Ángeles Maestro *
La nueva Ministra de Sanidad ha
anunciado su decisión de ampliar el copago de los medicamentos para
los pensionistas que cobren más de 18.000 euros anuales. Utiliza
para justificarla argumentos que, no por haber sido esgrimidos por
Consejeros y Ministros anteriores, resultan menos vergonzosos.
Se pervierte el sentimiento popular de
justicia, “que pague más, quien más tiene”, que tiene su
aplicación fundamental en la aplicación de los impuestos directos
sobre la riqueza para intentar legitimar – con el mismo argumento -
una nueva restricción económica en el acceso a los medicamentos,
que, sin duda alguna, abrirá el camino a otras más.
Es una gigantesca trampa que intenta
culpabilizar y enfrentar entre si a quienes menos tienen, ocultando
el saqueo generalizado de las arcas públicas que se ha producido vía
reducción de impuestos a las rentas más altas (el escarnio de las
SICAV sigue vigente), amnistías fiscales, el rescate de la banca
privada, la evasión de capitales y tantos etcéteras, por no hablar
de la miseria de las pensiones o de los incrementos brutales de la
explotación que supone la generalización de la precariedad.
Además, el establecimiento de barreras
económicas para el acceso a un elemento central del sistema
sanitario – al que se accede mediante prescripción facultativa y
precisamente cuando se está enfermo, es un crimen cotidiano.
Tras el primer año de entrada en vigor
del Real Decreto Ley 28/2012, del gobierno del PP, que cínicamente
llevaba por título “de consolidación y garantía del sistema de
la Seguridad Social”, un estudio realizado en Madrid arrojaba el
estremecedor dato (obtenido mediante encuesta y por lo tanto muy
inferior al real) de que cerca del 20% de los pensionistas no acudían
a retirar de la farmacia los medicamentos prescritos. Resultados
semejantes se han obtenido en estudios relativos a la introducción
del copago en otros países, con la particularidad de que ese 20% de
la población es el que concentra todos los riesgos desde el punto de
vista de la salud; es el mismo a quien se desahucia por no pagar el
alquiler, el que devuelve los alimentos en la caja del supermercado o
a los que hipócritamente se califica de “pobres energéticos”.
El argumento de que la cantidad exigida
– un máximo de 8 euros mensuales - es simbólica (¿para quién?)
es un insulto para la mayoría de pensionistas (y activos), que con
ingresos inferiores a los 600 euros, tiene que decidir entre comer,
pagar la luz o retirar los medicamentos.
Pero hay que recordar, para la
juventud, o para los desmemoriados, que los discursos destinados a
justificar los copagos son añejos.
Quien abrió el debate acerca de la
conveniencia de hacer pagar a las personas enfermas por los fármacos
que les prescribe su médico fue el Informe Abril Martorell (1991),
elaborado a instancias de un ejecutivo del PSOE que gobernaba con
mayoría absoluta.
El primer “medicamentazo” fue obra
también del PSOE en 1993. La Ministra Ángeles Amador, hoy flamante
“consejera” de Red Eléctrica Española, fue quien llevó a cabo
por primera vez la exclusión de determinados fármacos de la
financiación por la sanidad pública. El segundo de ellos vendría
de la mano del PP en 1998. Muchos de los medicamentos eran, y son, de
uso frecuente en enfermedades crónicas. Se esgrimieron argumentos
confusos y contradictorios. Si no eran eficaces, habría que haberles
eliminado del Registro. Si se pretendía favorecer el buen uso de los
medicamentos, es injustificable que los excluidos por su dudosa
utilidad pasaran a ser objeto de publicidad en medios masivos, con lo
que cualquier atisbo de racionalidad desaparecía por completo. Así,
se da el caso de que un medicamento como el Frenadol, prohibido en
varios países de la UE, es objeto aquí de propaganda masiva.
Los objetivos de ahorro son también
falaces. Tras un breve periodo de reducción tras la adopción de las
medidas, el gasto farmacéutico vuelve a dispararse. En el caso de la
financiación selectiva de medicamentos, se eliminaron los
medicamentos más baratos y menos rentables, que fueron sustituidos
por otros más convenientes para la cuenta de resultados.
Los objetivos de ahorro son una falacia
e incompatibles con el poder aplastante de la industria
farmacéutica, a cuyo servicio han estado todos y cada uno de los
ministerios y consejerías del Estado español.
Lo que importa saber es que son capaces
de inventarse cualquier cosa para conseguir los objetivos de los
intereses empresariales a los que sirven. A modo de ejemplo valga
este hecho que viví en mi época de diputada, precisamente cuando el
PSOE intentaba rodear de legitimidad social su primer
“medicamentazo”. El argumento usado entonces para neutralizar la
resistencia social fue la acusación de fraude masivo en las recetas
de pensionistas que los jubilados usaban para obtener medicamentos
gratis para toda la familia. Los medios de comunicación masivos se
hicieron eco y expandieron el “relato”, sin más fundamentos.
CC.OO y UGT lo apoyaron activamente llevando a cabo una “campaña
de educación sanitaria” entre sus afiliados, con folletos y
charlas destinados a colaborar en la eliminación de dicho fraude.
Ante la persistencia de mis preguntas dirigidas a altos cargos del
Ministerio en sede parlamentaria acerca de cuales eran los datos que
avalaban tales acusaciones de fraude, la respuesta que obtuve fue que
tras un estudio realizado sobre decenas miles de recetas en Madrid
habían aparecido 25 dudosas.
El copago de medicamentos, que como
tantas veces se ha repetido es repago, sirve a un doble objetivo
esencial para la gestión empresarial y la privatización de la
sanidad pública:
- Si el 80% del gasto es consumido por el 20% de la población de más edad, enfermos crónicos y personas con escasos recursos, eliminarles del acceso a la sanidad, como muy bien saben las mutuas patronales y las aseguradoras privadas, garantiza el negocio.
- Hacer pagar por los medicamentos prescritos va eliminando uno de los valores esenciales de la sanidad pública frente a la privada: la gratuidad en el momento de uso.
A estas alturas debería estar
perfectamente claro que lo que queda de los servicios públicos está
en el punto de mira. Y que todo ataque que preparan va precedido de
un “relato”, de un montaje mejor dicho, que carece de cualquier
fundamento que no sea favorecer los intereses que representan. Es una
guerra de clases que tiene ganadores y perdedores, y el arma más
letal es dar crédito a su propaganda, de forma que nuestra fuerza
sea preventivamente destruida.
10 de enero de 2017
* Ángeles Maestro es médica, técnica
superior de Salud Pública. Fue diputada del Congreso y portavoz de
Sanidad por IU. Es miembro de Red Roja
