miércoles, 12 de junio de 2013

El Gobierno no quiere comparativas de alimentos

La OCU denuncia que una disposición en la Ley de Cadena Alimentaria pone trabas a análisis como los que descubrieron carne de caballo en las hamburguesas
La OCU detecta carne de caballo en hamburguesas de Eroski y Ahorramás.
Carlos de Prada, Madrid. 11/06/2013

Carne de caballo en las hamburguesas. Fletán por lenguado. Coliformes fecales en las tartas de chocolate. Todo esto no podrá ser descubierto, o será mucho más complicado de descubrir después de que el Gobierno haya introducido una disposición adicional en la Ley de Cadena Alimentaria que, según la OCU, "va a hacer prácticamente imposible que se realicen análisis comparativos de alimentos en España".

Si el Gobierno no da marcha atrás, podría ser un grave atentado a la libertad de expresión y al derecho de los consumidores a ser informados adecuadamente de la seguridad y la calidad de los productos, algo que inquieta mucho a la población española, en especial tras la sucesión de informes que han desvelado los más diversos fraudes alimentarios.

La disposición adicional introducida por el Grupo Popular se incluyó como una enmienda de última hora y por lo tanto sin margen para su debido debate en el Congreso, quedando ya solo la esperanza de que se corrija en el Senado, y establece toda suerte de requisitos y trabas para los análisis y estudios que puedan revelar problemas en la cadena alimentaria, tales como, por ejemplo, los que tengan que ver con la posible contaminación de los alimentos o con fraudes.

Entre otras cosas, la disposición fija que "cualquier estudio que vaya a publicarse basado en análisis de productos alimentarios tenga que ser presentado antes a la industria que puede resultar afectada, para que esta pueda contradecirlo". De modo que, antes de que el estudio haya llegado siquiera a finalizarse y publicarse, las entidades que lo estén realizando, como puedan ser centros científicos y/o asociaciones de consumidores, por ejemplo, se verán sometidos al escrutinio de las empresas interesadas cuyos productos sean analizados. Y esperando, quien sabe cuánto tiempo, a que estas realicen un contraanálisis que presumiblemente desmonte sus resultados. Después, habrán de volver a esperar a que alguien (que no se detalla en la enmienda introducida por el Grupo Popular) haga un tercer informe que dirima el resultado, que habrá que ver cuál es.

Como ha comentado la OCU en una nota, "los últimos escándalos en materia de alimentación destapados en España no han gustado nada a Agricultura y esta disposición es la respuesta. La calidad de la leche, el fraude del aceite de oliva virgen extra o las hamburguesas con carne de caballo no han concluido en expedientes sancionadores sino todo lo contrario. El Gobierno pretende que este tipo de análisis no se vuelva a realizar y los consumidores adquieran los productos con la información, interesada, que les da la propia industria"

La libre realización de informes que critiquen deficiencias en productos alimentarios, tal y como la hemos conocido hasta ahora, y que ha alertardo de numerosos fraudes a la sociedad, podría llegar a su fin o verse tremendamente dificultada. No solo por la posibilidad de vetarlos, de facto, durante un tiempo aún indeterminado, sino también por el previsible encarecimiento de su realización y otras dificultades, así como por la posible pérdida de interés de sus resultados con las demoras que podrían producirse en algún caso, y eso si los informes llegasen a publicarse y no se viesen frenados durante años en un mar de pleitos con la Administración y empresas que podrían bloquearlos alegando las más diversas razones.

Pero es que, además, la disposición establece, remitiendo al desarrollo de reglamentos que lo detallen, cómo habrán de realizarse los análisis y estudios, inclusive la toma de muestras, quiénes estarán autorizados, y quiénes no, a realizar los análisis, con qué criterios deberán evaluarse los resultados y de qué forma deberán interpretarse y comunicarse a la sociedad. De fondo, además, se amenaza a quienes quieran realizar los informes ya que de no someterse a lo estipulado, se les aplicaría, sorprendentemente, la normativa de Competencia Desleal, que permite una serie de acciones represivas que aún servirán más de advertencia.

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