(En la imagen Francisco Vargas, que se
presenta como experto en la materia)
Estos días aparece en diversos medios
de comunicación nacionales, regionales y locales una noticia
relativa a un Informe del autodenominado “Comité Científico
Asesor en Radiofrecuencias y Salud”, cuyo director científico (el
doctor Francisco Vargas) es un viejo conocido en España de las
asociaciones que luchamos desde hace muchos años por prevenir los
daños que las antenas de telefonía y los móviles provocan en las
personas. Viejo conocido por su completa falta de independencia en el
tema que nos ocupa.
Según las noticias que se han
divulgado, el estudio ha sido presentado en sociedad por el actual
Secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital, lo que supone un aval de la Administración para el citado
estudio y para el señor Francisco Vargas.
El lenguaje utilizado en la
presentación, según las noticias difundidas por los medios, es el
habitual al que nos tienen acostumbrados en el sentido de que “No
se han encontrado” o “No hay evidencias” de que los campos
electromagnéticos puedan incidir en la salud de los humanos…”.
Evidentemente, no se atreven a decirlo de otra forma porque saben que
hay muchos científicos en España y en el extranjero, con un
currículum científico en la materia mucho mayor que el del profesor
Francisco Vargas, que opinan lo contrario.
Según la noticia difundida por los
medios «La evidencia es sólida y contundente, llevamos entre 15 y
20 años con un uso tan masivo de estos dispositivos y, de haber
alguna relación, ya se tendría que haber observado de alguna
forma», conforme ha destacado el director «científico» de esta
entidad, Francisco Vargas, durante la presentación de este trabajo,
que ha recogido y analizado las últimas evidencias científicas
sobre la materia entre 2013 y 2016.
Desde AVAATE nos preguntamos cómo es
posible hacer estas declaraciones con la proliferación de cáncer y
enfermedades que se están produciendo en los últimos 20 años, de
forma absolutamente inusual y sin precedentes.
Por supuesto se echa la culpa del
nerviosismo de la sociedad sobre este tema, únicamente a la labor
que asociaciones como la nuestra realiza para divulgar en España, a
pesar de las dificultades que existen para ello, los graves daños
que para muchos científicos puede provocar esta tecnología. Tarea
que debería precisamente ser realizada y financiada desde la propia
Administración.
En cuanto a la independencia que
“dicen” tiene el citado Comité Científico Asesor en
Radiofrecuencias y Salud, solo hace falta señalar que en Marzo de
2016, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT)
asumió la gestión del Comité, que renovó su estructura y
composición. Es por tanto un órgano dependiente directamente de un
Colegio Oficial directamente implicado por el interés de desarrollar
todas estas nuevas tecnologías. No se trata de ningún organismo,
como la Organización Mundial de la Salud, que deba velar por la
salud de las personas.
Es desgraciadamente frecuente en el
ámbito del tema que nos ocupa, que numerosos expertos que opinan
sobre los efectos sobre la salud de las radiaciones
electromagnéticas, hayan participado en investigaciones o programas
financiados por la industria, lo que, aparte de ser muy discutible
desde el punto de vista ético, puede cuestionar seriamente las
conclusiones de los mismos.
El Dr. Francisco Vargas, exsubdirector
de Salud Ambiental y Laboral del Ministerio de Sanidad y Ciencia, ha
sido durante muchos años responsable del Área Biomédica del SATI
(Servicio de Asesoramiento Técnico e Información de la Federación
Española de Municipios y Provincias sobre implantación de
infraestructuras de radiocomunicación). El 14 de junio de 2005 se
firmó entre los entonces Presidentes de la Federación Española de
Municipios y Provincias y de la Asociación de Empresas de
Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de
España, respectivamente, un Acuerdo de Colaboración para “el
establecimiento consensuado de criterios técnicos, medioambientales
y urbanísticos que favorezcan el desarrollo armónico de las
infraestructuras de redes de radiocomunicación”. En dicho Acuerdo
se reflejaba que el citado Servicio (SATI), entre otras cuestiones,
elaboraría y publicaría “material informativo para la atención
tanto de los Ayuntamientos como del público en general”. Además,
daría respuesta, “a través de la asistencia de un experto de
reconocido prestigio, de las consultas sobre los aspectos biomédicos
para contestar” a lo que denomina “alarma social”. El
responsable durante muchos años del Área Biomédica del SATI ha
sido el señor Francisco Vargas Marcos, que, además de haber sido
Subdirector General del Ministerio de Sanidad, fue coordinador del
“Comité de Expertos” que elaboró el documento “Campos
Electromagnéticos y Salud Pública (2001-2004)” y promotor y
redactor de la Recomendación del Consejo de Ministros de sanidad de
la Unión Europea y del Real Decreto 1066/2001 por el que se
establecen límites de exposición del público en general a campos
electromagnéticos.
A pesar de todo lo anterior, es
importante señalar que el señor Francisco Vargas no es un auténtico
experto y su principal dedicación ha sido la de escribir artículos
divulgativos sobre la materia (sus artículos opinan sobre el trabajo
realizado por otros investigadores).
Desde el año 2001 una parte importante
de la comunidad científica internacional viene pronunciándose sobre
la conveniencia de que no se sobrepase el nivel de densidad de
potencia de 0,1μW/cm2, es decir, 4.500 veces menos que lo
establecido en la Recomendación de 12 de julio de 1999, porque han
llegado al convencimiento de que puede haber efectos biológicos a
dosis superiores a ese umbral.
En 2007, la Agencia Europea de Medio
Ambiente demanda la aplicación del “Principio de Precaución”
ante las amenazas futuras sobre la salud plausibles y potencialmente
serias derivadas de los campos CEM, basándose en pruebas
suficientemente sólidas. Documento “Evaluación de los riesgos de
radiación de los dispositivos en la vida diaria”.
Mediante Resolución de 4 de septiembre
de 2008, el Parlamento Europeo constata también que los límites de
exposición a los campos electromagnéticos establecidos para el
público son obsoletos, ya que al no haber sido adaptados desde la
Recomendación de 12 de julio de 1999, no tienen en cuenta la
evolución de las tecnologías de la información y la comunicación,
las recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente o las
normas de emisión más exigentes adoptadas, por ejemplo, por
Bélgica, Italia o Austria, y no abordan la cuestión de los grupos
vulnerables, como las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los
niños; el Parlamento solicita así al Consejo que modifique su
Recomendación 1999/519/CE, con el fin de tener en cuenta las mejores
prácticas nacionales y fijar así valores límite de exposición más
exigentes para todos los equipos emisores de ondas electromagnéticas
en las frecuencias comprendidas entre 0,1 MHz y 300 GHz.
En 2009, Jacquie McGlade, Directora de
la Agencia Europea del Medio Ambiente, demanda en la Conferencia
“Teléfonos Móviles y Salud, Ciencia y Cuestiones de Políticas
Públicas” reducir la exposición a los CEM de los móviles por el
riesgo de tumores en la cabeza.
La Resolución del Parlamento Europeo
de 2 de abril de 2009, sobre las consideraciones sanitarias
relacionadas con los campos electromagnéticos, instó a la Comisión
a que revisase el fundamento científico y la adecuación de los
límites a los campos electromagnéticos fijados en la Recomendación
1999/519/CE. También solicitó a la Comisión Internacional de
Protección contra las Radiaciones No Ionizantes y a la Organización
Mundial de la Salud que se mostrasen más transparentes y abiertas al
diálogo con todas las partes interesadas a la hora de fijar normas
y, entre otras cosas, manifiestó su profunda preocupación por el
hecho de que las compañías de seguros tiendan a excluir la
cobertura de los riesgos vinculados a los campos electromagnéticos
de las pólizas de responsabilidad civil, lo que significa claramente
que las aseguradoras europeas ya están aplicando su propia versión
del principio de cautela.
El día 27 de mayo de 2011, la Comisión
Permanente del Consejo de Europa aprobó por unanimidad la
Recomendación número 1815, sobre Peligros potenciales de los campos
electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente, por la que
entre otras cosas se acuerda “8.2.1. Establecer umbrales de
prevención para los niveles de exposición a largo plazo a las
microondas en todas las zonas interiores, de conformidad con el
Principio de Precaución, que no superen 0,6 voltios por metro, y a
medio plazo reducirlo a 0,2 voltios por metro”. Este umbral para la
actualidad es equivalente a 0,1μW/cm2, 4.500 veces menor, y para
medio plazo 45.000 veces menor que los permitidos en el Estado
español. Es esta una Recomendación que aprobaron todos los Estados
miembros del Consejo de Europa (entre ellos por supuesto España), y
a la que no se ha dado cumplimiento en España desde entonces.
La
legislación estatal española actualmente aplicable (Real Decreto
1066/2001, de 28 de septiembre), que se basa en la Recomendación de
12 de julio de 1999, no llega a discernir entre exposición
interior/exterior de los edificios o viviendas, y no contempla los
efectos no térmicos y a largo plazo.
La Agencia Internacional de
Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la
Salud, clasificó en el año 2011 los campos electromagnéticos de
radiofrecuencia (móviles, teléfonos inalámbricos, Wifi, Wimax,…)
“como posiblemente carcinógeno para los humanos (Grupo 2B), basado
en un mayor riesgo de glioma, un tipo maligno de cáncer
cerebral”.
En 2013 la Agencia Europea del Medio Ambiente publica
el estudio "Lecciones tardías de alertas tempranas” Volumen
2, que incluye un capítulo dedicado a los riesgos de la telefonía
móvil (capitulo 21).
Desde la Asociación AVAATE, el
17 de diciembre de 2014 se presentó un escrito dirigido al entonces
Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso Aranegui, en el que se solicitaba
la revisión de la actual normativa española en esta materia, sin
que desgraciadamente hasta la fecha nadie desde el Ministerio de
Sanidad español se haya dignado contestar al mismo. En dicho
escrito, entre otras cuestiones, se presentaba sin ánimo exhaustivo
una lista de diversos catedráticos e investigadores españoles que
habían trabajado en la investigación de los efectos de los campos y
radiaciones electromagnéticas sobre la salud de las personas, y que
habían demostrado a través de sus propios trabajos publicados y de
sus manifestaciones en foros públicos la insuficiencia de la
normativa actual para proteger a las personas:
- Dr. Darío Acuña Castroviejo,
Catedrático de Fisiología Médica de la Universidad de Granada.
- Dra. María Jesús Azanza Ruiz,
Catedrática de Biología Celular y Magnetobiología. Departamento de
Anatomía e Histología Humanas, Facultad de Medicina, Universidad de
Zaragoza.
- Dr. D. José Luís Bardasano Rubio,
Catedrático de la Universidad de Alcalá y Director del Departamento
de Especialidades Médicas de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Alcalá de Henares.
- Dr. D. Agustín del Moral, Catedrático
de Física de la Materia Condensada de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Zaragoza.
- Dr. D. Ceferino Maestu Unturbe,
Director del Laboratorio de Bioelectromagnetismo, Centro de
Tecnología Biomédica, Universidad Politécnica de Madrid y Director
de la Fundación Europea de Bioelectromagnetismo y Ciencias de la
Salud de Madrid.
- Dr. D. Claudio Gómez-Perretta, Jefe de
Sección de Investigación en Salud Pública en el Hospital
Universitario La Fe de Valencia.
- Dr. D. Manuel Portolés, investigador
científico del Centro de Investigación del Hospital Universitario.
La Fe de Valencia.
- Dr. D. Enrique A. Navarro, investigador
del Departamento de Física Aplicada y Electromagnetismo de la
Universidad de Valencia.
- Dr. D. Josep Ferrís i
Tortajada,Pediatra especialista en Oncología infantil del Hospital
Infantil Universitario La Fe. Subespecialidad en Salud Ambiental
Pediátrica. Coordinador del Grupo de Trabaja de Salud Ambiental
Pedíatrica de la Sociedad Valenciana de Pediatría. Responsable de
PEHSU Valencia en la Coalición Internacional Health Care Without
Harm. Miembro de la Coalición Internacional Healthy Environments for
Children Alliance (HECA) de la OMS.
Señalar por último que por parte del
Consejo de Ministros, que está siendo muy diligente a la hora de
desarrollar la Ley General de Telecomunicaciones actualmente vigente,
se sigue sin aprobar la Comisión prevista en dicha Ley relativa
precisamente a la salud y las radiofrecuencias, lo que indica en qué
orden de prioridades se desenvuelve en esta materia el Gobierno
español.
