Por PECCEM
•El documento, que ha tenido una
importante repercusión, ha sido elaborado por el CCARS, una opaca
organización impulsada por el Colegio de Ingenieros de
Telecomunicación. AMPAs, asociaciones de afectados, de consumidores,
vecinales y ecologistas demandan al Ejecutivo una mayor neutralidad y
una regulación proteccionista de la contaminación electromagnética.
La postura del CCARS allana el despliegue de redes 5G y la expansión
desregulada de redes y dispositivos inalámbricos, en detrimento de
opciones tecnológicas biocompatibles como el cable y el LIFI.
Tras la publicación del último
informe del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y
Salud (CCARS), la Plataforma Estatal Contra la Contaminación
Electromagnética (PECCEM), que agrupa a decenas de organizaciones
sociales, y la asociación de Electro y Químico Sensibles por el
Derecho a la Salud (EQSDS), reclaman prudencia y rigor a políticos y
agentes sociales ante sus conclusiones, que sin ambages benefician a
los intereses de la industria de la telefonía. Además, denuncian la
implicación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en
su presentación y posterior difusión, saltándose las normas
básicas de neutralidad o proporcionalidad.
Detrás del Informe sobre
Radiofrecuencias y Salud 2016 se halla el Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación (COIT), entidad que coordina el
propio CCARS. Llama la atención que una organización que NO tiene
entre sus objetivos estatutarios la defensa de la salud se ocupe de
este controvertido asunto, colisionando con su propio código
deontológico al asesorar en competencias que le son ajenas. Hay que
subrayar, además, que el CCARS no figura entre los Organismos
Públicos de Investigación regulados por ley, ni cumple con los
requisitos éticos básicos de transparencia, independencia y
pluralidad de criterios.
Por su parte, el ministerio, con su
actuación invade competencias en prevención y protección ambiental
del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas, tal y como
recoge el Real Decreto 1066/2001 sobre telecomunicaciones y la propia
Ley General de Salud Pública de 2001 en cuanto a la evaluación y
actuación de las emisiones electromagnéticas y a la aplicación del
principio de precaución.
Si atendemos al contenido del documento
del CCARS, este minimiza las advertencias de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la OMS, que ya en 2011, tras
clasificar a los campos electromagnéticos de radiofrecuencias como
posibles cancerígenos, hizo un llamamiento a aplicar “medidas
pragmáticas” para reducir su exposición. Advertencias que hoy se
consideran ampliamente superadas en las revisiones científicas más
actuales.
Además, el CCARS ningunea las alertas
basadas en miles estudios (hoy recogidos en el conocido Informe Bio
Initiative) como el llamamiento internacional que 225 científicos en
bioelectromagnetismo de 41 países realizaron en 2015 a la OMS y a la
ONU, solicitando protección ante las radiaciones electromagnéticas
que “afectan a los organismos vivos”, y suponen un “aumento de
riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de radicales libres
dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del
sistema reproductor, déficit en el aprendizaje y la memoria,
trastornos neurológicos y efectos negativos en el bienestar general
de los seres humanos”.
Por otro lado, el polémico informe del
COIT coincide con la estrategia de la industria de la telefonía de
impedir la aplicación del Principio de Precaución, en contra del
criterio de las asociaciones sanitarias profesionales que representan
a miles de médicos y de las más de 17 agencias gubernamentales desalud que apoyan la reducción de la exposición a la radiación de
los móviles y otros dispositivos inalámbricos. Una estrategia que,
por cierto, es casi calcada a la desplegada hace años por el lobby
de la industria del tabaco.
Recordemos que la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa alerta de los efectos biológicos
para la salud de estas radiaciones en su Resolución 1815. En ella
recomienda aplicar el Principio de Precaución, en especial ante el
peligro sobre la salud de los niños y los adolescentes de los
dispositivos inalámbricos que emiten microondas (móviles, WiFi,
etc.). Hoy en día estas recomendaciones están recogidas y
reforzadas en el dictamen sobre “hipersensibilidad
electromagnética” de la Sección TEN del Comité Económico y
Social Europeo (CESE) de 2015.
En virtud de estas sugerencias, países
como Francia y Chipre y municipios españoles como Hospitalet de
Llobregat ya aplican alguna medida proteccionista, como prohibir las
redes Wi-Fi y las tecnologías inalámbricas en escuelas infantiles o
implantar sistemas de comunicación con luz visible (LIFI) en centros
sanitarios (como sucede en el Hospital de Perpiñán).
Los ingenieros de telecomunicaciones
niegan en su informe la existencia de la electrohipersensibilidad.
Para ello, se basan en un efecto nocebo descartado por la comunidad
científica independiente (2015, 2016), que siempre ha sugerido
métodos más objetivos como la imagen médica y los marcadores
biológicos en sangre. El citado dictamen sobre hipersensibilidad
electromagnética de la Sección TEN del CESE declara que el
negacionismo vulnera los derechos y libertades de las personas
afectadas.
Por todo lo anterior, la PECCEM (que
está formada por las principales organizaciones vecinales del
Estado, colectivos ecologistas, AMPAs, organizaciones de consumidores
y colectivos de afectados) y EQSDS requieren al Gobierno de Mariano
Rajoy que deje de avalar actos y organizaciones de interés de parte,
que vulneran ética y legalidad, y promueva un proceso participativo
de las partes implicadas que proceda a una regulación proteccionista
de la contaminación electromagnética para compaginar tecnología y
salud.
Ver información ampliada en:
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Plataforma-Estatal/notasprensa/Nota.de.prensa.PECCEM.JULIO.2017-ampliacion.pdf
Plataforma Estatal Contra la
Contaminación Electromagnética (PECCEM)
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Twitter: @PECCEM
Página Web: http://www.peccem.org/
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