martes, 19 de febrero de 2013

Privatizar hospitales sale caro (I)

Varios expertos desmontan la teoría de Lasquetty y González sobre el ahorro que supone "externalizar" servicios sanitarios. El modelo "público de gestión privada" ya implantado en Madrid por Aguirre tuvo que ser rescatado en 2010.

PAULA DÍAZ Madrid 17/02/2013

De 600 a 441 euros por habitante. Esa es la cifra de ahorro ofrecida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para justificar sus planes de privatización en seis hospitales madrileños. Pero lo cierto es que ni la Consejería de Sanidad que preside Javier Fernández Lasquetty ni otros expertos en gestión sanitaria ofrecen datos que avalen dicha afirmación. Más bien, al contrario.

Según las cifras manejadas por asociaciones como la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS) o la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) "externalizar" los servicios sanitarios sólo sale más caro. Además, otras instituciones como la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) y sindicatos como CSIT-UP denuncian la falta de informes que avalen los datos de la Consejería y, aun así, aseguran que la privatización "es más cara y menos eficiente". La historia de los centros semiprivados que ya existen en la comunidad habla por sí misma.

Los seis hospitales que el Ejecutivo de Ignacio González quiere privatizar ya son, en realidad, "públicos de gestión privada". Este modelo lo creó la expresidenta Esperanza Aguirre, tras prometer en las elecciones de 2003 que crearía seis hospitales nuevos. En 2005 se celebró el concurso de concesiones y, finalmente, fueron inaugurados en 2008. Pero no se trataba de centros públicos.

El Hospital Infanta Sofía o del Norte (San Sebastián de los Reyes), el Hospital del Sureste(Arganda), el Hospital del Henares (Coslada), el Infanta Leonor (Vallecas), el Infanta Cristina(Parla) y el del Tajo (Aranjuez) fueron cedidos a empresas constructoras a las que se les paga un canon durante 30 años sólo por la amortización de la construcción de los edificios y el mantenimiento de los mismos. [Ver gráfico inferior, elaborado por CAS-Madrid]. Dichas entidades se constituyeron en UTEs (uniones temporales de empresas) encargadas de los servicios no sanitarios de dichos centros (lavandería, cocina, celadores, administración...) a las que la Comunidad también paga por ello.

Y, además, como apuntó ayer el director del Máster de Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado de la Universidad Carlos III de Madrid, Félix Lobo, en la I Jornada de Gestión Sanitaria organizada por Afem, el gasto público en estos hospitales semiprivatizados no computan como deuda pública, según las normas de la UE. "No computa en el déficit, pero los madrileños y nuestros hijos los seguiremos pagando en el futuro", apuntó el catedrático. "Para un político, aquí había una oportunidad estupenda", añadió.


CAS-Madrid denuncia en su informe que las empresas propietarias "no sólo han recuperado ya el 100% de la inversión [en construcción y equipamiento de los hospitales], sino que en 2012 ya sumaron "150 millones de euros de ganancias", asegura la plataforma antiprivatización. Por tanto, añaden, "a partir de 2012 y hasta 3037 (30 años de concesión, prorrogable otros 30), prácticamente todo serán beneficios". "Si algún día queremos rescatar esas concesiones [en el supuesto caso de que entrara otro partido a gobernar y quisiera volver a la gestión directa en esos hospitales], hay que pagarlas igual, porque el contrato ya está firmado por 30 años", denunció, además, Lobo.

Por otro lado, este modelo, el modelo PFI (iniciativa de gestión privada, por sus siglas en inglés), fue importado de Reino Unido, donde el sistema sanitario ha demostrado tener graves deficiencias. Además, estos seis hospitales ya fueron rescatados en 2010, según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid que reveló que el Gobierno de la Comunidad modificó al alza el canon que recibían ante el aviso de las empresas concesionarias del "colapso" que se produciría si no recibían 80 millones más de lo establecido en el contrato inicial, según informó el diario El País. Ello supone, asegura la Fadsp, un sobrecoste de 1,9 millones de euros anuales para la Comunidad.

Los seis hospitales semiprivados ya suponen un sobrecoste de 1,9 millones de euros anuales

Además, las empresas que reciben dichas cantidades de dinero público están en la actualidad en el punto de mira, ya que tanto el PSOE como Equo han pedido que investiguen si están relacionadas con "los papeles de Bárcenas" que implican al PP con pagos en negro que podrían haber recibido de los empresarios que obtuvieron las concesiones de estos hospitales semiprivados. Según la formación ecosocialista -que ha lanzado la campaña #AuditoríaSanitaria- algunas de ellas (Begar-Ploder, Hispánica y Sufi) tienen también "vinculaciones variadas" con la trama Gürtel.

Por si ello no fuera suficiente, otro escándalo ha salpicado recientemente a estos hospitales. Ninguno de ellos tenía en su sede un laboratorio de análisis clínico ni servicio de radiología.Ambos servicios fueron centralizados a través de una empresa pública situada en San Sebastián de los Reyes. Sin embargo, esta empresa fue concedida, a través de un concurso público, a una empresa privada y, finalmente, terminó en manos de la empresa en la que actualmente trabajaba quien privatizó dichos servicios: el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, que se vio obligado a dimitir tras destaparse la polémica de Unilabs.

Madrid se gastó 4 millones en una empresa que controla a las concesionarias

Asimismo, según la Fadsp, la Comunidad realizó otro concurso público para contratar a una empresa externa que controlase el correcto funcionamiento de estos seis hospitales. A dicha entidad "le pagaron 4 millones de euros para que vigilase que se cumplían las condiciones de los contratos con la concesionaria, como el número de personal mínimo contratado, entre otras cuestiones", explica Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Fadsp.

Probando 'Alzira'

Además de los seis hospitales PFI, Aguirre creó otros cuatro bajo el modelo PPP (partenariado público-privado) o "Alzira", es decir, de gestión privada casi al completo. La titularidad sigue siendo pública, pero las empresas concesionarias contratan también al personal sanitario (médicos, enfermeros, especialistas...). La Comunidad les paga una cantidad por cada persona que vive en el área de influencia del hospital, aunque no sean, necesariamente, pacientes del mismo.

Este pago per cápita se actualiza cada año, en función del IPC (Índice de Precios de Consumo). Sin embargo, "este año los presupuestos del hospital de Valdemoro se han incrementado en una cantidad equivalente al IPC+2", destapó ayer Félix Lobo en la jornada de Afem. "Yo aún no he encontrado explicación para ello", añadió el experto, que también denunció la falta de transparencia de la Administración. [Mañana, en Público, el tema "Privatizar perjudica la salud (II)"]

Se trata de los hospitales de Valdemoro, Móstoles II y Collado Villalba (todos en manos de Capio; este último aún cerrado por decisión de la Comunidad, que a pesar de todo sigue pagando 900.000 euros al mes a la empresa privada), así como el de Torrejón (en manos de Ribera Salud que recientemente se lo ha vendido a Sanitas). Según la Fadsp, algunos de ellos, como el de Torrejón, por ejemplo, han visto incrementado su presupuesto un 9% para 2013, mientras los de gestión directa (los 100% públicos) han recibido una reducción de casi el 20% de media en dichas partidas.

CAS-Madrid denuncia la derivación de pacientes rentables de la pública a la privada

Las empresas que gestionan dichos centros están en manos de bancos (Bancaja -ahora Bankia- y la CAM -ahora Sabadell-, en el caso de Ribera salud) y de fondos de capital riesgo (CVC Partners, en el caso de Capio), con los consecuentes peligros de cierre en caso de quiebra de dichas entidades.

Por otra parte, Capio posee también la Fundación Jiménez Díaz, un caso especial de privatización, que tiene concesión desde hace más de 60 años, y, según publicó recientemente el diario El Mundo, en 2011 también recibió de la Comunidad 94 millones más de lo reflejado inicialmente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. La Coordinadora Antiprivatización de Madrid asegura, además, que hoy en día saben que este centro ha factuardo 380 millones de euros a 31 de diciembre de 2012, aunque su presupuesto inicial, según la Comunidad, era de 200 millones de euros. ¿A qué se debe? "A esa Fundación se le deriva gente de la pública desde uncall center centralizado y privado -pertenece a la empresa Indra- que dirige a los pacientes rentables hacia la privada", detalla Antonio Gómez, portavoz de CAS-Madrid, que también explica que si han accedido a estos datos ha sido "gracias a las filtraciones" de algunas personas que tenían acceso a ellos, ya que los datos de la Consejería no son fiables", denuncia.

Es posible que con la nueva "externalización" sean dos empresas las que gestionen los centros

Ahora, la Consejería de Lasquetty pretende cambiar de modelo a los seis hospitales PFI y pasarlos a PPP. Una (re)privatización que "saldrá finalmente más cara y empobrecerá los servicios que prestan: menos personal, menos capacidad resolutiva...", denuncia la Fadsp, basándose en el Alzira inicial (nacido en la localidad alicantina del mismo nombre en 1991 y que hoy en día incluye la privatización de los centros de atención primaria del área de influencia de los hospitales), que también tuvo que ser rescatado y mejorado.

Además, "lo que no se sabe todavía es si las UTEs [que ya gestionan los servicios no sanitarios de estos centros ] se van a incluir en este proceso o habrá dos empresas privadas gestionando el hospital: una para los servicios no sanitarios y otra para los sanitarios", advierte Sánchez Bayle.

El sistema público no es caro. ¿Miente Lasquetty?

A pesar de toda la historia de los hospitales semiprivados de Madrid, el consejero de Sanidad continúa afirmando que "externalizar" servicios abarata costes y sale más barato. Sin embargo,Lasquetty no justifica con datos su estimación de 441 euros por habitante frente a los 600 actuales.

Quienes sí han analizado al detalle dichas cantidades son las organizaciones pro sanidad pública y los sindicatos que mueven la marea blanca. CSIT-UP, por ejemplo, asegura que "la cama en un hospital de gestión privada cuesta 1.660 euros al día, mientras en la gestión pública, sólo cuesta 955 euros, un 74% más barata". "Ninguno de los hospitales inaugurados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde 2008 puede ser comparado en términos de calidad, eficiencia y eficacia con los hospitales tradicionales de gestión pública, por razón de la notable diferencia en complejidad hospitalaria instalada", detalla el sindicato. En cualquier caso, resume, "entrando en la lógica de la Consejería el análisis de distintos datos muestra sorprendentemente lo contrario: los nuevos centros hospitalarios de gestión privada son más caros y menos eficientes que los de gestión pública". Y muestran, para justificarlo, los gráficos siguientes:


En esta misma línea se ha manifestado también la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem), que en uno de sus informes asegura que las cuentas de Lasquetty salen si no se tiene en cuenta el gasto adicional del canon anual que hay que pagar a las concesionarias por la construcción y equipamiento del edificio. "El coste de la asistencia sanitaria especializada gestionada por empresas privadas es entre un 16 y un 27% más caraque si es gestionada por las administraciones públicas", asegura la asociación. De hecho, Afem asegura que aún externalizando los hospitales a los 441 euros por habitante que pretende Lasquetty, el Gobierno regional estaría "regalando a las empresas privadas 118 millones de euros al año" [ver gráfico inferior]. Y se preguntan: ¿"De dónde procede la cifra de 600 euros por habitante que la Consejería de Sanidad presenta como coste de la asistencia en hospitales de gestión mixta (PFI)?". "La Consejería de Sanidad no ha presentado ni un sólo documento que avale esa cifra, lo que la convierte en una cifra arbitraria y sin fundamento empírico alguno", concluyen.

lunes, 18 de febrero de 2013

El próximo gran recorte social

  • El Gobierno quita la competencia de Asuntos Sociales a los municipios y se la endosa a la Comunidad sin dotación presupuestaria adicional. Da un año para “racionalizar” esos servicios. Y transfiere también la educación infantil

Ana Botella e Ignacio González. / ÁLVARO GARCÍA
Usted probablemente no sepa quién paga la escuela infantil a la que lleva a sus hijos o el sueldo del enfermero que asiste a sus ancianos padres. Son servicios públicos. Se pagan con sus impuestos y con eso basta. Pero ¿qué sucedería si mañana desaparecieran? ¿De quién sería la culpa? ¿Del Ayuntamiento, que ha dejado de prestarlos? ¿De la Comunidad, que ha dejado de pagarlos? Puede que eso no suceda jamás, pero si ocurre, vuelva la vista hacia el Gobierno. Siga leyendo y sabrá por qué.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó un papel que todavía tiene que someterse a variadas consultas, volver a ser refrendado en la misma mesa y pasar por el Congreso de los Diputados y el Senado antes de entrar en vigor. Por ahora es un joven y maleable anteproyecto de ley. Pero redactarlo ha costado meses de negociaciones a cara de perro con el PSOE y dentro del Gobierno, entre diferentes ministerios (Sanidad, Hacienda, Educación). Ayer, la mayoría de titulares periodísticos se ocuparon del sueldo de los alcaldes o de los miles de concejales que dejarán de cobrar por su trabajo. Pero, por debajo de esas disposiciones tan llamativas en este tiempo de desprestigio de la política, el anteproyecto incluía una profunda y drástica redefinición (o, realmente, definición) de las funciones de un Ayuntamiento.

La mayoría de ellas ya estaban fijadas en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. A partir de esta norma, de 1985, los municipios fueron acumulando con el paso de los años un sinfín de competencias adicionales por la vía de los hechos consumados: había dinero, y reportaba votos. La gran depresión les pilló con el pie cambiado, y dejó a muchos al borde de la bancarrota. El Gobierno de Mariano Rajoy (PP) apuntaló el año pasado las finanzas municipales con medidas extraordinarias, pero fue el viernes cuando puso la primera piedra de una reforma local merecedora de tal nombre. 

Reforma que, al contrario de lo que solicitaban los Ayuntamientos, no pasa por reforzar la financiación sino por limitar los gastos (y servicios).

Efectivamente, el anteproyecto recoge la mayoría de competencias municipales de la ley de 1985, pero no todas: elimina “la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”, limitando la función de los Ayuntamientos a la “evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. “La prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social” pasa a ser responsabilidad de las comunidades autónomas. Por acuerdo mutuo, podrán delegar en los Ayuntamientos, pero serán ellas las que sufraguen esos servicios.

El anteproyecto de ley aprobado el viernes establece un plazo de un año para que las autonomías asuman la cobertura de esas prestaciones, o cuando menos su financiación. Y deja en sus manos “establecer a partir de ese momento las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio”. Es decir, los recortes que deseen. Porque el Gobierno es muy claro en una cosa: no habrá financiación adicional. Deja abierta eso sí, aunque sin enunciarla, la posibilidad a detraer parte del dinero que se transfiere a los Ayuntamientos cada año para compensar el cambio de competencias. En caso de no avanzar por este camino, las autonomías, que apenas pueden pagar sus facturas ya, deberán hacerse cargo de los servicios sociales municipales sin financiación adicional. O eliminarlos.

En el caso de la Comunidad de Madrid (PP), el presupuesto de la Consejería de Asuntos Sociales asciende en 2013 a 1.249 millones de euros, el 8% del total. ¿Cuánto supondría aglutinar el gasto municipal? Las principales ciudades de la región por población son Madrid (3.213.000), Móstoles (206.000), Alcalá (204.000), Fuenlabrada (199.000), Leganés (184.000), Getafe (169.000), Alcorcón (169.000), Parla (121.000), Torrejón (116.000) y Alcobendas (110.000). Suman 4,7 millones de personas, el 72% de la población de la región. Tomándolas como referencia, se puede aproximar el gasto adicional para la Consejería de asumir los servicios sociales municipales. Encabezados por la capital, donde más de 50.000 personas reciben ayuda a domicilio y 137.000 cuentan con asistencia telefónica, estas ciudades suman 530 millones de euros en esta área. Asumir esa cantidad supondría un aumento del 42% sobre el presupuesto regional de asuntos sociales.

Pero no sería ese el único gasto adicional cargado contra las cuentas regionales por esta nueva división de competencias. Entre las funciones que los Ayuntamientos han ido sumando sin cobertura normativa en los últimos 30 años, hay varias que, pese a que los ciudadanos las ven ya como fundamentales, no podrán seguir ejerciendo a partir de la aprobación de la nueva ley. Dos de ellas son especialmente llamativas: los servicios de emergencias sanitarias y las escuelas infantiles. El Samur es un pilar fundamental del Ayuntamiento de Madrid. Tanto es así que lo defiende como competencia propia acudiendo a su labor de protección civil. Pero es un servicio médico, y como tal debería recaer en la Comunidad. Hasta ahora, la alcaldesa, Ana Botella (PP), y el presidente regional, Ignacio González (PP), parecían inclinarse por que el Samur siguiera en manos municipales, ampliando sus labores al interior de las viviendas (hasta ahora, sólo actuaba en la vía pública); el Summa regional dejaría de hacerlo y se concentraría en dar servicio al resto de municipios. El presupuesto del Samur es de 47 millones de euros. Perder ese servicio supondría un fuerte daño político para el Ayuntamiento de la capital.

Pero la Comunidad debería asumir muchos otros, entre ellos las escuelas infantiles. En este caso, el periodo de adaptación sería mayor: cinco años, a un ritmo del 20% por ejercicio; de nuevo, las autonomías “podrán establecer las medidas que consideren necesarias para la racionalización del servicio”. En concreto, durante el primer año deberán elaborar “un plan de evaluación y reestructuración de los servicios”.

Un dependiente que reclama ayuda a domicilio en Madrid. / CARLOS ROSILLO
O sea: más recortes.

La partida regional para Educación Infantil, Primaria y Especial es de 1.390 millones de euros, sobre un total en esa área de 4.230 millones, algo más de un cuarto de todo el presupuesto de la Comunidad. La capital tiene 55 escuelas infantiles, con una oferta de 7.059 plazas, que ascienden a 8.232 sumando las concertadas. Su partida de preescolar y primaria es de 28,4 millones. Los diez municipios con mayor población suman un gasto total en esta área de 90 millones. A esta cifra habría que sumar el coste de la vigilancia y mantenimiento de todos los centros escolares, ahora en manos municipales.

Sumados todos los costes de las transferencias de competencias ordenadas por el Estado, se aproximarían o incluso superarían los 1.000 millones de euros que pusieron en pie de guerra a la Comunidad contra el Gobierno central a finales del año pasado. El Gobierno de Ignacio González reclamaba esa financiación adicional, que le fue negada por el Ministerio de Hacienda. Eso sirvió a la Comunidad para justificar nuevos recortes y la profundización en el modelo de privatización de la Sanidad pública.

¿Podrán los Ayuntamientos seguir prestando servicios sociales, aunque no sean de su competencia? Sí, si la Comunidad los delega y financia. En caso contrario, será extremadamente difícil, puesto que deberían justificar ante el Gobierno regional que no constituyen una duplicidad respecto a sus competencias; y ante el Ejecutivo central que no pone en riesgo la prestación del resto de servicios municipales, muy dañados en estos años de crisis.
El próximo gran recorte social ya está en marcha.

Bajadas... y subidas de sueldo para los alcaldes

El Anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros está trufado de pactos consigo mismo. Establece por ejemplo una limitación de sueldo para los alcaldes, pero de aquella manera.

En principio, las ciudades de más de medio millón de habitantes, como Madrid, podrán pagar a su regidor el mismo sueldo que un secretario de Estado. Ese es precisamente el nivel que fijo el anterior, Alberto Ruiz Gallardón (2003-2011). En la actualidad, asciende a 102.000 euros. Es el sueldo de un secretario de Estado, sí, pero sumando todos los complementos. Sin ellos, se quedaría en unos 67.000 euros.

El resto de alcaldes de la región cobrarán un 20% menos en municipios de 150.000 a 300.000 habitantes; un 25% menos en los de 75.000 a 150.000; un 35% menos en los de 50.000 a 75.000; y así, sucesivamente, hasta llegar a un 80% en los de 1.001 a 2.000. Los de menos de mil habitantes no tendrán retribución.

Dando por bueno que el salario de Ana Botella (PP) siga fijado en 102.000 euros, los regidores de Móstoles, Getafe y Fuenlabrada ganarían unos 80.000 euros. Que es más de lo que reciben ahora (alrededor de 75.000 euros los dos primeros, y unos 55.000 el de Fuenlabrada).

Con la nueva ley, los regidores de Alcobendas y Coslada, pasarían a ganar 75.000 euros, menos de su sueldo actual. Los de Rivas y Majadahonda, 65.000 euros. El de Soto del Real, 40.000 euros. El de Estremera, 20.000. El de Lozoya, por ejemplo, cero.

El anteproyecto limita también el número de concejales con dedicación exclusiva y sueldo íntegro. En el caso de la capital, serán 45 de los 52 que define la ley electoral. En la actualidad, ganan al menos 62.000 euros. Para los miembros del Gobierno local, sube a 94.000 euros.

Los otros 12 concejales cobrarán parte del sueldo; y si se les permite (ahora está prohibido), dietas por ir a plenos. En el resto de municipios, los ediles con dedicación exclusiva dependerán de la población. En los de 50.000 a 100.000 habitantes, no podrán exceder los 15. Es el caso, de Coslada, que tiene ahora 25 concejales. En los municipios de 100.000 a 300.000 habitantes, el límite serán 18. Alcalá de Henares tiene 27 ediles.

“No lo vamos a poder hacer“, avisa la Comunidad

Alumnos de una escuela infantil. / LUIS MAGÁN
El Ejecutivo autonómico ha recibido con mezcla de estupor y rechazo absoluto la intención del Gobierno de transferir a las autonomías los servicios sociales y la educación infantil de los 179 ayuntamientos de la región. “Si el Estado no pone el dinero, no lo vamos a poder hacer”, avisan en la Comunidad. “¿Acaso pretenden la asfixia de las autonomías? Esta reforma, tal cual está, significa que los ciudadanos van a perder servicios. Y las comunidades asumirán la culpa”, apostillan.

El presidente regional, Ignacio González, conoció las intenciones de La Moncloa, también gobernada por el PP, siguiendo por televisión la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. La decisión se adoptó sin tener en cuenta a las autonomías. Sin informarlas. Manu militari. “Se lo han guisado y se lo han comido sin consultar nada... La esperanza que nos queda es que esto tiene una tramitación parlamentaria. Esperamos que al menos se pueden modificar algunos plazos, las fechas de entradas en vigor…”, afirman desde la Comunidad.

La obligación de tener que asumir la financiación de esas partidas, una carga inesperada en plena crisis y que además incumple los principios del “coste cero” que, al menos sobre el papel, se iban a respetar en el traspaso de competencias entre Administraciones, deja al Gobierno regional en una situación muy incómoda. “Compartimos la filosofía del anteproyecto de Una Administración, una competencia, pero cada una de ellas tiene que estar financiada”, observó el número dos de González, Salvador Victoria.

El consejero de Presidencia y Justicia resalta que asumir esas nuevas obligaciones es “inviable a corto plazo”. “Hay muchas competencias duplicadas, pero es inviable que venga a las comunidades cualquier nueva competencia que no esté financiada”, añade el consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio, que vuelve a reivindicar al Estado una revisión del sistema de financiación autonómica.

“No puede ser que la Administración regional asuma servicios que antes daban los municipios, que los daban precisamente porque los financiaba la Administración central”, insisten desde el Ejecutivo madrileño.

Las críticas al anteproyecto de ley aprobado el viernes también son contundentes desde IU. “Esta reforma es un golpe total al municipalismo, pretende convertir a los Ayuntamientos en los paganini de esta crisis, el pretexto con que se desguaza la autonomía municipal y se refuerzan las burocráticas”, denuncia su coordinador general en Madrid, Eddy Sánchez. 

“Quieren acabar de golpe con el despliegue de inversiones y servicios públicos que han mejorado la calidad de vida de decenas de millones de ciudadanos. Todo para convertir a los Ayuntamientos en terminales administrativas, periféricas, meras delegaciones de las comunidades autónomas y del Gobierno”, concluye Sánchez.

viernes, 15 de febrero de 2013

INVESTIGACIÓN JUDICIAL: Un cargo directivo y dos empleados del vertedero de Nerva, imputados por un delito contra el medio ambiente por el vertido al cauce del Tinto

Publicado el 12 febrero, 2013

La investigación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Valverde entra en su recta final casi dos años después del vertido

Camino de que se cumplan los dos años desde el que Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Huelva detectara el vertido de aguas contaminantes al cauce del río Tinto procedentes del vertedero de residuos peligrosos de Nerva, la investigación entra en su recta final.
Instalaciones del vertedero de residuos peligrosos de Nerva.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Valverde del Camino, en el que recayó la causa, mantiene los cargos contra tres personas vinculadas con la empresa gestora del vertedero. Según ha podido confirmar esta redacción, la adjunta a la Dirección y dos empleados del depósito de seguridad que almacena residuos tóxicos y peligrosos –que gestiona Befesa- están imputados por un delito contra el medio ambiente y prestaron declaración ante la autoridad judicial por última vez en 2012.

El instructor decidirá sobre la posible transformación de la causa a procedimiento abreviado una vez tenga en sus manos las últimas diligencias que están pendientes.

El vertido que dio origen a esta causa se produjo a finales del mes de abril de 2011, cuando agentes del Seprona detectaron que operarios de Befesa, presuntamente se estaban deshaciendo de forma ilegal del agua contaminada que se acumula en los vasos del vertedero, que aumentaron en aquellos días a consecuencia de la lluvia.

Un empleado supuestamente llegó a conectar el canal del vertedero con el cauce fluvial del Tinto a través de una tubería o sistema similar, por lo que la Guardia Civil denunció la infracción y la puso en manos del juzgado.
En los primeros momentos de la investigación judicial, Befesa se mostraba segura de que los resultados de las analíticas demostrarían que no se había producido ninguna contaminación, por tratarse de aguas de lluvia y llegó a afirmar que “todos los análisis realizados en los últimos trece años por las administraciones competentes han dado resultado negativos”.

SENSIBILIDAD QUÍMICA: INTOXICACIÓN

Intoxicados

Publicado el 01/02/2013 por Andrea Global

A lo largo de muchos años de profesión (no doy pistas porque como Andrea Global puedo disfrutar de esa indefinición en edad, en apariencia –no hay arrugas en el mundo virtual–…) me he encontrado con muchas personas y muchas historias. Son muchísimas las que me llegan al corazón, pero mi memoria es menos sensible y olvido algunas que no debería. Los enfermos de sensibilidad química múltiple han sido de los que más han impresionado a mis neuronas olvidadizas. Quienes padecen este mal de la era moderna tienen un organismo saturado de sustancias tóxicas, de químicos que nos acompañan a diario.

Desde que la industria química empezó a fabricar en serie todos los productos de higiene y limpieza de uso diario, la avalancha de sustancias a las que abrimos las puertas de nuestra casa es enorme. No nos damos cuenta de ella, empezamos con el jabón de la ducha, la pasta de dientes, colonia, maquillajes, aftershaves, cremas hidratantes, perfumes, ambientadores, detergentes, suavizantes, lejías, desengrasantes… La lista es enorme y nuestra consciencia muy pequeña.

Conocer la sensibilidad química múltiple (SQM) y acercarme a quienes están afectados me adentró en esta reflexión de todas las cosas que le echamos a nuestro cuerpo. Ponerse en contacto con alguien para quienes los vahos de una colonia (que presumimos inofensiva) le enferma, le provoca ahogos, desmayos, vacíos de memoria… te hace ser consciente de muchas cosas. La primera que mi abuela, incluso mi madre cuando era niña, usaban jabones naturales, que hacían con ceniza y aceite de oliva usado; que blanqueaban la ropa también con los restos que quedaban en la chimenea; que para dolores se hacían cataplasmas con hojas y hierbas que recogían en el bosque… Ahora, sin embargo, casi hemos perdido esas fórmulas y recurrimos a la droguería, a la farmacia, a los pesticidas y fertilizantes sin pensar.

El resultado es que cada vez hay más personas afectadas por esta sensibilidad a las sustancias químicas. Acercarse a ellas implica seguir un protocolo riguroso para que la sola presencia y todos los químicos que desplazamos en nuestro entorno no les enfermen. Por ejemplo, exige que lavemos la ropa que vamos a llevar en la visita con bicarbonato, a ser posible varias veces para que se eliminen los restos de detergentes y suavizantes que acumulan; que la higiene personal se haga sólo con productos naturales; nada de maquillaje ni perfume ni fumar y no estar en lugares en los que haya humo. Agradecen que ni siquiera lleves esmalte de uñas.
No todo el mundo entiende esto. A menudo los enfermas (la mayoría son mujeres, porque el sistema endocrino femenino las hace más proclives a almacenar sustancias) se enfrentan a la incomprensión de quienes les rodean y achacan su intolerancia a manías, problemas psicológicos… La ciencia avanza en la demostración de que este mal, como la fatiga crónica, la electrosensibilidad y la fibromialgia (enfermedades interrelacionadas, a menudo) son reales, tienen un origen demostrable… 

Toda esta reflexión, muy a vuela pluma. Para saber más sobre estas enfermedades aconsejo visitar el blog de María José Moya Villén, Mi estrella de mar, una excelente página web de una mujer con SQM, que dedica sus días a divulgar los avances científicos, tratamientos, opiniones de expertos… desde 2006. Es un site pionero en castellano y es muy riguroso. La historia de María José Moya, mejor la leen en su blog, que la narra muy bien. Lo que más me sorprendió de ella cuando la conocí es la falta de dramatismo, incluso la alegría, con la que afronta su enfermedad, que la mantiene recluida en casa y sin mantener contacto directo apenas con nadie.

Todo esto viene a que hoy en la prensa me han recordado todo esto dos noticias. Una de ellas que habla del adelanto de la pubertad en las niñas, que cada vez muestran a edad más temprana los cambios físicos de la adolescencia, que en ellas pueden iniciarse a los 8 años y en los niños a los 9, según la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Uno de los factores que pueden explicar el adelanto de la pubertad es la exposición a los químicos ambientales. Los profesionales aconsejan a los padres estar atentos a los primeros síntomas de adolescencia temprana, que deben tratarse, y dar una alimentación lo más natural posible a los niños.

La otra noticia que me ha recordado como la gente con SQM funcionan como alertas de lo que nos afecta a todos y que desoímos, es la noticia sobre la alimentación de animales de consumo humano con carnes de perro y oveja. Desechos cárnicos son utilizados para elaborar los piensos con que se engorda a ovejas y cerdos que luego acaban en nuestros platos. “Estamos jugando con fuego y luego llegan las vacas locas”, sentencia un compañero de redacción. ¿Puede haber una muestra más clara de que nos alejamos de lo natural para adentrarnos en un mundo artificial que nos envenena que alimentar a herbívoros (como las ovejas) con carne de sus congéneres?

Así, que todo esto me lleva a recordar a quienes son más sensibles que los demás y que nos avisan de que todos lo estamos sufriendo, aunque nuestros organismos no lo muestren tan violentamente. Para todos ellos pido un poco de compresión, que no les resulta fácil encontrar.

Fuente: http://altea-sqm.blogspot.com.es/2013/02/sensibilidad-quimica-intoxicacion.html

jueves, 14 de febrero de 2013

Inauguración del primer centro de estudio de la SFC y del Síndrome de la Guerra del Golfo en EEUU centrado en la neuroinmunología

Posted by Robert Cabré in Artículos, Conferencias, Sindrome de Sensibilidad Central

Por primera vez se materializa un proyecto de investigación que relaciona enfermedades de SSC, incluida el síndrome de la guerra del golfo, con conflictos neuroinmunes.

En los EEUU de América, concretamente en Florida, existe una de las mejores universidades privadas actuales, La Universidad del Sudeste de la Nova en la que se encuentra la cátedra de medicina Osteopática (NSU-COM). En dicha institución se llevará a cabo, hoy día 12 de febrero, con una gran inauguración, el primer Instituto de América para el tratamiento Neuroinmune de las enfermedades de síndrome de Fatiga Crónica EM/SFC y Síndrome de la guerra del golfo GWI.

El instituto se encuentra situado en el campus principal de NSU en Davie, el cuál será el único de su clase en la nación. En él se tratará a pacientes con enfermedades de sensibilización central tales como síndrome de fatiga crónica/Ecefalomielitis miálgica(CFS/ME) y del síndrome de la Guerra Golfo (GWI), así como la realización de investigaciones clínicas sobre estas enfermedades. Dicho instituto también será el primero en la nación, para estudiar desordenes Neuroinflamatorios y Neurodegenerativos tales como CFS/ME, GWI, Enfermedad de Parkinson y esclerosis múltiple, entre otras mediante las técnicas genómicas mas novedosas.

La dirección de dicho centro está a cargo de la Dra. Nancy Klimas, la cual, como directora, ha reunido en dicho instituto algunas de las mejores mentes científicas del mundo, con el objetivo de crear un lugar para coordinar el pensamiento y la investigación, al mismo tiempo que se formará a los nuevos médicos para ofrecer el cuidado clínico de estas patologías con una alta calidad.

A los afectados, nos alegra que de una vez por todas se inicien medidas de esta envergadura, en el campo de CFS/ME y dadas las similitudes, se unifiquen criterios de cuidados e investigación de la Enfermedad de la Guerra del Golfo aportándose los recursos necesarios, aunque sean mediante aportaciones privadas, para actuar como instituto para la investigación, formando a nuevos clínicos para proporcionar cuidados en el ámbito clínico, diagnóstico y terapéutico mediante nuevas visiones de la enfermedad y soportes de nuevas tecnologías, como puedan ser el estudio de los genes.

Mediante el estudio de los genes individuales, los científicos del Instituto entenderán mejor la causa y la pauta para tratar de un modo más novedoso este desorden complejo.

La idea es estudiar la relación de los genes de los afectados con el ejercicio y entender mejor la causa de la persistencia de la recaída de la enfermedad, para encontrar pautas de intervención.

El objetivo de esta investigación, básicamente importante, es proporcionar las respuestas que ayudarán a los científicos a desarrollar nuevas medicaciones farmacéuticas para tratar estas enfermedades.

El Instituto estará compuesto por laboratorios de investigación, una clínica de pacientes, una unidad de investigación clínica, oficinas de la facultad y recursos para congresos y conferencias. El diseño del centro contempla conjuntar es un equipo único a múltiples y diferentes disciplinas médicas y científicas, tales como clínicos, educadores e investigadores en las áreas de la genómica, de la virología, de la inmunología, de la biología celular, de la biología de cómputo y del modelado terapéutico.

La institución se define: “Hemos creado un único laboratorio de ideas que referenciará al instituto neuroinmune como bandera de su clase en los Estados Unidos. Dijimos al director del Instituto Dra.Nancy Klimas, que es uno de los investigadores destacados y de los clínicos mas reconocidos, del mundo, en el síndrome de la fatiga crónica/encefalomielitis miálgica (CFS/ME) . “Será un lugar para coordinar el pensamiento y la investigación puntera, así como para formar a nuevos médicos, ofreciendo cuidados clínicos de la más alta calidad, para una enorme población, carente de atenciones adecuadas”. Este motivo nos ha animado a impulsar esta medida “gigante” en el campo de CFS/ME y cuidado e investigación de la Enfermedad de la Guerra del Golfo.”
Además de ver a pacientes y diseñar líneas de investigación, Klimas y sus colaboradores están elaborando los estudios clínicos para la droga Ampligen, que sería la primera medicación para tratar CFS/ME, que ya fué aprobada por Food and Drug Administration (FDA).

Otro objetivo es reunir a algunas de las mejores mentes científicas del mundo, aportando recursos, por lo que el centro actuará como instituto para la investigación, formará a nuevos clínicos, y proporcionará a cuidado clínico diagnóstico y terapéutico.

La Dra. Nancy Klimas, es una especialista en inmunología, inicialmente investigadora sobre el VIH/SIDA y que tras sus experiencias con enfermos de EM/SFC se ha convertido no solo en un referente si no también en uno de los defensores e investigadores más punteros y significativos sobre el tema. Defiende la opinión, bajo evidencia científica, de que la EM/SFC es un desorden inmune debilitante que afecta a más de un millón Americanos. Una mayoría de víctimas de CFS/ME son mujeres, que siguen siendo sobre todo no tratadas. La enfermedad daña el sistema inmune del paciente y causa síntomas tales como fatiga extrema no disminuida por sueño, debilidad, músculo disperso y dolor común, paso dolorido, los dolores de cabeza severos, las dificultades cognoscitivas, y agotamiento mental y físico severo. 

Los síntomas de CFS/ME duran típicamente por más de seis meses, a menudo décadas. Los afectados por la enfermedad encuentran sus vidas dramáticamente alteradas, hasta el punto de que el trabajo y la realización de tareas simples lleguen a ser difíciles o imposibles.

La Enfermedad de la Guerra del Golfo es una dolencia que afecta a los veteranos y a los civiles que fueron expuestos a varios disparadores, incluyendo las armas químicas durante la Guerra 1991 del Golfo. Los Síntomas incluyen, entre otros, dolor musculo-esquelético, fatiga, erupciones de piel, problemas cognoscitivos y conflictos del tracto digestivo.

El Instituto es parte de la iniciativa de NSU mediante aportaciones privadas para establecer dicha cátedra de investigación y tratamiento neuroinmune, en la que el profesor Schemel, trabajara conjuntamente con la Dra. Nancy Klimas para traer a investigadores con reconocimiento internacional al campus bajo la aportación de donaciones privadas.

La ceremonia de gran inauguración, que comienza en 6 de la tarde, no estará abierta al público.

Fuente: Universidad Del Sudeste de Nova

Video de la Conferencia de la Dra. Nancy Klimas sobre la CFS / ME y la Guerra del Golfo Conferencia Paciente Illnees 2013