Fina Carpena - MIÉRCOLES, 18/03/2020
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Dos mujeres con mascarillas, este
lunes, en Madrid. / DAVID CASTRO
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En esta crisis por el coronavirus se le
pide a la población que se quede en casa como una responsabilidad
civil, que desarrolle paciencia y resistencia psicológica ante el
confinamiento obligatorio, a la vez que se promueve el teletrabajo y
la continuación de la vida social a través de las tecnologías de
la comunicación. Esta coyuntura es una oportunidad para
sensibilizarnos hacia y visibilizar a un sector de la población que
desde hace años vive en confinamiento permanente, alejado de
ciudades y pueblos, apartado de la vida social, sin accesibilidad a
los espacios y servicios públicos, a veces incluso alejados de sus
familias.
Son los afectados por enfermedades
ambientales, también diagnosticados como Síndromes de
Sensibilización Central, que no pueden tolerar por su constitución
genética los niveles a los que hemos llegado de tóxicos ambientales
tanto químicos como electromagnéticos que otras personas toleran.
Estas personas no tienen garantizado su derecho a la accesibilidad a
servicios y espacios públicos, ni tan siquiera a viviendas adaptadas
donde no estén expuestos constantemente a incitantes ambientales
químicos y electromagnéticos que empeoran su patología y les
provocan grandes sufrimientos.
Según datos del Instituto de la
Seguridad Social, en España 1.500.000 personas padecen
sensibilización central. A pesar de que el número de afectados que
viven en confinamiento permanente como refugiados ambientales va en
aumento, su existencia no ha provocado alarma ni solidaridad social.
Ahora que la población general vive en carne propia lo que es el
confinamiento forzoso por una crisis sanitaria, ¿seremos capaces de
desarrollar empatía y solidaridad con las personas para las que el
confinamiento en casa se ha convertido en una condición permanente
de vida, y de comprometernos con el derecho a la accesibilidad
universal?
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