Sonia Mitralia Σόνια Μητραλιά |
Intervención
del 24 de enero de 2012 ante la Comisión Social de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa de Estrasburgo en torno a
"Medidas de austeridad: Un peligro para la democracia y los
derechos sociales".
Cuando
se van a cumplir dos años de la terapia de choque impuesta a Grecia
por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo
Monetario Internacional, el balance es catastrófico, indignante e
inhumano. De
entrada, hay que señalar que incluso los impulsores de estas
políticas reconocen su fracaso. Másaún, reconocen que sus
planteamientos fueron erróneos, irrealistas, ineficaces e, incluso,
contraproducentes. Tomemos como ejemplo un tema que concierne no a un
problema secundario, sino al meollo del problema: el de la deuda
pública griega.
Así
pues, ahora reconocen que han diezmado una sociedad entera…
¡absolutamente para nada!
Y como si lo hecho hasta aquí no fuera suficiente, continúan imponiendo a los griegos y griegas –y en realidad a todo el mundo– las mismas políticas que consideran fracasadas. Es lo que está ocurriendo con el séptimo "Memorándum" de austeridad y destrucción de servicios públicos después que los seis precedentes hayan dado muestra de una ineficacia total. Al igual que en Portugal, España, Irlanda, Italia… y en toda Europa, donde la aplicación de estos planes de austeridad draconianos conducen al mismo resultado: hundimiento de las economías y de la población en una recesión y un marasmo cada vez más grande.
De
hecho, expresiones como "austeridad draconiana" resultan
totalmente insuficientes para describir lo que está ocurriendo en
Grecia. No sólo se trata de que los salarios y las pensiones del
sector público hayan sido reducidas entre el 50 y el 70%, y un poco
menos en el sector privado. La malnutrición hace estragos entre los
niños de la escuela primaria y el hambre empieza a manifestarse en
las grandes ciudades del país, cuyos puntos neurálgicos se
encuentran ocupados por decenas de miles de personas sin techo,
hambrientas y en harapos. Se trata de que el paro alcanza al 20% de
la población y al 45% de la juventud (49,5% para las mujeres
jóvenes).
Los
servicios públicos han sido liquidados o privatizados y esta
decisión gubernamental ha traído consigo la reducción del 40% de
las camas hospitalarias, que haya que pagar muy mucho dinero para
parir y que en los hospitales públicos no haya vendas o medicamentos
básicos como la aspirina.
En enero de 2012, el Estado griego aún no ha logrado entregar a los alumnos de las escuelas los libros que debían estar distribuido en setiembre de 2011.
Foto Αngelos Kalodouka |
Decenas
de miles de ciudadanos inválidos, enfermos o con enfermedades raras
se ven condenados a una muerte segura y a corto plazo debido a la
supresión de los subsidios a los medicamentos.
Las
tentativas de suicidio (logradas o no) crecen a una velocidad
impresionante, al igual que la gente seropositiva y toxicómana,
abandonadas a su suerte por las autoridades.
Actualmente,
debido a la supresión o privatización de los servicios públicos,
millones de mujeres griegas han de cargar con tareas que
anteriormente estaban cubiertas por dichos servicios. Una situación
que se ha convertido en un verdadero calvario para las mujeres: son
las primeras en ser despedidas y están obligadas a realizar de forma
gratuita tareas que corresponden a los servicios públicos; además,
son víctimas del incremento de la opresión patriarcal que sirve
como coartada ideológica para hacer volver a las mujeres al hogar
familiar.
Podríamos
continuar con la descripción de este horror hasta el infinito; pero
lo que acabamos de describir es más que suficiente para constatar
que nos encontramos ante una situación social que se corresponde
perfectamente con la definición de estado de necesidad o de riesgo,
reconocido desde hace tiempo por el derecho internacional. Un derecho
que permite e incluso obliga expresamente a los Estados a priorizar
la satisfacción de las necesidades básicas de la población frente
al reembolso de la deuda.
Como
indica la Comisión del Derecho Internacional de Naciones Unidas a
propósito del estado de necesidad: "No es admisible que un
Estado cierre las escuelas, las universidades ni los tribunales, que
desmantele los servicios públicos hasta el punto de abandonar la
población al caos y a la anarquía, por la simple razón de disponer
de fondos para reembolsas a los acreedores extranjeros o nacionales.
El Estado, al igual que los individuos, no puede sobrepasar
determinados límites."
Por
ello, nuestra posición, compartida por millones de griegos, es clara
y neta y está recogida en el derecho internacional: el pueblo griego
no tiene que pagar una deuda que, además, no es suya. Por diversas
razones.
La
primera, que la ONU y las convenciones internacionales firmadas por
Grecia y, también, por los países acreedores, dejan claro que el
Estado griego debe atender prioritariamente las necesidades de su
población (nacionales y extranjeros bajo su jurisdicción) antes que
a los acreedores.
La
segunda, que esta deuda o, al menos, una parte muy importante de ella
parece reunir todos los atributos de una deuda odiosa (en todo caso
ilegítima) que el derecho internacional da por sentado que no hay
que reembolsar. Esta es una razón de más para que el estado griego
facilite, en lugar de impedir, el desarrollo de la Campaña por la
Auditoría Ciudadana de esta deuda a fin de identificar su parte
ilegítima, de anularla y no pagarla.
Nuestra conclusión es clara: la
tragedia griega no es ni fatal ni irresoluble. Existe una solución:
el repudio, la anulación y el no pago de la deuda constituyen el
primer paso en la buena dirección, hacia la salvación de un pueblo
europeo amenazado por una catástrofe humanitaria en tiempos de paz.
Gracias
a: Viento
Sur
Fecha de publicación del artículo original: 04/02/2012URL de esta página en Tlaxcala: http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=6762
Fecha de publicación del artículo original: 04/02/2012URL de esta página en Tlaxcala: http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=6762
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