- Ya hay menos beneficiarios que cuando Rajoy asumió la presidencia en diciembre de 201
- Las personas atendidas se reducen en 15.000 a lo largo de este año
- El dinero para dependencia se congela
JAIME PRATS Valencia 28 OCT 2013
La lista de espera de la ley de
Dependencia asciende a 198.000
personas. / BERNARDO PÉREZ
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El sistema de dependencia echó a andar
en enero de 2007. Creció, se estancó y, ahora, lastrado por la
sucesión de recortes, está acelerando su caída, hasta el punto de
que el nivel de cobertura del que estaba llamado a convertirse en el
cuarto pilar del Estado de bienestar ha retrocedido en el tiempo para
situarse por debajo de los niveles de hace casi dos años, según
muestran los datos oficiales. Las comunidades autónomas —con
excepciones— no son ni siquiera capaces de mantener el ritmo de
reposición de los usuarios que fallecen y causan baja en el sistema
con nuevas altas, como demuestra la tendencia consolidada de los
últimos nueve meses. A lo largo del año 2013, el número de
personas atendidas se ha reducido en 15.302.
Existen 736.249 beneficiarios de alguna
de las ayudas que contempla la ley, según los últimos datos
oficiales publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(Imserso), con fecha de 31 de septiembre. Son 2.338 usuarios menos de
los 738.587 que se encontró Mariano Rajoy en los registros del
Imserso —entidad dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad— hace 21 meses, en diciembre de 2011, cuando
tomó posesión como presidente del Gobierno.
Fuente: Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (Imserso) / EL PAÍS
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Y no es que ya se haya alcanzado el
punto en el que se atiende a todo aquel que necesita ayudas. Hay
decenas de miles de personas atascadas en el arcén del sistema,
esperando que les llegue el turno. La lista de espera de potenciales
beneficiarios a los que las comunidades autónomas han reconocido la
condición de dependientes con derecho a ayudas y aún no atienden
representa una bolsa de 198.041 personas
Las nuevas altas son inferiores al
número de personas que fallecen
Estas cifras corresponden a datos
oficiales regularizados de los informes que mensualmente publica el
Imserso. Es decir, están limpios, después de que se depuraran los
registros debido a las duplicidades o errores (en torno a un total de
13.000) que detectó el Tribunal de Cuentas en los expedientes
enviados por las comunidades autónomas.
Fuentes del Imserso comentan que, pese
a ello, los datos que reflejan sus informes, aunque son los
oficiales, no son definitivos. Fruto del estudio del Tribunal de
Cuentas se ha puesto en marcha un nuevo sistema de información y las
autonomías “están en pleno trasvase de uno a otro [sistema]”,
añaden. Por ello, “habrá que esperar a final de año” para
conocer los datos finales.
Desde el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales subrayan que a lo largo de este año ha habido
60.879 altas en el sistema. Pero esta cifra es engañosa ya que los
datos oficiales muestran una caída en los beneficiarios de la
dependencia (personas con ayudas) a lo largo de este año. A pesar de
las más de 60.000, el saldo final de 2013 hasta septiembre es de
15.302 usuarios menos. Ello implica que el número de bajas en el
sistema (beneficiarios fallecidos) en este periodo ha sido de 76.181,
muy superior a las nuevas incorporaciones que destaca el ministerio,
y que son insuficientes para mantener el nivel de cobertura del
sistema.
El Gobierno dice que los datos
definitivos se sabrán a final de año
¿A qué se debe la caída del número
de ayudas? José Manuel Ramírez, de la Asociación de Directoras y
Gerentes de Servicios Sociales lo tiene claro: a los recortes del
Gobierno del Partido Popular.
Por ejemplo, la eliminación de la
inyección económica que el Estado transfería a las comunidades
autónomas —las encargadas de ejecutar la ley—, una aportación
de 283 millones de euros a la que se puso fin en 2012. El golpe más
importante a la ley se produjo, sin embargo, con el Real Decreto de
julio de 2012, añade Ramírez. Las “reformas para la
racionalización del sistema”, según la terminología del
ministerio, incluyó una batería de medidas con un impacto que el
propio Ejecutivo valoró para 2013 en 1.108 millones de euros de
ahorro (solo en dependencia) en las distintas Administraciones, según
el Programa Nacional de Reformas remitido a Bruselas el pasado mayo.
En el real decreto se acordó la
reducción del nivel mínimo (el dinero que destina el Estado a las
regiones correspondiente a la cuota que paga por los dependientes) en
un 13%, la minoración del 15% de las cotizaciones a la Seguridad
Social de las cuidadoras o la reducción de la compatibilidad entre
servicios, entre otros aspectos.
Los principales recortes al sistema
llegaron en julio de 2012
La puesta en marcha de estas medidas no
tuvo un efecto inmediato, según apunta Ramírez. Provocó, primero,
la congelación del sistema y, posteriormente, una caída de usuarios
que se está haciendo especialmente evidente en estos momentos con
las últimas cifras oficiales.
No todas las autonomías retroceden en
ayudas. Extremadura, Castilla y León o Cataluña aumentan
ligeramente el número de beneficiarios, a pesar de tener tasas de
cobertura superiores a la media estatal. En otras, como Aragón, el
retroceso ha sido del 15% de usuarios en 21 meses.
Pero más allá de estas diferencias,
las tensiones presupuestarias para mantener el sistema son
generalizadas. La Comunidad Valenciana, que desde la puesta en marcha
de la ley siempre ha ocupado los lugares de cola en cuanto al
desarrollo del sistema, cuenta con 2.000 expedientes de prestaciones
económicas para atención residencial congelados, indican desde la
patronal de residencias privadas Aerte. También respecto a estas
mismas ayudas, Cataluña anunció en septiembre que la medida de
suspender provisionalmente la concesión de nuevas prestaciones,
dictada en agosto, se convertía en indefinida.
Miles de personas han fallecido sin
recibir su prestación
Las estadísticas del Imserso reflejan
la caída sostenida de las personas registradas en la lista de espera
de la dependencia. De los 305.941 beneficiarios pendientes de recibir
una prestación en enero de 2012 se ha pasado a 198.041 en septiembre
de este año. El ministerio presume de que esta es la cifra más baja
desde el inicio de la dependencia. Pero, según Ramírez, este
comportamiento no obedece a una gestión exitosa del sistema de
dependencia. Lo lógico sería que a la reducción de la lista de
espera (sobre todo, dado el volumen de la caída) correspondiera un
incremento en el número de beneficiarios por el trasvase de personas
de uno a otro grupo. Pero los datos no solo niegan esta relación,
sino que indican lo contrario: se ha producido una caída tanto en la
bolsa de personas en espera como en el número de usuarios.
Ramírez apunta a varias razones para
explicar esta aparente contradicción. La lista ha caído en parte
por el aplazamiento de la cobertura a los dependientes moderados
hasta julio de 2015 —una medida tomada a finales de 2011—. Pero
también por las miles de personas que mueren aguardando una ayuda
que nunca llega. Jaime Esteban, coordinador de las plataformas
españolas en defensa de la Ley de Dependencia estima que solo en la
Comunidad Valenciana, el número de fallecidos en estas condiciones
sería de 30.000 desde el inicio de la norma.
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