- Son productos químicos empleados masivamente por la industria en plásticos, cosméticos o plaguicidas y que la OMS considera una "amenaza global" para la salud pública
- La CE presenta su informe sobre disruptores endocrinos tras una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia por los retrasos injustificados y las críticas de los eurodiputados
- "Está muy claro que bajo la presión de la industria, la Comisión ha intentado todos los trucos posibles para retrasar la decisión y basarla en criterios no científicos", afirma David Azoulay a eldiario.es
Teguayco Pinto 15/06/2016
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Comisión europea / Sébastien
Bertrand/Flickr
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La Comisión Europea ha presentado hoy
los criterios científicos para identificar las sustancias químicas
que actúan como disruptores endocrinos. Una presentación que llega
con dos años de retraso, lo que le ha valido a la comisión una
condena del Tribunal Europeo de Justicia y una moción por parte del
Parlamento Europeo. Básicamente confirma los criterios científicos
de la OMS, sobre los que ya existía un amplio consenso.
"Está muy claro que bajo la
presión de la industria, la Comisión ha intentado todos los trucos
posibles para retrasar la decisión y basarla en criterios no
científicos", ha afirmado a eldiario.es David Azoulay, director
del Centro de Derecho Ambiental Internacional, una organización no
gubernamental que promueve la defensa del medio ambiente y de los
derechos humanos.
Además, Azoulay también ha señalado
las estrategias en las que se ha basado la industria para torpedear
el proceso, "desde la contratación de científicos para sembrar
dudas a amenazar con un apocalipsis económico y agrícola en caso de
que se adoptaran criterios puramente científicos".
Una "amenaza global", según
la OMS
Los disruptores endocrinos (EDC, por su
siglas en inglés) son sustancias químicas que son capaces de
alterar el normal funcionamiento del sistema hormonal de los seres
vivos. Aunque este tipo de sustancias también existe en la
naturaleza, son de especial importancia en la actualidad por
utilizarse de forma masiva a nivel industrial, particularmente en
productos de uso diario como plásticos, cosméticos o plaguicidas.
Según un informe del Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de
la Salud, elaborado en 2013, estos compuestos químicos son una
"amenaza global" que hay que investigar en profundidad, ya
que están vinculados a problemas reproductivos y pueden estar
relacionados con cánceres de mama, de próstata y de tiroides.
Actualmente existen varias normas
europeas que permiten regular aquellas sustancias químicas que
resultan tóxicas para los seres humanos o el medio ambiente. Sin
embargo, para aplicar la normativa es necesario establecer unos
criterios que permitan la identificación de los disruptores
endocrinos.
Para ello, en el año 2012 se encargó
un informe científico que fue realizado por un consorcio de expertos
liderado por Andreas Kortenkamp, investigador de la Universidad
Brunel. En el informe se recomendaron una serie de criterios, pero el
estudio fue discutido y dio inicio a un debate científico sobre los
EDC y su posible regulación.
El debate científico no justifica el
retraso
Sin embargo, la aparente falta de
consenso científico no era tal, o al menos, no lo suficiente para
retrasar la regulación. El pasado mes de abril un grupo de expertos
que incluía tanto a partidarios de Kortenkamp como a opositores se reunió en Alemania para llegar a un consenso de mínimos. Una
reunión que fue moderada por la bióloga Anne Glover, quien fue
asesora científica del presidente de la CE entre 2012 y 2014.
El grupo publicó un documento con las
conclusiones de la reunión, en el que aclaraban que "las
diferencias de opinión" en cuanto varios aspectos de los EDC
"no son un obstáculo para la definición de criterios
científicos para su identificación" e hicieron hincapié en
"que estas fuentes de incertidumbre no deben retrasar los
esfuerzos actuales para regular los disruptores endocrinos".
Dos años de retrasos
La CE ha justificado sus retrasos en la
necesidad de hacer una evaluación del impacto, algo que ha sido
criticado por varios estados de la unión. Finalmente, Suecia
presentó una denuncia ante en Tribunal Europeo de Justicia (TEJ),
que el pasado mes de diciembre dictaminó que la CE no había sido lo
suficientemente rápida en la "identificación y la prohibición
de productos químicos potencialmente dañinos".
En su sentencia, el Tribunal considera
que la CE tenía "una obligación clara, precisa e
incondicional" de presentar "los criterios científicos
para identificar las sustancias químicas que actúan como
disruptores endocrinos y que eso debió haberse realizado el 13 de
diciembre de 2013" y aclaró que ninguna disposición de la
actual normativa europea obligaba a realizar una evaluación de
impacto, con lo que rechazaba el argumento jurídico presentado por
la comisión para justificar su retraso.
Presiones de la industria y de EEUU
En base a esta resolución judicial,
los miembros del Parlamento Europeo aprobaron la semana pasada una
moción, con 593 votos a favor, 57 en contra y 19 abstenciones, en la
que se considera "inaceptable" que la comisión siguiera
sin asumir sus obligaciones incluso después de la sentencia del TEJ
y critica la realización de una evaluación de impacto, reiterando
que la comisión "debe disociar cualesquiera intereses
económicos de su obligación de establecer los criterios"
científicos.
Además, los eurodiputados se mostraban
"profundamente preocupados" por la información publicada
por varias ONG, que achaca los retrasos a las presiones ejercidas
tanto por representantes del sector industrial, como por responsables
estadounidenses de asuntos comerciales en el contexto de la
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus
siglas en inglés).
A este respecto, la periodista francesa
Stéphane Horel, que lleva más de tres años estudiando los retrasos
de la CE, ha denunciado las presiones de los lobby para retrasar las
nuevas restricciones. En un informe presentado el pasado mes de
febrero, Horel denuncia cómo "una importante Iniciativa de
Salud Pública de la UE ha sido bloqueada por lobos corporativos"
y cómo "algunos funcionarios, a pesar de trabajar en servicios
a cargo de la salud pública en la Unión Europea, parece que han
servido a los intereses corporativos por encima de los intereses
públicos".
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