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Las
comunidades autónomas deben empezar a aplicar a lo largo del mes de
enero el copago de fármacos de dispensación hospitalaria, aprobado
por el Gobierno el pasado mes de septiembre,para pacientes que no
estén hospitalizados. En total son 157 presentaciones farmacológicas
de poco más de 43 medicamentos destinados a procesos crónicos o
graves: oncológicos, hepatitis, reproducción asistida, la artritis
reumatoide o degeneración macular, entre otros que, hasta ahora,
estaban exentos de pago.
Aunque
entró en vigor el pasado 1 de octubre, se facilitó un plazo de tres
meses para que las administraciones regionales pudieran adaptarse a
esta nueva medida. Sólo Ceuta y Melilla la aplicaron tras su
aprobación y el resto lo harán a lo largo de enero "con su
propio criterio", según han informado a Europa Press fuentes
del Ministerio de Sanidad.
En
el acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Interterritorial de
Sistema Nacional de Salud (SNS) se definía que "cada comunidad
autónoma tendrá su criterio al respecto (...), el criterio general
fue que entrara en vigor, pero cada CCAA lo aplicará con su propio
criterio".
La
medida que debía haberse puesto en marcha el pasado 1 de octubre se
topó con la negativa de nueve de las 17 Comunidades Autónomas a su
implantación, varias gobernadas por el PP. Así Canarias, Andalucía,
Aragón, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura,
Castilla y León y Baleares afirmaban que no la aplicarían, en
muchos casos por rechazo o en otros por problemas para su
implantación.
Por
el momento, la han recurrido mediante un contencioso administrativo
Castilla y León y Andalucía, mientras País Vasco ha presentado un
recurso de alzada y Canarias ha anunciado que lo recurrirá.
Por
el contrario, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia
y La Rioja, admitían tras el anuncio de la medida que pondrían en
marcha su establecimiento al tratarse de una legislación básica
estatal y el resto de comunidades manifestaban "su imposibilidad
inmediata de implantar dicho copago por motivos de gestión en su
implantación".
Tras
su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Sanidad
justificó que la puesta en marcha de una medida "tan lesiva"
para los enfermos, según han denunciado la mayoría de los partidos
políticos, los profesionales sanitarios y las asociaciones de
pacientes, está motivada por la necesidad de que todas las CCAA,
"que son las que lo tienen que poner en vigor", utilicen la
asignación de aportación reducida para estos fármacos, y tras
comprobar que "no todos los fármacos dispensados tenían esta
consideración". Por tanto, antes de que las CCAA lo pongan en
vigor Sanidad tiene que asegurarse que "todos los medicamentos
serán de aportación reducida".
Los
medicamentos que se incluyen en esta medida, según Sanidad, "cumplen
con las condiciones para ser considerados de aportación reducida, al
tratarse de medicamentos de elección en el tratamiento de
enfermedades graves o crónicas, y estando limitada su dispensación,
en el ámbito del SNS, a los pacientes no hospitalizados en los
servicios de farmacia de los hospitales".
La
aportación del usuario a dichos medicamentos, que estaban exentos
del copago, será de un 10 por ciento del PVP del medicamento, con un
máximo que se fijará teniendo en cuenta la subida del IPC en 4,26
euros, hasta ahora era de 4.20, de acuerdo a la Resolución de 21 de
enero de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
Fuerte
rechazo
La
medida ha suscitado desde el primer momento el rechazo de pacientes,
médicos y de los distintos grupos de la oposición. El PSOE ha
apoyado la posición manifestada por algunas comunidades y ha instado
al Gobierno a que deje "sin efecto" dicha medida, al tiempo
que pedía la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato.
Mientras,
el portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de Sanidad del
Congreso y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha
calificado al Real Decreto de copago farmacéutico de "infamia y
gestión desleal" de la sanidad pública; mientras que desde
UPyD destacaban la escasa recaudación de la medida.
En
cuanto a los pacientes y médicos, la Federación Nacional de
Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) denunciaba que la
Administración ignore "sistemáticamente" la alta
prevalencia de afectados por esta enfermedad; la Asociación Española
para el Estudio del Hígado (AEEH), remitía una carta a Mato
expresándole "el impacto que supondría en los enfermos de
patologías hepáticas"; y la Federación Española de Padres de
Niños con Cáncer recordaba que la medida "perjudica a los
niños y adolescentes enfermos de cáncer".
Por
su parte, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)
calificaba de "plenamente injustificado" este copago ya
que, a su juicio, es una medida que plantea "dificultades"
en su aplicación y, además, "no contribuye" a
racionalizar el consumo ni sirve como instrumento de financiación
adicional.
Tambien,
FACUA-Consumidores en Acción acusó al Gobierno y, concretamente al
Ministerio de Sanidad, de llevar a cabo un "nuevo ataque"
contra los enfermos que padecen enfermedades crónicas o graves.
Por
el momento, el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), que interpuso el pasado mes de octubre un
recurso de alzada contra la resolución que fue desestimado por
Sanidad, se plantea presentar un recurso contencioso-administrativo
donde solicitara la anulación de la resolución, así como su
suspensión cautelar.
De
antitumorales a anticonceptivos
Entre
los fármacos incluidos se encuentra medicamentos para retrasar la
progresión en cáncer de mama avanzado como el "Afinitor"
o el "Tyverb", para tratar el cáncer de riñón avanzado o
extendido a otros órganos como el "Votrient"; o para en el
tratamiento de tumores cerebrales como el "Temodal"; además
de otros tantos prescritos para la leucemia mieloide crónica (LMC),
el tratamiento de tumores malignos no resecables y/o metastásicos
del estroma gastrointestinal (GIST), para reprodución asistida, la
artritis reumatoide, la degeneración macular o la hepatitis C
crónica, entre otros.
Además,
se incluye dentro de la lista el sistema intrauterino liberador de
levonorgestrel (SIU-LNG) "Mirena", que es un sistema
anticonceptivo; y, por otro lado, "Lactest" indicado para
diagnóstico de la intolerancia a la lactosa.
