La retirada de la tarjeta sanitaria
impide a las inmigrantes irregulares acceder a métodos
anticonceptivos, como el implante de un DIU, de forma gratuita
PAULA
DÍAZ Madrid 18/03/2013
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A
las mujeres inmigrantes irregulares se
les facturan las
consultas no urgentes en
los centros de salud. Foto:
MÉDICOS DEL
MUNDO
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Gisela,
ecuatoriana, 38 años, cuatro de ellos en España. Tiene tres hijos,
ha sufrido dos abortos espontáneos y recientemente acudió a un
servicio de urgencias del hospital al que siempre había acudido
porque sufría molestias y dolor en la barriga. Sospechaba que podía
volver a estar embarazada. Le hicieron una revisión pero, ante la
falta de confirmación al respecto, le dijeron que volviera en una
semana. Si el resultado era negativo, le cobrarían la consulta.
Esta
es una de las consecuencias de la reforma sanitaria promulgada por la
ministra del ramo, Ana
Mato,
que dejó
a los inmigrantes irregulares sin seguro público.
Los sin papeles son atendidos gratuitamente sólo si se trata de un
caso de urgencia. En el caso de las mujeres, ellas también están
cubiertas durante el proceso del embarazo. En el resto de casos, los
afectados o pagan el servicio o se van a un centro privado.Gisela
no volvió a su hospital.
¿Su diagnóstico final? Embarazo ectópico (fuera del útero) que no
siguió adelante.
María,
dominicana de 33 años, está en el paro. Tiene tres hijos, el más
pequeño, de menos de un año. Durante el último parto sufrió
complicaciones y los médicos tuvieron que practicarle una
histerectomía (le extirparon el útero). A
finales de marzo su
cartilla de la Seguridad Social, su tarjeta sanitaria, caducará y ya
no tendrá a dónde acudir para
que un médico controle -gratuitamente- sus ovarios, sus sofocos, en
definitiva, su estado de salud.
Además,
ni María, ni Gisela, ni ninguna mujer que se encuentre en su misma
situación
tampoco podrá prevenir embarazos no deseados.
Al menos no al precio reducido en que las beneficiarias de la sanidad
pública pueden conseguir anticonceptivos como la píldora o el
implante de un DIU. Sin posibilidad de conseguir una receta, este
derecho no es para ellas.
Médicos
del Mundo calcula que entre 150.000 y 900.000 inmigrantes se han
quedado sin tarjeta sanitaria
Así
lo denuncian algunas de las plataformas que las atienden, como la
Federación
de Planificación Familiar (FPFE)
o Médicos del Mundo (MdM), entre otras. Esta última calcula que
entre
150.000 y 900.000 inmigrantes (hombres
y mujeres) se han quedado sin cobertura sanitaria, ya que no habían
conseguido regularizar su situación en España a 1 de septiembre del
año pasado. "El balance es desolador: no sólo la norma [la ley
de reforma sanitaria] ha
negado el derecho a la salud a estas personas,
sino que incluso las que deberían estar recibiendo atención, no lo
están consiguiendo fácilmente", denuncian en
un comunicado.
"En algunos hospitales son obligadas a firmar un compromiso de
pago antes de ser atendidas [...] También es especialmente
preocupante que tengan que abonar íntegramente el coste de los
medicamentos que precisan", señalan.
En
resumen, Médicos del Mundo lamenta la "vulneración
de derechos humanos"
que se ha producido en algunos casos. Como en el de Leydy Ruiz, que
tuvo dificultades para conseguir una cita de seguimiento para su
tratamiento de cáncer de mama y también para poder pagar la
cara medicación que necesitaba.
Leydy
es cubana, tiene 28 años y lleva más de tres en España. En cuanto
Madrid empezó a aplicar la nueva ley impuesta por el Ministerio de
Ana Mato, en
mayo de 2012,
los profesionales que siempre le daban sus recetas para un
medicamento que corta su ciclo menstrual, dejaron de hacerlo. Algunos
incluso empezaron a tratarla mal. "Mi tumor es
hormonodependiente. A pesar de la quimioterapia, la radioterapia y la
mastectomía (extirpación de la mama), cada 28 días tenía que
ponerme un implante para no tener la regla", relata. Pero,
después
de dos años de tratamiento,
que cuesta unos 200 euros, según sus datos, un
día llegó a su centro de salud y se lo negaron.
"Una de las enfermeras me dijo que me volviera a mi país, que
inmigrante tenía que ser", continúa Leydy.
"Al
quedarme sin tratamiento, lloré y lloré, pero un día me dije que
si el cáncer no me había matado, no lo iba a hacer la ley",
relata una afectada
Lejos
de hundirse, esta cubana optimista y alegre le respondió: "No
vengo aquí de fiesta, mi bisabuela era española e, igual que ella
emigró cuando las cosas estaban mal aquí, a mí me ha tocado venir
cuando las cosas están mal en mi país". "Ojalá pudiera
estar allí y tratarme allí, porque otra cosa no, pero los médicos
cubanos son excelentes y salvan vidas de forma gratuita",
reivindicó Leydy. Sin embargo, pese a su arrojo, tuvo
que pasar casi un año sin tratamiento.
Y
sin revisión ginecológica ni oncológica.
"Lloré y lloré, pero un día me dije que si el cáncer no me
había matado, no lo iban a conseguir éstos", cuenta.
Intentó
conseguir su tratamiento en farmacias, incluso a pesar de tener
dificultades para poder hacer frente al coste de su tratamiento. "Si
hacía falta, estaba
dispuesta a ponerme a bailar en el Metro para sacar dinero",
asegura, medio en broma, medio en serio. Aun así, en ninguna
farmacia se lo dispensaban sin receta. Un día, alguien le recomendó
que acudiera a Médicos
del Mundo,
ONG donde ofrecen un servicio de información y acompañamiento a las
personas que se encuentran en su misma situación. Después de muchos
arreglos burocráticos, el caso de Leydy terminó bien, pudo volver a
tener asistencia y, con la buena
evolución de su enfermedad,
ya sólo necesita un tratamiento mucho más barato que el anterior.
Además, ha conseguido trabajo (de niñera, a pesar de estar
licenciada en Historia del Arte) y está a punto de conseguir su
permiso de residencia.
Compromiso
de conciencia
"La
reforma pone en mayor peligro a los más pobres y, además, es
totalmente inequitativa porque depende de la zona en que viva la
mujer, de las instrucciones de cada Consejería de Sanidad",
explica Isabel Serrano, ginecóloga de la Federación
de Planificación Familiar.
También dependen, en caso de que el Gobierno autonómico restrinja
el acceso a la sanidad a los sin papeles al 100%, de la objeción de
conciencia a la que se acogen muchos profesionales. "La
normativa pone en un aprieto a muchos profesionales porque podrían
ser penalizados por ello y, en
la situación de precariedad actual,
muchos no querrán arriesgar sus puestos de trabajo", advierte
la experta, que prefiere hablar del "compromiso de conciencia"
de sus colegas de profesión, más
que de la objeción.
"Por ética, estamos obligados a atender a todo el mundo, diga
lo que diga la ley", señala.
"La
reforma sanitaria pone en peligro a los más pobres", denuncia
una experta de la Federación de Planificación Familiar
Sin
embargo, incluso aunque los médicos quieran ofrecer sus servicios de
forma gratuita a sus pacientes sin papeles, no pueden hacerlo con
facilidad. "En
teoría no podrían ni darles hora,
porque todo está informatizado ya y, sin tarjeta, es imposible",
explica Serrano. José Vicente González Navarro, presidente de la
Sociedad Española de Contracepción, está de acuerdo con ella en
cuanto al compromiso de conciencia. "La
preocupación de los médicos es atender a las personas;
no vamos a dejar de asistir a nadie que lo necesite. Yo nunca he
pedido la tarjeta sanitaria y no lo voy a hacer ahora", asegura.
Aun así, también reconoce que "puede que algunas personas se
encuentren con barreras antes de llegar a nosotros, barreras
pre-médico que
nosotros desconocemos", lamenta.
Lo
mismo que ocurre con la cita médica, ocurre también con los
materiales utilizados o con las recetas. "En
algunas Comunidades,
los centros de planificación familiar tienen DIUs e implantes
hormonales gratuitos, pero no todas", detalla Serrano. La
consecuencia, de nuevo, es la misma: un ginecólogo puede querer
atender la petición de una inmigrante irregular pero, en algunos
casos, será la paciente la que, como mínimo, tenga que pagar el
sistema de prevención de embarazo.
Aunque
las afectadas consigan una receta, nunca obtendrán el fármaco a
precio reducido
¿Los
precios? Un DIU de cobre -el más utilizado-, entre
60 y 120 euros.
El de hormonas, 165 euros. El implante anticonceptivo de hormonas
para tres años, 150 euros. En caso de tener que acudir a una
consulta privada, donde tenga que pagar la intervención y el
material, prevenir embarazos no deseados le costará a la inmigrante
en cuestión entre 200 y 250 euros, según los expertos consultados.
Y si prefiere optar por métodos más baratos, como el parche, el
anillo o la píldora, el precio oscilará entre 6 y 20 euros al mes,
aproximadamente el
doble de lo que costarían con receta médica.
Una vez más, el médico puede extender el papel en blanco, pero, al
llegar a la farmacia, la mujer sin papeles se encontrará de nuevo en
un callejón sin salida.
"Punto
uno: si no tienen acceso a médico, ¿quién les va a dar la receta?
Y punto dos: los médicos pueden darles la receta que les permitirá
acceder a métodos anticonceptivos, pero en
ningún caso, a precio reducido",
especifica la experta de la Federación de Planificación Familiar.
"La financiación pública se hizo para ayudar precisamente a
quien tenía menos recursos, para mejorar el acceso a los
anticonceptivos y evitar embarazos no deseados", recuerda
Serrano.
Acai:
"Lo primero son las mujeres"
Si,
finalmente, se llega a este extremo y la mujer decide abortar,
entonces tiene dos opciones. La primera, si se tienen recursos, es
acudir
a una clínica privada y pagar entre 350 y 600 euros por
la intervención, dependiendo del tiempo de embarazo, de si es
anestesia local o general o de si se trata de una interrupción
farmacólogica. Algunas, desesperadas, recurren a métodos peligrosos
como las
supuestas píldoras abortivas que se difunden por internet de forma
clandestina.
A este respecto, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS)
ya ha advertido, en varias ocasiones, de los
peligros que conlleva restringir el acceso libre y gratuito.
Por
suerte, la segunda opción legal, según fuentes de la Asociación de
Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo
(Acai),
obtener la tarjeta sanitaria como mujer embarazada -en cuyo caso sí
estará cubierta por la seguridad social- y luego decidir abortar.
"En
un aborto se juntan las dos excepciones en
las que sí están aseguradas las mujeres sin papeles: están
embarazadas y es un caso de urgencia porque, cuanto más tiempo pase,
peor es", detalla también Serrano.
Aun
así, desde Acai aseguran que, incluso en los casos en los que las
inmigrantes son reticentes a entrar en el circuito administrativo por
miedo a que sea una excusa para encontrarlas y poder expulsarlas, sus
médicos las atienden igualmente de forma gratuita. "Lo
primero es pensar en las mujeres",
concluyen.
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