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por
Julio
Barea
-
febrero 13, 2013
El
ex presidente del Gobierno y ex presidente del Consejo de
Participación de Doñana, Felipe
González es actualmente consejero
de Gas Natural Fenosa.
El
pasado mes de enero esta empresa lograba sacar adelante un proyecto
de extracción y almacenamiento de gas
en las inmediaciones del Parque Nacional.
El
ex presidente del Gobierno José María Aznar, quien durante su
mandato privatizara la actual Endesa, ahora es consejero de la
eléctrica. La ex vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, apenas
dos meses tras dejar su cargo ficha como consejera de esta misma
empresa.
Y la lista podría hacerse mucho
más larga
con
nombres como Manuel Marín ex presidente del Congreso y Ángel Acebes
ex ministro en las filas de Iberdrola.
Es
evidente que muchos cargos públicos terminan trabajando en empresas
del sector energético cuando abandonan la política. Con
este panorama de excargos públicos a sueldo del oligopolio
energético, parece poco probable que ningún Gobierno vaya a
legislar en su contra. Todo lo contrario, parece que es el premio
para cuando terminen su carrera política, si claro está, antes se
han portado como se espera de ellos.
El
ejemplo más reciente y que seguramente no será el último, el
pasado viernes se aprobaba el Real decreto Ley 2/2013, cuyo objetivo
anunciado pretende ser “proteger a los consumidores en un contexto
de crisis económica y garantizar, al tiempo, la sostenibilidad
económica y la estabilidad de ingresos y costes del sistema
eléctrico, con el objetivo de no generar déficit de tarifa en
2013”. La
consecuencia “real” del mismo, nuevo regalo a las cinco grandes
empresas eléctricas y hundir aún más, si cabe, a las energías
renovables, frenando el desarrollo de nuevos proyectos y recortando
drásticamente sus ingresos.
Los
últimos escándalos financieros y de corrupción hacen necesario un
cambio en la clase política. Si realmente existe el compromiso de
fomentar la transparencia por parte de partidos y políticos, deben
entre otras modificar la Ley de Incompatibilidades para impedir que
personas que han ejercido cargos públicos puedan acabar trabajando
en las grandes empresas energéticas. Y viceversa.
Es
necesario recordar que España ha tenido en el periodo de octubre
2011 a octubre 2012 un déficit de 45.696 millones de euros en la
balanza
energética exterior.
Seguimos gastando miles de millones de euros en comprar combustibles
fósiles todos los años (para generar electricidad y para el
transporte), y sepultando bajo una losa nuestra independencia
energética, de la que España es inmensamente rica, las tecnologías
renovables. Este
es el negocio del oligopolio, que cada año aumenta su balance de
beneficios, a costa del bolsillo, la salud y el medio ambiente del
resto de ciudadanos. Y
lo grave es que lo hacen jugando con una baraja marcada. El contexto
de crisis económica en el que estamos inmersos es también una
crisis de valores morales que deberemos superar para lograr un futuro
diferente.
Julio
Barea (@juliobarea) campaña de Energía y Cambio Climático de
Greenpeace
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