mayo
31, 2014
A
finales de febrero de este año, el fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, recibía un contundente informe de 16 páginas
en el que se le detallaban diversas sentencias de los tribunales y
una incipiente investigación de la Comisión Europea sobre la
contaminación de toda la cuenca del Llobregat, que abastece de agua
al área metropolitana de Barcelona. En el escrito se detalla que
Iberpotash tiene 9 concesiones mineras en Súria y una en Sallent,
ambas consecuencia de un programa aprobado en el año 2003 y con
autorizaciones ambientales que van desde 2006 hasta 2008.
El
escrito especifica también las sucesivas sentencias judiciales como
consecuencia de las cuales la Generalitat tuvo que pedir a Iberpotash
una fianza de más de 585.000 euros primero y, más tarde, de 6,9
millones“a la que ha aplicado una inaudita reducción del 50%”. Y
explica: “Mientras tanto, la escombrera del Cogulló, que ahora
Iberpotash presenta como un depósito salino a la expectativa futura
de explotación para aprovechamiento de la sal sódica, supera los 55
millones de toneladas en residuos altamente contaminantes y sigue
impunemente creciendo, con las consecuencias por todos conocidos de
salinización de la cuenca del Llobregat”. El firmante de la
denuncia aporta también las diferentes sentencias a favor de
asociaciones de vecinos.
Pero
el apartado más importante desvela un dato inédito: que Europa
investiga la contaminación producida. El párrafo en cuestión
señala: “La Comisión Europea ha incoado un procedimiento de
infracción, con referencia CHAP (2013) 01557 de la Dirección
General de Medio Ambiente, por los reiterados incumplimientos de la
normativa ambiental comunitaria en relación con la actividad
extractiva de Iberpotash en Sallent y en Súria, a raíz de mi
denuncia presentada el 14 de mayo de 2013 ante dicho organismo con
sede en Bruselas”.
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Rio Llobregat. (Efe)
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En
esa denuncia se aseguraba que la compañía salinera incumple la
obligación de gestionar los residuos salinos, que la Generalitat
permanece inactiva ante la intensificación del riesgo, que se está
gastando dinero público para paliar la contaminación producida por
Iberpotash, la “vulneración del principio quien contamina paga”,
que los daños causados pueden llegar a ser irreversibles “en la
calidad de las aguas destinadas a la extracción de agua potable para
la población de toda la región metropolitana de Barcelona” y que
se han realizado actividades industriales sin el permiso
correspondiente.
El
extenso informe enviado a Europa habla también de “los obstáculos
para hacer cumplir la normativa comunitaria vigente debido a la
connivencia de la Administración de la Generalitat de Cataluña con
Iberpotash” y demanda exigencia de responsabilidades a las
autoridades públicas que permiten esta situación.
Un
insigne vecino cabreado
El
insigne personaje que firma tanto la denuncia a Fiscalía como la de
Bruselas es Sebastià Estradé y puede presumir de ser doctor en
derecho, diplomado en ingeniería industrial, exprofesor de Física
Nuclear, exsecretario de la Cátedra Especial de Tecnologías del
Espacio de la Universidad de Barcelona y presidente de la sección de
Derecho Aeronáutico y espacial del Colegio de Abogados de Barcelona.
Además, es un prolífico autor catalán (ha escrito una treintena de
obras de divulgación científica, narrativa breve, ciencia ficción
y divulgación ambiental) y tiene 91 años, aunque conserva toda su
lucidez y agilidad mental.
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Sebastià Estradé y el doctor en
biología Ramon Folch.
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En
enero de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
ya le daba la razón a Estradé en su contencioso con el Gobierno
catalán y con Iberpotash, a quien reclama que gestione los residuos
como hacen todas las compañías en Europa o como esa misma empresa
hace en otros países. La firma, de capital israelí, tiene
yacimientos abiertos en Súria y en Sallent. El fallo de enero del
año pasado reforzaba una sentencia anterior de 2011 que anulaba
parcialmente la autorización ambiental de la explotación minera.
El
15 de octubre de 2013, el TSJC dictaba otra sentencia dando la razón
a la Asociación de vecinos Sant Antoni del barrio de La Rampinya, de
Sallent, que habían denunciado a la Generalitat y a Iberpotash por
la contaminación del medio ambiente. Los términos eran similares a
los del anterior fallo.
Y
es que los residuos mineros se acumulan en plena naturaleza haciendo
que, por las condiciones atmosférica y medioambientales, puedan
filtrarse a las cuencas y al subsuelo. Además, en Sallent, una
montaña de 500 metros de altura da fe de la dejadez para minorar los
efectos industriales. En Europa, los desechos industriales se
inyectan de nuevo en las minas perforadas mediante la técnica del
backfilling reduciendo en su casi totalidad los efectos nocivos sobre
el medio ambiente.
Paralelamente,
la Fiscalía barcelonesa interpuso hace dos años una querella en el
juzgado de instrucción número 2 de Manresa contra tres altos
directivos de Iberpotash por presuntos delitos contra los recursos
naturales y el medio ambiente.
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