- Hospitales y centros sociosanitarios gestionados por el Consorcio de Salud y Social de Cataluña contratan el servicio de cocina a empresas del Grupo Serhs
ORIOL
GÜELL /
ANTÍA
CASTEDO Barcelona
/ Girona 19
MAR 2012 - 02:03 CET
De
las múltiples facetas de Ramon
Bagó
—alcalde de Calella por CiU entre 1979 y 1991, empresario de éxito,
uno de los arquitectos del sistema sanitario catalán y Creu de Sant
Jordi en 2001— hay dos que se encuentran en la cocina de los
hospitales catalanes. Una es la del gestor sanitario, la del hombre
que durante 20 años ha podido intervenir en la dirección de decenas
de centros a través del Consorcio de Salud y Social de Cataluña
(CSC), un organismo público donde ha ocupado todos los cargos de
responsabilidad —actualmente es vicepresidente y consejero de sus
empresas filiales— y que agrupa a más de 60 hospitales financiados
por la Generalitat pero cuya gestión depende de fundaciones,
consorcios y otras entidades públicas y privadas sin afán de lucro.
La otra cara de Bagó que se mezcla entre los fogones es la del
empresario dueño de un conglomerado, el Grupo
Serhs,
con 74 empresas, 2.600 empleados y 473 millones de euros de
facturación en 2011. Tres de ellas han obtenido, desde 2002,
contratos de centros mediante el CSC.
La
Oficina Antifraude de la Generalitat abrió en enero una
investigación
para aclarar este aparente conflicto de intereses. EL PAÍS ha
rastreado los contratos de la última década entre hospitales y
centros gestionados por el CSC y las empresas de Bagó, y ha
descubierto que estas han conseguido contratos por 50,8 millones de
euros. De ellos, casi una tercera parte (15,3) han acabado en sus
cuentas sin mediar concurso.
La mayoría de los miembros de una mesa
de contratación que
benefició a Bagó eran del CSC
Hay tres circunstancias en la que es
posible el conflicto de intereses. La primera se da en los centros de
los que el CSC es el responsable directo, aunque sean financiados por
la Generalitat. Es el caso de Cotxeres de Borbó, en Barcelona, una
concesión administrativa obtenida por el CSC de la Generalitat en
2008 para la construcción y gestión durante 30 años de un
equipamiento con 255 plazas sociosanitarias. Circunstancias parecidas
concurren en la residencia Frederica Montseny de Viladecans (Baix
Llobregat), con 233 plazas. El centro está gestionado por un
consorcio formado por el Ayuntamiento de Viladecans y el propio CSC.
Las otras dos situaciones en las que el
conflicto de intereses puede emerger están vinculadas a dos de
servicios que ofrece el CSC: el de contrato de gestión y el servicio
de licitaciones. En el primero el CSC nombra, a través de una
filial, al gerente que se encargará de fijar objetivos, presupuestos
y líneas estratégicas. En aquellos centros, como algunas
residencias, no obligados a sacar a concurso los servicios, el
gerente tiene autonomía para contratarlos.
En el segundo caso, la mesa de
contratación del CSC, formada en su mayoría por su propio personal
(secretario e interventor incluidos), se encarga de redactar las
bases del concurso, efectuar la apertura de plicas y valorar las
ofertas. Este sistema paralelo de licitación ha sido cuestionado por
la Intervención, según ha sabido este periódico, aunque la
Generalitat avaló en 2009 su legalidad.
Casi un tercio de los contratos han
sido asignados sin concurso público
El mayor importe captado por Serhs en
la sanidad catalana ha provenido de la Corporación de Salud del
Maresme y la Selva, entidad que gestiona los hospitales de Blanes y
Calella, y tres centros sociosanitarios en la zona. Bagó fue alcalde
de Calella por CiU entre 1979 y 1991, y la corporación tiene incluso
un pequeño paquete de acciones de Serhs, según consta en las
cuentas depositadas en el registro mercantil. Serhs ha gestionado la
cocina sin pausa al menos desde el año 2000. También ha sido la
empresa elegida para varias obras. En total, las empresas de Serhs se
han llevado 19,8 millones de euros en contratos desde 2002.
Dos grandes complejos sociosanitarios
de la Obra Social de Catalunya Caixa, en Cornellà (Baix Llobregat) y
en el barrio de Vall d’Hebron de la capital catalana, han
representado también un flujo importante de dinero para Serhs.
Ambos están financiados enteramente
por la Generalitat y el CSC gestiona el primero desde julio de 2004 y
dirigió el segundo entre 2002 y 2011, ya que la política de la
entidad financiera no es gestionar directamente sus centros, sino
contratar para ello a una empresa especializada en la gestión de
equipamientos sociosanitarios, según una portavoz.
En ambos casos contrató sin concurso a
Serhs para los servicios de cocina, lo que le ha reportado ingresos
de 9,2 millones de euros. Una portavoz del CSC asegura que la
contratación cumple la ley, ya que se trataba de un “acuerdo entre
dos empresas privadas” y el concurso no era necesario.
El dueño de Serhs asegura que siempre
ha “cumplido la ley”
Badalona es otra de las plazas fuertes
de Serhs. El hospital municipal, gestionado por el CSC desde hace 14
años, ha concedido a la empresa de Bagó en la última década el
contrato de cocina sin concurso público por 4,8 millones de euros, a
pesar de las advertencias de la Sindicatura de Cuentas. Un total de
7,3 millones del centro sociosanitario El Carme, también gestionado
por el CSC, fluyeron hacia Serhs, estos a través de concurso, con un
contrato a 14 años firmado en 2003. Badalona, gobernada por el PSC
hasta las pasadas elecciones y ahora por el PP, ha concedido otros
contratos a Serhs en servicios sociales por medio millón de euros.
El hospital de la ciudad ha sacado hace unos días el concurso para
la cocina del centro por primera vez en su historia.
Los otros dos grandes contratos de
Serhs localizados por este periódico son los de los centros
sociosanitarios Frederica Montseny (4,66 millones entre 2007 y 2015)
y Cotxeres de Borbó (3,85 millones por un contrato vigente entre
2011 y 2016). En este último centro, otra empresa del grupo Serhs ha
logrado dos contratos por 720.000 euros por mobiliario y equipos de
cocina.
La mesa de contratación de Viladecans
ilustra la confusión de intereses que puede producirse en las
licitaciones del CSC. El presidente es un representante del Consorcio
Sociosanitario de Viladecans (CSSV). La secretaria es la del CSC, al
igual que tres de los vocales, y el cuarto representa al CSSV. Es
decir, la mayoría de los presentes forman parte de una entidad, el
CSC, cuyo vicepresidente es el dueño de la empresa adjudicataria.
Ramon Bagó ha asegurado a este
periódico que ha “cumplido siempre la ley”, aunque no quiso
entrar en detalle sobre las adjudicaciones a sus empresas. Según
Bagó, sus empresas se han presentado a decenas de concursos en
Cataluña. Los mismos argumentos ha utilizado el CSC, que asegura
haber cumplido “escrupulosamente la normativa vigente en cada
momento” y que su servicio de licitación tramita “más de 25
concursos de restauración, de los que muy pocos han sido obtenidos
por Serhs”.
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