El abogado experto en contaminación
electromagnética reclama un estudio radiológico que delimite las
zonas más ‘sensibles’ de afección en la capital
M. GALINDO 4 mayo, 2018
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José Alberto Arrate y José Luis
Bardasano fueron los ponentes de la jornada informativa
organizada por la plataforma. / KAMARERO
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La designación de Segovia como ciudad
piloto junto a Talavera de la Reina para iniciar el desarrollo de la
tecnología 5G de telecomunicaciones ha generado una importante
contestación social, cristalizada en la creación de la Plataforma
Stop 5G que está llevando a cabo distintas acciones orientadas a
informar sobre el riesgo potencial que la denominada ‘contaminación
electomagnética’ puede suponer para la salud.
El salón de actos del IES Mariano
Quintanilla fue ayer el escenario de la jornada informativa convocada
por la plataforma en la que el profesor emérito de la Universidad de
Alcalá de Henares José Luis Bardasano y el abogado
medioambientalista José Alberto Arrate expusieron sus puntos de
vista sobre el riesgo de las tecnologías inalámbricas para la salud
humana, así como las alternativas que Segovia puede desarrollar para
paliar sus efectos en colectivos especialmente sensibles como los
niños, las personas mayores o los enfermos.
Arrate, con una dilatada experiencia en
este campo, aseguró que “no se puede decir que no hay
riesgo” con la llegada del 5G, ya que “el impacto de los campos
electromagnéticos para la salud no se puede discutir, y así lo han
hecho constar instituciones como el Consejo de Europa o la
Organización Mundial de la Salud, que han considerado este problema
como de primera magnitud y piden que se apliquen medidas urgentes
para paliar este problema”.
En el caso de Segovia, el abogado
señaló la necesidad de realizar un concienzudo estudio radiológico
para conocer los puntos más saturados de la capital, para después
analizar el impacto sobre la salud, y “teniendo en cuenta a las
personas electrosensibles para saber si el despliegue tecnológico
puede empeorar su salud”.
Tras este estudio, Arrate recomienda la
redacción de una ordenanza municipal específica que sea
“garantista” y que recoja las recomendaciones del Consejo de
Europa sobre los niveles mínimos de radiación electromagnética. La
ordenanza debe incluir la protección de zonas sensibles como
parques, guarderías o centros educativos, y estudiar la implantación
de “zonas blancas” libres de radiación electromagnética para
las personas con hipersensibilidad.
La adopción de estas medidas es, a
juicio del abogado, “muy sencilla”, y señaló que ya hay
ayuntamientos que han puesto en marcha medidas de este tipo “que no
perjudican el normal funcionamiento de la telefonía móvil”. “En
municipios de Castilla La Mancha se han aplicado medidas de reducción
de hasta 0,1 microwatios por centímetro cuadrado, cuando en Segovia
se supera esta cantidad hasta 4.500 veces”, aseguró.
El abogado aseguró que “siempre es
mejor regular que prohibir, porque las telecomunicaciones están ya
instauradas en la sociedad, y por eso hay que regular para
compatibilizar la protección con la prestación”.
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