- Parado el desalojo previsto para hoy en el Guinardó de una mujer de 37 años con una dolencia que paraliza su cuerpo
ANA MATYSZCZYK Barcelona 4 FEB 2015
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María Goretti Guisande, en el salón
de su casa. / MASSIMILIANO MINOCRI
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María Goretti Guisande es la
protagonista de una nueva pero atípica historia de desahucio. Esta
mañana estaba previsto que fuera desalojada, pese a su complicada
enfermedad crónica. Sin embargo, de momento el desahucio se ha
parado gracias a la presencia de numerosos vecinos y activistas de
500x20 y la PAH. Gallega, de 37 años y residente en Barcelona desde
los 18, María ha sido diagnosticada con el síndrome de sensibilidad
química múltiple, un extraño trastorno que altera progresivamente
el sistema nervioso hasta paralizar su cuerpo por completo. En 2009
fue incapaz de continuar con su vida laboral. La falta de ingresos ha
condicionado que, en octubre de 2013, dejara de pagar el alquiler de
su piso, ubicado en la calle Sant Antoni Maria Claret.
En mayo del año pasado, se
le envió la primera de las tres órdenes de desahucio que recibió
en 2014. Todas las instancias fueron aplazadas por su historial
médico. Hasta el día de hoy, que se pretendía hacer efectivo su
desalojo. “No se trata solo de perder el piso. Tengo una enfermedad
compleja y todo lo que me rodea me hace daño. El traslado a un
hospital o a una pensión significa estar expuesta a un dolor
continuo. Yo atravieso una lucha muy dura para sobrevivir cada día,
y no puedo aguantar un daño añadido”, explica la mujer desde su
silla de ruedas con una mascarilla respiratoria. La respiración se
le corta en cada frase.
Lo que empezó con una
fatiga crónica hace más de diez años, derivó luego en una
fibromialgia severa. Cualquier estímulo auditivo, de tacto, olfato o
de visión que ella reciba, desencadena una crisis corporal
intolerable. Desde el sonido del tráfico hasta la respiración de
una persona. El olor de una colonia o el perfume de la ropa. Los
textiles que roza e incluso un destello de luz le provocan un fuerte
dolor interno que paraliza su cuerpo por completo.
El traslado a una pensión o a un
hospital significa un dolor continuo
María nunca ha recibido una
paga por su enfermedad. Su abogada ha adelantado que ha iniciado un
proceso judicial contra el Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas
(ICAM) y la Seguridad Social para que le declaren la invalidez
definitiva. Según la letrada, las instituciones mencionadas
denegaron anteriormente la petición de invalidez por considerar el
trastorno como una “enfermedad invisible”, lo que significa que
no se puede reconocer con las pruebas médicas tradicionales. Sin
embargo, los médicos del Hospital Clínic han valorado la
incapacidad laboral que tiene María a raíz de su enfermedad. Con
estos antecedentes, la abogada ha iniciado un nuevo proceso judicial
para el cual no hay fecha definida.
María espera ser trasladada
a un piso de protección oficial, una turbia posibilidad frente a un
escenario sin tiempo. Según la Asociación 500 x 20, plataforma que
lleva el caso de la afectada, la Administración ha comunicado que la
mujer no entregó la documentación necesaria para la gestión del
piso. María alega estar incomunicada en su casa, sin teléfono de
línea ni Internet, de donde, además, no puede salir. Reclama que la
Administración no ha procedido debidamente para hacerle saber qué
papeles debía presentar.
“¿Por qué esperan a unos
días antes del desahucio para decirme que no hay tiempo? Llevo aquí
desde 2013 pidiendo ayuda. Es muy duro estar 24 horas, cada semana de
cada mes, durante un año y medio sin poder hablar con nadie. ¿Hago
señales de humo para que me vean?”, reprocha la mujer.
“He escuchado al tercer
teniente de alcalde, Antoni Vives, decir que todo el mundo tiene el
techo garantizado en Barcelona. Me gustaría que me venga a visitar a
casa, si es posible sin perfume, para que le recuerde sus palabras”,
ironiza la gallega desde el oscuro y poco ventilado salón de su
hogar.
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