Un tribunal de Lleida decide si otorga
la invalidez permanente a una mujer que alega electrosensibilidad,
enfermedad no reconocida de gran discusión científica
IÑIGO DOMÍNGUEZ Lleida 14 ENE 2017
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Rosa C.T., de espaldas, afectada por
electrosensibilidad, conversa con la doctora Carmen
Valls, ante el tribunal de Lleida, donde ha
testificado como perito a su favor en el juicio celebrado este
jueves. JAVIER MARTÍN
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Alergia’ al Wi-fi es una expresión
coloquial para la denominada electrohipersensibilidad, con las siglas
EHS, la presunta intolerancia a las ondas electromagnéticas de las
conexiones inalámbricas y otros aparatos. La cuestión exige aún
más matización porque ni siquiera hay acuerdo en que esta ‘alergia’
exista, que esas ondas produzcan ese efecto. La gran mayoría de la
comunidad científica, la Organización Mundial de la Salud y el
comité de expertos de la UE lo niegan, dicen que no está probado.
Lo tratan directamente como un cuento chino. Por el contrario,
algunos científicos creen que no es así y manejan una creciente
documentación, si bien desdeñada por el resto de sus colegas. Es un
asunto de enorme hostilidad mutua. Lo que es indudable es que hay
gente a la que le pasa algo, sufre síntomas que algunos médicos
atribuyen a esa razón y, esta es la realidad, acaba llegando a los
tribunales. Como la mañana de este jueves en el Juzgado de lo Social
número 1 de Lleida, donde Rosa C.T., una funcionaria administrativa
de la Generalitat solicita una pensión por incapacidad permanente,
después de tres años de baja. La Seguridad Social, que ya ganó un
primer juicio, se opone a su reclamación.
La sala está vacía, solo hay dos
familiares y un conocido, pero es un caso con más trascendencia de
lo que parece. Ya hubo una sentencia el año pasado del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid que, por primera vez en España,
reconoció una incapacidad total por electrosensibilidad a un
empleado de una empresa de telecomunicaciones. Este es el segundo
caso, que lleva el mismo abogado, Jaume Cortés, del Colectivo Ronda,
y una nueva sentencia reforzaría las razones de estos afectados. Y
también haría poner el grito en el cielo a casi toda la comunidad
científica.
SENTENCIAS A FAVOR DE ELECTROSENSIBLES DESDE 2011
Las primeras recomendaciones del Parlamento europeo sobre exposición a ondas electromagnéticas son de 1999 y en 2011 el Consejo de Europa pidió reducirlas con especial atención a niños y jóvenes, así como prestar “particular atención a las personas electrosensibles”, creando áreas libres de Wi-fi. En Suecia está reconocida la discapacidad por este motivo y países como Suiza e Israel tienen legislación mucho más estricta que la UE. La primera sentencia europea al respecto fue en 2015, enFrancia: con polémica en el mundo científico, un tribunal reconoció una pensión de 800 euros a una mujer que decía padecer electrosensibilidad. Años antes, el Tribunal Superior de Justicia Europeo no concedió la incapacidad a un funcionario español de la UE en Bruselas, porque la enfermedad no estaba reconocida oficialmente, pero sí consideró los síntomas y le otorgó una indemnización.
En España la primera resolución fue en 2011, a favor de Minerva Palomar, la actual presidenta de la asociación española de afectados, Asociación Electrosensibles por el Derecho a la Salud (EQSDS). Luego siguieron otros fallos, media decena, aunque la electrosensibilidad no era nunca la única dolencia, estaba combinada con otras. En julio de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó la primera sentencia que reconocía la pensión a un trabajador de una empresa de telecomunicaciones debido exclusivamente a esta causa. El juicio de Lleida, a la espera de sentencia, debe decidir si hará realidad la segunda. Pero de todas maneras ya hay más casos en los tribunales.
En Lleida la interesada no está en el
juicio porque, asegura su esposo, se pondría mal enseguida en este
lugar lleno de Wi-fi: “Dolor de cabeza, sensación de ahogo,
confusión mental y dificultad para concentrarse, boca seca,
fatiga…”. Además vive el juicio con mucho nerviosismo. Lleva
seis años con esto. “Todo empezó en 2011 cuando cambió de
oficina y comenzó a sentirse mal, sin saber por qué”, explica.
Rosa alega que no puede ni coger el autobús, pues tiene Wi-fi, ni
entrar casi en ningún sitio y ha acabado durmiendo en el comedor, el
lugar más aislado de la casa.“Busqué el piso con ella, casi
usándola casi como un sensor, viendo si se ponía mal o no, porque
basta con que llegue el Wi-fi del vecino”, comenta su marido.
La Generalitat ha hecho de todo para
ayudar a la empleada, admite su abogado. Haciendo reformas,
cambiándola de puesto, pero no hay manera. “Fuera de áreas con
ondas está bien, esa es la cuestión, por la razón que sea. Para
hacer un estudio bueno necesitas mucho dinero y los afectados son
cuatro, a nadie le interesa. Yo solo pido que al menos les comprendan
y les reconozcan la incapacidad”, resume Cortés. "Hace años
el amianto no era malo, hasta que después de unas décadas empezó a
morir gente".
El médico le decía a esta mujer que
lo suyo no era nada y, al final, que padecía ansiedad, la conclusión
más frecuente en estos casos, que a menudo acaban derivados a
psicólogos y psiquiatras. Es algo que desespera a los interesados,
porque se sienten incomprendidos, como si se lo inventaran o, en el
mundo laboral, como si solo quisieran la baja. El mundo científico
no disimula su incomprensión, aun reconociendo el drama humano. “Hay
que decir las cosas con claridad: todos los estudios bien hechos, que
son los que valen, coinciden en que la probabilidad de efectos
adversos es muy pequeña”, afirma Francisco Vargas, médico
epidemiológico y director científico del Comité Científico Asesoren Radiofrecuencias y Salud (CCARS), entidad de referencia en
asesoramiento sobre los posibles efectos de las radiofrecuencias en
la salud. El Ministerio de Sanidad ha concluido que la exposición a
ondas por debajo de los niveles establecidos “aunque pudiera
inducir alguna respuesta biológica en condiciones experimentales, no
está demostrado que pueda implicar efectos nocivos para la salud”.
Vargas opina que la primera sentencia
española del año pasado está “muy mal fundamentada” y que el
juez “no se molestó en investigar mucho”. En aquella ocasión el
reclamante contó con un informe de un especialista del hospital de
Guadalajara. Vargas cree que una nueva sentencia en esa línea en
Lleida “sería un gran error, un fracaso del conocimiento
científico y de la capacidad de valorar pruebas”, pues a partir de
ahora podría bastar con cualquier experto que presente un informe
favorable. Corrobora que, por su experiencia, en muchos casos el
origen de los síntomas es un trastorno psicológico, a veces
diagnosticado.
Julio Carmona, de la Plataforma Contra
la Contaminación Electromagnética (PECCEM), creada en 2009 y que
incluye asociaciones de afectados, considera que como mínimo “con
el conocimiento actual habría que aplicar el principio de
precaución”, ante el riesgo de futuros casos por una exposición
durante años que ahora es imposible de comprobar. Sin datos
oficiales, Carmona cita la estimación de la Sociedad Española de Síndrome de Sensibilidad Central (SESSEC), creada recientemente por
expertos que defienden la electrosensibilidad: calcula, tomando como referencia estudios de otros países, que la prevalencia en España
sería nada menos que de un 5% de la población. Datos que para
Vargas son absurdos, no tienen ninguna validez y son meras
extrapolaciones sin base científica.
Desde esta plataforma recuerdan que el
Parlamento europeo y la Agencia Europea de Medio Ambiente ya se han
expresado a favor de tomar precauciones con móviles y Wi-fi y
esgrimen más de una veintena de manifiestos de científicos que
llaman la atención sobre el asunto a contracorriente. El último en
Bruselas, en 2015, con 120 expertos.También impulsan una iniciativa
ciudadana europea para pedir una reglamentación proteccionista en
este campo, que en España han firmado docentes de las universidades
de Alcalá de Henares, Autónoma y Pompeu Fabra de Barcelona,
Politécnica de Cataluña y de Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valencia y
Reus. Pero para el resto de la comunidad científica no tienen
relevancia. Antonio Hernando, prestigioso catedrático de la
Complutense, director del Instituto de Magnetismo Aplicado y miembro
de la Real Academia de Ciencias, sentencia: “Yo me fío de quien me
fío, no vale cualquier experimento y hay organismos muy respetados
reconocidos por todos que son los que cuentan”.
Naturalmente todos los expertos
coinciden en que hay que seguir investigando, sobre todo para
verificar los efectos a largo plazo, que aún no se pueden saber.
Difieren en lo que se debe hacer hasta entonces: esperar porque no
hay nada que motive la alarma o tomar medidas ya. Ángeles Trillo,
investigadora de Bioelectromagnetismo en el Hospital Ramón y Cajal
de Madrid, participó en el primer estudio de la UE sobre los efectos
de los móviles en células aisladas, llamado Reflex, en 2004. "Fue
muy criticado, pero ahora los nuevos multiproyectos de la UE lo están
confirmando en parte. El riesgo del móvil es muy relativo y pequeño,
pero a largo plazo no se sabe, tiene que pasar tiempo y que haya más
estudios", explica. En cuanto a la electrosensibilidad señala
que generalmente quien padece esos síntomas "suele presentar
sensibilidad múltiple a otros agentes químicos". Afirma que
cada vez hay más casos, pero no se sabe a qué médicos dirigirles.
Carmen Valls, doctora de Medicina
Interna y Endocrinología, ha participado en esos congresos que dan
la alarma sobre la cuestión, y ha testificado este jueves en Lleida
como perito del abogado de la afectada. Ante la juez y el abogado de
la Seguridad Social ha afirmado que la paciente sufre
“electrosensibilidad severa”, que no puede trabajar "en
ningún sitio" y aporta una prueba, “novedosa en España”,
un estudio que muestra cómo su hormona del sueño, la melatonina, se
altera con las ondas electromagnéticas. Valls cree que ya sería un
primer paso que el Ministerio de Sanidad se interese por la
electrosensibilidad y convoque un comité de expertos, como hizo para
la Sensibilidad Química Múltiple (SQM) en 2011.
Un argumento muy utilizado por los
afectados es el de los intereses que tendrían las grandes compañías
de telecomunicaciones en ocultar el problema. Sin caer en teorías de
la conspiración, la experiencia de Bernardo Hernández Bataller,
jurista y miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE) que
intentó aprobar en este foro un dictamen sobre electrosensibilidad,
es que “hay grandes presiones”. El informe no fue aprobado por la
oposición de un experto británico. Luego salió a la luz que era
asesor de compañías eléctricas. Las asociaciones de afectados lo
denunciaron ante el Defensor del Pueblo europeo, que les acaba de dar
la razón. Es un asunto complejo. El juicio en Lleida dura media
hora. Queda visto para sentencia.
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