Primero dio argumentos
Gaspar
Llamazares
(presentando unas Jornadas en las que participó
Dempeus
per la Salut Pública)
y poco después
Joan
Benach.
Especialmente interesante es la difusión de este
Memorandum
en el que la Plataforma PROU RETALLADES, para
Catalunya, declara que la igualtat, la solidaritat i l’equitat
social, signes d’identitat col∙lectiva”. Una muestra de que la
equidad está en fase de disolución lo dio ayer el periodista Oriol
Güell en
El
Pais
al descubrir, para Catalunya, los planes del
desmantelamiento de la sanidad pública en un impresionante trabajo
de investigación y denuncia del documento redactado por la
consultora Pricewaterhouse Coopers (PWC) donde se incluye una lista
de empresas susceptibles de participar en la privatización —Capio
Sanidad, Grupo Ribera Salud, USP, HM Hospitales… Por mi parte, en ACTUA, (Debate:2012 – coordinado por Rosa María Artal) hace ahora justamente un año denunciaba que no se trata de sólo una estafa local… la estrategia mundial de la privatización de los servicios públicos sigue las recomendaciones el FMI, el BM y la OMC. Empezó con la debilitación y fragmentación del sector público, y se fomentaron los organismos autónomos -fundaciones, consorcios- para aumentar la opacidad y escapar a controles. Tarea a la que se aplicaron, en España y Catalunya, tanto el PP como el PSC y CIU. La maniobra, ahora, puede llevar a su infeliz término, ayudada por la “externalización” de la provisión de servicios a empresas de “empresarios” compañeros de los pupitres de la corrupción, que se enriquecen con prácticas ilegales -como las de Ramon Bagó o Arturo Fernández.
Es evidente que si la sanidad no fuera
un sector tan necesario como potencialmente rentable, no existiría
el ansia privatizadora. Ya en el 2006 la OMS denunciaba que bajo la
excusa de buscar ayuda financiera en el sector privado, se encarece
todo el proceso de inversión pública e impide cualquier ahorro
real. En un sentido parecido alertaba el sociólogo Frédéric
Pierru, rechazando los efectos perversos de las medidas de
“corresponsabilidad financiera” de la ciudadanía, el modelo de
“llave en mano”, la introducción de competencia entre
hospitales, o la proliferación de indicadores de ejecución.
Se
podrían dar muchos más ejemplos y testimonios, pero todo se resume
en que en el proceso de privatización dejan de funcionar los
mecanismos de control; se imponen fórmulas empresariales ajenas y se
produce una sistemática y dolorosa degradación de las condiciones
de trabajo. La participación social en salud se convirtió, con
demasiada frecuencia, en mera pantomima al tiempo que aumenta la
capacidad determinante de las grandes empresas aseguradoras,
farmacéuticas, biomédicas. Y aunque ya había precedentes en
Catalunya, es preciso tener presente que fue el gobierno de José
María Aznar quien se encargó de sentar las bases para la
privatización de la sanidad. El instrumento legal fue la Ley 15/97,
que a poco de aplicarse ya dio lugar a mala gestión demostrada,
prácticas poco transparentes y despilfarro, como denuncia
repetidamente el Tribunal de Cuentas.
Las líneas degenerativas son fáciles
de discernir porque se acaba por crear un neo-lenguaje en el que se
aceptan como propios conceptos “de mercado”: se habla de clientes
(no de pacientes, ni de sus derechos ni sus necesidades), se razona
en términos de coste-beneficio privado –nunca social–, sin
admitir que la privatización de la salud y las desigualdades que
provoca son altamente inmorales. Por ejemplo, en la Francia de
Sarkozy, las desigualdades en salud se ciernen en especial sobre las
personas inmigradas. En lo más duro de la crisis, se denegó el
acceso al sistema público de seguridad social específico para
inmigrantes no regularizados a una tercera parte de sus beneficiarios
(entre 150.000 y 300.000 según las estimaciones). No tardó Ana
Mato, la infausta ministra de sanidad española, en copiar el modelo.
La estafa que nos presentan como crisis incrementa la marginación,
rompiendo o haciendo desaparecer las redes de apoyo de las personas
en situación más débil. Crea una sociedad de personas más solas,
más aisladas, con menos derechos, más enfermas…. su exclusión de
la sociedad entra en fragrante contradicción no sólo con los
derechos humanos, sino con una aplicación racional de las políticas
de salud pública.
Argumentos para la acción: La sanidad
pública no es el problema, es la solución.
La crisis que comenzó en 2008 se ha
convertido en la gran coartada de una estafa continuada contra la
mayoría de la población, y es, de hecho, una ofensiva de la lucha
de clases que está ganando una minoría privilegiada. El dinero de
nuestros impuestos que debería garantizar los servicios públicos
básicos es arrebatado por el capital financiero, o se invierte en
proyectos contrarios a los intereses de la población, o desviado por
los corruptos hacia paraísos fiscales. Se desatienden necesidades
básicas mientras se pervierte y privatiza la enseñanza y la salud
públicas, y se deterioran o frenan servicios sociales básicos
contra la exclusión social como las rentas de inserción y las
ayudas a la dependencia. Los “planes de austeridad” son un fraude
y un mecanismo perverso de redistribución regresiva de la renta. El
sufrimiento cotidiano de millones de familias al borde de la
supervivencia son ejemplos de los estragos aterradores de esta
crisis. Los determinantes sociales de la salud encienden todas las
señales de alerta.
¿Quiénes son los responsables? Si se
esconden en el anonimato o bajo nombres de grandes empresas los
responsables económicos, los políticos deben dar la cara. Ya basta
de ocultarse detrás de “los mercados”. Fueron elegidos para
representar nuestros intereses, y ninguna votación masiva con juegos
de mayorías relativas les excusa para cambios de fondo y sentido de
sus programas, ni para ser complacientes con la corrupción, ni
consentir retrocesos de civilización que cuestan sufrimientos y
vidas.
¿Quién se lleva la peor parte? En todo el mundo
occidental, millones de familias han perdido su hogar o están en
proceso de desahucio. Los sistemas de pensiones privadas de muchos
países dejan a personas mayores en la pobreza, mientras desaparecen
los ahorros familiares de los países más golpeados por la estafa de
la crisis. La tasa de paro ha llegado tan alto que incluso desde las
altas instancias de la CEOE reniegan de su validez (Joan Rosell)
mientras se incrementa día a día la precariedad en el trabajo y la
vida, las pérdidas de derechos laborales, la perversa contraposición
de estos con los derechos de ciudadanía, los intentos de
culpabilización múltiples sobre las personas -en especial las más
desprotegidas: enfermos y enfermas crónicas, personas con
discapacidades.
Por ello hay que que actuar entendiendo
la Salud como un derecho vital, como una categoría que va más allá
de la ausencia de enfermedad. Hay que actuar para construir una
sociedad más participativa, con un ejercicio más democrático de
las responsabilidades políticas y un mayor control efectivo sobre
las mismas.
Hay que actuar reclamando un gran
debate social abierto y políticamente vinculante, con la máxima
transparencia, con acceso a los datos y a los criterios de evaluación
existentes para poder corregir actuales los sesgos economicistas y
devolver sentido y humanidad a las políticas de salud.
Hay que actuar para no enfermar,
levantando la mirada y poniéndose en pie para darnos cuenta de que
no estamos solos en la voluntad de un cambio global. La salud se
sitúa ahora en el epicentro de la lucha entre economía y política,
entre las instrucciones del neoliberalismo y los derechos y
necesidades de las personas. En tiempos de estafa social como los que
vivimos, hay que prestar atención a los determinantes de salud de
cada país o territorio, y actuar para conseguir una globalización
solidaria y en positivo.
Hay que actuar transformando.
Comprometerse a favor de la salud pública y de una sanidad mejor no
es una lucha aislada: cobra sentido en una dinámica global,
integrada y cada día más fuerte, en todo el planeta, por otro mundo
posible.
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