El martes fue el veredicto del Tribunal
Internacional Monsanto, que sesionó en octubre de 2016. La
multinacional fue hallada culpable por daños a la salud y el
ambiente, crímenes de guerra y ecocidio.
Del 14 al 16 de octubre de 2016, en el
Instituto de Estudios Sociales (ISS) en La Haya, Países Bajos, cinco
jueces de distintas partes del mundo escucharon a más de treinta
testigos y expertos de los cinco continentes. El Tribunal
Internacional Monsanto de La Haya, de carácter exclusivamente ético,
se puso como objetivo sentar bases jurídicas que permitan avanzar en
un verdadero proceso contra la polémica multinacional química y
agroalimentaria. Para ello se ha basado en los Principios Rectores
sobre Empresas y Derechos Humanos adoptados por la ONU en 2011.
Andrés Arnone Miércoles 19 de abril
El veredicto del tribunal
El Tribunal concluyó que Monsanto se
ha involucrado en prácticas que tienen un impacto negativo en el
derecho a la alimentación. Las actividades de la multinacional
afectan la disponibilidad de alimentos para individuos y comunidades,
e interfieren con la habilidad de los individuos y comunidades de
alimentarse a sí mismos directamente o a elegir semillas no
modificadas genéticamente. Además, las semillas genéticamente
modificadas no siempre son costeables para los agricultores y
amenazan a la biodiversidad. Las actividades y productos de Monsanto
causan daño al suelo, agua y al ambiente en general. El Tribunal
concluye que la soberanía alimentaria también es afectada y resalta
los casos en los cuales la contaminación genética de los campos
forzó a agricultores a pagar regalías a Monsanto o hasta abandonar
sus cultivos no-OGM debido a esta contaminación. Efectivamente hay
una infracción al derecho a la alimentación debido al mercadeo
agresivo de los OGMs los cuales pueden forzar a los agricultores a
comprar nuevas semillas cada año. El modelo agroindustrial dominante
puede ser criticado aún más fuertemente debido a que otros modelos
–como la agroecología– existen y respetan el derecho a la
alimentación.
La actividad de la empresa también
afecta de forma negativa el derecho a la libertad indispensable para
la investigación científica recurriendo a la intimidación,
desacreditación de investigación científica cuando se formulan
preguntas serias sobre la protección del ambiente y salud pública.
Con respecto a la creación del Agente
naranja, arma química usada por EEUU en Vietnam, que mataba toda
vida vegetal y provoca malformaciones en animales y humanos hasta hoy
en día, sería cómplice de crímenes de guerra por ecocidio, si la
ley internacional tuviese esa figura: "Si el delito de ecocidio
se reconociera en el derecho penal internacional, las actividades de
Monsanto posiblemente constituirían un delito de ecocidio en la
medida en que causan daños sustanciosos y duraderos a la diversidad
biológica y los ecosistemas, y afectan a la vida y la salud de las
poblaciones humanas", advirtió el fallo.
Nuestras vidas valen más que sus
ganancias
Desde comienzos del siglo XX, Monsanto
ha comercializado productos altamente tóxicos que contaminan el
medioambiente de manera permanente, y ha causado enfermedades y
muertes a miles de personas en todo el mundo. Entre estos productos
se encuentra el PCB, que forma parte de los doce contaminantes
orgánicos persistentes (COP) y afectan la fertilidad humana y
animal; el 2,4,5-T, uno de los componentes del Agente Naranja, que
contiene dioxina y que fue utilizado por el ejército estadounidense
durante la guerra de Vietnam, causando malformaciones congénitas y
cáncer hasta hoy; el Lasso, un herbicida que ahora está prohibido
en Europa; y el famoso Roundup, el herbicida más utilizado en el
mundo y elaborado en base a glifosato (reconocido por la IARC como
potencialmente cancerígeno), que es el causante de uno de los
mayores escándalos sanitario y medioambiental de la historia
moderna. Este herbicida altamente tóxico, está asociado a los
monocultivos transgénicos, principalmente soja, maíz y canola,
destinados principalmente para la alimentación animal o para la
producción de agrocombustibles.
El modelo agroindustrial promovido por
Monsanto y otras empresas, además de ser responsables de
enfermedades entre la población y extinción de especies, es
responsable de al menos un tercio de las emisiones globales de gases
de efecto invernadero. También es en gran parte responsable del
desgastamiento de la tierra y de la escasez de agua, de la extinción
de la biodiversidad y la marginación de millones de pequeños
agricultores.
En Argentina, aproximadamente 13
millones de habitantes de ciudades pequeñas y medianas están
expuestos a estos agrotóxicos, con tasas de mortalidad por cáncer
de hasta un 40%, más del doble que las áreas no expuestas.
Tema relacionado: Agromodelo mortal: 40% de muertes por cáncer en ciudades santafesinas
Los Estados son cómplices
Ya el Ministro de Agroindustria es
productor agropecuario y fue vicepresidente de Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA). En este marco el 50% del suelo cultivable,
15 millones de hectáreas, le pertenece solo a un puñado de 2 mil
grandes propietarios, arrendando también muchas otras, llegándose a
utilizar este “paquete tecnológico” mortal sobre mas de 20
millones de hectáreas.
Según un informe presentado
recientemente por la ONG Greenpeace “al menos treinta funcionarios
tienen vínculos con el oligopolio de la industria química”. Esta
rama estaría encabezada por Monsanto-Bayer, Dow-Du Pont,
Syngenta-ChemChina y BASF, que controlan el 60% del mercado mundial
de semillas y el 65% de las ventas mundiales de agrotóxicos.
La lucha contra la muerte generada por
el agromodelo debe ser una lucha contra el Estado y las grandes
empresas del sector que lo sostienen, y para llegar hasta el final
solo se puede confiar en las propias fuerzas de los trabajadores y
sectores populares, así como en la coordinación con otros
colectivos en lucha, independientes de los políticos que compartan
intereses con empresarios y corporaciones responsables de la muerte y
enfermedad de millones.
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