Por Miguel Jara 6 de febrero de 2015
Los derechos de las personas enfermas
de Hipersensibilidad a los Campos Electromagnéticos (EHS) o
electrosensibles, se han visto cercenados por un episodio de
conflictos de interés en el seno del Comité Económico y Social Europeo (CESE). La historia es la siguiente. La Sección de
Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información
(TEN), perteneciente al CESE, había elaborado un dictamen que recomendaba a los gobiernos europeos paliar la grave situación de
marginación y precariedad en la que viven las personas afectadas por
la contaminación electromagnética.
Una comisión de estudio sobre la
electrohipersensibilidad (EHS) contrastó todas las pruebas
científicas y reconoció entre ellas las que muestran efectos de los
campos electromagnéticos en las personas electrohipersensibles. Un
proceso que ha durado meses.
El trabajo original ayudaba a difundir
la situación de los afectados de exclusión y la vulneración de sus
derechos humanos fundamentales, con pérdidas invalidantes de su
salud y el abandono de las autoridades sanitarias (desconocedoras de
sus efectos y de cómo actuar).
El informe reconocía el incremento de
la prevalencia de la EHS, así como los problemas que acarrea, en
todos los órdenes -laboral, social y familiar- a quienes padecen el
síndrome, la discapacidad funcional que padecen y enmarca la
enfermedad como síndrome ambiental ligado a la exposición a los
campos electromagnéticos.
Me cuenta Minerva Palomar, que junto a
Ángel y otras personas afectadas o con familiares afectados han
creado la asociación Electrosensibles por el Derecho a la Salud:
El equipo solicitaba medidas concretas para recuperar los derechos perdidos, ayudando y protegiendo a los afectados, eliminando o disminuyendo su exposición a campos electromagnéticos e incluso planteaba la creación de las llamadas zonas blancas.
También contemplaba medidas tendentes a proteger a la población general y en especial a niños y jóvenes, aconsejando por ejemplo Internet por cable en los colegios en vez deWiFi)”.
Pero alguien debió de ponerse
nervioso; cuando los derechos en salud de la población avanzan
ciertos negocios retroceden. Y en eso que apareció un contradictamen. Lo presenta un miembro del CESE con numerosos
conflictos de interesés, Richard Adams, a menos de 24 horas de la
aprobación y sin ningún proceso de estudio previo.
El texto de Adams niega la relación de
los problemas de salud mencionados con la exposición a la
contaminación electromagnética, obviando la cantidad de pruebas
científicas sobre sus efectos biológicos y manifestada por médicos,
científicos y asociaciones profesionales de la salud de todo el
mundo.
Esta persona usa los argumentos
negacionistas por lo general esgrimidos por la industria interesada
en que no se reconozcan los posibles efectos negativos de las
tecnologías inalámbricas. La historia se repite ya que son muchas
las sustancias nocivas para la salud, cuyos efectos negativos se
camuflaron durante mucho tiempo por presión de las distintas
industrias implicadas (tabaco, amianto, gasolina con plomo, entre
otras muchas).
Al final la votación ha sido negativa
para el proyecto inicial gracias a “la estrategia Adams” y el
contradictamen del fontanero de las operadoras de telefonía fue
aprobado. Ese trabajo niega la existencia de este síndrome y se
apoya para ello en comités científicos muy cuestionados por su conflicto de intereses, como el SCENHIR (Scientific Committee on
Emerging and Newly Identified Health Risks).
No propone ninguna medida ni en la
atención ni en la protección de las personas afectadas. Pospone la
toma de medidas con el viejo argumento conocido, habitualmente usado
por industrias implicadas en problemas medioambientales y de salud,
de “no hay suficiente evidencia científica aún” e ignorando la
evidencia que no les interesa.
Deja a las personas afectadas en su
situación de desprotección y exclusión. Pero ¿quién es esta
persona con tanto poder de convicción? Un miembro del consejo de administración de Sustainability First, organización benéfica
británica, que promueve los smart meters o contadores digitales o inteligentes que están poniendo ahora las compañías de electricidad o agua y que utilizan radiofrecuencias para transmitir
datos).
Esta organización benéfica está
patrocinado por BEAMA, que representa a 300 empresas de
electrotecnología y asegura tener una influencia significativa en el
Reino Unido y en la política internacional.
También por Cable & Wireless,
Consumer Futuros, British Gas, EDF Energy, Elexon E-Meter
(Siemens), EON Reino Unido, National Grid, Northern Powergrid, Ofgem
(el regulador del sector eléctrico británico), Scottish Power
Energy Networks y UK Power Networks (redes eléctricas británicas).
Adams aparece también como miembro del
Consejo de Partes Interesadas que asesora al Consejo Ejecutivo de RWEAG. Ésta es una de las cinco compañías de electricidad y gas más
importantes de Europa, la cual también está promoviendo los
contadores digitales.
Para ampliar la información podéis
leer el informe completo sobre estos hechos realizado por los grupos
europeos de afectados EHS y que trabajan contra la contaminación
electromagnética.
Estas personas, además, de haber
perdido la salud y sufrir constantemente dolorosos y severos
síntomas, han perdido sus trabajos, su vida social e, incluso,
muchos de ellos su dignidad, al tener que vivir en situaciones
paupérrimas que ningún ser humano debería soporta.
Va a haber que ampliar las duras
acusaciones del ingeniero de telecomunicaciones y especialista en
este ámbito, Pedro Costa, cuando dice habla de “gobiernos lacayos del sector de las operadoras de telefonía”.
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