La
OCU denuncia que una disposición en la Ley de Cadena Alimentaria
pone trabas a análisis como los que descubrieron carne de caballo en
las hamburguesas
 |
La
OCU detecta carne de caballo en hamburguesas de Eroski y Ahorramás.
|
Carlos
de Prada,
Madrid. 11/06/2013
Carne de caballo en las hamburguesas.
Fletán por lenguado. Coliformes fecales en las tartas de chocolate.
Todo esto no podrá ser descubierto, o será mucho más complicado de
descubrir después de que el Gobierno haya introducido una
disposición adicional en la Ley de Cadena Alimentaria que, según la
OCU, "va a hacer prácticamente imposible que se realicen
análisis comparativos de alimentos en España".
Si el Gobierno no da marcha atrás,
podría ser un grave atentado a la libertad de expresión y al
derecho de los consumidores a ser informados adecuadamente de la
seguridad y la calidad de los productos, algo que inquieta mucho a la
población española, en especial tras la sucesión de informes que
han desvelado los más diversos fraudes alimentarios.
La disposición adicional introducida
por el Grupo Popular se incluyó como una enmienda de última hora y
por lo tanto sin margen para su debido debate en el Congreso,
quedando ya solo la esperanza de que se corrija en el Senado, y
establece toda suerte de requisitos y trabas para los análisis y
estudios que puedan revelar problemas en la cadena alimentaria, tales
como, por ejemplo, los que tengan que ver con la posible
contaminación de los alimentos o con fraudes.
Entre otras cosas, la disposición fija
que "cualquier estudio que vaya a publicarse basado en análisis
de productos alimentarios tenga que ser presentado antes a la
industria que puede resultar afectada, para que esta pueda
contradecirlo". De modo que, antes de que el estudio haya
llegado siquiera a finalizarse y publicarse, las entidades que lo
estén realizando, como puedan ser centros científicos y/o
asociaciones de consumidores, por ejemplo, se verán sometidos al
escrutinio de las empresas interesadas cuyos productos sean
analizados. Y esperando, quien sabe cuánto tiempo, a que estas
realicen un contraanálisis que presumiblemente desmonte sus
resultados. Después, habrán de volver a esperar a que alguien (que
no se detalla en la enmienda introducida por el Grupo Popular) haga
un tercer informe que dirima el resultado, que habrá que ver cuál
es.
Como ha comentado la OCU en una nota,
"los últimos escándalos en materia de alimentación destapados
en España no han gustado nada a Agricultura y esta disposición es
la respuesta. La calidad de la leche, el fraude del aceite de oliva
virgen extra o las hamburguesas con carne de caballo no han concluido
en expedientes sancionadores sino todo lo contrario. El Gobierno
pretende que este tipo de análisis no se vuelva a realizar y los
consumidores adquieran los productos con la información, interesada,
que les da la propia industria"
La libre realización de informes que
critiquen deficiencias en productos alimentarios, tal y como la hemos
conocido hasta ahora, y que ha alertardo de numerosos fraudes a la
sociedad, podría llegar a su fin o verse tremendamente dificultada.
No solo por la posibilidad de vetarlos, de facto, durante un tiempo
aún indeterminado, sino también por el previsible encarecimiento de
su realización y otras dificultades, así como por la posible
pérdida de interés de sus resultados con las demoras que podrían
producirse en algún caso, y eso si los informes llegasen a
publicarse y no se viesen frenados durante años en un mar de pleitos
con la Administración y empresas que podrían bloquearlos alegando
las más diversas razones.
Pero es que, además, la disposición
establece, remitiendo al desarrollo de reglamentos que lo detallen,
cómo habrán de realizarse los análisis y estudios, inclusive la
toma de muestras, quiénes estarán autorizados, y quiénes no, a
realizar los análisis, con qué criterios deberán evaluarse los
resultados y de qué forma deberán interpretarse y comunicarse a la
sociedad. De fondo, además, se amenaza a quienes quieran realizar
los informes ya que de no someterse a lo estipulado, se les
aplicaría, sorprendentemente, la normativa de Competencia Desleal,
que permite una serie de acciones represivas que aún servirán más
de advertencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario