realizado recientemente en Reino Unido, cuyo sistema sanitario ha sido una referencia en materia de organización para nuestro propio sistema. Hace un par de meses se produjo la aprobación de la norma básica que regula la reforma en el servicio nacional de salud británico (NHS) promovida por el gobierno conservador de David Cameron (The Health and Social Care Bill) y que supone el primer paso para el desmantelamiento del NHS, modelo de referencia para las política orientadas a establecer o mantener Estados (que no sociedades) de bienestar. El sistema nacional de salud británico se creó en 1946, al acabar la II Guerra Mundial, con el objetivo de garantizar la protección financiera de los británicos en el caso de enfermedad grave y costosa. Sus principios eran muy claros: servicios financiados a través de impuestos, gratuitos en el momento de la prestación, integrales en el rango de los mismos y orientados a mejorar la equidad en el conjunto del sistema. Valores similares también reorientaron la transformación del sistema español reflejada en la Ley General de Sanidad de 1986, así como en normas posteriores del mismo rango ( Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003, y Ley General de Salud Pública de 2011). Dichas normas dieron el soporte legal a la transformación de un sistema financiado a través de las cotizaciones de los afiliados a la seguridad social (de origen en la dictadura), hacia un sistema nacional de salud financiado a través de impuestos, en el que el derecho a la prestación lo determinaba el hecho de ser español o extranjero residente en el territorio español.

David Cameron ya inició en Reino Unido un camino parecido al de las autoridades españolas

La aprobación de la reforma Cameron en Reino Unido implica la renuncia del Gobierno británico a su antiguo deber de garantizar la prestación de atención sanitaria integral al conjunto de la población inglesa, introduciendo un mercado “a la americana” que permita la competencia entre proveedores privados. En palabras del profesor Alex Scott-Samuel de la Universidad de Liverpool, en el periódico inglés The Guardian, el NHS pasaría a ser simplemente un “presupuesto” financiado públicamente, y destinado a subcontratar intervenciones sanitarias realizadas por compañías privadas sujetas a las leyes europeas de la competencia. Algo muy en la línea, por cierto, de las recomendaciones del Banco Mundial o de las agencias de rating que acaban de degradar de nuevo a España.

Un prestigioso grupo de investigación en sistemas sanitarios ( Reynolds, Lister, Soctt-Samuel y McKee, de la London School of Hygiene &Tropical Medicine y de las universidades de Coventry y Liverpool), publicó el año pasado un interesante trabajo sobre el proceso de reforma en Reino Unido (Liberating NHS:source and destination of the Lansley reform). En este describen en detalle la estrategia de erosión de los sistemas sanitarios públicos desde los centros de pensamiento conservadores. Uno de sus miembros más influyentes, Oliver Letwin, actual miembro del gobierno británico de Cameron, escribió en 1988 un libro de elocuente título: Privatizar el mundo: teoría y práctica de la privatización internacional, que incluía incluso una guía de 10 páginas para “privatizar bienes públicos en contra de los intereses del electorado”. Entre sus recomendaciones se incluye expresamente utilizar la táctica de la “desinformación”, practicada a través de la justificación de la necesidad de establecer reformas y recortes como medio imprescindible para mejorar los elevados costes del sistema y los deficientes resultados del mismo. Argumentos sin fundamento científico, pero profusamente utilizados (también en España).

Los citados investigadores británicos definían la reforma de Cameron como el tránsito de un modelo financiado por impuestos y basado en los principios de solidaridad (entre ricos y pobres, jóvenes y viejos) hacia un modelo de influencia americana de aseguramiento individual, con acceso a la atención en función de las condiciones del aseguramiento, una hoja de ruta muy similar a la que parece establecer el Real Decreto Ley español. Otro brillante médico general británico, Julian Tudor Hart escribía hace unos años: Lla comercialización de los servicios públicos es un proceso de carácter mundial”. Parece que también a nosotros nos llegó la hora.

Sergio Minué Lorenzo y José Francisco García Gutiérrez son profesores de la Escuela Andaluza de Salud Pública

Fuente: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/30/actualidad/1335787538_138258.html

Las plagas que viajan en las aguas de lastre de los barcos tienen los días contados

Medusa. (ARCHIVO)

• El cólera, el mejillón cebra, las medusas peineta y las algas tóxicas van de puerto en puerto con los barcos.
• La OMI estudia una regulación para que sea aplicada antes de 2016.
• Se utilizarán rayos ultravioletas para desinfectar el agua antes de ser descargada.
• 15.000 barcos construidos antes de 2009 tendrán que adaptarse a la normativa.

EFE. 29.04.2012

El ir y venir por un mar sin fronteras de plagas como el cólera, el mejillón cebra, las medusas peineta o las algas tóxicas tiene sus días contados. Se pretende acabar con ellas controlando y desinfectando las aguas de lastre que los barcos recogen y vierten indiscriminadamente de puerto en puerto sin control aduanero ni fitosanitario.

La Organización Marítima Internacional (OMI) estudia actualmente la regulación por convenio de un nuevo sistema de gestión de esos vertidos que deberán tomar en cuenta sus 170 países miembros antes de 2016. El objetivo es"desinfectar" el agua arrastrada por grandes buques comerciales, turísticos e industriales para equilibrar su peso en travesía, "ozonizándola" y tratándola con rayos ultravioleta antes de que sea descargada.

Se calcula que el mejillón cebra ha causado daños en EE UU por mil millones de dólares

El método se utiliza con éxito en circuitos de acuicultura y piscifactorías y en plantas de aguas residuales. Así lo explicó el director general del fondo de inversión Blue Orange, Adrien Henri, que apuesta por el proyecto.

La idea, dijo, "fue como sumar dos más dos". Se identificó el problema —la contaminación del agua por agentes invasores, similares a los patógenos de las aguas vertidas— para el que ya había solución. El único obstáculo fue elaborar el acuerdo de colaboración entre los dos socios europeos que desarrollan el proyecto, la francesa Suez Environnement, con mas de 70 años de experiencia en tratamiento de aguas, a través de su filial Degremont, y Redox Maritime Technologies, empresa noruega que encabeza la gestión de limpieza de buques vivero con garantías de seguridad biológica. Se tardó casi un año y medio.

Un filtro para "desinfectar"

Los prototipos del filtro, una especie de tanque o caja que podrá adaptarse a cualquier embarcación, aseguró Henri por teléfono desde París, se fabrican actualmente en Noruega, tanto en plataformas costeras controladas como en grandes embarcaciones.

El proceso de desinfección pondrá freno, ya sea neutralizándolas o directamente eliminándolas, a las especies marinas, algunas microscópicas, que invaden ecosistemas a los que de forma natural nunca habrían llegado.

Henri recordó el conocido caso del mejillón cebra, que desde el mar Negro, en Europa oriental, ha conseguido cruzar el Atlántico y sólo en Estados Unidos se calcula que ha causado daños por mil millones de dólares, entre programas de erradicación y sus efectos sobre especies comerciales autóctonas.

La certificación está pendiente de la OMI, organismo de las Naciones Unidas para la prevención de la contaminación del medio marino por buques e instalaciones portuarias. Como el proceso aún no se comercializa ha frenado la divulgación masiva del sistema, para el que se espera "luz verde" a lo largo de este año.

El nuevo sistema utiliza métodos menos agresivos que el tratamiento químico o la oxigenación

El Convenio Internacional para el control y Gestión de Aguas de Lastre ofrece métodos menos agresivos que los que se utilizan actualmente, como el tratamiento químico o la oxigenación, que atenta contra el ph marino.

El convenio señala que todos los barcos construidos antes de 2009 tendrán que proveerse de un sistema certificado de tratamiento de aguas de lastre (BWT, por sus siglas en inglés), como el que ahora proponen Suez y Redox.

Otras empresas, como la canadiense Trojan Marinex, desarrollan también sistemas similares y compiten por la certificación de la OMI, que no recomendará ningún sistema concreto, sino que avalará los que le parezcan apropiados a sus indicaciones de protección medioambiental. Se estima que unos 15.000 buques tendrán que ajustarse a la normativa

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/1408505/0/plagas/aguas-lastre/prohibicion/

Documental Zona de Sombra (resumen)

by antenes

Breve resumen de las opiniones científicas más importantes sobre la contaminación electromagnética que generan las antenas de telefonía móvil.

Represión Antidemocrática

Artículo publicado en El Plural, por Vicenç Navarro. 30 de abril de 2012.

Este artículo critica las propuestas realizadas por el Ministro de Interior del Gobierno Español y el Conseller de interior del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de criminalizar los actos de resistencia pasiva, incluidas las sentadas, señalando que tales medidas estimularán la violencia que en teoría quieren prevenir. En realidad, tales medidas lo que intentan es debilitar e incluso eliminar los movimientos de protesta hacia las políticas públicas que están imponiendo a la población, sin tener un mandato popular para llevarlas a cabo.

Una de las características de la escasa conciencia democrática de las instituciones llamadas representativas en España es la manera como responden a la legítima protesta y agitación social que está ocurriendo frente a las políticas sumamente impopulares impuestas a la población y, muy en especial, a las clases populares. Y digo impuestas, porque ninguna de las políticas llevadas a cabo por los partidos gobernantes en España (y en Catalunya) que están generando tales protestas estuvieron en sus programas electorales.

Un tanto semejante ocurrió durante el gobierno Zapatero anterior, aunque éste no recurrió a la represión que están ahora desarrollando los gobiernos PP y CiU en España (y Catalunya). Según las últimas noticias, el gobierno del Partido Popular está preparando una propuesta legislativa considerando como delito cualquier forma de resistencia, incluyendo la pasiva, tal como una sentada. Estas medidas están orientadas a atemorizar a los colectivos, sean éstos el naciente movimiento 15-M, sea el movimiento sindical, sean los movimientos de protesta frente a los desahucios, o sean lo que fuera, que critican y denuncian las medidas impopulares. Tales delitos serán castigados con penas largas de prisión. Tales medidas son antidemocráticas y reflejan el tic autoritario y represivo de las derechas españolas (y catalanas) herederas del régimen dictatorial anterior en el que era práctica común este tipo de represión.

En realidad, la resistencia pasiva es un comportamiento democrático que ha hecho progresar la propia democracia. Cuando la anciana negra, Rosa Parks, se resistió en EEUU a moverse y desplazarse al asiento posterior del autobús, en un Estado del sur segregacionista, inició un proceso de resistencia pasiva que cambió, para mejor, la calidad de la democracia estadounidense, estableciéndose así el movimiento de los derechos civiles, liderado por Martin Luther King, hoy considerado un héroe nacional en aquel país. Tal movimiento estaba basado en la resistencia pasiva y en la desobediencia civil. Su coherencia, su ejemplaridad, la razón de su causa y su comportamiento no violento, jugaron un papel determinante en conquistar la simpatía y el apoyo popular, forzando así una respuesta y un cambio de enormes proporciones. Y hoy continúan en EEUU, casi en bases diarias, gran número de movilizaciones, basadas en resistencia pasiva, para defender causas que merecen una protesta a instituciones, leyes o comportamientos antidemocráticos que son rechazados por las clases populares. Uno de los últimos casos es el movimiento de los sindicatos, apoyados por amplios sectores de las clases populares que rodearon el Parlamento del Estado de Wisconsin para protestar las leyes del gobernador Scott Walker, perteneciente al Tea Party que, en sus medidas represivas antagonizó a la gran mayoría de la ciudadanía de aquel Estado, hasta tal punto que en un referéndum se está pidiendo la dimisión de tal gobernador. Todos estos movimientos son comportamientos democráticos y parte del proceso de participación popular.

Ni que decir tiene que la ultraderecha estadounidense que controla el Partido Republicano –el Tea Party- quiere criminalizar estos actos, como también ocurre en España. Pero lo que en realidad se intenta con estas prohibiciones es estimular la violencia que desacredite a tales movimientos. La prohibición y criminalización de actos de resistencia pasiva, como sentadas, deja como única alternativa la resistencia activa, lo cual es lo que se intenta al prohibir la resistencia pasiva. Los movimientos de protesta, sin embargo, no deben caer en esta trampa. La violencia es profundamente reaccionaria en este contexto, pues rompe la simpatía popular hacia los movimientos de protesta, como el 15-M. Es la mejor manera de desacreditar el movimiento de protesta. En cualquier movimiento de protesta, ésta gana si cuenta con la simpatía primero, y con el apoyo y complicidad después, de la mayoría de la ciudadanía, hecho que está ocurriendo en España, y del que las derechas son plenamente conscientes, pues lo que desean antes que nada es desacreditar tal movimiento, y para conseguirlo llegarán a extremos que recordarán la dictadura, que también criminalizó tales actos.

Frente a este ataque a los derechos civiles, existe la necesidad, por mera salud democrática, de movilizarse. Muestra de la enorme incoherencia (algunos la llamarán, con razón, hipocresía) de los llamados liberales en España (que se autodefinen como los grandes defensores de los derechos individuales), es que están ahora callados frente a la enorme violación de los derechos civiles de los ciudadanos que representan las propuestas del Ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, y del Conseller de Interior responsable de la policía autonómica catalana, Felip Puig.

Ahora bien, toda la experiencia histórica muestra que fracasarán. Su intento de represión no es la supuesta violencia de los manifestantes, sino las ideas y causas que éstos representan. Indicador de ello es que su propio lenguaje, que define a sus adversarios (“enemigos”) como “anti-sistema” (considerándose a sí mismos como los defensores del sistema democrático) ignora que es el establishment (al cual sirven el Ministro Fernández Díaz y el Conseller Puig) el que está mostrando claramente que no se adhiere a las reglas democráticas, pues impone políticas que no estaban en sus programas electorales. En realidad, son tales manifestantes (paradójicamente llamados anti-sistema) los que están defendiendo a la democracia. Si el intento del establishment fuera el de controlar la violencia, utilizarían, al menos, el término “anti-violentos”.  En lugar de ello, hablan de los elementos “anti-sistema” como el enemigo a eliminar. Es un indicador más de su nula conciencia democrática. Hoy, en una situación económica y social intolerable, el ciudadano que no está indignado es que es parte del problema y no de la solución. Y el que no está en la calles es que no tiene conciencia democrática.

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Fuente: http://www.vnavarro.org/?p=7218

Una investigación detecta fármacos en las aguas depuradas

Un equipo de la ULPGC dice que la contaminación es baja y no peligrosa

Instalaciones de la depurada de Barranco Seco, en 

Las Palmas deGran Canaria. i LP/DLP 

T.G. Un equipo de investigadores del Departamento de Química de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han detectado la presencia de restos de fármacos en el agua depurada de la isla de Gran Canaria. La investigación, que se inició en 2010, trata de averiguar las concentraciones en el agua depurada de componentes químicos como la paraxantina, sustancia presente en la cafeína y en otros estimulantes del sistema nervioso central; medicamentos betabloqueantes que se usan para las enfermedades cardiacas; antibióticos y nicotina.

Zoraida Sosa Ferrera, investigadora principal de este estudio, señaló ayer que "la contaminación por componentes farmacéuticos es muy baja y no constituye ningún peligro" para la fauna marina, a donde va a parar las aguas negras, una vez depuradas, salvo la que se utiliza para riego.

Sosa Ferrera explicó que la nicotina y la paraxantina son las sustancias más abundantes en el agua depurada, pero destacó que los restos de fármacos se encuentran en "concentraciones muy bajas", de microgramos por litro. El estudio, que está dirigido por José Juan Santana Rodríguez y en el que colabora Cristina Afonso, ha sido encargado por el Gobierno canario, con el objetivo de averiguar la presencia de restos de fármacos en el agua depurada, de cara a su reutilización en la agricultura, ya que las depuradoras no los eliminan totalmente.

Sosa explicó que la Unión Europea se está planteando establecer límites en las concentraciones de estos contaminantes emergentes en el agua depurada. "Hoy por hoy no hay nada legislado en torno a los restos de medicamentos, pero la presencia de compuestos farmacéuticos en las aguas residuales produce cambios sutiles en algunos peces y caracoles en concentraciones altas. Ya hay artículos científicos que hablan de los efectos de los fármacos en algunas especies menos desarrolladas". En Gran Canaria no existe tal problema, destacó Sosa, porque las concentraciones son muy bajas y "no constituyen ningún riesgo para nadie".

Fuente: http://www.laprovincia.es/las-palmas/2012/04/24/investigacion-detecta-farmacos-aguas-depuradas/453149.html