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miércoles, 19 de febrero de 2020

Ecologistas en Acción pide detener el despliegue del 5G

Tecnología Redacción 24/01/2020
  • Representantes de la comunidad médica y científica, de organizaciones medioambientales y más de 192.000 personas de 203 países piden a la ONU, a la OMS, a la Unión Europea, al Consejo de Europa y a los gobiernos de todas las naciones que atiendan un llamamiento que el 25 de enero se difunde en todo el planeta.
  • Ecologistas en Acción reclama con urgencia que se paralice el despliegue de la red inalámbrica de quinta generación.
Las empresas de telecomunicaciones mundiales, con el apoyo de los gobiernos, han comenzado el despliegue de la red inalámbrica de quinta generación (5G) sin garantías para la salud pública y el medio ambiente. La implantación del 5G incrementará masivamente la exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF) de las telecomunicaciones acumulándose a la ya existente con las actuales redes 2G, 3G, 4G y wifi.

Para transmitir las enormes cantidades de datos requeridos para Internet, la tecnología 5G, cuando esté completamente implementada, utilizará ondas milimétricas, que penetran poco en el material sólido. Esto requerirá que cada operador instale estaciones base cada 100 metros en las áreas urbanas de las ciudades, utilizando el mobiliario urbano público: farolas, marquesinas, semáforos, etc. También se lanzarán al espacio miles de satélites que rodearán la Tierra a diferentes altitudes para diversos fines de telecomunicaciones, pero principalmente para la entrega de Internet. Los astrónomos hacen una llamada en la que advierten que un número tan grande de objetos emisores de radio podría hacer imposible la radioastronomía y piden evitar que el desarrollo tecnológico sin un control serio convierta la práctica de radioastronomía en una antigua ciencia extinta.

La radiación de radiofrecuencias ha demostrado ser perjudicial para los seres humanos y el medio ambiente. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) y el Consejo de Europa, entre otros organismos, han advertido ya de los riesgos de la exposición a radiofrecuencias, así como de la especial vulnerabilidad a dicha exposición de las personas electrohipersensibles, niñas y niños, embarazadas y personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas. El despliegue del 5G constituye un temerario experimento sobre la humanidad y el medio ambiente.

Ecologistas en Acción pide al nuevo Gobierno que tenga en cuenta las observaciones y requerimientos de la Resolución del Defensor del Pueblo de 21 de agosto de 2019, en la que reconoce que la implantación de la tecnología 5G en nuestro país no ha sido objeto de evaluación ambiental previa. No se ha hecho oficialmente una evaluación ambiental previa del Plan 5G ni de los proyectos piloto derivados del mismo. Tampoco se ha justificado la negativa del Ministerio de Economía y Empresa a hacerla, y ello a pesar de que diversas asociaciones lo solicitaron durante el trámite de información pública del Plan 5G. En este sentido el Defensor del Pueblo destaca que el Ministerio, a través de su Secretaría de Estado para el Avance Digital, ha ignorado diversos artículos de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, evitando consultar el borrador del Plan 5G y los borradores de los proyectos piloto 5G al órgano ambiental correspondiente.

Además, como reconoce el Defensor del Pueblo, en los proyectos piloto que se están llevando a cabo se va a utilizar una banda de frecuencias para la cual aún no se han fijado los límites de exposición seguros, lo que es algo totalmente opuesto al principio de precaución. Y apunta a que tampoco se ha prestado una atención especial a las personas electrosensibles ni en el Plan 5G ni en los Proyectos Piloto como pide el Defensor de Pueblo y determina la Resolución 1815 del Consejo de Europa.

Como consecuencia de lo anterior, Ecologistas en Acción pidió al Ministerio de Economía y Empresa la revisión de oficio del Plan Nacional 5G y de todos los actos que se han aprobado en desarrollo del mismo. El plan no tiene la preceptiva evaluación ambiental estratégica ni una evaluación de impacto en la salud.

Varios organismos internacionales están evaluando la exposición humana en el próximo escenario de exposición 5G, a la vez que científicas y científicos de la NTP analizan esta tecnología. Por ello Ecologistas en Acción, junto con miles de personas de todo el mundo, exigen a los gobiernos que se paralice el despliegue de esta red inalámbrica mientras no se demuestre que este producto es inocuo.

domingo, 12 de enero de 2020

PROTESTA GLOBAL 25 DE ENERO STOP 5G

Protesta Global contra la 5G, un llamamiento internacional, el sábado 25 de enero.

¿Por qué Stop5G?

El impacto en la salud de las personas y el medio ambiente de la tecnología inalámbrica está documentado científicamente desde hace varias décadas. Es por esta razón que la OMS calificó en 2011 a las radiofrecuencias en la categoría de posible cancerígeno, y que la Resolución 1815/2011 del Parlamento Europeo, a la que se adhirió en su momento el Gobierno de Navarra, aconseja bajar límites de emisión y proteger a la población, en particular a personas electrosensibles, niños y ancianos.
El atractivo de esta tecnología para todos y el desarrollo económico que puede inducir, ha hecho que estas precauciones hayan sido abandonadas por nuestras instituciones. La consecuencia es que vivimos cada vez en un entorno más “radiado”, y en el futuro próximo con la 5G se avecina un incremento exponencial, que implicará incluso el lanzamiento de miles de satélites para “radiar” a la tierra (documéntate en castellano en el Llamamiento internacional stop 5G).

La 5G “promete” un desarrollo económico, pero no se está contemplando los costes de esta tecnología: los impactos sobre la vida en general, y en particular sobre la salud de las personas. Por la propia definición de esta nueva generación de telefonía, “El Internet de las Cosas”, se pasará de la conexión de las personas a los objetos. Lógicamente va a suponer un enorme y omnipresente incremento de la radiación que nadie está cuantificando ni limitando. Muchos científicos llevan advirtiendo de los peligros de esta tecnología, pero nuestras instituciones están sordas, a veces por falta de información, otras tal vez por la complejidad de tener en cuenta a todos los intereses implicados. El hecho es que ciudadanos y medio ambiente estamos absolutamente desprotegidos. Los valores límite son establecidos por organismos supuestamente independientes, pero que en la realidad cotidiana evidencian no serlo.

Una sociedad libre sólo puede serlo con información, y el impacto de las nuevas tecnologías se está negando, luego nos niegan la libertad y por tanto la posibilidad de protegernos a nosotros y a los nuestros. Se sabe que los niños son especialmente vulnerables. El defensor del pueblo ha dicho recientemente (2019) que en España: El despliegue del 5G se realiza sin garantías ambientales ni sanitarias.

Pero… “¿esto tiene que ver conmigo? Pero… ¿exactamente qué problema de salud puede acarrear el 5G?

Usemos las palabras de algunos de los organismos de salud (clica en el link para acceder al documento), juzga tú mismo:

Academia Europea de Medicina Ambiental: "Existe una fuerte evidencia de que la exposición a largo plazo a ciertos CEM (Campos Electromagnéticos) es un factor de riesgo para enfermedades como ciertos tipos de cáncer, la enfermedad de Alzheimer y la infertilidad masculina".

Academia Estadounidense de Medicina Ambiental: “El hecho de que la exposición a RF (radiofrecuencias) causa daño neurológico ha sido documentado repetidamente. Se ha encontrado un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y el daño oxidativo, que están asociados con el cáncer cerebral y las enfermedades neurodegenerativas”.

Ministerio de Saludde Israel: “Se recomienda el uso razonable de la tecnología móvil e inalámbrica, incluida la consideración de alternativas como teléfonos fijos, el uso de un altavoz mientras se habla por un teléfono móvil y la abstención de instalar la base de teléfonos inalámbricos en una habitación, sala de trabajo o sala de niños”.

Comité Nacional Ruso sobre Protección contra la Radiación No Ionizante: "los niños usuarios de teléfonos móviles probablemente enfrentarán los siguientes peligros para la salud en el futuro más cercano: interrupción de la memoria, disminución de la atención, disminución del aprendizaje y las capacidades cognitivas, aumento de la irritabilidad, problemas para dormir, aumento de la sensibilidad al estrés y aumento de la preparación epiléptica. Riesgos de salud remota esperados (posibles): tumores cerebrales, tumores de nervios acústicos y vestibulares".

¿Otras evidencias?

La propia industria reconoce en sus informes su preocupación por que los impactos sobre la salud afecten a su cuenta de resultados.

El proveedor de seguros Swiss Re subraya el alto riesgo de la 5G, y por tanto las aseguradoras no aseguran sobre esta tecnología.

¿Qué puedo hacer?

Infórmate, informa, ¡Únete a nosotros!

Por el derecho a la información.
Por el derecho a la salud y a una tecnología biocompatible.
Porque una sociedad que no protege la salud de los ciudadanos ni del medioambiente no tiene futuro.

COMPARTE, GRACIAS.

Convocan:

Acción Pamplona (Asanacem, Ecologistas en Acción, EQSDS).

ACCIONES DE PROTESTA 25 DE ENERO STOP 5G, en:

BARCELONA: 12:30h Pg de Gracia/Diagonal (Davant del PALAU ROBERT)

PAMPLONA: 11h a 13h en la Plaza del Ayuntamiento

SEGOVIA: 17h Plaza del AZOGUEJO

MURCIA: 18h a 20.30 GLORIETA de ESPAÑA

MADRID: 12:30-14:00h Paseo DEL PRADO 18 (Frente al Ministerio de Sanidad)

GRANADA: 12:30-13:30 h Plaza del Carmen Nº3 de Granada

viernes, 27 de diciembre de 2019

La exposición a campos electromagnéticos en España es muy superior a los niveles recomendados

  • Ecologistas en Acción denuncia que la exposición a las ondas electromagnéticas de las personas residentes en el Estado español está muy por encima de los niveles recomendados por numerosos organismos, como el Consejo de Europa.
  • En algunos casos se multiplican por 500 esas recomendaciones, sin que haya una actuación gubernamental clara dirigida a reducirlas.
La Secretaria de Estado para el Avance Digital ha publicado en su web el informe anual sobre la exposición del público en general a las emisiones radioeléctricas de estaciones de radiocomunicación realizado durante el año 2019.

En las tablas publicadas se observa que el valor promedio de las medidas realizadas en microvatios por centímetro cuadrado (µW/cm²) están muy por encima de las recomendaciones de muchos organismos, como el Consejo de Europa: una densidad de potencia de 0,01 µW/cm². De hecho, hay provincias que registran hasta 500 veces esos niveles máximos recomendados.

Según la Secretaría de Estado para el Avance Digital los límites de exposición a emisiones radioeléctricas son los fijados en el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas (Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre) son los resultantes de aplicar unas restricciones básicas y unos niveles de referencia en zonas en las que puede permanecer habitualmente el público en general.

Pero este criterio, muy laxo, no es compartido por muchas organizaciones y expertos. El Defensor del Pueblo de España señala, en su resolución de 21 de agosto de 2019, que: “Sin perjuicio de la recomendación 1999/519CE del Consejo de Sanidad de la UE, España es también miembro del Consejo de Europa y debe seguir las recomendaciones que aprueba, entre ellas la recomendación 1815 (2011) sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente”.

En esa recomendación del Consejo de Europa se insta a los Estados miembros, entre otras cosas, a tener en consideración los principios de precaución y ALARA (mantener los niveles de exposición tan bajos como sea posible); a adoptar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos, en particular de niños y jóvenes; a prestar especial atención a las personas electrosensibles que sufren síndrome de intolerancia a dichos campos electromagnéticos; a llevar a cabo los procedimientos de evaluación de riesgos apropiados y mejorar los estándares de evaluación; y a mantener las instalaciones eléctricas a una distancia segura de las viviendas. La recomendación requiere por tanto que determinados colectivos vulnerables tengan una consideración específica más allá de los niveles de exposición establecidos para el conjunto de la población.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha destacado reiteradamente la importancia del compromiso de los Estados de preservar el medio ambiente y la salud ambiental como se indica en numerosas cartas, convenios, declaraciones y protocolos, y advierte que “toda la población está expuesta actualmente a diversos niveles de campos electromagnéticos, niveles que seguirán aumentando a medida que avanza la tecnología”. Por ello, recomienda a los Estados miembros del Consejo de Europa, como primera medida, “adoptar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias emitidas por los teléfonos móviles, y en especial la exposición de los/as niño/as y jóvenes que al parecer corren el mayor riesgo de tumores de la cabeza”.

Pero, a juicio de Ecologistas en Acción, estas recomendaciones no son tenidas en cuenta por el Gobierno a la hora de establecer los niveles de exposición a los que está sometida la población.

Es urgente que los gobiernos de la Unión Europea tengan en cuenta la Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos (2008/2211 INI), en el que insta a la Comisión a que revise el fundamento científico y la adecuación de los límites de campos electromagnéticos fijados en la recomendación 1999/519/CE e informe al respecto al Parlamento; pide que sea el Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados el organismo que efectúe dicha revisión.

Esta resolución pide también a los Estados miembros que sigan el ejemplo de Suecia y reconozcan como una discapacidad la hipersensibilidad eléctrica, con el fin de garantizar una protección adecuada e igualdad de oportunidades a las personas que la sufren.

domingo, 17 de noviembre de 2019

Enfermedades ambientales, enfermedades invisibles

Más de un millón y medio de personas en España padecen de fibromialgía, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y electrosensibilidad; el 90 por ciento mujeres. Recientemente el INSS ha publicado un informe sobre estas patologías que ha provocado la indignación de pacientes y asociaciones.
Reflejo de la fachada del Museo Guggenheim en Bilbao. ÁLVARO MINGUITO
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE SEGOVIA Y ASOCIACIÓN DE ELECTRO Y QUÍMICO SENSIBLES POR EL DERECHO A LA SALUD

En enero pasado, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) publicó un informe dirigido a inspectores y médicos de familia titulado “Guía de actualización en la valoración de la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, electrosensibilidad y trastornos somatomorfos”. Las cuatro primeras enfermedades se denominan “de sensibilización central” y de la quinta afirma esta guía que “el antecedente histórico de los trastornos somatomorfos [una patología psiquiátrica] se halla en el concepto de histeria”. No existe justificación alguna para mezclar todas ellas en un mismo documento.

Las enfermedades de sensibilización central son patologías emergentes que, en pocos años, según los datos de prevalencia más bajos aportados por el INSS, han llegado a afectar en España a, como mínimo, 1.500.000 personas, de ellas entre el 85 % y el 90 % son mujeres. Para hacernos una idea de la magnitud del problema, por comparación, esta es una cifra muy superior a las 150.000 personas diagnosticadas en España con párkinson.

La guía ha despertado la indignación entre las asociaciones de pacientes, que han iniciado movilizaciones, han solicitado su retirada y contemplan, en caso contrario, recurrir a la vía judicial. El Ministerio ha accedido a retirar los trastornos somatomorfos del documento, pero el contenido del informe “sigue siendo intolerable” para las asociaciones de pacientes. Así lo han puesto de manifiesto en el “Análisis Crítico del Informe del INSS” que pone en evidencia la falta de rigor del mismo. Investigaciones, que no recoge el documento, apuntan a serios problemas celulares y metabólicos en estos pacientes que podrían estar causados por factores ambientales, en concreto, por químicos y ondas electromagnéticas.

Entre los redactores de esta guía de referencia médica del INSS no se encuentra nadie experto en estas patologías. Además, se ha manejado una bibliografía exigua, desactualizada y sesgada, ignorando criterios de consenso de organismos internacionales y estudios científicos. Incluso, las recomendaciones que contiene la guía podrían constituir “un delito contra la salud”, según denuncian las asociaciones de afectados. Por ejemplo, se afirma que “la etiología de la fibromialgia es desconocida”, señalando que “las clasificaciones son orientativas y ninguna tiene evidencia científica”. Aun así, elige una que clasifica a los pacientes “basándose en el perfil psicopatológico”. Pero, aunque reconocen que “no existe tratamiento farmacológico específico”, aconsejan utilizar antidepresivos. A pesar de que estudios publicados señalan que el uso de antidepresivos, en estos casos, puede agravar los síntomas.

Por otro lado, el porcentaje de personas con fibromialgia que también padecen depresión que la guía recoge (30 %) es inferior al que otros autores apuntan para patologías como lupus (56 %), esclerosis múltiple (42 %), párkinson (50 %), asma (41 %), sida (85 %), diabetes (33 %). Además, el documento del INSS desaconseja específicamente la realización de pruebas que podrían servir para objetivar daños fisiológicos en pacientes con síndrome de fatiga crónica.

La guía afirma que “los pacientes con sensibilidad química múltiple y con trastornos somatomorfos comparten síntomas y características psicológicas”. Cuando habla del tratamiento hace una afirmación tan peligrosa como que “al recomendar evitar la exposición se transmite un mensaje de causalidad que no está basado en las evidencias y que puede hacer perdurar la sintomatología”. Igualmente, en cuanto a electrosensibilidad (sensibilidad a ondas y campos electromagnéticos), afirma: “La recomendación de evitar la exposición tampoco parece adecuada”. Luego está recomendando a los pacientes que se expongan a aquello que los enferma.

Para entender el problema, interesa saber que hasta 1981, cuando se ponía un nuevo químico en circulación (tanto en alimentos como en productos de limpieza, pesticidas, etc.), no era obligatorio hacer estudios previos. Para entonces, ya había en torno a 100.000 sustancias comercializadas.

BARRERAS INVISIBLES

Antonio ha respondido a mis preguntas por ordenador con mucho trabajo. Tendría que haberle hecho las preguntas para este artículo por teléfono, aunque imagino que también le cuesta hablar por teléfono. Me dice que la publicación de esta guía se convierte en el mayor obstáculo para alcanzar una mejoría en su salud, e incluso su mayor amenaza. "Para poder mejorar en mi salud con esta hipersensibilidad es fundamental evitar al máximo la exposición –me cuenta por escrito-, y eso en muchas ocasiones depende de terceras personas. Actualmente la penetración del uso de tecnologías inalámbricas en la vida cotidiana es de tal calibre que es absolutamente omnipresente alrededor de cualquier persona. Cada persona porta como mínimo un teléfono móvil, pero también una tablet, un ebook, tiene un teléfono inalámbrico y un wi-fi en su casa, pero también los transportes públicos, bibliotecas, parques, centros culturales, hospitales, etc., tienen wi-fi y las ciudades están repletas de antenas de telefonía móvil. Esto significa que para poder estar con gente necesito de su colaboración para ciertas adaptaciones, por ejemplo los teléfonos móviles o inalámbricos o wi-fi de mis vecinos me pueden afectar a tal extremo de dejarme totalmente ko".

Pienso en alguien con una silla de ruedas, los obstáculos que encuentra todo el tiempo en su camino. Antonio dice que la electrosensibilidad es una discapacidad como otra cualquiera, "sólo que las barreras en vez de ser escaleras son radiaciones invisibles".

Antonio no se llama Antonio, prefiere no utilizar su verdadero nombre, pero es una persona electrosensible. Forma parte de la asociación EQSDS, muy activa, que reivindica fundamentalmente, y según las palabras de Antonio, "que se reconozca formalmente la existencia de personas especialmente sensibles que han desarrollado problemas de salud asociados a la exposición de químicos y radiaciones que en otras personas no implican reacciones de forma inmediata, y a niveles que actualmente son legales para la población general".

Otras reivindicaciones tienen que ver con necesidades sin cubrir por la ausencia del reconocimiento, explica Antonio. Es importante el reconocimiento de la discapacidad asociada a estas patologías, para que las personas enfermas no pierdan derechos fundamentales, como el derecho a un puesto de trabajo, a una vivienda accesible, a la salud, a la educación y la integración social.

Mientras todo esto llega, Antonio considera muy importante y urgente "la creación de espacios libres de contaminación química y electromagnética donde las personas en situación más crítica, puedan recuperarse y poder retomar y reconducir sus vidas mientras gestionan un espacio habitable".

CON ESTUDIOS CIENTÍFICOS

Desde 2006, el programa Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas (REACH) de la UE ha obligado a que se registren y demuestren la no peligrosidad de las sustancias químicas que se ponen en circulación, pero por sus características, más del 50 % de ellas no tienen obligación de hacerlo. Por ello, todos tenemos en sangre decenas de químicos de los que sólo el 2 % han sido estudiados.

World Wildlife Fund (WWF) investigó la presencia de 103 químicos en sangre de los ministros de la Unión Europea. Se detectaron 76 de ellos, tóxicos, bioacumulables, persistentes, con una media de 41 compuestos por persona. Muchas de estas sustancias son xenoestrógenos, disruptores endocrinos que afectan en mayor medida a las mujeres.

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

Por otra parte, las tecnologías inalámbricas, cuyo crecimiento está siendo exponencial desde 1990, también se han puesto en circulación sin realizar estudios previos en laboratorio para demostrar su no peligrosidad. Ante la alarma social y científica, en 1999, con la mayoría de estas tecnologías ya desplegadas, el ICNIRP (organismo privado en el que se apoya la OMS), estableció unos límites de potencia que sólo contemplaban efectos térmicos.

Investigadores en bioelectromagnetismo han demostrado con estudios científicos revisados por pares que además, por exposiciones crónicas y en intensidades miles de veces por debajo de las reguladas, se producen efectos biológicos : roturas de ADN, estrés oxidativo celular, daños neurológicos, daños reproductivos, alteraciones celulares e iónicas, apertura de la barrera hematoencefálica… (lo que podría permitir que pasen al cerebro las sustancias químicas no estudiadas que todos tenemos en sangre). Los resultados de los daños provocados por químicos y campos electromagnéticos en células, animales y personas demostrados por estudios científicos , son coincidentes con los daños que los investigadores están publicando para las enfermedades de sensibilización central. Lo que se produce es una pérdida de los equilibrios del organismo con afectación celular, inmunológica, hormonal y del sistema nervioso.

RECONOCER LAS ENFERMEDADES

Científicos de todo el mundo reunidos en 2015 en la Real Academia de Medicina de Bruselas pidieron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a Naciones Unidas que asignen un código CIE (Código Oficial de Enfermedades) y reconozcan la existencia de electrosensibilidad y sensibilidad química múltiple (la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica sí están reconocidas por la OMS desde los años 90).

También han pedido a estos organismos protección frente a la exposición a campos electromagnéticos, pues las directrices actuales son inadecuadas y no protegen la salud. Además, solicitaron a la UE, la OMS y la ONU en 2017 y 2018 que se bloquee el despliegue de la 5G (nueva tecnología para móviles) hasta que se cuente con informes que demuestren su inocuidad, pues las tecnologías anteriores se ha verificado que son dañinas para personas, plantas y animales. La ministra belga de Medio Ambiente, alcaldes como el del municipio de Morino, en Italia, y varios cantones suizos han bloqueado el despliegue de la tecnología 5G.

En España, curiosamente, la misma persona que fijó los límites de emisión para las tecnologías inalámbricas ha trabajado después para compañías de telecomunicaciones. Este técnico, desde el Comité Científico Asesor sobre Radiofrecuencias y Salud, ha defendido la inocuidad de estas tecnologías y ha hecho algo tan grave como manipular las conclusiones de estudios científicos sobre electrosensibilidad. Pero se da la circunstancia de que, además, esa misma persona ha sido, desde 2012, responsable técnico del Ministerio de Sanidad en fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y electrosensibilidad.

¿Es creíble que casi un millón y medio de mujeres hayan desarrollado recientemente un trastorno psiquiátrico en España? ¿O es que sale más ‘barato’ culpabilizar a las mujeres, recetarles antidepresivos y condenarlas al ostracismo? Es incómodo reconocer que el sistema económico es dañino para la biodiversidad y afecta a la salud de las personas, pero es necesario aceptar las responsabilidades y el cambio de rumbo que eso debería conllevar.

Artículo publicado en la revista Ecologista y adaptado por Saltamontes.

miércoles, 30 de octubre de 2019

El despliegue del 5G se realiza sin garantías ambientales y sanitarias

28/10/2019
  • Ecologistas en Acción pide al Ministerio de Economía y Empresa la revisión de oficio del Plan Nacional 5G y de todos los actos que se han aprobado en desarrollo del mismo.
  • El plan no tiene la preceptiva evaluación ambiental estratégica ni una evaluación de impacto en la salud.
  • Al mismo tiempo, no existe la Comisión Interministerial de Radiofrecuencias y Salud, que debería velar por las condiciones de despliegue de las redes inalámbricas.
El despliegue de la tecnología 5G se está realizando en España de forma muy irregular y sin las garantías suficientes. Alertado sobre ello, el Defensor del Pueblo, en su resolución de 21-8-2019, concluye que el Plan Nacional 5G no se sometió a evaluación ambiental estratégica y que dicha decisión se adoptó unilateralmente por el órgano promotor del plan, el Ministerio de Economía y Empresa, sin consultar con el órgano ambiental, el Ministerio para la Transición Ecológica, sobre la procedencia de efectuar dicha evaluación. Por tanto, el plan incumple los requisitos exigidos por la Ley 21/2013 de evaluación ambiental estratégica e incluso podrían suscitarse dudas en relación con la falta de aprobación formal.

Del mismo modo, tampoco se ha realizado la evaluación del impacto en salud que prevé el artículo 35 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Ecologistas en Acción ha presentado ante la Secretaría de Estado para el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa un recurso extraordinario de revisión contra el Plan Nacional 5G y todos los actos que se han aprobado en desarrollo del mismo. A su vez, ha solicitado a la ministra Nadia Calviño la revisión de oficio del Plan Nacional 5G y de todos los actos que se han aprobado en su desarrollo.

Ecologistas en Acción también ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y a la ministra de Transición Ecológica. En ella se les solicita que, teniendo en cuenta las consideraciones de la resolución del Defensor del Pueblo, en la que considera que “el análisis de estos aspectos y del potencial riesgo para la salud del empleo de la tecnología 5G a través de la banda de 26 GHz excede las funciones de esta institución y requiere la intervención de órganos y administraciones públicas distintas de la Secretaría de Estado, entre ellas las sanitarias”, se elabore conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social el proyecto de reglamento por el que debe regularse la Comisión Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud, y que se apruebe por el Consejo de Ministros.

Ecologistas en Acción intentará por los medios legales y judiciales a su alcance que se cumpla la normativa que tiene como fin la protección del medio ambiente y de la salud pública ante este despliegue de la tecnología 5G que se ha dejado irresponsablemente al libre albedrío de las empresas de telecomunicaciones, dando por sentada su inocuidad, algo que cada vez está más en cuestión.

jueves, 24 de octubre de 2019

El 85 % de la población española ha respirado aire contaminado por ozono

Por Ecologistas en Acción / Redacción Tercera Información

Gobierno y comunidades autónomas siguen sin adoptar medidas eficaces sobre el transporte, la industria y la ganadería que eviten los episodios puntuales y reduzcan los niveles de fondo.

El informe estatal sobre ozono elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 480 estaciones oficiales de medición repartidas por todo el territorio español, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019. Presenta datos exhaustivos de la contaminación por ozono, por comunidades autónomas y por zonas y estaciones de medición.

Entre sus principales conclusiones, destacan:

– El ozono troposférico sigue siendo el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio en el Estado español. Durante 2019 sus niveles se han mantenido en general estables, con alzas y descensos según los territorios, relacionadas con las variaciones geográficas de las temperaturas y las precipitaciones en primavera y verano.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2019 a 39,8 millones de personas en el Estado español, el 85 % de su población, así como a 455.000 kilómetros cuadrados, el 90 % del territorio. Es decir, seis de cada siete españoles han respirado un aire con más ozono del recomendado por la OMS.

– Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa española y europea, más laxo que el de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado por encima del estándar legal sería de 9,8 millones de personas, un 21 % del total, en torno a tres millones de afectados más que en 2013 y 2014, pero millón y medio menos que en 2015, 2017 y 2018. Es decir, uno de cada cinco españoles ha respirado un aire que incumple el estándar legal vigente de ozono.

– Durante 2019, los territorios más afectados por el ozono troposférico han sido Cataluña y la Comunidad de Madrid, que han presentado la peor situación general del Estado. La contaminación por ozono ha sido también más alta que en años anteriores en Andalucía oriental, el norte del País Valenciano y el Valle del Ebro de Cataluña al País Vasco, y más baja en el tercio occidental de la Península, la cornisa cantábrica y la Región de Murcia.

– Coincidiendo con las olas de calor estivales, en 2019 se han producido numerosas superaciones del umbral de información y una docena de superaciones del umbral de alerta, concentradas en Cataluña, donde este último umbral no se rebasaba desde el año 2003.

– El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos diésel), las centrales termoeléctricas, ciertas actividades industriales o la ganadería intensiva. Se trata por tanto de un contaminante secundario que durante el verano afecta sobre todo a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.

– El mantenimiento de la contaminación por ozono en 2019 es consecuencia en primera instancia del repunte en la quema de combustibles fósiles que está acompañando al nuevo ciclo económico, agravada por el aumento de las temperaturas resultado del cambio climático.

– La contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, causa cada año entre 1.500 y 1.800 muertes en el Estado español. Las personas más afectadas son las niñas y los niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas.

– El coste sanitario y laboral de la contaminación por ozono fue de 5.000 millones de euros en 2013, un 0,33 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales. Solo los costes económicos de la menor producción de dos cultivos como trigo y tomate, por su exposición al ozono en España, se estimaron en 800 millones de euros en el año 2000, el 3,2 % del PIB agrícola.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. Pocas ciudades cuentan con protocolos de actuación frente a las puntas de contaminación por ozono, y sólo Valladolid contempla y aplica medidas de limitación del tráfico en episodios como el de la ola de calor de la última semana de junio, cuando mientras las grandes ciudades francesas restringían el tráfico las españolas se limitaban a informar rutinariamente a la población sensible, en el mejor de los casos.

– Los planes de mejora de la calidad del aire para reducir la contaminación por ozono son obligatorios según la legislación. Pero diez comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Valenciano, Madrid, Navarra y País Vasco) siguen sin elaborarlos. Por vez primera un tribunal regional como el de Castilla y León declaró en 2018 la obligación de dichas administraciones de elaborar tales planes. Obligación sobre la que en los próximos meses se pronunciará el Tribunal Supremo.

– Ecologistas en Acción reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que aborde el Plan Nacional de Ozono comprometido hace años, al que remiten las comunidades autónomas. para justificar su inactividad. El vigente Plan Aire II es inoperante porque limita las actuaciones sobre el ozono a la realización de estudios y a la mejora de la medición. Aunque la Audiencia Nacional ha sentenciado que el Plan Aire II da cumplimiento a las obligaciones legales del Gobierno central respecto al ozono, Ecologistas en Acción recurrirá al Tribunal Supremo.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son la disminución del tráfico motorizado, la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética y el cierre de las centrales térmicas de carbón. También es necesario declarar un Área de Control de Emisiones (ECA) para el Mar Mediterráneo, penalizar fiscalmente a los vehículos diésel y una moratoria para las nuevas grandes explotaciones ganaderas intensivas.

miércoles, 9 de mayo de 2018

5G, una tecnología cuestionada

Ecologistas en Acción pide a la alcaldesa, Clara Luquero, que Segovia no sea un ‘conejillo de indias’ de las capacidades 5G, por los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente
Antenas en Segovia. / Juan Martín  
GUILLERMO HERRERO GOMEZ

Madrid, 22 de enero de 2018. Telefónica presenta el proyecto ‘Ciudades Tecnológica 5G’, cuya primera actuación consiste en desplegar en un plazo de tres años (2018-2020) las capacidades 5G en dos ciudades españolas, Segovia y Talavera de la Reina, cuyos regidores, Clara Luquero y Jaime Ramos, escuchan, en un acto con la estética propia de las grandes empresas tecnológicas, las bondades de esta iniciativa, que cuenta con la colaboración de Nokia y Ericsson.

Se dibuja un mundo maravilloso. Con 5G, la velocidad de la conexión a Internet será muy superior a la actual. Se podrá tener hasta 100 veces más de dispositivos conectados en el hogar. Los ciudadanos conectarán sus vehículos con las infraestructuras viales, para mejorar la seguridad y la gestión del tráfico. La telemedicina será una realidad. Y se podrán pilotar drones por control remoto… “La tecnología del futuro se hace realidad con el proyecto Ciudades Tecnológicas 5G”, señala Telefónica en una nota de prensa, donde también se asegura que “Segovia y Talavera de la Reina serán un laboratorio vivo de las capacidades del 5G”.

Pero el escenario idílico que se presenta no es del agrado de todos. Y Ecologistas en Acción, una confederación de más de 300 grupos ecologistas de todo el Estado español, muestra su “honda preocupación” por la posibilidad de que Segovia y Talavera de la Reina se conviertan en un “laboratorio”, dado que “no se han experimentado previamente en un laboratorio, como debería hacerse con cualquier tecnología antes de extenderla, los efectos que las nuevas frecuencias puedan tener sobre células in vitro o sobre animales”. De este modo, Ecologistas en Acción de Segovia entiende que “ser pioneros en este tema va a implicar que las personas y el medio ambiente nos convirtamos en objeto de experimentación, no solo de los detalles tecnológicos de implementación sino también de los efectos biológicos que puedan producirse sobre sus habitantes y sobre otros seres vivos”.

En una reciente carta remitida a la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, este colectivo se declara contrario a la implantación de la tecnología 5G, pues la energía asociada a las bandas 5G es superior a la energía asociada a las bandas ya desplegadas, en las que ya se ha comprobado su efecto nocivo para la salud. En vista de tal situación, Ecologistas en Acción apela a la “sensibilidad y responsabilidad” de Luquero para “reconsiderar la posición del Ayuntamiento ante la propuesta de Telefónica”. De igual forma, los ecologistas piden iniciar un proceso de información pública y un debate abierto sobre el proyecto, evitando así que pueda parecer que se supedita el derecho a la salud de la ciudadanía a unos potenciales beneficios de tipo económico.

Ecologistas en Acción también critica que en los medios de comunicación “solo hemos oído hablar de las ventajas del proyecto”, en referencia a los puestos de trabajo que se generarían o la rapidez a la hora de navegar por Internet, “pero no se ha hecho mención a los potenciales riesgos ni a los llamamientos y resoluciones que se acumulan solicitando precaución”. “Tecnología sí, pero segura y con garantías”, prosigue diciendo la carta remitida a Luquero.

Los críticos con el proyecto ‘Ciudades Tecnológicas 5G’ dicen tener “confianza” en que la regidora de Segovia, el equipo de Gobierno y el resto de la corporación “serán responsables y decidirán defender la seguridad y salud ciudadanas por encima de cualquier interés económico y político a corto plazo que no cuente con las garantías suficientes”.

Para acabar el escrito, los ecologistas realizan una serie de peticiones a Luquero, comenzando por la de que “en las condiciones actuales, no permita el despliegue del 5G en nuestra ciudad, hasta que pueda hacerse con las debidas garantías de salud para la ciudadanía y para el medio ambiente”. También se reclama “transparencia”, dado que, a su entender, el proyecto ‘Ciudades Tecnológicas 5G’ “se ha desarrollado hasta ahora con total opacidad”. En ese sentido, se demanda la realización de una evaluación de impacto ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre; y la realización de una evaluación de impacto en salud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

“En caso de darse luz verde a este proyecto estaríamos ante una decisión histórica que expondría a nuestra ciudad a la experimentación de una tecnología que, hasta donde sabemos, no cuenta con garantías suficientes de inocuidad”, concluye el texto de Ecologistas en Acción.

Más de 180 científicos de un total de 36 países remitieron el pasado año un escrito a Jean-Claude Juncker en el que se instaba a la Unión Europea a aplicar el ‘Principio de Precaución’, a fin de evitar los riesgos sobre la salud de la población.

El Principio de Precaución permite reaccionar rápidamente ante un posible peligro contra la salud humana, animal o vegetal, o para proteger el medio ambiente. De hecho, en caso de que los datos científicos no permitan una determinación completa del riesgo, el recurso a este principio permite, por ejemplo, impedir la distribución de productos que puedan entrañar un peligro para la salud o incluso proceder a su retirada del mercado.

“El Principio — se señala en la carta— requiere que nos detengamos hasta tener la evidencia de que no hay daño, no detenernos cuando ya tengamos evidencia del daño. Esto significa que el aumento masivo de la radiación de las frecuencias 5G debe ser detenido hasta que los científicos verdaderamente imparciales hayan demostrado que la exposición total aumentada en 5G no causará daño a niños, bebés y fetos”.

Los firmantes dicen saber que “al menos 2.000 artículos científicos revisados por pares” confirman que los actuales 2G, 3G, 4G y WiFi —incluso antes de que se agregue 5G— “pueden causar muchos tipos de graves daños a la salud no solo para los seres humanos sino también para los árboles, huevos, pájaros, abejas y otros animales salvajes”. Por ello mismo, entienden que “tenemos motivos razonables para temer efectos potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, animal o vegetal”. “Un aumento adicional de la radiación en el caso de añadir 5G puede contribuir a una pandemia mundial”, advierten.

Distintos trabajos han advertido también que la tecnología 5G solo es efectiva a corta distancia, por lo que se requerirá el despliegue masivo de transmisores 5G y de antenas, que se traducirá en un aumento de la exposición obligatoria a toda la población. “Este hecho —indica Ecologistas en Acción— es especialmente grave para aquellas personas ya diagnosticadas como electrohipersensibles, que podrían verse abocadas a abandonar la ciudad en un desahucio forzoso que violaría sus derechos más elementales”.

viernes, 15 de septiembre de 2017

La contaminación de la industria textil se hace visible en la Mercedes-Benz Fashion Week

Ecologistas en Acción ha organizado la Dirty Week, una pasarela de moda alternativa para visibilizar la problemática social y medioambiental generada por la producción de viscosa

ARAINFO REDACCIÓN | 15 septiembre, 2017
Durante varios minutos, la producción de viscosa ha estado en el punto de mira informativo en plena celebración de la Mercedes-Benz Fashion Week. Momentos antes de uno de los desfiles inaugurales de la gran semana de la moda, Ecologistas en Acción –con el apoyo de las organizaciones europeas como Movemos Europa– ha realizado una pasarela de moda alternativa en la Plaza del Callao de Madrid para llamar la atención sobre esta problemática social y medioambiental.

Sobre la alfombra roja de la Dirty Week, nombre que ha recibido la pasarela alternativa, los activistas han lucido camisetas de denuncia. La más significativa, “Inditex contamina”, aludía directamente a uno de los principales patrocinadores del evento oficial.

Inditex ha sido señalada recientemente como una de las principales empresas que se abastecen de viscosa proveniente de fábricas que están causando grandes estragos sociales y medioambientales, tal y como acredita un informe en el que ha participado Ecologistas en Acción.
Otros lemas han llenado este colorido pase de moda. Bajo la denominación ‘Fashion Victim’, Ecologistas en Acción ha denunciado el impacto mortal que suponen los desechos de productos químicos peligrosos y los gases tóxicos de las fábricas asiáticas donde se trata la viscosa. Estos vertidos destrozan la vida marina y exponen a trabajadoras, trabajadores y ciudadanía a sustancias químicas perjudiciales para la salud.

Con eslóganes como ‘Toxic style’ o ‘100 % viscosa’, los y las modelos activistas han evidenciado el oligopolio empresarial de este producto: 11 empresas controlan el 75 % de la producción mundial de la viscosa. Como parte de esta pasarela alternativa, las entidades organizadoras también han colocado un fotocall para que las personas transeúntes pudieran ser protagonistas de la Dirty Week.

Recientemente Inditex se ha mostrado abierta a revisar su producción de viscosa gracias a la presión de numerosas organizaciones europeas. La marca de Amancio Ortega no ha sido la única en responder a la indignación social. Otra de las empresas vinculadas a la contaminación de la industria de la viscosa, H&M, ha respondido a la campaña de Movemos Europa (WeMove.EU), ‘Los trapos sucios de H&M y Zara‘, que cuenta con casi 208.000 firmas en apoyo.

En el informe publicado el pasado mes de junio ‘Moda sucia: la contaminación en la cadena de suministros del textil está intoxicando a la viscosa’, se denunció que H&M compraba de manera directa a siete de las fábricas contaminantes identificadas en la investigación, e Inditex a cuatro.

La organización de la Dirty Week es una continuación de la campaña #DirtyFashion (#ModaSucia) que Ecologistas en Acción ha desarrollado durante los últimos meses.

martes, 20 de junio de 2017

Un informe revela que marcas de ropa como H&M y Zara compran viscosa a fábricas contaminantes


· Algunas de las marcas de ropa más grandes del mundo, como la sueca H&M y la española Inditex, se abastecen de viscosa proveniente de fábricas asiáticas que están causando grandes estragos sociales y medioambientales.

· Según revela 'Moda sucia: la contaminación en la cadena de suministros del textil está intoxicando a la viscosa’, un informe en el que ha participado Ecologistas en Acción, las fábricas de viscosa están vertiendo aguas residuales tóxicas en los cursos de agua locales, destrozando la vida marina y exponiendo a trabajadoras, trabajadores y población en general a sustancias químicas perjudiciales para la salud.
Ecologistas en Acción ha participado en la versión española del informe 'Moda sucia: la contaminación en la cadena de suministros del textil está intoxicando a la viscosa' realizado por la organización europea Changing Markets Foundation y en el que ha colaborado Ecologistas en Acción. En dicho informe se denuncia el impacto mortal que suponen los desechos de productos químicos peligrosos y los gases tóxicos de las fábricas asiáticas.

Además, Changing Markets Foundation ha recogido pruebas en algunas zonas de Indonesia, China e India que demuestran la contaminación en la producción de viscosa, sustancia muy utilizada en la cadena de suministros textiles.

El estudio también hace hincapié en las relaciones existentes entre las fábricas contaminantes y las mayores cadenas de ropa europeas y norteamericanas como H&M, Zara/Inditex, ASOS, Levi's, Tesco, United Colors of Benetton, Burton, Marks & Spencer, Asda, Dockers, Haggar, Next, Debenhams, Matalan y Van Heusen.

H&M, por ejemplo, compra directamente a siete de las fábricas contaminantes investigadas en el informe e Inditex a cuatro. Aunque varias de estas marcas se han comprometido a utilizar pulpa de madera ecológica para producir la viscosa, los procesos de fabricación que se utilizan siguen ignorándose en buena medida y apenas se tienen en cuenta a la hora de elegir a las empresas que abastecen el producto.

Mientras tanto, el mercado de la viscosa aumenta: se estima un crecimiento que pasará de los 13.450 millones de dólares en 2016 a 16.780 millones de dólares al año para 2021. También está tremendamente concentrado y solo 11 empresas controlan el 75% de la producción mundial.

Natasha Hurley, responsable de campaña de Changing Markets, declara que “este informe muestra que algunas de las mayores marcas de moda están haciendo la vista gorda a las prácticas dudosas de sus abastecedores. En un momento en el que la contaminación del agua se ve cada vez más como un riesgo empresarial, los minoristas deberían priorizar en sus planes de negocio un cambio hacia modelos de producción más sostenibles".
Además de las investigaciones sobre el terreno, el informe cuenta con las respuestas de las marcas de ropa a una serie de cuestionarios realizados por Changing Markets y Ethical Consumer. Rob Harrison, director de Ethical Consumer, lamenta que “dos tercios de las empresas contactadas en relación con sus suministros de viscosa no hayan respondido a las encuestas, ni siquiera las grandes del mercado de la moda como Topshop, Asda y Sainsbury's".

Harrison añade: "Las marcas con grandes márgenes de beneficios tienen que hacerse responsables de la salud de sus trabajadoras y trabajadores, y para demostrarlo es necesario que den los nombres de sus suministradores. Sin esto, es muy probable, o al menos esa parece ser la tendencia en Europa, que sus clientes terminen por buscar marcas que se ajusten mejor a sus valores".

Desde Ecologistas en Acción se pide a los actores implicados las siguientes medidas:

– La producción de viscosa debe adoptar sistemas de ciclo cerrado y dejar de verter productos químicos tóxicos en los alrededores de las fábricas.

– Las marcas de moda deben imponer políticas de contaminación cero en todos los eslabones de la cadena de suministros (incluidos los suministradores de materias primas) y realizar auditorías regulares para asegurar su cumplimiento.

– Los actores políticos deben exigir transparencia en toda la cadena de suministros, así como introducir criterios ambientales en las regulaciones para el sector o reforzar las ya existentes.

- Las consumidoras y consumidores deben de tener la posibilidad de comprar prendas que demuestren claramente que en su elaboración no se ha utilizado viscosa contaminante.

Informe "Moda Sucia"