Varios
expertos desmontan la teoría de Lasquetty y González sobre el
ahorro que supone "externalizar" servicios sanitarios. El
modelo "público de gestión privada" ya implantado en
Madrid por Aguirre tuvo que ser rescatado en 2010.
PAULA
DÍAZ
Madrid
17/02/2013
De
600 a 441 euros por habitante. Esa es la cifra de ahorro ofrecida por
el Gobierno de la Comunidad de Madrid para justificar sus planes de
privatización en seis hospitales madrileños. Pero lo cierto es que
ni la Consejería de Sanidad que preside Javier
Fernández Lasquetty ni
otros expertos en gestión sanitaria ofrecen datos que avalen dicha
afirmación. Más bien, al contrario.
Según
las cifras manejadas por asociaciones como la Coordinadora
Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS) o la
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
(Fadsp) "externalizar"
los servicios sanitarios sólo sale más caro.
Además, otras instituciones como la Asociación de Facultativos y
Especialistas de Madrid (Afem) y sindicatos como CSIT-UP denuncian la
falta de informes que avalen los datos de la Consejería y, aun así,
aseguran que la privatización "es más cara y menos eficiente".
La historia de los centros semiprivados que ya existen en la
comunidad habla por sí misma.
Los
seis hospitales que el Ejecutivo de Ignacio González quiere
privatizar ya son, en realidad, "públicos de gestión privada".
Este modelo lo creó la expresidenta Esperanza
Aguirre,
tras prometer en las elecciones de 2003 que crearía seis hospitales
nuevos. En 2005 se celebró el concurso de concesiones y, finalmente,
fueron inaugurados en 2008. Pero no se trataba de centros públicos.
El
Hospital Infanta
Sofía o
del Norte (San Sebastián de los Reyes), el Hospital del
Sureste(Arganda),
el Hospital del Henares
(Coslada),
el Infanta
Leonor (Vallecas),
el Infanta
Cristina(Parla)
y el del Tajo
(Aranjuez)
fueron cedidos a empresas constructoras a las que se les paga un
canon durante 30 años sólo por la amortización de la construcción
de los edificios y el mantenimiento de los mismos. [Ver gráfico
inferior, elaborado
por CAS-Madrid].
Dichas entidades se constituyeron en UTEs (uniones temporales de
empresas) encargadas de los servicios
no sanitarios de
dichos centros (lavandería, cocina, celadores, administración...) a
las que la Comunidad también paga por ello.
Y,
además, como apuntó ayer el director del Máster de Evaluación
Sanitaria y Acceso al Mercado de la Universidad Carlos III de Madrid,
Félix
Lobo,
en la I
Jornada de Gestión Sanitaria
organizada
por Afem, el gasto público en estos hospitales semiprivatizados no
computan como deuda pública, según las normas de la UE. "No
computa en el déficit, pero los madrileños y nuestros hijos los
seguiremos pagando en el futuro", apuntó el catedrático. "Para
un político, aquí había una oportunidad estupenda",
añadió.
CAS-Madrid denuncia en su informe que las empresas propietarias "no sólo han recuperado ya el 100% de la inversión [en construcción y equipamiento de los hospitales], sino que en 2012 ya sumaron "150 millones de euros de ganancias", asegura la plataforma antiprivatización. Por tanto, añaden, "a partir de 2012 y hasta 3037 (30 años de concesión, prorrogable otros 30), prácticamente todo serán beneficios". "Si algún día queremos rescatar esas concesiones [en el supuesto caso de que entrara otro partido a gobernar y quisiera volver a la gestión directa en esos hospitales], hay que pagarlas igual, porque el contrato ya está firmado por 30 años", denunció, además, Lobo.
Por
otro lado, este modelo, el modelo PFI (iniciativa de gestión
privada, por sus siglas en inglés), fue importado de Reino
Unido,
donde el sistema sanitario ha
demostrado tener graves deficiencias.
Además, estos seis hospitales ya fueron
rescatados en 2010,
según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid que reveló que
el Gobierno de la Comunidad modificó al alza el canon que recibían
ante el aviso de las empresas concesionarias del "colapso"
que se produciría si no recibían 80
millones más de
lo establecido en el contrato inicial, según informó el
diario El
País.
Ello supone, asegura la Fadsp, un sobrecoste
de 1,9 millones de euros anuales para la Comunidad.
Los
seis hospitales semiprivados ya suponen un sobrecoste de 1,9 millones
de euros anuales
Además,
las empresas que reciben dichas cantidades de dinero público están
en la actualidad en
el punto de mira,
ya que tanto el PSOE como Equo han pedido que investiguen si
están relacionadas con "los papeles de Bárcenas"
que
implican al PP con pagos
en negro
que
podrían haber recibido de los empresarios que obtuvieron las
concesiones de estos hospitales semiprivados. Según la formación
ecosocialista -que ha lanzado la campaña #AuditoríaSanitaria-
algunas de ellas (Begar-Ploder, Hispánica y Sufi) tienen también
"vinculaciones
variadas" con la trama Gürtel.
Por
si ello no fuera suficiente, otro escándalo ha salpicado
recientemente a estos hospitales. Ninguno de ellos tenía en su sede
un laboratorio de análisis clínico ni servicio de radiología.Ambos
servicios fueron centralizados a través de una empresa pública
situada en San Sebastián de los Reyes. Sin embargo, esta empresa fue
concedida, a través de un concurso público, a una empresa privada
y, finalmente, terminó en manos de la
empresa en la que actualmente trabajaba quien privatizó dichos
servicios:
el exconsejero de Sanidad Juan
José Güemes,
que se
vio obligado a dimitir tras destaparse la polémica de Unilabs.
Madrid
se gastó 4 millones en una empresa que controla a las concesionarias
Asimismo,
según la Fadsp, la Comunidad realizó otro concurso público para
contratar a una empresa externa que controlase el correcto
funcionamiento de estos seis hospitales. A dicha entidad "le
pagaron 4 millones de euros para que vigilase que se cumplían las
condiciones de los contratos con la concesionaria, como el número de
personal mínimo contratado, entre otras cuestiones", explica
Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Fadsp.
Probando
'Alzira'
Además
de los seis hospitales PFI, Aguirre creó otros cuatro bajo el modelo
PPP (partenariado público-privado) o "Alzira", es decir,
de gestión
privada casi al completo. La
titularidad sigue siendo pública, pero las empresas concesionarias
contratan también al personal sanitario (médicos, enfermeros,
especialistas...). La Comunidad les paga una cantidad por cada
persona que vive en el área de influencia del hospital, aunque no
sean, necesariamente, pacientes del mismo.
Este
pago per cápita se actualiza cada año, en función del IPC (Índice
de Precios de Consumo). Sin embargo, "este año los presupuestos
del hospital de Valdemoro se
han incrementado en una cantidad equivalente al IPC+2",
destapó ayer Félix Lobo en la jornada de Afem. "Yo aún no he
encontrado explicación para ello", añadió el experto, que
también denunció la falta de transparencia de la Administración.
[Mañana, en Público,
el tema "Privatizar perjudica la salud (II)"]
Se
trata de los hospitales de Valdemoro, Móstoles II y Collado Villalba
(todos en manos de Capio; este
último aún cerrado por decisión de la Comunidad,
que a pesar de todo sigue pagando 900.000 euros al mes a la
empresa privada), así como el de Torrejón (en manos de Ribera Salud
que recientemente
se lo ha vendido a Sanitas).
Según la Fadsp, algunos de ellos, como el de Torrejón, por ejemplo,
han visto incrementado su presupuesto un 9% para 2013, mientras los
de gestión directa (los 100% públicos) han recibido una reducción
de casi el 20% de media en dichas partidas.
CAS-Madrid
denuncia la derivación de pacientes rentables de la pública a la
privada
Las
empresas que gestionan dichos centros
están
en
manos de bancos (Bancaja
-ahora Bankia- y la CAM -ahora Sabadell-, en el caso de Ribera salud)
y
de fondos de capital riesgo (CVC
Partners, en el caso de Capio), con los consecuentes peligros de
cierre en caso de quiebra de dichas entidades.
Por
otra parte, Capio posee también la Fundación Jiménez Díaz, un
caso especial de privatización, que tiene concesión desde hace más
de 60 años, y, según
publicó recientemente el diario El
Mundo,
en 2011 también recibió de la Comunidad 94 millones más de lo
reflejado inicialmente en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid. La Coordinadora Antiprivatización de Madrid asegura, además,
que hoy en día saben que este centro ha factuardo 380 millones de
euros a 31 de diciembre de 2012, aunque su presupuesto inicial, según
la Comunidad, era de 200 millones de euros. ¿A qué se debe? "A
esa Fundación se
le deriva gente de la pública
desde
uncall center centralizado y privado -pertenece a la empresa Indra-
que dirige
a los pacientes rentables hacia la privada",
detalla Antonio Gómez, portavoz de CAS-Madrid, que también explica
que si han accedido a estos datos ha sido "gracias a las
filtraciones" de algunas personas que tenían acceso a ellos, ya
que los
datos de la Consejería no son fiables",
denuncia.
Es
posible que con la nueva "externalización" sean dos
empresas las que gestionen los centros
Ahora,
la Consejería de Lasquetty pretende cambiar de modelo a los seis
hospitales PFI y pasarlos a PPP. Una (re)privatización que "saldrá
finalmente más cara y empobrecerá
los servicios que prestan:
menos personal, menos capacidad resolutiva...", denuncia la
Fadsp, basándose en el
Alzira
inicial
(nacido en la localidad alicantina del mismo nombre en 1991 y que hoy
en día incluye la privatización de los centros de atención
primaria del área de influencia de los hospitales), que también
tuvo que ser rescatado y mejorado.
Además,
"lo que no se sabe todavía es si las UTEs [que ya gestionan los
servicios no sanitarios de estos centros ] se van a incluir en este
proceso o habrá
dos empresas privadas gestionando el hospital:
una para los servicios no sanitarios y otra para los sanitarios",
advierte Sánchez Bayle.
El
sistema público no es caro. ¿Miente Lasquetty?
A
pesar de toda la historia de los hospitales semiprivados de Madrid,
el consejero de Sanidad continúa afirmando que "externalizar"
servicios abarata costes y sale más barato. Sin embargo,Lasquetty
no
justifica con datos
su
estimación
de
441 euros por habitante frente a los 600 actuales.
Quienes
sí han analizado al detalle dichas cantidades son las organizaciones
pro sanidad pública y los sindicatos que mueven la marea
blanca.
CSIT-UP,
por ejemplo, asegura que "la cama en un hospital de gestión
privada cuesta 1.660 euros al día, mientras en la gestión pública,
sólo cuesta 955 euros, un 74% más barata". "Ninguno de
los hospitales inaugurados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid
desde 2008 puede ser comparado en términos de calidad, eficiencia y
eficacia con los hospitales tradicionales de gestión pública, por
razón de la notable
diferencia en complejidad hospitalaria instalada",
detalla el sindicato. En cualquier caso, resume, "entrando en la
lógica de la Consejería el análisis de distintos datos muestra
sorprendentemente lo contrario: los nuevos centros hospitalarios de
gestión privada son
más caros y menos eficientes
que
los de gestión pública". Y muestran, para justificarlo, los
gráficos siguientes:
En esta misma línea se ha manifestado también la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem), que en uno de sus informes asegura que las cuentas de Lasquetty salen si no se tiene en cuenta el gasto adicional del canon anual que hay que pagar a las concesionarias por la construcción y equipamiento del edificio. "El coste de la asistencia sanitaria especializada gestionada por empresas privadas es entre un 16 y un 27% más caraque si es gestionada por las administraciones públicas", asegura la asociación. De hecho, Afem asegura que aún externalizando los hospitales a los 441 euros por habitante que pretende Lasquetty, el Gobierno regional estaría "regalando a las empresas privadas 118 millones de euros al año" [ver gráfico inferior]. Y se preguntan: ¿"De dónde procede la cifra de 600 euros por habitante que la Consejería de Sanidad presenta como coste de la asistencia en hospitales de gestión mixta (PFI)?". "La Consejería de Sanidad no ha presentado ni un sólo documento que avale esa cifra, lo que la convierte en una cifra arbitraria y sin fundamento empírico alguno", concluyen.
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