La
ausencia de transparencia y los intereses cruzados entre los que
toman la decisión y los que se benefician de ella la convierten en
nula de pleno derecho y no debe ser admitida por los profesionales
del sistema público ni por la población de la Comunidad de Madrid.
Publicado
el 16
de Noviembre de 2012
“Rajoy
confía a Aznar, presidente de la FAES, la misión de rediseñar la
sanidad pública y Aznar pone a trabajar a su fundación para
profundizar en la privatización de la sanidad, implantar copagos y
eliminar servicios del SNS”, esta noticia aparecida en los medios
de comunicación en el verano de 2011 es el inicio del acelerado
desmantelamiento de nuestra sanidad pública. Los mensajes a la
población quedaron meridianamente claros, la sanidad hay que
pagarla, quien no pueda solo accederá a una cartera básica y los
centros totalmente públicos tenderán a desaparecer.
El gobierno de la CAM y su recién
nombrado (aunque no votado para el cargo) presidente Ignacio
González, junto a su consejero de sanidad Fernández Lasquetty
(FAES), aprovecha el trámite de los presupuestos de la comunidad
para incluir la privatización de la gestión de siete hospitales
públicos, el hospital de la Princesa, que tras esta decisión nadie
reconocerá (convertido en geriátrico, sin docencia ni
investigación, sin servicios punteros y con una drástica reducción
de su personal) y los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía,
Infanta Cristina, Tajo, Sureste y Henares, además de una parte de su
Atención Primaria.
Los hospitales podrán realizar su
propia selección del personal, que será discrecional. Las
condiciones de trabajo de los profesionales están por determinar,
pero sin duda empeorarán (en las huelgas de los hospitales de
gestión privada de Fuenlabrada y Alcorcón, las plantillas reclamaba
igualar sus condiciones con las de los hospitales con gestión
pública).
Aguirre tuvo que rescatar (con dinero
público) “sus hospitales PFI (hospitales de iniciativa de
financiación privada)” en 2010, cuya eficacia y eficiencia está
muy cuestionada, y ahora “saneados” se ponen a la venta. Veremos
si el Sr González sigue utilizando dinero público para pagar el
canon anual, ya que la Comunidad de Madrid ya ha pagado el coste
total de la construcción de los nuevos hospitales, cerca de 700
millones de euros de dinero público, pero aún adeuda 4.300
millones.
La decisión afecta a 5.500
trabajadores. Los que se queden, pasarán a ser contratados con las
condiciones que impongan las empresas concesionarias:
– Capio
está en manos de CVC, un fondo de capital riesgo británico con sede
en Luxemburgo. Gestiona 28 centros sanitarios en 4 comunidades
autónomas.
– El
grupo USP-Quirón. Fue comprado en febrero 2012 por el fondo de
inversión británico Doughty Hanson. Gestiona 12 hospitales y 26
centros sanitarios en España.
– Adeslas
por un lado y Sanitas por el otro forman, con la CAM y Bancaja
(Bankia) el grupo sanitario Ribera Salud, que también gestiona
hospitales en Madrid y Valencia. El 80% de los hospitales de Adeslas
pertenece a la sociedad Goodgrower y el 20% a Criteria de Caixa
Catalana. Sanitas pertenece al grupo BUPA Internacional Health
Insurance, la mayor compañía privada de asistencia sanitaria del
Reino Unido.
De esta forma, la privatización
aprobada por el gobierno popular de Madrid dejará a sus hospitales
públicos en manos de empresas y fondos de capital riesgo
extranjeros, esencialmente del Reino Unido.
El objetivo de esta privatización no
parece ser el ahorro y la sostenibilidad del SNS ya que el coste
medio por cama de los 4 hospitales que gestiona Capio es un 36% mayor
que la del centro público con la cama más cara, el Clínico de san
Carlos. Además, las entidades financieras de Ribera salud, la CAM y
Bancaja/Bankia, son insolventes y han tenido que ser rescatadas con
dinero público (juntas suponen uno de los mayores agujeros negros de
la economía actual)
El grupo USP, otro gestor privado de la
sanidad madrileña, ha pasado recientemente por graves problemas
financieros, que le llevaron al borde del concurso de acreedores
hasta caer en manos del fondo de inversión británico.
El objetivo tampoco parece ser el
incremento de la competencia y de la eficiencia, según pretenden
hacernos creer, ya que la gestión privada se concentra en pocas
empresas y estas están a su vez relacionadas entre sí: Adeslas y
Sanitas forman parte de Ribera salud y Capio podría formalizar la
compra de Ribera Salud y con ello alcanzar una posición aún más
estratégica en la gestión de la sanidad privada y pública en
España. Por otra parte, todas las empresas privadas dueñas de la
sanidad madrileña (Adeslas, Sanitas, Capio, USP y clínicas de la
Medical destination) están incluidas en el la patronal de empresas
IDIS, que se reúnen para tomar decisiones conjuntas, con el apoyo de
Farmaindustria y la industria de tecnologías.
¿Que subyace bajo la privatización de
la sanidad pública de la CAM?
– Los
intereses cruzados existentes:
Algunos patronos de la FAES, fundación
que elaboró el documento de privatización de nuestro SNS, o sus
familiares directos pertenecen, o pertenecían durante su
elaboración, a Bankia (Ribera Salud) y/o a los consejos de
administración o los patronatos de las fundaciones de la industria
sanitaria privada.
Uno de los objetivos esenciales de la
Madrid Medical destination (MMD) sociedad privada “sin ánimo de
lucro” del popular Manuel Lamela (1,8 millones de euros/año de
ingresos para el exconsejero, según estimaciones) es la atención al
turismo sanitario de primer nivel, por lo que es una de las entidades
que más se beneficiará de la decisión del gobierno de Rajoy de
suspender la atención sanitaria a no residentes. El Instituto
Valenciano de Infertilidad, socio de la MMD y principal grupo europeo
de reproducción asistida, se aprovechará de la ausencia de
cobertura de este servicio por la sanidad pública, así como Capio,
Sanitas y Adeslas, que incrementarán sus clientes en este y otros
servicios que se eliminarán de la cartera básica del SNS (decreto
16/2012).
Además, Romay Becaría (FAES) es
patrono de la fundación renal FRIAT, concertada con la sanidad
pública, Rodrigo Rato, aún es director de la Caja Madrid de Bankia
(Ribera salud) y la presidenta de Genómica, de la farmacéutica
Zeltia, empresa patrocinadora de las empresas beneficiarias (IDIS) es
Rosario Cospedal hermana de Dolores (FAES).
– El
fracaso de la gestión sanitaria del gobierno de Aguirre, ya que sus
nuevos hospitales solo tienen cabida en los presupuestos y en la
asistencia sanitaria de la Comunidad sí previamente se desmantelan
los hospitales públicos, que gozaban de gran prestigio antes de
someterse al rodillo de la expresidenta.
– El
intento de compensar las pérdidas de una red de empresas y entidades
financieras con grandes problemas de tesorería y en muchos casos
vinculadas al partido gobernante.
La decisión de privatizar la sanidad
madrileña es de tal envergadura que no puede ser adoptada por un
presidente interino, aprovechando el trámite de los presupuestos,
sino que debería discutirse en el parlamento o incluso someterse a
una consulta popular.
La ausencia de transparencia y los
intereses cruzados entre los que toman la decisión y los que se
benefician de ella la convierten en nula de pleno derecho y no debe
ser admitida por los profesionales del sistema público ni por la
población de la Comunidad de Madrid.
