El Parlament y ayuntamientos catalanes
cuestionan su inocuidad y que respete la protección de datos
privados
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Una usuaria inspecciona uno de los
nuevos contadores de luz. / FERRAN SENDRA
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Un suministro eléctrico que genera
tantas luces como sombras. Ese es el escenario que se cierne sobre
los hogares que cuestionan la ejecución del plan del Gobierno para sustituir los contadores electromecánicos por otros
telegestionables, dotados de una tecnología PLC (comunicaciones de
línea energética, por sus siglas en inglés), que usan el cableado
eléctrico para transmitir datos de consumo, además del propio flujo
de corriente. Las compañías eléctricas disponen hasta el 31 de
diciembre para gestar un cambio inspirado en una directiva europea
sobre eficiencia energética pero que alumbra dudas sobre el impacto pernicioso que pueden tener esos nuevos aparatos en la realidad de los usuarios.
El principal argumento contra e efecto
indeseado de estos contadores tiene que ver con la salud, como
destaca Núria Marín, portavoz de la Plataforma Stop Comptadors, que
señala que "no hay informes concluyentes que avalen su
inocuidad". "Cuando pedimos garantías a Endesa [que
acapara el 95% del mercado en Catalunya] nos hablan de análisis que
demuestran que no hay impacto real, pero aún estamos esperando que
los muestren", esgrime Marín. Los contadores usan señales PLC,
"las mismas que se emplean en las redes de alta tensión",
pero que ahora penetran en el interior de los hogares, con la
diferencia de que el cableado doméstico "no está preparado
para soportar este tipo de frecuencias", remarca.
La Cámara catalana reclama la
paralización del proceso mientras haya dudas
Los vecinos reticentes a la
modificación de contadores cuentan con el respaldo de una sesentena
de mociones de ayuntamientos catalanes y del propio Parlament, que el
pasado julio aprobó una resolución en la que se instaba a la
Generalitat a que reclamara al Gobierno central" paralizar
preventivamente estas gestiones" para dar respuesta "al
malestar de un gran número de ciudadanos", así como a exigir a
Endesa y al resto de eléctricas la elaboración obligatoria "de
un informe preceptivo y vinculante sobre la contaminación
electromagnética" de estos aparatos. La Cámara catalana pone
el foco especialmente "en menores, mujeres embarazadas y
colectivos sensibles", como las personas diagnosticadas con electrosensiblidad.
Personas vulnerables a radiaciones que
la propia Organización Mundial de la Salud "considera
potencialmente cancerígenas", como recuerda Carme Herranz,
abogada del Col·lectiu Ronda que asesora a personas que se oponen a
la medida, como ya pasa en otros países. "En Gran Bretaña no
es obligatorio, el usuario decide; en Alemania solo es obligatorio a
partir de consumos elevados, cuando se justifica el ahorro
energético; Holanda ha modificado la norma para que la transmisión
se haga por fibra óptica, que es inocua", destaca Pilar
Revelles, de Stop Comptadors, una de las entidades a la que se
refiere el Parlament en su resolución. Herranz apela al principio de
precaución "como concepto jurídico vinculante", que
establece la renuncia a cualquier producto, servicio o tecnología
"siempre que la evaluación científica permita determinar
riesgos con suficiente certeza".
Datos y privacidad
El propio Parlament plantea la
necesidad de que se garantice el derecho de los ciudadanos a
"oponerse a la instalación de estos contadores "y
subraya"el incumplimiento de la legislación en materia de
protección de datos", reclamando que los sistemas de medida se
rijan bajo parámetros que garanticen la privacidad del usuario.
"Saber la curva horaria de consumo abre la puerta a la captación
de una ingente cantidad de información sobre nuestros hábitos
domésticos, contra la privacidad y aportando una información muy
valiosa para empresas que desean conocer las necesidades de
potenciales clientes", destaca Marín.
En tanto que responsable del cambio del
95% de contadores en Catalunya, Endesa sostiene que se limita a
cumplir con su "responsabilidad para con el marco legislativo en
vigor", en referencia a la normativa impulsada por el Ejecutivo
español, que a su vez se ampara en una directiva comunitaria del
2012 que fija un objetivo de mejorar la eficiencia energética de los
socios comunitarios. También asegura facilitar los informes que
avalan la inocuidad del PLC a los usuarios y autoridades que lo
reclamen, extremo desmentido por diversos clientes. El Ministerio de
Energía se refiere a la normativa de la UE para justificar la medida
y sostiene que Bruselas "realizó un estudio de coste-beneficio
y en España se determinó la necesidad de cambiarlos", sin
mostrar dicho estudio. Asimismo sostiene que los protocolos de
actuación "cuentan con el visto bueno de la Agencia de
Protección de Datos".
Usuarios alegan que la UE impone la
eficiencia energética, no el contador
Marín replica que la directiva europea
hace referencia a un horizonte del 20% de eficiencia energética en
el 2020, pero en tanto que directiva solo marca los objetivos y
corresponde a cada país elaborar sus propias normas para
alcanzarlos, a diferencia del reglamento, que es vinculante. "El
Gobierno español hace una interpretación absolutamente maximalista
de lo que son meramente recomendaciones", exponen desde el
Col·lectiu Ronda. Marín plantea que quizá haya intereses ocultos
en esta "inflexibilidad que no se da en otros países" y lo
fundamenta en que la normativa española "es, además, del 2007
y por tanto previa a la directiva europea".
Más de 7.000 contadores instalados por
semana
La normativa determina que las
compañías eléctricas disponen hasta el 31 de diciembre para
implementar los nuevos contadores, un extremo al que recurren algunos
vecinos que se niegan a instalarlos. "Es imposible que el cambio
se haga solo al final del periodo porque por necesidades logísticas
debe de hacerse de manera escalonada: estamos colocando unos 7.000
por semana", explican desde Endesa. Según la compañía hay un
92% de aparatos ya instalados en Catalunya y prevén llegar al 98% a
finales de año, dejando un margen para personas con
electrosensibilidad y que acrediten patologías asociadas al impacto
de las ondas PLC. Un extremo que cuestiona Pilar Revelles, de la
Plataforma Stop Comptadors, que sostiene que ella misma y otros
afectados por esta enfermedad se siguen viendo "asediados"
por las presiones de la compañía.
Otras de las quejas que reciben las
suministradoras tienen que ver con usuarios que denuncian cortes de
luz realizados cuando no dan su consentimiento. La proveedora destaca
que se limita a cumplir los objetivos, plazos y premisas que
establece el marco legislativo en la materia. Endesa destaca asimismo
que uno de los objetivos de la telegestión es que los propios
usuarios puedan conocer su propia curva de consumo para alcanzar un
objetivo de eficiencia en el gasto doméstico. Los usuarios denuncian
asimismo la imposición del contador de Endesa, sin poder elegir
otro, "atentando contra la libre competencia".
