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lunes, 5 de octubre de 2015

La Unión Europea rechaza el cultivo de los alimentos transgénicos

Por Redacción el 03 de octubre de 2015
Cultivos transgénicos. / FAO  
Las superficies plantadas con transgénicos se sitúan principalmente en Estados Unidos (63%), Argentina (21%), Canadá (6%), China (4%), Brasil (4%) y Sudáfrica (1%).

¿Son los alimentos transgénicos dañinos para la salud? No hay una respuesta definitiva con respecto a esto. Lo que sí hay es una posición clara desde la Comisión Europea la cual ha fallado el rechazo a los cultivos transgénicos en la UE bajo la nueva legislación comunitaria.

En el resto del mundo, las superficies plantadas con transgénicos se sitúan principalmente en Estados Unidos (63%), Argentina (21%), Canadá (6%), China (4%), Brasil (4%) y Sudáfrica (1%).

Los alimentos transgénicos, aquellos modificados genéticamente, que más priman en Europa son el maíz y la soja. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), “en los países en los que se han introducido cultivos transgénicos en los campos no han observado daños notables para la salud o el medio ambiente. (…)Sin embargo, que no se hayan observado efectos negativos no significa que no puedan suceder.”

El amplio consenso es que los efectos medioambientales de las plantas transgénicas deberían ser evaluados a través de procedimientos de evaluación de base científica, analizando cada cultivo individualmente a través de una comparación con sus homólogos convencionales.

Está incertidumbre sobre los beneficios o peligros de los alimentos transgénicos se extienden a la salud humana. Hay quienes apuntan a que estos alimentos pueden mejorar la calidad nutricional, pero no hay estudios definitivos. De hecho, hasta el momento, once países de la UE (Austria, Croacia, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Polonia, Alemania y Chipre) y cuatro administraciones regionales (Valonia, Bélgica y Escocia, Gales e Irlanda del Norte, en el Reino Unido) han notificado formalmente a la Comisión su intención de prohibir los cultivos transgénicos bajo las nuevas normas de la UE.

Según Greenpeace, España es el único Estado miembro que permite el cultivo de transgénicos a una escala importante (unas 132.000 ha 2014 según las estimaciones del MAGRAMA y unas 83.000 ha según la información de las CCAA) lo que le aleja cada vez más de la tendencia dominante en la UE en esta materia. Sin embargo, comunidades autónomas como el País Vasco, Asturias, Islas Canarias, Islas Baleares y Galicia aprobaron en el pasado resoluciones para prohibir el cultivo de transgénicos y otras, como Cantabria y Castilla y León (la primera productora de maíz de España), siguen sin sembrar este tipo de maíz.

Para los agricultores, uno de los efectos positivos de cultivar este tipo de semillas transgénicas es que son más resistentes, lo que les permitiría una mejor producción. Además, el uso de pesticidas también se reduje con las semillas modificadas.

Matias Llorente, secretario general de Ugal-Upa, declaró a leonnoticia.com que "Estados Unidos produce toda la carne con combluterol y antibióticos prohibidos en Europa. Entrarán a un coste más inferior. Y luego después todos los productos que tienen maíz, cereales y transgénicos, que están prohibidos en nuestro país. Estamos haciendo un convenio de mercado con Estados Unidos para que esto pueda llegar libremente a nuestros puertos en los próximos años. ¿A qué jugamos?".

Según información publicada en el periódico The New York Times, más del 90% del maíz, la soja y el algodón cultivados en Estados Unidos son modificados genéticamente a través de procesos biotecnológicos.

Mientras tanto, desde Greenpeace, abogan por la prohibición de cultivos transgénicos en España pero aún no se habla de la llegada de estos productos del extranjero. “De cara a las próximas elecciones generales, animamos también a que los partidos políticos incluyan la prohibición de cultivos transgénicos y una apuesta decidida por la agricultura ecológica en sus programas electorales”, ha declarado Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace España.

miércoles, 5 de noviembre de 2014

¿Comer sano es de ricos?

Comer sano es buenísimo para la salud, pero hace daño al bolsillo. El pasado octubre, un estudio del Centro para la Investigación de la Dieta y la Actividad (CEDAR) de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) reveló que la diferencia de precio entre los alimentos considerados saludables y los que no lo son es cada vez mayor. Los responsables de este estudio tomaron como muestra 1.000 calorías procedentes de varios lotes de alimentos saludables (salmón, latas de atún, leche semidesnatada, tomates, yogures) y los compararon, calculadora en mano, con 1.000 calorías de comida poco saludable (pizza congelada, beicon, refrescos de cola, donuts, helados). El primer lote costaba de media 9,53 euros, mientras que el segundo se podía adquirir por solo 3,18. O lo que es lo mismo, una diferencia de 6,35 euros; diez años antes, esta era solo de 4,94 euros.

Ese creciente margen ha provocado que, en tiempos de crisis, aumente el consumo de alimentos económicos (que con frecuencia son los menos saludables). Esther Vivas, profesora del Máster de Agricultura Ecológica de la Universidad de Barcelona, coautora del informe Impacto de la crisis en el derecho a una alimentación sana,publicado por la revista científica de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) Gaceta Sanitaria el pasado junio, y artífice del libro El negocio de la comida, que se publica este mes, confirma que esto es así y lo expresa de forma categórica: “Hay una cuestión de clase social que determina la alimentación. Hay comida para ricos y comida para pobres”.

En su informe para SESPAS, que Esther Vivas firma con el profesor de Sociología Josep María Antentas, confiesa que era una situación previsible. “Los estudios sobre la crisis económica asiática a finales de la década de 1990 muestran que las familias reducen primero el gasto en los alimentos más caros, como los de origen animal, la fruta y la verdura”, expone.

¿A qué es debida esta asincronía en los precios? Esther Vivas apunta a que las instituciones, a la hora de destinar sus ayudas, inclinan la balanza del lado de las grandes empresas que producen alimentos de forma industrial, propiciando que el precio de estos pueda mantenerse bajo. “Los vínculos entre la administración pública y las grandes empresas privadas son muy estrechos: lo estamos viendo con el sistema bancario o las constructoras. También en agricultura y alimentación”, asegura Vivas. “Las ayudas a la agricultura benefician a los grandes empresarios y no al pequeño campesino, y mucho menos a la agricultura ecológica”.

El estudio de la Universidad de Cambridge no entra en las posibles causas de esta tendencia en los precios, pero sí recuerda que la política agrícola del gobierno del Reino Unido ha venido subvencionando la producción de lácteos, granos, aceites y azúcar, lo que ha provocado una notable reducción en el consumo de otros productos sin subsidios, como frutas y verduras.

A finales de 2013, otro estudio similar realizado por investigadores de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) señaló como posible causa la influencia de décadas de políticas agrícolas que han favorecido la producción y venta de productos alimenticios altamente procesados para obtener la máxima rentabilidad. Ese mismo informe sugería que subvencionar los alimentos sanos y gravar los poco saludables sería una buena forma de corregir el desequilibrio en los precios y empujar a la gente hacia una dieta más saludable.

Muchos de los alimentos más sanos proceden de la pequeña agricultura o ganadería, sujetas a unos costes elevados. “La producción de alimentos en el campo es menor, porque se tiende a no forzar la naturaleza. Cada tierra vale para una cosa. No se utilizan fertilizantes ni herbicidas”, explica Ana Isabel López, técnico agrario y socia de Ecogermen, una cooperativa creada por consumidores de Valladolid que se unieron para comprar comida de calidad directamente a los productores.

Una cuestión de educación

Los expertos detectan también un problema de educación: estamos “programados” para preferir la comida menos saludable. “No nos enseñan a comer bien”, sostiene Esther Vivas. “La sociedad promueve la comida barata y rápida y esto impacta en capas sociales con menos recursos e inquietudes. De hecho, las comunidades autónomas con mayores índices de paro concentran las cifras más altas de población con exceso de peso”.

"Creemos que decidimos lo que comemos, pero en realidad comemos lo que nos dicen. Entre un 25 % y un 55 % de lo que compramos en el supermercado tiene un carácter impulsivo, viene determinado por impactos y marcado por lo que hemos visto anunciado en la televisión”, dice Vivas.

Las administraciones públicas tienen capacidad para solucionarlo, pero según la especialista se quedan en la teoría. “Se elaboran programas basados en consejos y pautas pero fallan cuando se trata de poner los medios para que se lleven a la práctica”. Y pone como ejemplo los comedores escolares. “En vez de promover en ellos la alimentación saludable se conciertan acuerdos con empresas de catering que elaboran sus menús con alimentos que en muchos casos dejan bastante que desear, como por ejemplo, los congelados”.

Ana Isabel López, de Ecogermen, coindice: “Nos han enseñado que hay una sola forma de consumir. Y existen otras que a veces no son más caras, pero sí requieren un esfuerzo por nuestra parte”.

Su salud se lo agradecerá

Cuando comer sano implique rascarse la billetera, conviene pensar que estamos invirtiendo en salud, Una consecuencia evidente del hecho de que los alimentos más sanos sean inaccesibles para un amplio sector de la población es que genera desigualdad social en el ámbito de la nutrición, así como un aumento de enfermedades derivadas de la alimentación y, a su vez, del gasto público para curarlas. “Vivimos en un mundo de obesos y famélicos”, subraya Esther Vivas. “Hay tanta gente en el planeta con sobrepeso como con problemas de desnutrición”.

Conseguir alimentos saludables a un precio razonable es posible, aunque no tan fácil como hacerlo en el súper de la esquina: es a eso a lo que se refiere Ana Isabel López cuando dice que requiere “un pequeño esfuerzo”. Hay que investigar y, a veces, organizarse. Un modo de hacerlo es a través de una cooperativa de consumidores. Al ser comida adquirida directamente al productor, los costes se abaratan. Por ejemplo, en Ecogermen, un kilo de coliflor cuesta 1,70 euros, y de calabacines, 2,30.  Eso sí: hay que desplazarse hasta su tienda de Valladolid o a la ciudad donde la cooperativa tenga su sede. Si quiere primar el criterio de la cercanía, otra opción es la de los grupos de consumo, vecinos que se unen en la búsqueda de productos locales, ecológicos y de temporada. Algunos surgieron del impulso del movimiento 15-M. Descartan hacer la compra en supermercados y grandes superficies y contactan directamente con los productores. En ocasiones, adquieren un terreno y lo explotan ellos mismos. Solo en Madrid capital se han fundado cerca de cincuenta grupos de consumo; más de treinta, entre grupos y cooperativas, en Barcelona. Y siempre será de gran ayuda entender la etiqueta de todos los productos que adquiera. Porque comer saludable no es un capricho, sino un pilar imprescindible para el bienestar humano.

miércoles, 24 de septiembre de 2014

España reconoce oficialmente la enfermedad de las "personas burbuja"

No “existía” administrativamente lo que suponía “una situación de completa indefensión” para sus enfermos. La incorporación al sistema sanitario se ha realizado conforme a las directrices autorizadas por la OMS y que otros países ya habían adoptado para esta enfermedad.

DEIA - Miércoles, 24 de Septiembre de 2014 - Actualizado a las 14:16h.

MADRID. España ha reconocido oficialmente la sensibilidad química múltiple (SQM) al incorporarla a su Clasificación Internacional de Enfermedades o CIE (el sistema con el que la Sanidad clasifica y codifica sus diagnósticos). Esta es la fórmula autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que un gobierno —bajo ciertas pautas— pueda oficializar las dolencias de sus ciudadanos que ella aún no ha catalogado a nivel internacional.

De esta forma España se suma a la lista de países que reconocen la SQM como Alemania (2000), Austria (2001), Japón (2009), Suiza (2010) o Dinamarca (2012).

El proceso se ha llevado a cabo a través de una Proposición no de Ley (PNL) presentada por la diputada María del Carmen Quintanilla del Partido Popular; tras una petición que le hizo llegar el Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental (Fodesam), con la colaboración del Servicio de Información sobre Sensibilidad Química Múltiple y Salud Ambiental (SISS).

Un reconocimiento largamente esperado

El reconocimiento era una antigua reivindicación del creciente número de afectados por esta enfermedad, que arrastran un calvario cotidiano porque “muchos de los productos químicos comunes en la vida diaria les pueden causar reacciones como dificultades para respirar, palpitaciones, vómitos, irritaciones en la piel o dolores de cabeza recurrentes —apunta la diputada popular—. Por ello, la SQM cambia la vida de quienes la padecen y los obliga, en muchos casos, a vivir con innumerables medidas de prevención para no entrar en contacto, ni en el aire, con esos productos”. Así, salir a la calle o entrar a una tienda pueden ser, para estas personas, tarea prácticamente imposible.

A este padecimiento se le añade el del inadecuado trato que muchos de estos enfermos reciben por parte del sistema sanitario, situación que se espera que el reconocimiento de la enfermedad ayude a cambiar progresivamente.

Pero si algo representa la inclusión de la SQM en la CIE, es lo más elemental para un enfermo: que se reconoce su existencia sanitario-legal. Porque lo que no aparece en la CIE queda en un "limbo" administrativo, que para los pacientes de SQM implica “una situación de completa indefensión —como admite la iniciativa en su exposición de motivos—, puesto que más allá de sufrir sus dolorosos efectos, no pueden recibir por parte de los sistemas públicos de salud la atención que merecen”.

Por ello, la PNL señala que su finalidad es “dar un reconocimiento a esta enfermedad física asociada a la exposición a sustancias químicas tóxicas y facilitar de este modo el manejo clínico y jurídico de la misma” para permitir a sus afectados “disfrutar de los derechos básicos en materia de salud, asistencia y demás derechos derivados reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por las Cartas Magnas de todos los países democráticos”.

"Es una cuestión de justicia —expone la diputada popular—. La mejor solución en estos momentos para que puedan salir de la situación de indefensión en la que se encuentran hasta ahora".

Un tremendo calvario

“La situación de estas personas es muy difícil —destaca Carlos de Prada, presidente del Fodesam—. Como ha señalado María del Carmen Quintanilla, su intolerancia a sustancias sintéticas frecuentemente empleadas en la sociedad actual, aún a niveles bajos aparentemente ‘aceptables’ para otras personas les dificulta extraordinariamente su vida cotidiana porque los obliga con frecuencia a vivir confinados en su hogar, casi como ‘personas burbuja’; y a ponerse mascarilla las escasas veces que salen a la calle, en medio de la incomprensión general”.

La SQM afecta al sistema nervioso central, pero también puede provocar disfunciones en otros sistemas como el respiratorio, el gastrointestinal o el cardíaco. Se trata de una “enfermedad emergente” de “naturaleza” crónica y “tóxico ambiental” que —como indica la PNL— provoca una “respuesta fisiológica frente a multitud de agentes y compuestos químicos” que pueden encontrarse en ambientadores, colonias, productos de aseo personal, de limpieza, comida, agua del grifo, ropa, cosmética, tabaco… Por todo ello, aunque como en otras enfermedades la SQM tenga grados y sus síntomas varíen según los parámetros de salud y entorno “químico” del enfermo, es un problema de difícil manejo, que además “limita de forma muy notable la calidad de vida”, observa la PNL.

“El Parlamento Europeo la incluye dentro del número creciente de enfermedades vinculadas a factores medioambientales”, resalta la PNL. “No en vano —advierte María José Moya, responsable del SISS y enferma grave de SQM—, vivimos en una sobreabundancia diaria de sustancias sintéticas, cada una con un nivel distinto de certeza o incertidumbre sobre sus efectos en la salud, tanto de forma individual como en sinergia entre ellas. Que apareciera algo como la SQM era cuestión de tiempo”.

miércoles, 14 de agosto de 2013

Arias Cañete no publicará el registro de transgénicos en España para evitar "vandalismo" contra las fincas

EUROPA PRESS  |  Publicado: 14/08/2013
El Gobierno no publicará el registro de fincas en España con cultivos transgénicos. Pese a ser el país con más siembras transgénicas de la Unión Europea, no existe registro público sobre la ubicación de estos cultivos.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha admitido que no se baraja hacer pública esta información sobre organismos genéticamente modificados para evitar, "teniendo en cuenta las trayectorias de algunas organizaciones, los actos, a veces vandálicos que realizan".

Arias Cañete opina que este es el principal problema de la accesibilidad de terceros a los datos de este registro y ha asegurado que el Gobierno y las comunidades autónomas conoce dónde están las plantaciones, las autorizaciones y los cultivos.

En este sentido, ha dicho que lo que está pidiendo a la Comisión Europea, es que establezca una política clara de aprobación de transgénicos y unas reglas claras de elaboración de los planes de coexistencia de distancia entre cultivos. "En esta polémica de los transgénicos a veces se quiere utilizar la información, no para nada positivo, que el Código penal no considera lícitas", ha insistido.

El ministro ha manifestado que no le preocupa la existencia de los cultivos transgénicos, sino que existan planes de coexistencia adecuados de cultivos, que se cumplan las normas de distancias correspondientes. Además, ha afirmado que no plantean problema para los agricultores vecinos porque cuando se cultiva un transgénico, existen unas zonas de protección de coexistencia. "En todo el mundo hay cultivos transgénicos y no pasa nada", ha manifestado.

ADEMÁS

España se consolida como "paraíso transgénico" en Europa

Este año se han cultivado 138.543 hectáreas, lo que representa un aumento del 19% respecto a 2012. Somos el único país de la Unión Europea en el que existen cultivos transgénicos a gran escala, pese a la retirada de grandes empresas biotecnológicas por falta de mercado para sus productos y por el aumento del rechazo social

Carlos de Prada, Madrid. 08/08/2013
España, paraíso transgénico. (Imagen de Greenpeace)
España es famosa desde hace mucho por ser el único país de la UE en el que existen cultivos transgénicos a gran escala. Y, a pesar de las crecientes incertidumbres sobre este tipo de agricultura y el rechazo de una buena parte de la opinión pública, los datos ahora conocidos indican que, lejos de rectificar, se insiste. Según los datos provisionales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) que ha hecho públicos Greenpeace, en España se han cultivado 138.543 hectáreas de cultivos transgénicos en 2013, lo que representa casi un 20% de incremento sobre lo cultivado en 2012.

Para Luis Ferreirim, responsable de la campaña de transgénicos de Greenpeace en España, es algo inexplicable que "aunque cada vez sean más los países europeos que adoptan medidas contra los transgénicos, en España, al contrario, se vea que sigue aumentando la superficie cultivada y ello a pesar de que las propias empresas biotecnológicas implicadas como BASF o Monsanto se estén retirando de Europa por falta de mercado para sus productos y por el aumento del rechazo social".

En cualquier caso, Greenpeace critica la falta de transparencia existente. No se tienen datos concretos fiables acerca de cuántos cultivos hay ni en qué lugares están emplazados. Los propios datos conocidos ahora se basarían en estimaciones del Ministerio hechos a partir de las cifras de ventas de semillas de maiz transgénico que habría suministrado la propia industria.

Uno de los argumentos que han venido blandiendo los defensores de esta tecnología es la supuesta mayor productividad de este tipo de cultivos. Sin embargo, los datos en contra del mismo son cada vez más. Hace poco se publicaban nuevos estudios científicos que mostraban que la pretendida mayor productividad de los cultivos transgénicos frente a los convencionales es más que discutible, cosa que se veía al comparar los rendimientos de los cultvos transgénicos de Estados Unidos con los convencionales de Europa Occidental.

La multinacional Monsanto confirmaba recientemente que iba retirar la mayor parte de las solicitudes que había presentado para que se le aprobasen cultivos transgénicos en Europa ante el considerable rechazo que existe en este continente hacia este tipo de cultivos. Se quejaba de las trabas legales y de la falta de apoyo político. Ese retroceso de los transgénicos en el conjunto de Europa hace que resalte aún más vivamente el incremento de la superficie de cultivos transgénicos en España.

Según Greenpeace, cerca del 90% del maiz transgénico MON810 -que es el único que se sabe que se cultiva en Europa- se produce precisamente en España. ¿Por qué el Gobierno español, con un partido u otro en el poder, ha venido apoyando a las multinacionales en éste ámbito? ¿Por qué, por ejemplo, no ha prohibido este maiz transgénico, como han hecho otros países europeos y tal y como le piden diferentes organizaciones? ¿Por qué Spain is different en este asunto? ¿Que razón concreta está haciendo que nuestros políticos, de un color u otro, estén consintiendo que España sea el gran reducto europeo de los cultivos transgénicos a pesar del gran rechazo social existente? Es la gran pregunta para la cual no hay una respuesta satisfactoria.

Fuente: http://www.estrelladigital.es/espana/EspanamayorproductortransgenicosEuropamaiz_0_1445255875.html

domingo, 16 de diciembre de 2012

El Gobierno fuerza el cierre de ONU Mujeres en España

  • No es un recorte: la oficina no suponía coste alguno para el Estado.
  • Más de 70 países cuentan con una delegación de este organismo, que se dedica a promover políticas de igualdad y colaborar con la sociedad civil.
La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet. EFE
La oficina de ONU Mujeres, el organismo dedicado al impulso de la igualdad de género, cierra en España. Y no por falta de fondos, sino porque el Gobierno así lo quiere. Fuentes de las Naciones Unidas han confirmado a eldiario.es el cierre de su delegación en España "por invitación" del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Es infrecuente que un país 'invite' a marcharse a una agencia de la ONU sin que haya mediado conflicto alguno.

"El diálogo de este Gobierno con las agencias de la ONU no ha sido fácil por muchos motivos. Una vez que se pusieron en marcha las reuniones de alto nivel entre ONU Mujeres y el Gobierno, no ha habido un buen entendimiento", explican fuentes de las Naciones Unidas. En la oficina de ONU Mujeres en Madrid confirman el cierre pero prefieren no pronunciarse al respecto. El cierre se confirmó en una reunión rutinaria que tuvo lugar el pasado 6 de diciembre en Nueva York entre el secretario general de Cooperación, Gonzalo Robles, y una delegación de este organismo de las Naciones Unidas.

La oficina de ONU Mujeres en España, que se abrió hace cinco años, no suponía coste alguno para el Gobierno, ya que se encontraba dentro las instalaciones de la Oficina Mundial del Turismo y bajo su seguridad. La financiación de la oficina procedía de los fondos corrientes de ONU Mujeres -tal y como sucede en todas sus delegaciones- y el Ejecutivo únicamente ha contribuido económicamente en proyectos concretos. El Gobierno español sí ha sido durante años uno de los principales financiadores de ONU Mujeres, pero también de otras agencias de la ONU como la FAO o el PNUD.

En la oficina de Madrid trabajaban hasta ahora cinco personas. Su actividad pública ya ha terminado y el cierre formal se producirá a finales de año.

"Es una pena que España desproveche ahora la influencia internacional que ha conseguido en los temas de igualdad, va a tener un perfil más bajo en el sistema de Naciones Unidas", dicen fuentes de la ONU. La exministra de Igualdad, Bibiana Aído, trabaja como asesora de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet.

"En la actual coyuntura económica, el Gobierno de España ha revisado el acuerdo estratégico con ONU Mujeres y ha decidido que por ahora lo mejor para su colaboración con ONU Mujeres es comunicarse directamente con la sede en Nueva York. Por lo tanto ONU Mujeres está cerrando su oficina de enlace en Madrid, y espera seguir manteniendo una buena colaboración con España", dice la hasta ahora directora de ONU Mujeres en España, Rocío Rodríguez, en un mail de despedida al que ha tenido acceso eldiario.es

ONU Mujeres cuenta con 70 oficinas repartidas por todo el mundo. En el caso de España, su delegación nunca tuvo un acuerdo de sede, esto es, un reconocimiento diplomático similar al que se produce con las embajadas. Sí contaba con un acuerdo marco con el Reino de España.

jueves, 24 de mayo de 2012

Médicos del Mundo denuncia recortes Sanidad son sinsentido económico y social

24 de mayo de 2012

La organización humanitaria Médicos del Mundo (MdM) denunció hoy en Atenas que los recortes que los gobiernos europeos, en particular los de España y Grecia, están haciendo en la Sanidad pública no tienen "ningún sentido" desde el punto de vista económico.

Los recortes en la Sanidad pública tendrán "graves consecuencias para la salud individual y colectiva", advirtieron hoy varios representantes de esta organización no gubernamental (ONG) durante una rueda de prensa al comienzo de su convención anual, que se celebra en esta ocasión en la capital griega "por razones de solidaridad", dijeron.

"Las medidas tomadas tanto en Grecia como en España tienen graves consecuencias para la salud individual y colectiva, son injustas con los más pobres y no tienen ningún sentido desde el punto de vista económico: el coste del tratamiento tardío de las condiciones y complicaciones médicas supera largamente cualquier ahorro a corto plazo", explica la organización en un comunicado.

"En España la situación se está deteriorando a grandes pasos en los últimos meses", advirtió el presidente de MdM en España, Álvaro González.

En ese sentido, criticó duramente el Real Decreto aprobado recientemente por el Gobierno español en el que se prevén recortes del sistema público de Sanidad por valor de 7.000 millones de euros.

Especialmente lamentó la exclusión de los inmigrantes en situación irregular del sistema básico de Salud, lo que, según dijo, "rompe el concepto de universalidad de la salud" hasta ahora existente en España.

Además, explicó que estos recortes pueden generar "un problema de salud pública importante" puesto que hace que las medidas preventivas "pierdan su validez" y aumenta el riesgo de enfermedades contagiosas por la ausencia de diagnósticos previos.

Asimismo, González criticó la propuesta del Gobierno español de que la red de ONG se encargue de la salud de los más desfavorecidos, ya que ello supondría crear "estructuras sanitarias paralelas".

"Ni siquiera en África creamos estructuras paralelas, sino que apostamos por ayudar y reforzar a los sistemas de salud públicos, por lo que tiene aún menos sentido que lo hagamos en España", afirmó en declaraciones a Efe.

Grecia atraviesa una "crisis humanitaria", según el presidente de la organización en el país heleno, Nikitas Kanakis.

En los últimos años, la ONG ha abierto cuatro policlínicas en Grecia, en principio para atender al gran número de refugiados e inmigrantes que residen en el país, pero que han terminado sirviendo a la población local que ha perdido su derecho a la atención sanitaria pública por hallarse en paro o no poder afrontar una parte de los costos, impuestos desde el año pasado.

MdM atendió el pasado año a 30.000 personas en Grecia, el doble que en años anteriores, y calcula que en 2012 ascenderán a 40.000, el 40 % de los cuales son griegos.

"En el resto de Europa a quien no tiene dinero el Estado le ayuda con la atención sanitaria. En Grecia, a una mujer sin recursos siquiera para comprar la leche de su hijo, el Estado le hace pagar por los análisis del niño", explicó Kanakis citando un caso reciente que le ha tocado atender.

Especialmente grave consideró el hecho de los menores que pierden el derecho a la cobertura sanitaria cuando tampoco lo tienen sus padres y el de las mujeres embarazadas que paren sin ningún tipo de revisión previa por no poder costearse las visitas al médico.

Además, alertó sobre el aumento de enfermedades como la tuberculosis ya que, al quedar cada vez más gente fuera del sistema de Salud pública, no se puede realizar medicina preventiva.

"La salud no puede ser un beneficio sólo para los ricos", denunció Kanakis.

La ONG valoró positivamente el caso de Portugal donde se ha dado continuidad al sistema gratuito para las capas más vulnerables de la sociedad, incluidos los inmigrantes sin papeles, mientras se exige una contribución a las personas más ricas.

lunes, 30 de abril de 2012

Represión Antidemocrática

Artículo publicado en El Plural, por Vicenç Navarro. 30 de abril de 2012.

Este artículo critica las propuestas realizadas por el Ministro de Interior del Gobierno Español y el Conseller de interior del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de criminalizar los actos de resistencia pasiva, incluidas las sentadas, señalando que tales medidas estimularán la violencia que en teoría quieren prevenir. En realidad, tales medidas lo que intentan es debilitar e incluso eliminar los movimientos de protesta hacia las políticas públicas que están imponiendo a la población, sin tener un mandato popular para llevarlas a cabo.

Una de las características de la escasa conciencia democrática de las instituciones llamadas representativas en España es la manera como responden a la legítima protesta y agitación social que está ocurriendo frente a las políticas sumamente impopulares impuestas a la población y, muy en especial, a las clases populares. Y digo impuestas, porque ninguna de las políticas llevadas a cabo por los partidos gobernantes en España (y en Catalunya) que están generando tales protestas estuvieron en sus programas electorales.

Un tanto semejante ocurrió durante el gobierno Zapatero anterior, aunque éste no recurrió a la represión que están ahora desarrollando los gobiernos PP y CiU en España (y Catalunya). Según las últimas noticias, el gobierno del Partido Popular está preparando una propuesta legislativa considerando como delito cualquier forma de resistencia, incluyendo la pasiva, tal como una sentada. Estas medidas están orientadas a atemorizar a los colectivos, sean éstos el naciente movimiento 15-M, sea el movimiento sindical, sean los movimientos de protesta frente a los desahucios, o sean lo que fuera, que critican y denuncian las medidas impopulares. Tales delitos serán castigados con penas largas de prisión. Tales medidas son antidemocráticas y reflejan el tic autoritario y represivo de las derechas españolas (y catalanas) herederas del régimen dictatorial anterior en el que era práctica común este tipo de represión.

En realidad, la resistencia pasiva es un comportamiento democrático que ha hecho progresar la propia democracia. Cuando la anciana negra, Rosa Parks, se resistió en EEUU a moverse y desplazarse al asiento posterior del autobús, en un Estado del sur segregacionista, inició un proceso de resistencia pasiva que cambió, para mejor, la calidad de la democracia estadounidense, estableciéndose así el movimiento de los derechos civiles, liderado por Martin Luther King, hoy considerado un héroe nacional en aquel país. Tal movimiento estaba basado en la resistencia pasiva y en la desobediencia civil. Su coherencia, su ejemplaridad, la razón de su causa y su comportamiento no violento, jugaron un papel determinante en conquistar la simpatía y el apoyo popular, forzando así una respuesta y un cambio de enormes proporciones. Y hoy continúan en EEUU, casi en bases diarias, gran número de movilizaciones, basadas en resistencia pasiva, para defender causas que merecen una protesta a instituciones, leyes o comportamientos antidemocráticos que son rechazados por las clases populares. Uno de los últimos casos es el movimiento de los sindicatos, apoyados por amplios sectores de las clases populares que rodearon el Parlamento del Estado de Wisconsin para protestar las leyes del gobernador Scott Walker, perteneciente al Tea Party que, en sus medidas represivas antagonizó a la gran mayoría de la ciudadanía de aquel Estado, hasta tal punto que en un referéndum se está pidiendo la dimisión de tal gobernador. Todos estos movimientos son comportamientos democráticos y parte del proceso de participación popular.

Ni que decir tiene que la ultraderecha estadounidense que controla el Partido Republicano –el Tea Party- quiere criminalizar estos actos, como también ocurre en España. Pero lo que en realidad se intenta con estas prohibiciones es estimular la violencia que desacredite a tales movimientos. La prohibición y criminalización de actos de resistencia pasiva, como sentadas, deja como única alternativa la resistencia activa, lo cual es lo que se intenta al prohibir la resistencia pasiva. Los movimientos de protesta, sin embargo, no deben caer en esta trampa. La violencia es profundamente reaccionaria en este contexto, pues rompe la simpatía popular hacia los movimientos de protesta, como el 15-M. Es la mejor manera de desacreditar el movimiento de protesta. En cualquier movimiento de protesta, ésta gana si cuenta con la simpatía primero, y con el apoyo y complicidad después, de la mayoría de la ciudadanía, hecho que está ocurriendo en España, y del que las derechas son plenamente conscientes, pues lo que desean antes que nada es desacreditar tal movimiento, y para conseguirlo llegarán a extremos que recordarán la dictadura, que también criminalizó tales actos.

Frente a este ataque a los derechos civiles, existe la necesidad, por mera salud democrática, de movilizarse. Muestra de la enorme incoherencia (algunos la llamarán, con razón, hipocresía) de los llamados liberales en España (que se autodefinen como los grandes defensores de los derechos individuales), es que están ahora callados frente a la enorme violación de los derechos civiles de los ciudadanos que representan las propuestas del Ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, y del Conseller de Interior responsable de la policía autonómica catalana, Felip Puig.

Ahora bien, toda la experiencia histórica muestra que fracasarán. Su intento de represión no es la supuesta violencia de los manifestantes, sino las ideas y causas que éstos representan. Indicador de ello es que su propio lenguaje, que define a sus adversarios (“enemigos”) como “anti-sistema” (considerándose a sí mismos como los defensores del sistema democrático) ignora que es el establishment (al cual sirven el Ministro Fernández Díaz y el Conseller Puig) el que está mostrando claramente que no se adhiere a las reglas democráticas, pues impone políticas que no estaban en sus programas electorales. En realidad, son tales manifestantes (paradójicamente llamados anti-sistema) los que están defendiendo a la democracia. Si el intento del establishment fuera el de controlar la violencia, utilizarían, al menos, el término “anti-violentos”.  En lugar de ello, hablan de los elementos “anti-sistema” como el enemigo a eliminar. Es un indicador más de su nula conciencia democrática. Hoy, en una situación económica y social intolerable, el ciudadano que no está indignado es que es parte del problema y no de la solución. Y el que no está en la calles es que no tiene conciencia democrática.


martes, 17 de abril de 2012

El presupuesto del Gobierno Rajoy no es bueno para España


Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 16 de abril de 2012

Este artículo analiza los supuestos erróneos que guían el diseño del presupuesto propuesto por el gobierno Rajoy, y que dañarán extensamente tanto la eficiencia de la economía española como la calidad de vida de las clases populares de España.

Juan Torres, entre muchos otros economistas, ha señalado las enormes contradicciones existentes entre las promesas hechas por el Partido Popular, claramente descritas en su programa electoral y en los discursos del candidato Rajoy durante la campaña electoral, y las políticas llevadas a cabo por tal partido una vez en el gobierno. Tales contradicciones no pueden atribuirse a un error de cálculo, sino a una estrategia bien definida de realizar lo que estaban ya preparados para imponer a la ciudadanía española, ocultándolo con promesas que se han convertido en enormes falsedades. Nunca antes durante el periodo democrático, un gobierno había roto con mayor cinismo (y no hay otra manera de definirlo) las promesas realizadas durante la campaña electoral.

Este comportamiento ha alcanzado cotas hasta ahora desconocidas en la vida política de España durante el periodo democrático. La supeditación de la vida pública del país para satisfacer las necesidades partidistas del partido gobernante, ha llegado a niveles desproporcionados, que ha tenido un impacto opuesto al deseado. Retrasar, por ejemplo, la presentación del presupuesto para el día después de las elecciones andaluzas y asturianas, con el fin de ocultar las políticas sumamente impopulares, subestimó dramáticamente la inteligencia de la población española, y muy en especial de las clases populares, hecho que, aún siendo generalizado entre las élites políticas y mediáticas del país, alcanzó niveles democráticamente intolerables para un gobierno. Este retraso en facilitar la información tuvo predeciblemente el impacto opuesto al deseado por el manipulador gobierno Rajoy. La población andaluza y la asturiana se alarmaron al querer ocultárseles el presupuesto, pues muchos concluyeron que sería un presupuesto malo para sus intereses y eso afectó al comportamiento electoral de manera opuesta al deseado.

Tal retraso afectó también muy negativamente a la imagen del gobierno, perdiendo credibilidad internacional, causa, en gran parte, de que la prima de riesgo se disparara ocasionando un problema grave en el pago de la deuda pública española. Este periodo de silencio intentaba compensarlo Rajoy con declaraciones (que suponía, erróneamente, que podrían mantenerse confidenciales) a las élites de la Comisión Europea y del BCE, en las que afirmaba que el programa de reformas sería muy “agresivo” (término utilizado por el Ministro de Economía, el Sr. Luis de Guindos) en contra de los trabajadores, y que le “costaría una huelga general” (como indicó el presidente Rajoy). Estas declaraciones querían tranquilizar a sus superiores, diciéndoles que tuvieran confianza en él, que sería duro con las clases populares. Era el caso extremo de lo que Noam Chomsky llama la guerra de clases unilateral que se convirtió en bilateral a partir de la huelga general (ver su prólogo en el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, de Navarro V., Torres, J. y Garzón A.). El gobierno Rajoy es, sin duda, el más agresivo contra la España Social que haya existido en el periodo democrático y sus propuestas presupuestarias tendrán un impacto enormemente negativo para la gran mayoría de la población española.

Veamos los datos. El mensaje que el presupuesto del gobierno transmite es que el gobierno Rajoy quiere dar la imagen de que el mayor problema que tiene España es el elevado déficit público, y que para resolverlo hay que recortar dramáticamente el gasto público, incluyendo el gasto público social (que ya es el más bajo de la Unión Europea de los Quince, el grupo de países de la UE con un nivel de desarrollo económico semejante al de España). Estos recortes, además de desproporcionados, son indiscriminados, recortando incluso componentes del gasto esenciales tanto para estimular la economía como para resolver el enorme problema del desempleo, que es el mayor problema económico y social que tiene España. Recortar el gasto en infraestructura, I+D y educación, junto con el gasto en formación profesional, es suicida. Y empleo este término con todo rigor, pues tales medidas empeorarán dramáticamente las posibilidades de que la economía se recupere y con ello baje el déficit. La experiencia griega es el caso más claro del error de tales políticas. También muestra una enorme insensibilidad social, recortando gastos en sectores esenciales de ayuda a las familias españolas, como la sanidad y los servicios de dependencia, sobrecargando con ello a las familias (y en España, decir familia quiere decir mujer). Son unos presupuestos antisociales, anti-familias y anti-mujer. Sus medidas antisociales contribuirán al desempleo, pues destruyen empleo en los escasamente desarrollados servicios públicos del Estado del Bienestar (España tiene el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar más bajo de la UE-15). Es un presupuesto hostil al subdesarrollado Estado del Bienestar español, forzando a las Comunidades Autónomas (que gestionan la mayoría de los servicios públicos y transferencias del Estado del Bienestar) a unos recortes que no podrán absorber.

Pero la mayor incoherencia del presupuesto aparece en el capítulo de ingresos. Es bien conocido que hay tres maneras de reducir el déficit público. Una es estimulando la economía, creciendo económicamente, lo cual este presupuesto no conseguirá. Antes al contrario, este presupuesto aumentará más la recesión. La otra manera es reduciendo el gasto público, que es la vía escogida por este gobierno, medida que será contraproducente, pues al eliminar elementos estimuladores de la economía (consecuencia de la manera indiscriminada en que se han hecho tales recortes), la reducción del déficit será muy limitada (sin excluir su empeoramiento), como muestra claramente el caso griego. Y la tercera manera es aumentando los ingresos al Estado mediante aumento de los impuestos. Pues bien, en contra de lo que se ha publicado, este presupuesto recorta los impuestos en lugar de aumentarlos. Veamos. Las medidas impositivas del gobierno Rajoy se dividen en medidas estructurales, es decir, medidas que durarán muchos años, y medidas coyunturales, es decir, sólo por un par de años o poco más. Ni que decir tiene que las intervenciones más importantes para definir el déficit estructural son las intervenciones estructurales, no las coyunturales. Pues bien, el gobierno Rajoy ha disminuido los impuestos para las rentas superiores y medias, desgravando la compra de la vivienda, y ha bajado las deducciones fiscales por gastos financieros que favorece a las rentas superiores. Querer reducir el déficit estructural y a la vez bajar los impuestos estructurales es una contradicción y un enorme error.

La subida de impuestos del IRPF (que grava sobre todo a las rentas del trabajo) acentúa todavía más la dependencia de los ingresos del Estado de las rentas derivadas del trabajo, con el agravante de que el nivel formal de gravación para las rentas superiores es ficticio, resultado del impacto regresivo de las múltiples deducciones y artimañas legales que quedan permanentes. Y lo que alcanza niveles escandalosos es la política de corrección del fraude fiscal, pues favorece su permanencia y extensión, penalizando a los que no defraudaron a Hacienda y exigiendo tributaciones a los que defraudan muy por debajo de las exigidas al tributante promedio.

Es más, la mayoría del fraude fiscal (72%) en España, según los técnicos de Hacienda, procede de las grandes familias, así como de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y de la banca. A partir de estas medidas de “supuesta corrección del fraude fiscal”, tales grupos serán favorecidos para pagar menos impuestos de lo que pagan la mayoría de contribuyentes al fisco.

La evidencia acumulada es que el presupuesto del gobierno Rajoy es un medio para conseguir los objetivos políticos deseados, que consisten en debilitar al Estado del Bienestar y diluir la protección social. Los objetivos fiscales –la reducción del déficit- son imposibles de alcanzar con este presupuesto, pues la única manera de reducirlo es creciendo económicamente y creando empleo, incluso a base de hacer inversiones destinadas explícitamente a crear empleo, lo cual ni siquiera se considera en este presupuesto.

Una última observación. Soy consciente de que algunos lectores pueden considerar exagerada mi definición del presupuesto Rajoy como el más antisocial que haya existido en España durante la democracia. Invito a tales lectores a que miren los datos. Como bien mostró David Lizoain en su análisis “El disparate presupuestario español”, el gobierno Rajoy intenta reducir el déficit consolidado un 3,2% del PIB. Pero de estos recortes, el gobierno central sólo contribuye en la mitad. La otra mitad la tienen que realizar las CCAA (que como he indicado, son las que gestionan los servicios y gran parte de las transferencias del Estado del Bienestar), cuyo gasto es mayoritariamente social (un 60%). Sus exigencias a las CCAA sólo pueden atenderse con recortes sustanciales de tal gasto que, sin ninguna duda, originarán el debilitamiento del sector público, con el enriquecimiento del sector privado, y muy en particular de los bancos y de las compañías de seguros que han deseado el desmantelamiento del Estado del Bienestar desde años. Lo dijo con toda claridad el Presidente del Banco Central Europeo, el Sr. Mario Draghi, en una entrevista al Wall Street Journal (24.02.12) cuando indicó que el Estado del Bienestar europeo no era viable. Y puso como condición para comprar deuda pública española que se privatizara el Estado del Bienestar, lo cual el gobierno Rajoy está haciendo a pies juntillas. Así de claro.

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sábado, 14 de abril de 2012

¿Cambios en la socialdemocracia francesa y en la española?

abr 13

Artículo publicado por Vicenç Navarro, 13 de abril de 2012

Este artículo analiza la situación de la socialdemocracia francesa y española, comentando críticamente algunas de las posturas que han aparecido publicadas por autores cercanos o pertenecientes a la socialdemocracia española.

Parece que el descontento de la ciudadanía con los instrumentos políticos que históricamente han sido más receptivos a las demandas de las clases populares -tales como los partidos socialdemócratas- están teniendo un cierto impacto en algunos países, provocando la recuperación de parte del ideario político que se había abandonado cuando gobernaban. Uno de los protagonistas del cambio provocado por este descontento popular es el Partido Socialista Francés (PSF). Su candidato François Hollande había sido el candidato “moderado” durante las últimas primarias de tal partido. Su “moderación” había sido la causa de la aprobación y simpatía por parte del establishment mediático en Francia hacia su candidatura, un establishment temeroso de cualquier contagio radical del PSF por parte de las corrientes de izquierda de aquel partido y de fuera de él. Un elemento atractivo del candidato Hollande para tal establishment mediático había sido su abandono de políticas redistributivas. La redistribución no era un concepto con el cual tal político se hubiera encontrado cómodo. Hollande representaba con esta actitud un comportamiento bastante generalizado en gran número de partidos socialdemócratas europeos (ver mi artículo “El abandono de las políticas redistributivas por parte de las izquierdas gobernantes” en www.vnavarro.org, publicado en Sistema Digital. 06.01.12).

Como parte de este abandono, Hollande había indicado que estaba en contra de elevar sustancialmente los impuestos de los súper ricos, aduciendo los mismos argumentos que han utilizado los políticos conservadores y liberales (en realidad, neoliberales) para rechazar tales políticas fiscales. Hace sólo un año, Hollande afirmó, como ha indicado recientemente el ‘Financial Times’ (28.02.12), que estaba en contra de tales medidas “confiscatorias” (el término que utilizó), pues lo único que tales políticas conseguirían sería que los súper ricos se desplazaran a otros países, argumento que el lector habrá leído miles de veces en los medios (muy influenciados por los ricos). Hollande afirmó que quería que los súper ricos pagaran impuestos en Francia y sólo lo conseguiría evitando impuestos confiscatorios.

Pero, mira por donde, durante la campaña electoral Hollande ha cambiado de posición, e informa a todo el mundo, incluidas las clases populares, que gravará los ingresos de más de un millón de euros, con un 75% de tasa marginal. Ni que decir tiene que los súper ricos han puesto el grito en el cielo, como documenta muy bien el artículo de Hugh Carnegy en el ‘Financial Times’ (28.02.12) que he citado en el párrafo anterior. Este grito ha sido apoyado por el candidato conservador-neoliberal, Sarkozy, el cual ha subrayado que tal política fiscal afectaría negativamente al nuevo ídolo cinematográfico francés Jean Dujardin, reciente ganador del Oscar al mejor actor, insinuando que Francia perdería tal tipo de personalidades carismáticas de la cultura francesa si tales políticas fiscales “confiscatorias” tuvieran lugar, ahuyentando el talento y a los súper ricos de Francia. Parece que tal argumento no está teniendo ningún impacto en la población francesa. Según Carnegy, nada menos que entre el 61% y el 65% de franceses aprueban tal medida fiscal, supuestamente “confiscatoria”, lo cual explica que el candidato Hollande lo esté pidiendo ahora, en periodo electoral. Ahora bien, el problema que tiene Hollande es que la población francesa tiene memoria (y la campaña Sarkozy se lo recuerda citando las declaraciones de Hollande en contra de las medidas que ahora apoya). De ahí su grave problema de credibilidad. Ahí está el problema del Partido Socialista Francés y de gran número de los partidos socialdemócratas europeos. El cambio en los partidos socialdemócratas no debe ser sólo de valores y programas, sino también de equipos y personas. Hollande es un personaje político muy vulnerable, pues hoy apoya medidas a las que ayer se opuso.

Esta observación no tiene por qué desmerecer las medidas que ahora apoya. En realidad, éstas significarían, en caso de aplicarse, un cambio muy sustancial de las políticas públicas existentes hoy en Francia y en la mayoría de los países de la Unión Europea. Por primera vez, un dirigente político, con posibilidades reales de salir elegido presidente de un país, propone cambiar las políticas neoliberales de austeridad que dominan hoy en la Unión Europea, poniendo en su lugar políticas de estímulo económico y creación de empleo. Hollande ha cuestionado el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobierno (TSCG), impuesto por el binomio Merkel-Sarkozy, que está desmontando el Estado del Bienestar en los países de la Unión Europea, forzando recortes de gran magnitud en el gasto público, incluyendo gasto público social.

El objetivo central de la banca, dirigida por el BCE y por el binomio Merkel-Sarkozy, es desmantelar la protección social y debilitar al mundo del trabajo, incluso a costa de crear otra Gran Recesión (las políticas del Gobierno Rajoy están también claramente en este sentido). La llamada “crisis de la deuda pública” (una crisis artificial, creada en parte por la banca y el BCE) cuenta a su servicio con las agencias de valoración de bonos, que juegan un papel determinante en la creación de tal crisis. No es mera casualidad que François Fillon, primer ministro del Gobierno Sarkozy, utilizara como máximo indicador de “la falta de rigor” de las propuestas del candidato Hollande, el hecho de que cualquiera de estas agencias de evaluación de bonos les daría un suspenso mayúsculo (Le Journal Dimanche, 15.01.12). El señor Fillon, por cierto, ha sido uno de los oponentes a establecer agencias de valoración públicas europeas que valoraran objetivamente y rigurosamente los bonos públicos de los Estados de la Unión Europea. La falta de credibilidad de las agencias privadas está bien mostrada, incluso por dirigentes de tales agencias, tales como el vicepresidente de Moody’s, que tras dejar la agencia admitió, frente a la comisión del Congreso de EEUU encargada de analizar las causas de la crisis financiera, que los trabajos de tales agencias están orientadas primordialmente a satisfacer los intereses de sus clientes, en lugar de realizar análisis objetivos de la valía de tales bonos. Más claro es imposible decirlo. Y estas agencias, que son utilizadas por el BCE como su indicador de calidad de los productos financieros, son las que están creando el problema artificial de la deuda pública.

LA IMPORTANCIA DE LA VICTORIA DE HOLLANDE

Es importantísimo para la Unión Europea que el binomio Merkel-Sarkozy deje de dominar tal comunidad. La derrota de Sarkozy podría ser un paso en esta dirección, aunque es frustrante que la socialdemocracia alemana esté todavía estancada en el pensamiento neoliberal heredado del Gobierno Schröder, que el Gobierno Zapatero intentó imitar. Ni que decir tiene que existen distintas opciones dentro del Partido Socialdemócrata alemán. Pero el que probablemente sería el sucesor de Merkel, Peer Steinbrück, en caso de que ganara tal partido, ha ridiculizado las propuestas de Hollande, acusándole de “ingenuo”, añadiendo que es más que probable que cambiaría una vez elegido, lo cual, por cierto, no es nada descartable. Serge Halimi, director de ‘Le Monde Diplomatique’, en un artículo titulado “Sacking Sarkozy won’t be enough” en la revista de izquierdas de EEUU ‘Counterpunch’ (03.04.12), señala como Lionel Jospin, que como candidato había criticado el Pacto de Estabilidad (como ahora Hollande critica el TSCG), acabó aceptándolo tras meros cambios estéticos (añadiendo la palabra crecimiento después de estabilidad, sin proveer los instrumentos para poder estimular la economía). La imagen de Hollande, apoyando ahora medidas que ayer criticó, subraya la vulnerabilidad de su credibilidad. El punto clave, sin embargo, no es tanto lo que ahora Hollande (y otros dirigentes de la socialdemocracia) prometen, aunque es positivo que lo prometan, sino lo que harán cuando salgan elegidos presidentes. Dirigentes de todos los partidos (y los partidos socialdemócratas entre ellos) prometen medidas populares que, frecuentemente, luego no llevan a cabo. Que lo realicen o no, dependerá, no de su palabra, promesa, o programa electoral, sino de dos factores. Uno es la fuerza de los partidos a su izquierda. Sin que estos partidos tengan suficiente poder en Francia para influenciar al PSF, el gobierno Hollande no lo hará. Y el segundo factor, incluso más importante que el primero, es la movilización y presión popular por parte de los movimientos sociales y del movimiento sindical. Sin que ello ocurra, el “talante” moderado del señor Hollande predominará si gana las elecciones, por mucho que haya prometido lo contrario.

¿CAMBIOS EN LA SOCIALDEMOCRACIA ESPAÑOLA?

Una situación todavía más acentuada de vulnerabilidad de su credibilidad es el caso Rubalcaba en el PSOE. ¿Cómo puede hacer propuestas de cambio cuando él, secretario general del partido socialdemócrata, el PSOE, fue el segundo de a bordo del Gobierno Zapatero hasta hace sólo unos meses? Las medidas tomadas por el Gobierno Zapatero en respuesta a la crisis fueron enormemente impopulares y causaron la mayor derrota electoral que el PSOE haya sufrido desde el establecimiento de la democracia en España. Y el Gobierno Zapatero tenía como la persona más poderosa, después del propio Zapatero, a Rubalcaba, que siempre defendió tales medidas. La falta de recambio en la dirección de tal partido le ha hecho un flaco favor al mismo, pues el Gobierno Rajoy puede responderle, como hace responde constantemente, “¿por qué no hizo usted estas políticas públicas que ahora recomienda cuando usted gobernaba?”. Esta vulnerabilidad la utiliza efectivamente el Partido Popular en casi cada ocasión que recibe críticas de Rubalcaba.

La clara necesidad de un cambio dentro de la socialdemocracia en España y en Europa ha originado una serie de respuestas que advierten del supuesto peligro que la socialdemocracia mire a su pasado e intente recuperar sus “esencias”, término peyorativo que se utiliza para definir las políticas públicas de carácter redistributivo que se han basado en un intervencionismo público acentuado. Así, Soledad Gallego Díaz, en un artículo titulado “¿Hay futuro para la social democracia?” en ‘El País’ (25.03.12), desanima a la socialdemocracia a recuperar sus principios, tales como su énfasis en políticas redistributivas, concluyendo que el renacimiento de la socialdemocracia no puede basarse en el abandono de la Tercera Vía o la Neue Mitte de Gerhard Schröder (que sí que abandonaron tales políticas). Un tanto semejante ocurre en el artículo de José María Maravall titulado “los deberes actuales” (27.03.12), donde tal autor, que en su día fue ministro del Gobierno de Felipe González, aplaude también a Tony Blair y Gerhard Schröder por haberse distanciado de lo que llama despectivamente las “esencias” de la socialdemocracia, lo cual les llevó a una larga estancia en el Gobierno, que Maravall atribuye a la popularidad de sus medidas.

Tales expresiones de admiración responden a un gran desconocimiento sobre la inexistente supuesta popularidad de tales Gobiernos. Como varios autores han documentado (ver mi artículo “El porqué del declive de la Nueva Vía en el socialismo español”, ‘Sistema Digital’, 10.06.11), el Partido Laborista liderado por Blair fue perdiendo apoyo electoral a partir de su primer mandato, cuando abandonó lo que Soledad Gallego Díaz y José María Maravall llaman despectivamente las “esencias” socialdemócratas. Tal partido había conseguido el 33% del electorado en 1997, la primera vez que fue elegido. En 2001, bajó ya al 25%, más tarde, en 2005 al 22% y en 2010 ya colapsó al 19%. La larga permanencia del Gobierno Blair tuvo poco que ver con la popularidad de sus políticas (en realidad, muy poco populares), y mucho con el sistema bipartidista de Gran Bretaña y la enorme crisis del Partido Conservador. Si Gran Bretaña hubiera tenido un sistema proporcional, el Partido Laborista no podría haber continuado gobernando por tanto tiempo. Un tanto semejante ocurrió con el Partido Socialdemócrata alemán, bajo el liderazgo de Schröder. Éste había conseguido alcanzar el 34% del electorado en 1998, para bajar al 30% en 2002, al 27% en 2005 y al 16% en 2010. 
Además, perdió casi la mitad de sus miembros. En realidad, la enorme crisis de los partidos socialdemócratas se basa en su abandono de los principios socialdemócratas entre los cuales la redistribución sustancial de los recursos fue uno de sus principios básicos.

Maravall asume, erróneamente, que el abandono del compromiso redistributivo de los Gobiernos socialdemócratas (diluido con el paso del tiempo) se debe a su compromiso con el principio de universalidad, es decir, con su compromiso con la expansión de los derechos de la ciudadanía o universalización de los derechos. No hay contradicción, sin embargo, entre universalidad y redistribución. En realidad, el primero requiere lo segundo. No puede garantizarse el acceso universal a los servicios públicos del Estado del Bienestar sin medidas redistributivas. La universalización de los derechos sociales, garantizando que todo ciudadano tenga igual acceso a la sanidad, por ejemplo, requiere una redistribución de los recursos. No es por casualidad que los países más desiguales, como EEUU, sean también los que tienen menos universalidad en su acceso a los derechos sociales. El principio básico (que el término “esencia” intenta ridiculizar) de que “cada uno reciba los servicios y recursos según su necesidad –basado en el principio de que cada uno tenga acceso a poder resolver su necesidad-, y ‘de cada uno según su capacidad’ (y los recursos que tenga)”, era tan válido cuando se estableció el socialismo en democracia –la socialdemocracia- como lo es ahora.

Algo parecido ocurre con los derechos políticos. En los países que se consideran democráticos, la universalidad de los derechos políticos está claramente mermada por la existencia de grandes desigualdades. EEUU es un ejemplo de ello. Las enormes concentraciones de la riqueza y su dominio del proceso político violan el proceso democrático.

Basado en estos datos, que son robustos e incuestionables, aconsejaría a aquellos partidos que “recuperaran sus esencias”, abandonadas desde hace tiempo, causando su enorme crisis. Renovar los planteamientos, necesarios para adaptarlos a los tiempos que vivimos, no puede hacerse a base de abandonar lo que la socialdemocracia fue y debería continuar siendo. Es relativamente fácil ver por qué la socialdemocracia está en profunda crisis, como también es relativamente fácil ver qué es lo que debería haber hecho cuando gobernaba y no se hizo. El abandono de sus esencias y su adaptación al neoliberalismo creó una enorme concentración de poder financiero y económico que ha dominado la vida política y mediática de los países, incluyendo España. Es imposible recuperar la democracia sin eliminar tal concentración de poder económico, financiero y mediático existente hoy en España. La realidad de este hecho es evidente. Lo que ocurre es que la socialdemocracia no se atreve a enfrentarse con los poderes fácticos, pues actualmente existe un maridaje entre sus profesionales del poder y estos grupos. Pero esto es materia para otro artículo.

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