25/04/2013
Quizás
no te has dado cuenta, pero el contador de electricidad de tu casa
seguramente ya no va con la ruedecilla de toda la vida. Ahora es
‘inteligente’. Tú pagas lo mismo, pero la empresa dispone ahora
de datos de tu consumo a tiempo real. Se acabaron las facturas
estimadas, sí, pero de su ‘inteligencia se benefician otros. Estos
contadores tienen consecuencias para tu privacidad y tu seguridad que
nadie te ha contado.
Según
la
página web de Endesa,
actualmente hay instalados en España 13 millones de contadores ‘de
nueva generación’, en línea con lo establecido por la Directiva
Europea 2009/72/EC, que anima a los países miembros que en 2020 más
del 80% de los contadores y redes eléctricas sean ‘inteligentes’.
Con estos nuevos aparatos, las distribuidoras contarán con
información a tiempo real del consumo de los hogares, lo que
eliminará el problema de las lecturas estimadas. Teóricamente, los
contadores inteligentes también deberían permitir a las empresas
adaptar mejor la producción de energía al consumo real, y al
consumidor tener una mejor comprensión del gasto energético que
genera y aprovechar tarifas especiales (nocturnas, etc.).
A pesar de que en el discurso de las
empresas los contadores inteligentes sólo tienen ventajas, hay ya
muchas voces que han planteado sus dudas ante algunos de los
problemas que pueden generar los ‘smart meters’. En España el
debate ha sido escaso y se ha centrado en la eliminación de puestos
de trabajo y en las radiaciones potencialmente dañinas, pero a nivel
europeo la proliferación de los contadores inteligentes no ha estado
libre de polémica, y por temas relacionados con la privacidad, la
seguridad, la protección del consumidor/a y el coste.
Cuando
estos ‘meters’ empezaron a instalarse en Holanda, en 2009, el
Senado paró su proliferación
después de obtener un estudio universitario encargado por una
asociación de consumidores que establecía que la legalidad de estos
aparatos era dudosa, ya que al leer remotamente los datos de consumo
de cada hogar a intervalos de 15 minutos suponía una vulneración
del derecho a la intimidad. En la campaña cívica que se generó se
utilizaron argumentos poderosos, como el hecho que de haber existido
contadores inteligentes en 1944, a las SS les habría sido muy fácil
descubrir que había actividad en el anexo secreto que albergó a la
familia de Anna Frank hasta su deportación.
Efectivamente, la lectura del consumo
eléctrico a intervalos frecuentes permite no sólo calibrar el
consumo, sino también identificar patrones vitales (hora de
acostarse, comer, etc.) y tipos y marca de electrodomésticos
utilizados. De esta información se pueden sacar datos agregados de
alto valor comercial, pero también datos personalizados de valor
policial (las plantaciones de marihuana generan un elevado consumo
eléctrico, por ejemplo).
Finalmente,
el Senado holandés sólo permitió la instalación de los contadores
inteligentes si estos incluían tanto la posibilidad de elegir
intervalos menos frecuentes como la de no proporcionar lectura alguna
(‘opt-out’).
Más allá de los temas de privacidad, varias
voces han apuntado a los problemas se seguridad –la existencia de
redes de datos ‘inteligentes’ permite una mejor manejo de estos
por parte de las empresas, pero al reunir una gran cantidad de
información en una sola plataforma (smart
grid),
éstos datos se vuelven también más vulnerables, y el daño causado
por intromisiones es potencialmente muy superior. Si todos los datos
de consumo eléctrico se canalizan en una misma plataforma, por
ejemplo, un intruso podría eliminar el suministro de
infraestructuras clave o regiones enteras. O un ladrón podría hacer
los mismo remotamente con una vivienda en particular.
Finalmente,
se ha cuestionado la relación coste-beneficio para el consumidor,
que es quién acabará pagando la factura de los smart
meters
directa o indirectamente. En el caso español, dónde el consumo real
supone una mínima parte de la factura eléctrica y la
tarificación nocturna es una broma de mal gusto,
plantear que un mayor conocimiento del consumo pueda llevar a
reducciones significativas del gasto del consumidor es, cuanto menos,
engañoso. Según la prensa británica, se prevé que un contador
inteligente pueda ahorrar a cada hogar unos 33 euros, mientras
que su coste es de 400 euros.
De
hecho, en 2012 el Supervisor Europeo de Protección de Datos apuntó
que ‘si bien los contadores inteligentes pueden tener muchas
ventajas, también permiten
la recogida masiva de datos personales
que pueden revelar qué hacen los miembros de una familia en la
intimidad de sus hogares’ y pidió a la Comisión Europea que
realizara estudios sobre el impacto de estos aparatos y que ‘valorara
si son necesarias nuevas leyes a nivel europeo para asegurar la
adecuada protección de los datos personales en los contadores
inteligentes’.
Mientras
se debate esta posibilidad, las eléctricas siguen instalando
contadores inteligentes. Y en el caso de España, lo hacen sin
informar del intervalo de lectura, de los riesgos ni de la
posibilidad de rechazar el control en tiempo real. Tampoco se nos
informa de qué precauciones en términos de adopción de mecanismos
tecnológicos de protección de la privacidad se han tenido en cuenta
o están en estudio (y haberlos, haylos).
A
diferencia de Estados
Unidos
(California), Holanda,
Gran
Bretaña
o
Francia,
esto no parece haber levantado suspicacias. Sólo algunos medios
online, como Gigahertz,
se han hecho eco hasta ahora de los riesgos de los smart
meters, sin
que ni gobierno, ni asociaciones de consumidores ni la Agencia
Española de Protección de Datos hayan planteado ninguna cuestión
sobre la instalación obligatoria de estos nuevos –y caros-
artilugios en todos los hogares del país.
Parece,
pues, que ante la posibilidad de apostar por un uso más eficiente y
limpio de los recursos energéticos en origen, preferimos, de nuevo,
comprar maquinitas cuyo impacto en la reducción de consumo y
emisiones es hoy inexistente. A unas empresas que gozan ya del
‘inventado
déficit tarifario’
y de una abultada
tarifa eléctrica,
les vamos a regalar ahora unos datos personales que no sólo cuestan
derechos, sino que tienen un valor de mercado del que las eléctricas,
si nadie se lo exige, jamás tendrán que rendir cuentas.
