- El Consejo de Estado cuestiona el ahorro de cobrar por el traslado en ambulancia
- Cospedal se une a las regiones del PP rebeldes con el pago por fármacos hospitalarios
ELENA
G. SEVILLANO Madrid
10
ENE 2014
Comunidades
díscolas que se niegan a aplicar un real decreto, acumulación de
recursos judiciales, fractura en el partido del Gobierno por el
desafío de algunos de sus barones a la autoridad de un ministerio...
Los copagos sanitarios se le atragantan a la titular de Sanidad, Ana
Mato, que en los últimos días ha visto cómo las comunidades
gobernadas por su propio partido acuden a los tribunales para que les
eximan de aplicarlos. La secretaria general del PP, María Dolores de
Cospedal, acaba de anunciar que la región que preside, Castilla-La
Mancha, devolverá a sus ciudadanos el importe del copago
de fármacos hospitalarios.
Golpe preelectoral o desafío a Mato, lo cierto es que la relevancia
política de ese anuncio es inmensa, y no ha sentado bien en el
ministerio.
Si
la rebeldía de los barones contra el Gobierno central no fuera
suficiente, el
Consejo de Estado también
ha puesto pegas a otro de los copagos de Mato: el del transporte
sanitario no urgente, que pretende imponer
el pago de cinco euros por cada trayecto en ambulancia
(con límite mensual en función de la renta) de pacientes que, por
ejemplo, acuden a diálisis o a rehabilitación. Un informe de este
organismo, fechado en noviembre pasado, pone en duda el ahorro que
Sanidad espera conseguir con la medida. “El objetivo del ahorro
puede verse frustrado dado el equilibrio o compensación a que se
refiere la memoria [el proyecto económico del ministerio] entre
ingresos y gastos”, afirma. Es decir, lo que costará poner en
marcha un sistema de cobro a los pacientes puede ser incluso mayor
que lo que espera recaudar.
El Consejo de Estado recibió en septiembre el encargo de
examinar el proyecto de Real Decreto que regula el copago de las
ambulancias. El ministerio remitió su memoria económica, en la que
calculaba un ahorro de “alrededor de 70 millones de euros”, 45
por aplicar “criterios de racionalización” y 26 por “aportación
del usuario”, según recoge el informe del Consejo. La propia
memoria reconocía que “hay que tener en cuenta” que la puesta en
marcha un mecanismo de cobro y gestión “es compleja y obliga a
hacer un gasto tanto en infraestructuras como en recursos humanos”.
Y concluía: “Los ingresos que puede suponer la aportación pueden
verse compensados por los costes de la gestión de su cobro”.
Todos los recargos
»
Todo empezó con el Real Decreto Ley 16/2012 del 20 de abril de
medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario. Hasta
entonces,
los
copagos eran prácticamente un concepto tabú
en
España.
»
Aquella norma estableció que, por primera vez, los jubilados iban a
tener que pagar por sus medicinas (el 10% con topes de 8, 18 o 60
euros en función de la renta). Los trabajadores en activo
yacopagaban.
» El 16/2012 también limitó el
acceso a la sanidad a los inmigrantes en situación irregular y
avanzó que los enfermos iban a tener que aportar una parte del coste
de las prótesis, los dietoterápicos y el transporte sanitario no
urgente.
»
Otro Real Decreto,
el
1506/2012, de 2 de noviembre,
puso negro sobre blanco
cuánto
habría que pagar por las prótesis.
Los pensionistas que necesiten un aparato ortoprotésico, desde
sillas de ruedas a bastones, prótesis o implantes abonan un 10% de
su importe. El resto de asegurados, en función de sus ingresos. El
Gobierno unificó así la situación en las comunidades: algunas no
cobraban nada; otras sí.
Precisamente
ese argumento, el del exiguo (o inexistente) ahorro, es uno de los
que han enarbolado los contrarios al copago
hospitalario.
Una medida, entre las más contestadas de las puestas en marcha por
Sanidad, que consiste en cobrar una parte de lo que cuestan los
medicamentos que se dispensan en las farmacias hospitalarias a
pacientes que no están ingresados. Este copago afecta a 43 fármacos,
en 157 presentaciones, que toman enfermos crónicos y graves (cáncer
de próstata, de pulmón, mama o renal; hepatitis C; diversas
leucemias; artritis reumatoide; psoriasis...). Se les cobra el 10%
del precio del envase, con un tope de 4,26 euros.
El problema, como sucede con el copago
de ambulancias, es que los servicios de farmacia hospitalaria jamás
han cobrado por entregar medicación, por lo que sería necesario
instalar sistemas de cobro o de facturación. Cataluña calculó
cuánto dinero ahorraría si aplicara la medida. Resultó que, tras
restar los gastos, eran apenas 500.000 euros al año. Quienes se
oponen a pagar por estos fármacos, como el portavoz de Sanidad del
PSOE, José Martínez Olmos, recuerdan que todo copago tiene dos
objetivos, el disuasorio y el recaudatorio, y que en este caso no se
cumple ninguno de los dos. Los pacientes que usan estas medicinas,
prescritas por sus médicos, no deciden si deben tomarlas o no.
Si
hay algo que evidencie el fracaso del copago hospitalario es el
calendario. La resolución ministerial que impone el copago es del 10
de septiembre pasado. Entró en vigor el 1 de octubre. Pasados más
de tres meses, ninguna comunidad autónoma lo ha puesto en marcha. Ni
siquiera las gobernadas por el PP que al principio se mostraron
dispuestas a hacerlo. Varias regiones expresaron su disgusto en
cuanto se conoció la intención de Sanidad y anunciaron que se iban
a negar a aplicar la medida. Con el paso de las semanas, al grupo de
las rebeldes
se
han sumado, con diferentes explicaciones, hasta la Castilla-La Mancha
de Dolores de Cospedal.
Castilla
y León, gobernada por el PP, ha sido la comunidad que ha llevado más
lejos su oposición. Su consejero de Sanidad, Antonio María Sáez
Aguado, considera que el
copago tiene “un impacto económico limitado”
y que “no puede ni debe tener un efecto disuasorio, porque hablamos
de enfermedades graves”. Hace unos días el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid le admitió un recurso contencioso-administrativo
en el que pide que se anule la resolución de Mato. Andalucía
(PSOE-IU), Canarias (CC-PSOE), País
Vasco (PNV)
y Asturias (PSOE) también han anunciado que van a recurrir la
disposición.
Murcia (PP) empezó diciendo que
aplicaría el copago, para después poner dos condiciones: que
hubiera consenso entre todas las comunidades y un modelo común de
aplicación. Ayer, un portavoz aseguró que el sistema para facturar
está listo, pero que esperarán para ver lo que ocurre con el resto
de regiones. En Cantabria ha pasado algo parecido, como en La Rioja,
Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares y Madrid (todas del PP). El
presidente de esta última comunidad, Ignacio González, dio ayer un
paso atrás en su habitual entusiasmo con los copagos sanitarios que
decide el ministerio: afirmó que este no lo podrá aplicar si le
genera más gasto que ingresos.
Extremadura (también popular) dice que
aplicará el copago, pero que se lo “compensará” a los
ciudadanos, algo similar a lo que ha anunciado Cospedal. Solo Aragón
(PP) ha anunciado que está ultimando el sistema de cobro en las
farmacias hospitalarias para implantar el copago la última semana de
este mes. Sería la primera, puesto que ahora solo se aplica en las
ciudades de Ceuta y Melilla, donde la sanidad pública la gestiona
directamente el Ministerio de Sanidad a través del Ingesa.
Pasan los meses, y las comunidades no
tienen ninguna prisa por empezar con el copago farmacéutico. Con el
de las ambulancias, el que cuestiona el Consejo de Estado, se da otra
circunstancia: es el Ministerio de Sanidad el que lleva más un año
arrastrando esa medida sin decidirse a aprobarla. El último proyecto
de Real Decreto es de septiembre, pero estuvo precedido por tres
borradores, el primero de febrero pasado.
El Consejo de Estado, pese
a sus observaciones críticas, afirma en el último párrafo del
informe que el texto “puede someterse a la aprobación del Consejo
de Ministros”. Mato ha tenido dos meses, pero no lo ha hecho.
Alejandro Toledo, presidente de la Federación Nacional de
Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón
(ALCER), cree que entre la implantación de la logística necesaria y
el perjuicio “psicológico y material” para los enfermos, la
medida no debería ni haberse planteado.
En
Sanidad, por su parte, aseguran que su “reforma sanitaria” se da
ya por “culminada”. Fuentes del Gobierno añaden que los copagos
en ambulancias, prótesis
y dietoterápicos
“ya no son una prioridad”. Que nadie se extrañe si Mato se da
por vencida, al menos, en algunos de sus polémicos copagos.
Sin sanidad tras 90 días fuera del
país
E. G. S.
El
1 de enero entró en vigor una de las medidas sanitarias más
polémicas aprobadas en esta legislatura: los parados de larga
duración que hayan agotado la prestación o el subsidio por
desempleo y residan fuera de España más de 90 días en un año
perderán la cobertura sanitaria pública. Dos enmiendas presentadas
por el PP durante la tramitación modificaron sendas leyes —una de
Sanidad y otra de Seguridad Social— para que las personas con estas
características quedaran fuera de la prestación sanitaria, como
adelantó este diario en diciembre.
El diputado del PP Rubén Moreno defiende que la prestación se
recupera al volver a España y acreditarse como residente de nuevo.
El PP defiende que, si una persona pasa
a residir en otro país, es ese Estado el que debe hacerse cargo de
su cobertura sanitaria. La medida se pensó para evitar que los
extranjeros comunitarios que trabajaron en España y generaron su
derecho a la asistencia sanitaria, pero con la crisis volvieron a sus
países de origen, sigan recibiendo tratamiento allí con cargo a la
sanidad pública española.
Sin
embargo, esta nueva regulación también puede dejar sin cobertura a
ciudadanos españoles que, por ejemplo, emigren para buscar empleo y
no lo consigan antes de tres meses. O que sí se hagan con un
trabajo, pero sea en
negro,
con lo que no generarían el derecho a la sanidad en el lugar en el
que residen. Moreno dijo ayer a Efe que eso sería “una ilegalidad
en la UE” y que el trabajador español tendría que denunciarlo. El
Grupo Parlamentario Socialista pidió ayer la comparecencia urgente
de la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el Congreso para que explique
la medida.
Fuente:
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/10/actualidad/1389389337_111189.html
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