Por Ecologistas en Acción / Redacción
Tercera Información
Gobierno y comunidades autónomas
siguen sin adoptar medidas eficaces sobre el transporte, la industria
y la ganadería que eviten los episodios puntuales y reduzcan los
niveles de fondo.
El informe estatal sobre ozono
elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en
480 estaciones oficiales de medición repartidas por todo el
territorio español, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de
2019. Presenta datos exhaustivos de la contaminación por ozono, por
comunidades autónomas y por zonas y estaciones de medición.
Entre sus principales conclusiones,
destacan:
– El ozono troposférico sigue siendo
el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más
población y territorio en el Estado español. Durante 2019 sus
niveles se han mantenido en general estables, con alzas y descensos
según los territorios, relacionadas con las variaciones geográficas
de las temperaturas y las precipitaciones en primavera y verano.
– El informe de Ecologistas en Acción
toma como referencia el valor recomendado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo al cual el aire contaminado por
ozono ha afectado en 2019 a 39,8 millones de personas en el Estado
español, el 85 % de su población, así como a 455.000 kilómetros
cuadrados, el 90 % del territorio. Es decir, seis de cada siete
españoles han respirado un aire con más ozono del recomendado por
la OMS.
– Si se considera el valor objetivo
establecido por la normativa española y europea, más laxo que el de
la OMS, la población que ha respirado aire contaminado por encima
del estándar legal sería de 9,8 millones de personas, un 21 % del
total, en torno a tres millones de afectados más que en 2013 y 2014,
pero millón y medio menos que en 2015, 2017 y 2018. Es decir, uno de
cada cinco españoles ha respirado un aire que incumple el estándar
legal vigente de ozono.
– Durante 2019, los territorios más
afectados por el ozono troposférico han sido Cataluña y la
Comunidad de Madrid, que han presentado la peor situación general
del Estado. La contaminación por ozono ha sido también más alta
que en años anteriores en Andalucía oriental, el norte del País
Valenciano y el Valle del Ebro de Cataluña al País Vasco, y más
baja en el tercio occidental de la Península, la cornisa cantábrica
y la Región de Murcia.
– Coincidiendo con las olas de calor
estivales, en 2019 se han producido numerosas superaciones del umbral
de información y una docena de superaciones del umbral de alerta,
concentradas en Cataluña, donde este último umbral no se rebasaba
desde el año 2003.
– El ozono es un contaminante muy
complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en
la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la
combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos
por el transporte (en especial los vehículos diésel), las centrales
termoeléctricas, ciertas actividades industriales o la ganadería
intensiva. Se trata por tanto de un contaminante secundario que
durante el verano afecta sobre todo a las áreas suburbanas y rurales
influenciadas por la contaminación urbana e industrial.
– El mantenimiento de la
contaminación por ozono en 2019 es consecuencia en primera instancia
del repunte en la quema de combustibles fósiles que está
acompañando al nuevo ciclo económico, agravada por el aumento de
las temperaturas resultado del cambio climático.
– La contaminación por ozono debe
abordarse como un problema sanitario de primer orden. Según la
Agencia Europea de Medio Ambiente, causa cada año entre 1.500 y
1.800 muertes en el Estado español. Las personas más afectadas son
las niñas y los niños, las personas mayores, las mujeres
embarazadas y quienes padecen enfermedades cardiorrespiratorias
crónicas.
– El coste sanitario y laboral de la
contaminación por ozono fue de 5.000 millones de euros en 2013, un
0,33 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar los
daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.
Solo los costes económicos de la menor producción de dos cultivos
como trigo y tomate, por su exposición al ozono en España, se
estimaron en 800 millones de euros en el año 2000, el 3,2 % del PIB
agrícola.
– La información a la ciudadanía
por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni
ajustada a la gravedad del problema. Pocas ciudades cuentan con
protocolos de actuación frente a las puntas de contaminación por
ozono, y sólo Valladolid contempla y aplica medidas de limitación
del tráfico en episodios como el de la ola de calor de la última
semana de junio, cuando mientras las grandes ciudades francesas
restringían el tráfico las españolas se limitaban a informar
rutinariamente a la población sensible, en el mejor de los casos.
– Los planes de mejora de la calidad
del aire para reducir la contaminación por ozono son obligatorios
según la legislación. Pero diez comunidades autónomas (Andalucía,
Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Cataluña, País Valenciano, Madrid, Navarra y País Vasco) siguen
sin elaborarlos. Por vez primera un tribunal regional como el de
Castilla y León declaró en 2018 la obligación de dichas
administraciones de elaborar tales planes. Obligación sobre la que
en los próximos meses se pronunciará el Tribunal Supremo.
– Ecologistas en Acción reclama al
Ministerio para la Transición Ecológica que aborde el Plan Nacional
de Ozono comprometido hace años, al que remiten las comunidades
autónomas. para justificar su inactividad. El vigente Plan Aire II
es inoperante porque limita las actuaciones sobre el ozono a la
realización de estudios y a la mejora de la medición. Aunque la
Audiencia Nacional ha sentenciado que el Plan Aire II da cumplimiento
a las obligaciones legales del Gobierno central respecto al ozono,
Ecologistas en Acción recurrirá al Tribunal Supremo.
– Las principales vías de actuación
para reducir la contaminación del aire por ozono son la disminución
del tráfico motorizado, la adopción de las mejores técnicas
industriales disponibles, la sustitución de los disolventes
orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética y el
cierre de las centrales térmicas de carbón. También es necesario
declarar un Área de Control de Emisiones (ECA) para el Mar
Mediterráneo, penalizar fiscalmente a los vehículos diésel y una
moratoria para las nuevas grandes explotaciones ganaderas intensivas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario